Bienvenido suscriptor
Perfil Cerrar sesión
Iniciar Sesión
Registro

prensa_2025_09_08

2A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Integrantes de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de Estados Unidos llegan el 2 de septiembre de 2025, a la Terminal de Cruceros Amador en ciudad de Panamá (Panamá). EFE ‘Lose-lose situation’: el alto costo de decir sí o no a Washington Rolando Rodríguez B. [email protected] El Gobierno de Mulino enfrenta presiones de Washington para permitir el tránsito gratuito de buques de guerra estadounidenses por el Canal. Aceptar o rechazar la exigencia amenaza la neutralidad y soberanía panameña. Más de cuatro meses después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lograra la firma —por parte del Gobierno de José Raúl Mulino— de tres controvertidos documentos —un Memorándum de Entendimiento (Ábrego-Hegseth) y dos declaraciones conjuntas (Mulino-Hegseth e Icaza-Hegseth)—, el espinoso tema del paso gratuito por el Canal de Panamá de las embarcaciones de la marina de guerra estadounidense aún continúa en el limbo. “No es un tema resuelto”, confirmó a La Prensa una fuente oficial. Los tres documentos han sido objeto de duros cuestionamientos y le costaron la visa de entrada a Estados Unidos al expresidente Martín Torrijos y al excandidato presidencial Ricardo Lombana, quienes públicamente se opusieron a ellos. Fue una clara advertencia del gobierno de Donald Trump a quienes, a nivel local, se opongan o critiquen esos “acuerdos”. De ahí que el debate se desarrolle casi de forma furtiva. El presidente Trump insiste —desde que tomó posesión en enero de este año— en que los navíos militares de su país crucen el Canal gratis. Su inusual insistencia contrasta con lo que ha pagado en peajes el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante los últimos 25 años: menos de un millón de dólares al año, en promedio. Dejarlos pasar gratis, en cambio, significaría enormes problemas locales e internacionales para Panamá, como se verá más adelante. Al Gobierno panameño se le agota el tiempo para pronunciarse sobre este asunto. El dilema que enfrenta es cumplir lo que únicamente prometió estudiar. Panamá no le dio un “no” definitivo a Hegseth, pero tampoco fue un “sí”. Fue una respuesta para ganar tiempo... y también un error, opinó un exdiplomático panameño, porque para Estados Unidos no hay respuestas intermedias: o es sí o es no. ‘Lose-lose situation’ Lo que hizo Hegseth tras su visita fue separar la paja del trigo. Lo que esos documentos decían con locuacidad, a juicio de Hegseth, era un “sí” definitivo, cristalino como el agua. Desde entonces, las presiones se han hecho sentir, incluso con el incidente de un buque militar estadounidense que exigió paso gratuito por el Canal, hecho que niegan voceros de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Pero, según la fuente, el asunto fue resuelto por la vía diplomática, con el pago del peaje por parte del Departamento de Defensa. Pero el problema de fondo sigue latente. Funcionarios de Cancillería, supuestos encargados de hallar una solución, están estancados... Empiezan a escuchar —con justificado temor— el tic-tac de lo que podrían ser los últimos días del tiempo comprado en abril pasado. Como lo describe a La Prensa el exdiplomático, la respuesta de Panamá expone al país a lo que los gringos denominan una “lose-lose situation”. Aunque el Tratado de Neutralidad da prioridad a los buques de guerra de Estados Unidos (lo que se ha cumplido a cabalidad), para Hegseth eso no basta: quiere que sea “first and free”. Y aquí es donde está el problema, según el exdiplomático: si Panamá responde que no, ello podría provocar escenarios revanchistas de parte de Trump: elevar aranceles, tomar acciones contra las corresponsalías de la banca panameña, etc. Las opciones son tan amplias como dependiente es Panamá de Estados Unidos. Si respondiera que sí, las consecuencias para el país apenas se sospechan. Sería un “problema internacional monstruoso para Panamá”, porque permitir el paso gratuito por el Canal crearía privilegios para una nación que no los tiene al amparo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá. El Canal perdería su condición de neutral, lo cual potencialmente lo convertiría en objetivo militar en caso de una conflagración vinculada con Estados Unidos. El artículo 2 del referido tratado señala textualmente: “Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacifico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes del tránsito ni por cualquier otro motivo y para que el Canal y consecuentemente el Istmo de Panamá, no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo”. La mejor defensa del Canal —dijo la fuente— es su neutralidad. Pero este no es un asunto que concierne a la directiva del Canal. La vía para resolverlo es la diplomática, explicó la fuente, aunque se trate de un problema de peajes. Una puerta muy ancha Si Panamá le da el “sí” al tránsito gratis, ¿qué pasaría con los más de 40 países que se adhirieron al Tratado de Neutralidad, como Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Suecia, Vietnam, Italia, España, Egipto, Argentina, Rusia, Finlandia, Israel, Filipinas, Arabia Saudita, Venezuela y ahora Brasil? ¿Habría que enmendar el tratado? Si es para lo que pretende Estados Unidos, ¿esos países seguirán manteniendo su adhesión al tratado? Y de abrirse la puerta para una reforma, ¿acaso Trump no impulsaría cambios mucho más graves para el Canal? Lo que resulte de una enmienda, ¿sería un nuevo tratado? ¿Tendría que ser aprobado por los parlamentos de ambos países y hasta por un referéndum en Panamá? Ningún escenario es bueno. Es una “lose-lose situation”, describió la fuente. El apremio para que se cumplan las exigencias Trump/Hegseth no solo proviene del Pentágono. Las fuentes coinciden en que el Departamento de Estado, a través del embajador Kevin Marino Cabrera, también las mantiene. Cuando mencionan la palabra “free”, lo hacen refiriéndose a “gratis”, no a “libre”, como dicen los textos oficiales panameños. No obstante, las fuentes consultadas recuerdan que las naves militares norteamericanas siempre han pagado peajes, incluso cuando se creó la Comisión del Canal de Panamá (Panama Canal Commission), la agencia federal norteamericana que administró la vía acuática durante los 20 años que duró la transición (1979-1999). No hay exclusiones: todos pagan por adelantado para transitar por el Canal, incluida la flota de guerra de Estados Unidos. Ni siquiera las embarcaciones de las fuerzas de seguridad de Panamá se exceptúan: todos pagan, dijo el exdiplomático. Si Panamá hiciera una excepción, ¿qué impediría que otros países hicieran lo mismo o algo similar? ¿Cómo podría Panamá decir que no después de darle el sí a Estados Unidos? Matices El presidente Mulino, en entrevista con TVN a mediados de abril pasado — tras la visita de Hegseth—, se abstuvo de interpretar la palabra free, aunque en los textos panameños se traduzca como “libre”. El gobernante se alejó de cualquier decisión sobre el tema del peaje gratuito. Dijo que el Órgano Ejecutivo “no tiene, no puede tener injerencia en el Canal de Panamá, gracias a Dios”. De hecho, hay que recordar que en 2019, cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela quiso exonerar a los cruceros que utilizaban a Panamá como home port, la administración de la ACP le advirtió que eso violaría la neutralidad de la vía. Varela acordó entonces que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reembolsaría directamente a cada línea de crucero por el costo del tránsito. La creación de este incentivo turístico se hizo mediante decreto ejecutivo y así funcionó hasta su derogación, en junio pasado. Entonces y ahora, el mensaje fue claro: el Canal cobra siempre. Mulino también descartó el tránsito gratis. “No hay ningún acuerdo...”, escribió en redes. Sin embargo, la declaración que él mismo firmó con Hegseth no es tan rotunda. habló de tránsitos gratuitos, sino de mecanismos de compensación, como dice la declaración Mulino-Hegseth. Icaza prometió su divulgación en el portal digital de Cancillería, pero curiosamente en ese sitio no hay nada: ni lo que firmó él, ni Mulino, ni el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Además, para que esa “compensación” no riña con el tratado de neutralidad, se debería permitir que cada país (no solo Estados Unidos) haga uso de este mecanismo. Misión cumplida Cualquier adorno eufemístico en esas declaraciones no disimuló el propósito de la visita de Hegseth a Panamá. Quedó evidenciado cuando rindió cuentas de su gestión en tierras istmeñas. Hegseth informó a Trump que había logrado la presencia de militares norteamericanos en sus antiguas bases para liberar al país de la presencia china; y que sus buques militares “podrán cruzar el Canal de manera prioritaria y gratuita”. O sea, ¡misión cumplida! “Estamos recuperando el Canal”, afirmó. Pero, ¿Hegseth le dijo a Trump lo que él quería oír o exteriorizó su interpretación de la respuesta panameña, que nunca fue un “no” definitivo? Lo que son hechos innegables es que ningún funcionario de la ACP firmó nada con Hegseth, ni existe un acuerdo —en proyecto o en firme— para el tránsito gratuito de ningún buque estadounidense o de algún otro país bajo el Tratado de Neutralidad. De hecho, el administrador de la Autoridad del Canal, Ricaurte “Catín” Vásquez, se negó a firmar esa declaración que, en su lugar, firmó el ministro Icaza a última hora, coincidieron todas las fuentes consultadas. Para Vásquez —añadieron—, el contenido de la declaración Icaza-Hegseth puede violar el Tratado de Neutralidad y hasta la ley orgánica del Canal. Precisamente, así opina el exdiplomático panameño consultado. Dijo que esa declaración no debió firmarla Icaza. El artículo 22 de la ley orgánica del Canal sentencia que “el administrador es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía y representante legal de la Autoridad…” Es decir, Icaza carecía de idoneidad legal para comprometer la operación del Canal, comentó la fuente. De hecho, la directiva del Canal desconocía la decisión de firmar esa declaración, mucho menos que lo haría Icaza, añadió la fuente. Las exigencias de Estados Unidos no han llegado a la directiva del Canal. Es la Cancillería panameña — como corresponde, según la fuente— la que debe buscar una salida, a pesar de que Mulino afirme que, en materia de peajes, la decisión es del Canal. La Prensa envió cuestionarios a Cancillería y al ministro del Canal hace más de una semana. Un vocero del primero respondió que no habría respuesta antes del 14 de este mes, pues el ministro Javier Martínez Acha estaría de gira en Japón y Corea. El ministro Icaza dijo algo similar: que estaba de gira y que pasaría el cuestionario a la ACP para que lo contestara. Sus respuestas nunca llegaron. En esta se indica que Panamá y Estados Unidos “trabajarán, de acuerdo a como se establece, en un mecanismo para compensar el pago de peajes y otros cargos, en apego al marco jurídico y constitucional de ambos países…” Si bien no se habla de tránsitos gratuitos, se introduce el término “compensación”. Pero, ¿compensar qué? En esa declaración se menciona la “cooperación de seguridad bilateral” entre Estados Unidos y Panamá, valorada en “más de $230 millones en asistencia y cooperación de seguridad del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado” en los últimos cinco años, en efectivo y especie. O sea, que esa cooperación se pagaría permitiendo el tránsito sin costo para la marina de guerra de Estados Unidos. Como se ve, la contundencia de las palabras de Mulino contrasta con los textos oficiales de las declaraciones conjuntas. Y, precisamente por la falta de consistencia, el presidente es criticado cuando dice, por ejemplo, que en el tema de los peajes el Ejecutivo no tiene nada que ver, pero al hablar del proyecto del embalse de río Indio para la operación del Canal, advierte que es una obra para la ACP, y que esta no es “otro país”. Pero Mulino no es el único que sabe matizar. También lo hizo su ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien suscribió con Hegseth la declaración sobre Seguridad y Operación del Canal de Panamá el pasado 8 de abril. En esa declaración no quedan dudas sobre el paso gratuito: se cita el Tratado de Neutralidad como fuente legal —pero sin sustento en sus cláusulas— para que Panamá y Estados Unidos trabajen “para habilitar un mecanismo que garantice que los buques de guerra y auxiliares de ambas naciones transiten por el Canal sin costo alguno”. Pero Icaza, en entrevista con Telemetro Reporta en mayo pasado, lo matizó. No UI UNIDAD INVESTIGATIVA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==