4A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] (IN) SEGURO. Si usted se pregunta quién realmente necesita una póliza colectiva privada en el sector público, probablemente la primera opción en su lista sean los estamentos de seguridad. Pues sepa que esos son los únicos que la tienen vencida, según la lista que la Contraloría le entregó la semana pasada al diputado Ernesto Cedeño. En ella consta que la cobertura de la póliza que el Ministerio de Seguridad Pública tenía con Mapfre estuvo vigente hasta el 31 de mayo pasado. Es decir, que en junio, cuando varios agentes policiales fueron heridos de bala durante los actos vandálicos en Changuinola, no había un contrato en firme con la aseguradora. Que Dios los acoja confesados… CASTIGO 1. A Camacho le molestó tanto que la población se haya enterado del contenido de la carta que Luis Carlos Gómez Rudy le escribió para abogar por sus proyectos anticorrupción, que ahora, en supuesta represalia, hará lo contrario de lo que el procurador respetuosamente le solicitó (como si lo que estaba haciendo antes fuera distinto). Según Camacho, aquella nota “lo que provoca es que decida sencillamente no darle prioridad a los proyectos que están planteando a manera de extorsión”. Esta frase podría estar planteando una acusación que ya debería estar siendo investigada, porque si esos proyectos fueron propuestos por el procurador, entonces Camacho lo ha llamado, implícitamente, extorsionador. Ya va siendo hora de que los diputados asuman las consecuencias de las necedades que dicen durante el periodo de incidencias, abusando del blindaje que les da la curul. CASTIGO 2. Los dos proyectos que el procurador ha pedido incluir en la agenda de la Comisión de Gobierno (que Camacho preside) buscan combatir frontalmente la corrupción: uno adopta la ley general anticorrupción y el otro busca, entre otras cosas, eliminar el requisito de una auditoría previa de la Contraloría para acreditar el delito de peculado. Pero Camacho sostiene que esos temas no son una “prioridad” para la población. En su munProcuradora: seguros privados deben ampararse en una ley Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS En una consulta planteada por la ATTT, la Procuraduría de la Administración concluyó que la entidad no puede otorgar pólizas de vida a miembros de su junta directiva que no sean servidores públicos con respaldo legal. El polémico uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios de diversas entidades ya había generado un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración el pasado 17 de julio, semanas antes de que se revelara que al menos 14 instituciones financiaban seguros colectivos de vida y salud para sus empleados. La advertencia del organismo subraya la necesidad de que este tipo de gastos cuente con respaldo legal, en un contexto en el que la transparencia y el correcto manejo de los recursos estatales se mantienen bajo escrutinio público. La opinión de la procuradora, Grettel Villalaz, se emitió luego de una consulta realizada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sobre la posibilidad de otorgar una póliza colectiva de vida a los miembros de su junta directiva. Los argumentos La Procuraduría de la Administración partió señalando que los servidores públicos solo pueden realizar acciones que la ley les permita expresamente, evitando cualquier arbitrariedad o abuso de poder. Como se recordará, la junta directiva de la ATTT está integrada por ministros, cinco miembros designados por el presidente de la República, representantes de la Cámara Nacional de Transporte, del transporte de carga y usuarios del transporte público terrestre elegidos por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no todos estos miembros son considerados servidores públicos bajo el artículo 299 de la Constitución, que define como tales a quienes ocupan cargos en el Estado y perciben remuneración oficial. Esta distinción es crucial, explica la Procuraduría, porque los beneficios como la contratación de seguros colectivos de vida solo pueden otorgarse a quienes tengan carácter de servidores públicos; además, deben contar con respaldo legal y presupuestario. El artículo 277 de la Constitución establece que ningún gasto público puede realizarse sin autorización legal, lo que implica que el pago de primas de seguros debe estar contemplado en el presupuesto de la entidad y contar con partida específica. Por otra parte, la Ley No. 34 de 1999, que regula la creación y funciones de la ATTT, establece las responsabilidades de la Autoridad en planificación, supervisión y control del transporte terrestre. Asimismo, regula la composición de su junta directiva y los procedimientos para la selección de los representantes de usuarios. Sin embargo, estas normas no confieren facultad expresa para otorgar pólizas de vida a todos los miembros de la junta, especialmente a aquellos que no reciben remuneración estatal. Las regulaciones Para que un seguro colectivo pueda contratarse legalmente en el sector público, la Procuraduría subraya que se deben cumplir los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 22 de 1996, que reglamenta la contratación de pólizas de seguros. Esto incluye la existencia de una partida presupuestaria específica y la autorización formal de la entidad correspondiente, condiciones que no aplican a los miembros de la junta que no son servidores públicos. A raíz de esto, la Procuraduría de la Administración concluyó que la ATTT no tiene facultad legal para otorgar pólizas de vida colectivas a los miembros de su junta directiva que no estén enmarcados en la definición de servidor público. Además, Villalaz reforzó la importancia del principio de legalidad en la gestión pública y recordó que cualquier beneficio otorgado por una entidad estatal, incluidos los seguros privados, debe tener respaldo normativo y presupuestario. Actualmente, las entidades que pagan seguros privados a sus funcionarios son: Aeropuerto Internacional de Tocumen, Banco Nacional de Panamá, Cuerpo de Bomberos, Contraloría General de la República y Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA). La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. La Prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que, al menos en siete de las 14 entidades, el Estado destina más de 168.9 millones de dólares a este tipo de seguros. Para el diputado Ernesto Cedeño, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada. De hecho, Cedeño y su colega Luis Duke presentaron propuestas de ley para eliminar estos privilegios. Mario De Gracia [email protected] Entrenamiento entre fuerzas estadounidenses y panameñas en el marco de Panamax Alpha 2025. Tomada de @SOCSOUTH. Ejercicios Panamax con Estados Unidos se extienden en un clima de tensión SEGURIDAD Cinco meses y 19 días han pasado desde el primer despliegue de aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos para el ejercicio multinacional ‘Panamax Alpha 2025’, cuya Fase II ahora se extenderá hasta el 15 de septiembre en Panamá. Para esta última fase, el despliegue continúa. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó de la llegada de cinco helicópteros estadounidenses: dos UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook el pasado 5 de septiembre. El ejercicio conjunto, que se realiza desde 2006 para “fortalecer las capacidades de los estamentos de seguridad en la protección del Canal de Panamá”, inició el 24 de marzo de 2025 y ha tenido tres fases. En el portal oficial del Comando Sur se detalla que la primera fase, denominada “cero [0]”, se desarrolló entre marzo y abril, enfocada en asistencia humanitaria y respuestas a desastres. Luego siguió la fase “primera [I]”, en julio, que abordó operaciones de seguridad marítima, aérea e interoperabilidad táctica ante escenarios de crisis en torno al Canal. Posteriormente inició la fase “segunda [II]”, prevista entre julio y agosto, pero que, de acuerdo al Senan, continuará hasta el 15 de septiembre. El ejercicio, que se realiza cada año, ya superó en duración al de 2024, realizado en el mes de agosto en Florida, Texas, Virginia y Arizona. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, defendió en agosto de 2025 la llegada de aeronaves en el marco de los ejercicios Panamax. “El que llegue un avión hoy o un barco mañana no debe generar nerviosismo. Panamá protege su Canal en coordinación con aliados internacionales”, afirmó Ábrego. No obstante, este año el ejercicio Panamax coincide con una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que llevó a Washington a movilizar buques, aeronaves y personal militar al mar caribe. Al menos dos de los buques movilizados frecuentaron muelles en bases del Senan panameño, de acuerdo a imágenes y reportes del Departamento de Estado estadounidense y a medios internacionales. La presencia de militares estadounidenses ha sido reforzada en el istmo, tras el aumento de la cooperación en materia de seguridad pactada entre ambos estados a través de un memorándum en abril de 2025. Entre tanto, Donald Trump firmó una orden para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos adopte el nombre de “Departamento de Guerra”. En su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente ha dirigido una política frontal hacia América Latina y el Caribe en cuanto a reducir la migración de sur a norte, minimizar una supuesta “influencia maligna” de China en la región y, más recientemente, impulsar una “lucha contra el narcotráfico” con la mira puesta en Caracas y en el gobierno de Nicolás Maduro. En ese tablero estratégico, al ejercicio ‘Panamax’ todavía le quedan unos días para seguir desarrollándose en suelo panameño. do paralelo, seguramente es cierto. Pero en el que vive la mayoría de los panameños, su gravedad no está sujeta a discusión. Pero no solo el procurador tiene que aguantar malcriadeces. Janine Prado recordó que desde julio de 2024 la bancada Vamos presentó un proyecto para eliminar a las “botellas”, pero Camacho lo engavetó. Lo mismo ha hecho con otras iniciativas que, según él, están mal redactadas. Ahora queda en evidencia por qué era importante que Prado presidiera la Comisión de Gobierno y no Camacho.
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