1A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 8 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15132 Hoy por hoy El principio de legalidad en la gestión pública no admite atajos ni interpretaciones convenientes: ningún funcionario puede recibir un beneficio que no esté expresamente autorizado por la ley y contemplado en el presupuesto. La advertencia de la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, sobre la pretensión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de otorgar pólizas de vida a su junta directiva, incluidos miembros que ni siquiera son servidores públicos, confirma lo evidente: muchas de estas decisiones requieren una ley y, al no existir, resultan ilegales. Catorce instituciones han destinado millones de dólares a este fin, mientras la gran mayoría de los funcionarios y ciudadanos deben cubrir de su bolsillo cualquier póliza. El contraste es obsceno y erosiona la confianza en el Estado. Villalaz recordó que el principio de legalidad obliga a que cualquier gasto esté debidamente sustentado en norma y presupuesto. Por lo tanto, resoluciones que pretendan otorgar privilegios sin ese respaldo carecen de validez jurídica. Chiriquí celebrará el Desfile de las Mil Naguas en octubre 7B Ellas.pa Panorama Pedro Miguel González busca retomar el control del PRD 5A ADEMÁS Exministro José Manuel Terán habla de salud 24/7 8A La trampa del ‘First and Free’; EUA presiona Rolando Rodríguez B [email protected] Más de cuatro meses después de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el debaEl reclamo del gobierno de Donald Trump de que sus buques militares crucen el Canal sin pagar peaje pone a Panamá en un dilema diplomático: ceder afecta la neutralidad; negarse expone a represalias. te sobre el paso gratuito de buques militares norteamericanos por el Canal de Panamá sigue sin resolverse. Los tres documentos firmados en abril —un memorándum y dos declaraciones conjuntas— abrieron la puerta a interpretaciones que Washington asumió como un “sí” definitivo, aunque Panamá solo buscaba ganar tiempo. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en que los navíos crucen sin pagar, pese a que el Departamento de Defensa siempre ha abonado peajes, menos de un millón de dólares anuales en promedio. Un “sí” pondría en riesgo la neutralidad del Canal y la adhesión de más de 40 países al tratado que la respalda; un “no” podría provocar represalias comerciales y financieras de Estados Unidos. La presión recae sobre la Cancillería, mientras persiste el silencio oficial. Un exdiplomático resume la encrucijada: para Panamá, se trata de una “lose-lose situation”. VEA 2A Eclipse de sangre Noche de luna roja en el cielo El llamado eclipse de sangre cautivó ayer a millones de personas de Asia, África y Europa, que pudieron observarlo. La luz solar no llega directamente a la superficie lunar, sino que atraviesa la atmósfera terrestre. La atmósfera filtra y dispersa las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) y deja pasar las más largas (rojas y anaranjadas). Es la misma razón por la que vemos rojizos los amaneceres y atardeceres. EFE Seguros privados en el Estado requieren sustento legal El pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración recordó que la contratación de seguros privados para funcionarios solo puede hacerse con sustento legal. Al menos 14 instituciones estatales destinan fondos públicos a estas pólizas, en un contexto de creciente escrutinio sobre el gasto público. VEA 4A Christiansen: el plan es ganar, ganar o ganar Guillermo Pineda [email protected] El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro que el empate ante Surinam estaba en el plan, pero contra Guatemala no hay margen: solo vale la victoria. En el Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m. la obligación es ganar para sostener la ilusión mundialista y el invicto en casa. “Vi el partido de Guatemala en casa, para ser honesto me gustó más Guatemala en la Copa Oro que en ese partido, pero es prácticamente el mismo equipo. Si están en su máximo nivel, nos van a complicar mucho”, advirtió. VEA 5B PANAMÁ-GUATEMALA El traslado de Albrook costaría unos $100 millones El posible traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico encendería protestas y superaría los $100 millones, según cálculos de la Autoridad de Aeronáutica Civil. VEA 1B TERMINAL AÉREA UI UNIDAD INVESTIGATIVA Quién fue Carlo Acutis, el ŦLQflXHQFHU GH 'LRVŧ DO TXH HO 9DWLFDQR GHFODU´ VDQWR tras atribuirle el milagro GH FXUDU D XQD MRYHQ costarricense www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Integrantes de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de Estados Unidos llegan el 2 de septiembre de 2025, a la Terminal de Cruceros Amador en ciudad de Panamá (Panamá). EFE ‘Lose-lose situation’: el alto costo de decir sí o no a Washington Rolando Rodríguez B. [email protected] El Gobierno de Mulino enfrenta presiones de Washington para permitir el tránsito gratuito de buques de guerra estadounidenses por el Canal. Aceptar o rechazar la exigencia amenaza la neutralidad y soberanía panameña. Más de cuatro meses después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lograra la firma —por parte del Gobierno de José Raúl Mulino— de tres controvertidos documentos —un Memorándum de Entendimiento (Ábrego-Hegseth) y dos declaraciones conjuntas (Mulino-Hegseth e Icaza-Hegseth)—, el espinoso tema del paso gratuito por el Canal de Panamá de las embarcaciones de la marina de guerra estadounidense aún continúa en el limbo. “No es un tema resuelto”, confirmó a La Prensa una fuente oficial. Los tres documentos han sido objeto de duros cuestionamientos y le costaron la visa de entrada a Estados Unidos al expresidente Martín Torrijos y al excandidato presidencial Ricardo Lombana, quienes públicamente se opusieron a ellos. Fue una clara advertencia del gobierno de Donald Trump a quienes, a nivel local, se opongan o critiquen esos “acuerdos”. De ahí que el debate se desarrolle casi de forma furtiva. El presidente Trump insiste —desde que tomó posesión en enero de este año— en que los navíos militares de su país crucen el Canal gratis. Su inusual insistencia contrasta con lo que ha pagado en peajes el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante los últimos 25 años: menos de un millón de dólares al año, en promedio. Dejarlos pasar gratis, en cambio, significaría enormes problemas locales e internacionales para Panamá, como se verá más adelante. Al Gobierno panameño se le agota el tiempo para pronunciarse sobre este asunto. El dilema que enfrenta es cumplir lo que únicamente prometió estudiar. Panamá no le dio un “no” definitivo a Hegseth, pero tampoco fue un “sí”. Fue una respuesta para ganar tiempo... y también un error, opinó un exdiplomático panameño, porque para Estados Unidos no hay respuestas intermedias: o es sí o es no. ‘Lose-lose situation’ Lo que hizo Hegseth tras su visita fue separar la paja del trigo. Lo que esos documentos decían con locuacidad, a juicio de Hegseth, era un “sí” definitivo, cristalino como el agua. Desde entonces, las presiones se han hecho sentir, incluso con el incidente de un buque militar estadounidense que exigió paso gratuito por el Canal, hecho que niegan voceros de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Pero, según la fuente, el asunto fue resuelto por la vía diplomática, con el pago del peaje por parte del Departamento de Defensa. Pero el problema de fondo sigue latente. Funcionarios de Cancillería, supuestos encargados de hallar una solución, están estancados... Empiezan a escuchar —con justificado temor— el tic-tac de lo que podrían ser los últimos días del tiempo comprado en abril pasado. Como lo describe a La Prensa el exdiplomático, la respuesta de Panamá expone al país a lo que los gringos denominan una “lose-lose situation”. Aunque el Tratado de Neutralidad da prioridad a los buques de guerra de Estados Unidos (lo que se ha cumplido a cabalidad), para Hegseth eso no basta: quiere que sea “first and free”. Y aquí es donde está el problema, según el exdiplomático: si Panamá responde que no, ello podría provocar escenarios revanchistas de parte de Trump: elevar aranceles, tomar acciones contra las corresponsalías de la banca panameña, etc. Las opciones son tan amplias como dependiente es Panamá de Estados Unidos. Si respondiera que sí, las consecuencias para el país apenas se sospechan. Sería un “problema internacional monstruoso para Panamá”, porque permitir el paso gratuito por el Canal crearía privilegios para una nación que no los tiene al amparo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá. El Canal perdería su condición de neutral, lo cual potencialmente lo convertiría en objetivo militar en caso de una conflagración vinculada con Estados Unidos. El artículo 2 del referido tratado señala textualmente: “Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacifico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, de modo que no haya contra ninguna nación ni sus ciudadanos o súbditos discriminación concerniente a las condiciones o costes del tránsito ni por cualquier otro motivo y para que el Canal y consecuentemente el Istmo de Panamá, no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo”. La mejor defensa del Canal —dijo la fuente— es su neutralidad. Pero este no es un asunto que concierne a la directiva del Canal. La vía para resolverlo es la diplomática, explicó la fuente, aunque se trate de un problema de peajes. Una puerta muy ancha Si Panamá le da el “sí” al tránsito gratis, ¿qué pasaría con los más de 40 países que se adhirieron al Tratado de Neutralidad, como Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Suecia, Vietnam, Italia, España, Egipto, Argentina, Rusia, Finlandia, Israel, Filipinas, Arabia Saudita, Venezuela y ahora Brasil? ¿Habría que enmendar el tratado? Si es para lo que pretende Estados Unidos, ¿esos países seguirán manteniendo su adhesión al tratado? Y de abrirse la puerta para una reforma, ¿acaso Trump no impulsaría cambios mucho más graves para el Canal? Lo que resulte de una enmienda, ¿sería un nuevo tratado? ¿Tendría que ser aprobado por los parlamentos de ambos países y hasta por un referéndum en Panamá? Ningún escenario es bueno. Es una “lose-lose situation”, describió la fuente. El apremio para que se cumplan las exigencias Trump/Hegseth no solo proviene del Pentágono. Las fuentes coinciden en que el Departamento de Estado, a través del embajador Kevin Marino Cabrera, también las mantiene. Cuando mencionan la palabra “free”, lo hacen refiriéndose a “gratis”, no a “libre”, como dicen los textos oficiales panameños. No obstante, las fuentes consultadas recuerdan que las naves militares norteamericanas siempre han pagado peajes, incluso cuando se creó la Comisión del Canal de Panamá (Panama Canal Commission), la agencia federal norteamericana que administró la vía acuática durante los 20 años que duró la transición (1979-1999). No hay exclusiones: todos pagan por adelantado para transitar por el Canal, incluida la flota de guerra de Estados Unidos. Ni siquiera las embarcaciones de las fuerzas de seguridad de Panamá se exceptúan: todos pagan, dijo el exdiplomático. Si Panamá hiciera una excepción, ¿qué impediría que otros países hicieran lo mismo o algo similar? ¿Cómo podría Panamá decir que no después de darle el sí a Estados Unidos? Matices El presidente Mulino, en entrevista con TVN a mediados de abril pasado — tras la visita de Hegseth—, se abstuvo de interpretar la palabra free, aunque en los textos panameños se traduzca como “libre”. El gobernante se alejó de cualquier decisión sobre el tema del peaje gratuito. Dijo que el Órgano Ejecutivo “no tiene, no puede tener injerencia en el Canal de Panamá, gracias a Dios”. De hecho, hay que recordar que en 2019, cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela quiso exonerar a los cruceros que utilizaban a Panamá como home port, la administración de la ACP le advirtió que eso violaría la neutralidad de la vía. Varela acordó entonces que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reembolsaría directamente a cada línea de crucero por el costo del tránsito. La creación de este incentivo turístico se hizo mediante decreto ejecutivo y así funcionó hasta su derogación, en junio pasado. Entonces y ahora, el mensaje fue claro: el Canal cobra siempre. Mulino también descartó el tránsito gratis. “No hay ningún acuerdo...”, escribió en redes. Sin embargo, la declaración que él mismo firmó con Hegseth no es tan rotunda. habló de tránsitos gratuitos, sino de mecanismos de compensación, como dice la declaración Mulino-Hegseth. Icaza prometió su divulgación en el portal digital de Cancillería, pero curiosamente en ese sitio no hay nada: ni lo que firmó él, ni Mulino, ni el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Además, para que esa “compensación” no riña con el tratado de neutralidad, se debería permitir que cada país (no solo Estados Unidos) haga uso de este mecanismo. Misión cumplida Cualquier adorno eufemístico en esas declaraciones no disimuló el propósito de la visita de Hegseth a Panamá. Quedó evidenciado cuando rindió cuentas de su gestión en tierras istmeñas. Hegseth informó a Trump que había logrado la presencia de militares norteamericanos en sus antiguas bases para liberar al país de la presencia china; y que sus buques militares “podrán cruzar el Canal de manera prioritaria y gratuita”. O sea, ¡misión cumplida! “Estamos recuperando el Canal”, afirmó. Pero, ¿Hegseth le dijo a Trump lo que él quería oír o exteriorizó su interpretación de la respuesta panameña, que nunca fue un “no” definitivo? Lo que son hechos innegables es que ningún funcionario de la ACP firmó nada con Hegseth, ni existe un acuerdo —en proyecto o en firme— para el tránsito gratuito de ningún buque estadounidense o de algún otro país bajo el Tratado de Neutralidad. De hecho, el administrador de la Autoridad del Canal, Ricaurte “Catín” Vásquez, se negó a firmar esa declaración que, en su lugar, firmó el ministro Icaza a última hora, coincidieron todas las fuentes consultadas. Para Vásquez —añadieron—, el contenido de la declaración Icaza-Hegseth puede violar el Tratado de Neutralidad y hasta la ley orgánica del Canal. Precisamente, así opina el exdiplomático panameño consultado. Dijo que esa declaración no debió firmarla Icaza. El artículo 22 de la ley orgánica del Canal sentencia que “el administrador es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía y representante legal de la Autoridad…” Es decir, Icaza carecía de idoneidad legal para comprometer la operación del Canal, comentó la fuente. De hecho, la directiva del Canal desconocía la decisión de firmar esa declaración, mucho menos que lo haría Icaza, añadió la fuente. Las exigencias de Estados Unidos no han llegado a la directiva del Canal. Es la Cancillería panameña — como corresponde, según la fuente— la que debe buscar una salida, a pesar de que Mulino afirme que, en materia de peajes, la decisión es del Canal. La Prensa envió cuestionarios a Cancillería y al ministro del Canal hace más de una semana. Un vocero del primero respondió que no habría respuesta antes del 14 de este mes, pues el ministro Javier Martínez Acha estaría de gira en Japón y Corea. El ministro Icaza dijo algo similar: que estaba de gira y que pasaría el cuestionario a la ACP para que lo contestara. Sus respuestas nunca llegaron. En esta se indica que Panamá y Estados Unidos “trabajarán, de acuerdo a como se establece, en un mecanismo para compensar el pago de peajes y otros cargos, en apego al marco jurídico y constitucional de ambos países…” Si bien no se habla de tránsitos gratuitos, se introduce el término “compensación”. Pero, ¿compensar qué? En esa declaración se menciona la “cooperación de seguridad bilateral” entre Estados Unidos y Panamá, valorada en “más de $230 millones en asistencia y cooperación de seguridad del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado” en los últimos cinco años, en efectivo y especie. O sea, que esa cooperación se pagaría permitiendo el tránsito sin costo para la marina de guerra de Estados Unidos. Como se ve, la contundencia de las palabras de Mulino contrasta con los textos oficiales de las declaraciones conjuntas. Y, precisamente por la falta de consistencia, el presidente es criticado cuando dice, por ejemplo, que en el tema de los peajes el Ejecutivo no tiene nada que ver, pero al hablar del proyecto del embalse de río Indio para la operación del Canal, advierte que es una obra para la ACP, y que esta no es “otro país”. Pero Mulino no es el único que sabe matizar. También lo hizo su ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien suscribió con Hegseth la declaración sobre Seguridad y Operación del Canal de Panamá el pasado 8 de abril. En esa declaración no quedan dudas sobre el paso gratuito: se cita el Tratado de Neutralidad como fuente legal —pero sin sustento en sus cláusulas— para que Panamá y Estados Unidos trabajen “para habilitar un mecanismo que garantice que los buques de guerra y auxiliares de ambas naciones transiten por el Canal sin costo alguno”. Pero Icaza, en entrevista con Telemetro Reporta en mayo pasado, lo matizó. No UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] (IN) SEGURO. Si usted se pregunta quién realmente necesita una póliza colectiva privada en el sector público, probablemente la primera opción en su lista sean los estamentos de seguridad. Pues sepa que esos son los únicos que la tienen vencida, según la lista que la Contraloría le entregó la semana pasada al diputado Ernesto Cedeño. En ella consta que la cobertura de la póliza que el Ministerio de Seguridad Pública tenía con Mapfre estuvo vigente hasta el 31 de mayo pasado. Es decir, que en junio, cuando varios agentes policiales fueron heridos de bala durante los actos vandálicos en Changuinola, no había un contrato en firme con la aseguradora. Que Dios los acoja confesados… CASTIGO 1. A Camacho le molestó tanto que la población se haya enterado del contenido de la carta que Luis Carlos Gómez Rudy le escribió para abogar por sus proyectos anticorrupción, que ahora, en supuesta represalia, hará lo contrario de lo que el procurador respetuosamente le solicitó (como si lo que estaba haciendo antes fuera distinto). Según Camacho, aquella nota “lo que provoca es que decida sencillamente no darle prioridad a los proyectos que están planteando a manera de extorsión”. Esta frase podría estar planteando una acusación que ya debería estar siendo investigada, porque si esos proyectos fueron propuestos por el procurador, entonces Camacho lo ha llamado, implícitamente, extorsionador. Ya va siendo hora de que los diputados asuman las consecuencias de las necedades que dicen durante el periodo de incidencias, abusando del blindaje que les da la curul. CASTIGO 2. Los dos proyectos que el procurador ha pedido incluir en la agenda de la Comisión de Gobierno (que Camacho preside) buscan combatir frontalmente la corrupción: uno adopta la ley general anticorrupción y el otro busca, entre otras cosas, eliminar el requisito de una auditoría previa de la Contraloría para acreditar el delito de peculado. Pero Camacho sostiene que esos temas no son una “prioridad” para la población. En su munProcuradora: seguros privados deben ampararse en una ley Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FONDOS PÚBLICOS En una consulta planteada por la ATTT, la Procuraduría de la Administración concluyó que la entidad no puede otorgar pólizas de vida a miembros de su junta directiva que no sean servidores públicos con respaldo legal. El polémico uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios de diversas entidades ya había generado un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración el pasado 17 de julio, semanas antes de que se revelara que al menos 14 instituciones financiaban seguros colectivos de vida y salud para sus empleados. La advertencia del organismo subraya la necesidad de que este tipo de gastos cuente con respaldo legal, en un contexto en el que la transparencia y el correcto manejo de los recursos estatales se mantienen bajo escrutinio público. La opinión de la procuradora, Grettel Villalaz, se emitió luego de una consulta realizada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sobre la posibilidad de otorgar una póliza colectiva de vida a los miembros de su junta directiva. Los argumentos La Procuraduría de la Administración partió señalando que los servidores públicos solo pueden realizar acciones que la ley les permita expresamente, evitando cualquier arbitrariedad o abuso de poder. Como se recordará, la junta directiva de la ATTT está integrada por ministros, cinco miembros designados por el presidente de la República, representantes de la Cámara Nacional de Transporte, del transporte de carga y usuarios del transporte público terrestre elegidos por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no todos estos miembros son considerados servidores públicos bajo el artículo 299 de la Constitución, que define como tales a quienes ocupan cargos en el Estado y perciben remuneración oficial. Esta distinción es crucial, explica la Procuraduría, porque los beneficios como la contratación de seguros colectivos de vida solo pueden otorgarse a quienes tengan carácter de servidores públicos; además, deben contar con respaldo legal y presupuestario. El artículo 277 de la Constitución establece que ningún gasto público puede realizarse sin autorización legal, lo que implica que el pago de primas de seguros debe estar contemplado en el presupuesto de la entidad y contar con partida específica. Por otra parte, la Ley No. 34 de 1999, que regula la creación y funciones de la ATTT, establece las responsabilidades de la Autoridad en planificación, supervisión y control del transporte terrestre. Asimismo, regula la composición de su junta directiva y los procedimientos para la selección de los representantes de usuarios. Sin embargo, estas normas no confieren facultad expresa para otorgar pólizas de vida a todos los miembros de la junta, especialmente a aquellos que no reciben remuneración estatal. Las regulaciones Para que un seguro colectivo pueda contratarse legalmente en el sector público, la Procuraduría subraya que se deben cumplir los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 22 de 1996, que reglamenta la contratación de pólizas de seguros. Esto incluye la existencia de una partida presupuestaria específica y la autorización formal de la entidad correspondiente, condiciones que no aplican a los miembros de la junta que no son servidores públicos. A raíz de esto, la Procuraduría de la Administración concluyó que la ATTT no tiene facultad legal para otorgar pólizas de vida colectivas a los miembros de su junta directiva que no estén enmarcados en la definición de servidor público. Además, Villalaz reforzó la importancia del principio de legalidad en la gestión pública y recordó que cualquier beneficio otorgado por una entidad estatal, incluidos los seguros privados, debe tener respaldo normativo y presupuestario. Actualmente, las entidades que pagan seguros privados a sus funcionarios son: Aeropuerto Internacional de Tocumen, Banco Nacional de Panamá, Cuerpo de Bomberos, Contraloría General de la República y Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA). La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. La Prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que, al menos en siete de las 14 entidades, el Estado destina más de 168.9 millones de dólares a este tipo de seguros. Para el diputado Ernesto Cedeño, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada. De hecho, Cedeño y su colega Luis Duke presentaron propuestas de ley para eliminar estos privilegios. Mario De Gracia [email protected] Entrenamiento entre fuerzas estadounidenses y panameñas en el marco de Panamax Alpha 2025. Tomada de @SOCSOUTH. Ejercicios Panamax con Estados Unidos se extienden en un clima de tensión SEGURIDAD Cinco meses y 19 días han pasado desde el primer despliegue de aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos para el ejercicio multinacional ‘Panamax Alpha 2025’, cuya Fase II ahora se extenderá hasta el 15 de septiembre en Panamá. Para esta última fase, el despliegue continúa. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó de la llegada de cinco helicópteros estadounidenses: dos UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook el pasado 5 de septiembre. El ejercicio conjunto, que se realiza desde 2006 para “fortalecer las capacidades de los estamentos de seguridad en la protección del Canal de Panamá”, inició el 24 de marzo de 2025 y ha tenido tres fases. En el portal oficial del Comando Sur se detalla que la primera fase, denominada “cero [0]”, se desarrolló entre marzo y abril, enfocada en asistencia humanitaria y respuestas a desastres. Luego siguió la fase “primera [I]”, en julio, que abordó operaciones de seguridad marítima, aérea e interoperabilidad táctica ante escenarios de crisis en torno al Canal. Posteriormente inició la fase “segunda [II]”, prevista entre julio y agosto, pero que, de acuerdo al Senan, continuará hasta el 15 de septiembre. El ejercicio, que se realiza cada año, ya superó en duración al de 2024, realizado en el mes de agosto en Florida, Texas, Virginia y Arizona. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, defendió en agosto de 2025 la llegada de aeronaves en el marco de los ejercicios Panamax. “El que llegue un avión hoy o un barco mañana no debe generar nerviosismo. Panamá protege su Canal en coordinación con aliados internacionales”, afirmó Ábrego. No obstante, este año el ejercicio Panamax coincide con una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que llevó a Washington a movilizar buques, aeronaves y personal militar al mar caribe. Al menos dos de los buques movilizados frecuentaron muelles en bases del Senan panameño, de acuerdo a imágenes y reportes del Departamento de Estado estadounidense y a medios internacionales. La presencia de militares estadounidenses ha sido reforzada en el istmo, tras el aumento de la cooperación en materia de seguridad pactada entre ambos estados a través de un memorándum en abril de 2025. Entre tanto, Donald Trump firmó una orden para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos adopte el nombre de “Departamento de Guerra”. En su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente ha dirigido una política frontal hacia América Latina y el Caribe en cuanto a reducir la migración de sur a norte, minimizar una supuesta “influencia maligna” de China en la región y, más recientemente, impulsar una “lucha contra el narcotráfico” con la mira puesta en Caracas y en el gobierno de Nicolás Maduro. En ese tablero estratégico, al ejercicio ‘Panamax’ todavía le quedan unos días para seguir desarrollándose en suelo panameño. do paralelo, seguramente es cierto. Pero en el que vive la mayoría de los panameños, su gravedad no está sujeta a discusión. Pero no solo el procurador tiene que aguantar malcriadeces. Janine Prado recordó que desde julio de 2024 la bancada Vamos presentó un proyecto para eliminar a las “botellas”, pero Camacho lo engavetó. Lo mismo ha hecho con otras iniciativas que, según él, están mal redactadas. Ahora queda en evidencia por qué era importante que Prado presidiera la Comisión de Gobierno y no Camacho.
5A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 Panorama Pedro Miguel González, ex secretario gereral del PRD. Alexander Arosemena González: el gobierno de Mulino es un fracaso económico y político José González Pinilla [email protected] ENTREVISTA Pedro Miguel González anunció que competirá por la secretaría general del PRD, acusando a la actual dirigencia, liderada por Benicio Robinson, de aferrarse al poder. En medio de la crisis interna que atraviesa el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con renuncias en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el desgaste tras la última gestión de gobierno, resurge una figura en el tablero político. Pedro Miguel González, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, anunció que se postulará como candidato a la Secretaría General del PRD, cargo que se definirá el próximo 23 de noviembre en un Directorio Nacional. En mayo de 2022 había competido por ese cargo, pero perdió frente a su copartidario Rubén De León. En entrevista con La Prensa, González detalla sus aspiraciones, los apoyos que ha recibido dentro del colectivo y su visión de reestructuración para “pasar la página” de lo que califica como uno de los momentos más oscuros del partido, También critica al presidente del PRD, Benicio Robinson, y lanza dardos a la administración de José Raúl Mulino así como a la designación de Luis Carlos Gómez Rudy como procurador de la Nación. “Él [Gómez Rudy] está haciendo muy bien el papel, no como procurador, sino como el perro de presa de José Raúl Mulino”, dijo. ¿Aspira a algún cargo en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD? Sí. El próximo 23 de noviembre ha sido convocado un Directorio Nacional para, como lo establece el estatuto, en una elección democrática, llenar las vacantes que han quedado luego de la renuncia de cinco de sus miembros. Dentro de ellos el secretario general del partido, cargo que ocupó Rubén De León, electo en el último congreso. Lo que hemos planteado públicamente es nuestra aspiración a ese cargo, en una dirección que debe ser lo más transitoria posible para viabilizar la celebración de un Congreso Ordinario lo antes posible. ¿Qué figuras del PRD lo están apoyando para estas nuevas aspiraciones? Bueno, esta es una campaña en la que el universo son solo 300 miembros a lo largo y ancho del país. Nosotros hemos conversado con un porcentaje considerable de miembros del Directorio Nacional y mucha de la gente que nos apoyó con el Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista nos respalda ahora, pero para sorpresa nuestra también gente que nos adversó en el congreso, en el décimo congreso del 2016. En esta ocasión nos están respaldando a pesar de que fueron adversarios a lo interno. Yo creo que hay un clamor dentro del partido por la reestructuración. Es lamentable que los miembros del actual Comité Ejecutivo no hayan decidido, como ha ocurrido en el pasado, renunciar en su totalidad. Solo cinco de ellos lo hicieron, pero es una etapa que hay que superar y lo que pretendemos es llegar a la Secretaría General del partido, acompañado de otros compañeros y compañeras, para promover de la mano del Directorio Nacional un proceso de reestructuración anticipado. Es decir, no esperar hasta mayo del 2027 o después para celebrar el próximo congreso ordinario, sino adelantarlo al año 2026, lo antes posible, de modo que podamos pasar la página de esta coyuntura, de este momento oscuro que hemos vivido. Al parecer el presidente del PRD, Benicio Robinson, se aferra al cargo ¿Por qué usted cree que ocurre eso? Bueno, no es nuevo. Ellos hace casi un año anunciaron que en el mes de septiembre se haría un directorio para renovar todos los cargos, pero bueno, igual que ocurrió en el año 2014 cuando Juan Carlos Navarro, derrotado en las elecciones de ese año, decidió renunciar y otros cuatro miembros del comité ejecutivo siguieron su ejemplo. Benicio está exactamente haciendo lo que hizo en aquella ocasión: mantenerse, aferrarse a su condición de presidente del partido, pero con un reglamento de elecciones que le permite a él o a cualquier otro directivo correr para los cargos vacantes. Así que no te extrañe que sin haber renunciado a la presidencia del partido, él aspire a ser secretario general. Es lo que yo quisiera. Una vez más me gustaría poder confrontar a nuestros liderazgos ese día 23 de noviembre y que él, que hoy es el máximo dirigente del partido, valide su liderazgo en la Secretaría General en el mes de noviembre. ¿Cómo evalúa la gestión en los últimos cinco años del PRD? Si te refieres a la administración de Laurentino Cortizo fue, para los miembros del partido y para los que tenemos este compromiso de transformación social, una gran decepción. Y lo repito una vez más: el gobierno de Laurentino Cortizo no fue un gobierno del PRD. Fue un gobierno en el que hubo miembros del PRD que actuaron por cuenta propia, pero nunca basado en la inteligencia colectiva del partido.
6A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025
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8A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 José Manuel Terán, exministro de Salud durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004). Elysée Fernández Exministro de Salud califica de populista proyecto de salud 24/7 Aleida Samaniego C. [email protected] ENTREVISTA El proyecto de ley 19 busca garantizar salud 24/7 en Panamá, pero José Manuel Terán advierte que su implementación es inviable por falta de planificación, recursos e infraestructura. El proyecto de ley 19, que busca garantizar servicios de salud las 24 horas, los siete días de la semana en todo el país, y que actualmente se discute en una subcomisión de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo de la Asamblea Nacional, representa una aspiración para miles de panameños que dependen del sistema público de salud. La iniciativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, resulta atractiva a primera vista y ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía. Sin embargo, el texto no detalla los mecanismos concretos para su ejecución ni indica cómo se financiarán los recursos humanos e infraestructura necesarios. Para conocer la viabilidad del proyecto, La Prensa entrevistó al exministro de Salud José Manuel Terán, quien dirigió el ministerio entre 1999 y 2001 y cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria y planificación de políticas públicas. ¿Considera que Panamá tiene la capacidad real — presupuesto, médicos e infraestructura— para garantizar salud 24 horas, los siete días de la semana, en todo el país? Sería lo ideal, pero, en este momento, Panamá no cuenta con la capacidad. El proyecto suena atractivo y es bien recibido por la ciudadanía, pero si no viene acompañado de una ejecución presupuestaria clara y de los recursos humanos necesarios, se quedará en una propuesta populista. Peor aún, podría generar mayor insatisfacción ciudadana al no poder cumplirse en la práctica. No es solo cuestión de voluntad política; es una cuestión de logística, de recursos, de planificación y de coordinación. Para cumplir con la promesa de servicios 24/7, necesitaríamos personal médico y técnico especializado disponible en todo el territorio, algo que hoy no existe en la magnitud que demanda esta iniciativa. ¿Quién pagará la cuenta de extender los servicios de salud: el Estado, los pacientes o los trabajadores, como advierten algunos dirigentes? El Estado, definitivamente. Así lo establece el propio proyecto de ley, que señala que será el Ejecutivo quien lo reglamente. Ahora bien, en materia de salud, las necesidades son infinitas y los recursos muy limitados. Si consideramos la cantidad de instalaciones que se pretende incluir, hablar de una implementación real resulta prácticamente imposible. No se trata solo de financiar más centros; también hay que mantener el personal, equipamiento, insumos y programas de atención continua. Si esto no se planifica con base en cifras reales, lo único que lograremos será crear expectativas que no podrán cumplirse, lo que generará descontento y frustración entre la población. ¿Por qué el Ejecutivo debe asumir esta responsabilidad? Tuve la oportunidad de revisar algunas estadísticas. Según el proyecto, la medida impactaría directamente a centros y puestos de salud, en total 758 instalaciones que deberían funcionar de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Pero la propuesta va más allá: establece que, en cada región de salud —que no necesariamente coincide con las provincias— el Estado debe garantizar al menos dos instalaciones de segundo nivel abiertas las 24 horas. Con estos cálculos, Panamá necesitaría construir aproximadamente ocho hospitales adicionales en distintas regiones para cumplir con la ley. Esto no se puede realizar en el plazo perentorio de seis meses que se plantea para su entrada en vigencia. Además, de los 758 puestos de salud, subcentros y centros, un total de 156 no funcionan actualmente en el país, según datos del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque es un anteproyecto bien intencionado, resulta irrealizable sin un sustento financiero sólido y sin el recurso humano necesario. La responsabilidad del Ejecutivo es inevitable, porque solo el Estado tiene la capacidad legal y administrativa de reglamentar, financiar y supervisar esta iniciativa a nivel nacional. Sin embargo, esto requerirá muchos recursos y tiempo, y la satisfacción del paciente probablemente tardará años en lograrse, considerando la falta de personal especializado y la necesidad de construir ocho nuevos centros y duplicar otros. ¿Entonces no resulta viable la propuesta? No, no es viable. Por eso los anteproyectos de ley deben estar realmente sustentados. La primera fuente debe ser el Minsa; los datos están disponibles públicamente en su página web, con estadísticas de 2024. Ahí se puede diferenciar claramente entre una propuesta congruente y otra llena de retórica que, al final, no tiene posibilidades de ejecutarse. La idea de servicios de salud 24/7 es positiva, pero, sin un plan de recursos humanos, infraestructura, financiamiento y supervisión, se queda en una promesa vacía. Además, la satisfacción del paciente no se logra de manera inmediata; requiere años de consolidación del sistema, seguimiento de indicadores y ajustes permanentes. ¿Qué deberían hacer los legisladores para que un proyecto de salud sea realmente viable? Cualquier anteproyecto debe venir acompañado de un análisis técnico y financiero sólido. Esto incluye una evaluación de la capacidad del personal médico, la cantidad de hospitales y centros requeridos, el presupuesto disponible y los tiempos de implementación realistas. Además, es fundamental priorizar regiones con mayor déficit de servicios y ajustar las metas de acuerdo con los recursos existentes. Solo así se puede transformar una buena intención en un proyecto ejecutable y sostenible. ¿Por qué es importante planificar la formación de personal de salud a largo plazo? La formación de profesionales de la salud requiere tiempo: desde la educación básica hasta especializaciones, hablamos de más de 15 años. Por eso, cualquier plan debe ser estratégico, no limitado a un gobierno o a un quinquenio. Esto asegura que tengamos suficientes médicos y especialistas para cubrir las necesidades del país en el futuro. Actualmente, ¿cuál es la situación del recurso humano en salud en Panamá? Existe una escasez notable de especialistas. Por ejemplo, contamos con muy pocos neurólogos y neurocirujanos. Esto demuestra que debemos formar más especialistas y garantizar que todos los médicos estén capacitados y comprometidos con el sistema, incluyendo la rendición de cuentas y la medición de resultados. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en la formación y regulación de profesionales de la salud? El Estado tiene la obligación de asegurar que los médicos completen los dos años de internado obligatorios, para que puedan ejercer dignamente en todo el territorio. Además, debe planificar la educación y formación de manera integral, de forma que haya suficientes profesionales capacitados para sostener el sistema de salud. ¿Qué papel juegan la medición de resultados y la planificación financiera en la salud pública? No estamos acostumbrados a medir resultados ni a calcular cuánto cuesta realmente una atención en salud. Para que el sistema funcione, debemos conocer estas cifras y planificar los recursos humanos, infraestructura y presupuesto necesarios, basándonos en datos reales y no en improvisaciones. ¿Qué sucede con los planes de salud a largo plazo, como el Libro Blanco? Muchos planes, como el Libro Blanco, han sido elaborados con estudios exhaustivos, pero pierden continuidad con cada nuevo gobierno. La clave es retomar estas propuestas sólidas y adaptarlas, asegurando seguimiento y continuidad política para que se conviertan en proyectos sostenibles. ¿Cómo debería ser el sistema sanitario panameño hacia 2040 o 2050? Debe ser un sistema integral, competitivo y planificado. Esto incluye una formación de recurso humano adecuada, infraestructura suficiente y un presupuesto sostenido. Solo así podremos garantizar servicios de calidad y cobertura en todo el país, sin depender de soluciones temporales o promesas incumplidas. Perfil del entrevistado Cargos desempeñados: •Médico de atención primaria con enfoque en estilos de vida saludables, incluyendo salud integral, nutrición y actividad física. •Miembro de la Junta Directiva de la Clínica Hospital San Fernando, Panamá. •Ministro de Salud de la República de Panamá. •Miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y del Comité Económico Nacional. Aleida Samaniego C. [email protected] El proyecto detectará hasta 10 microorganismos asociados a estas enfermedades en distintos grupos poblacionales. Archivo Nuevo estudio busca revelar prevalencia real del VIH y otras ITS en Panamá SALUD SEXUAL Una investigación sobre la “Prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/sida” en la población general y en grupos vulnerables será realizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) y la Aids Healthcare Foundation (AHF Panamá). El proyecto detectará hasta 10 microorganismos asociados a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en distintos grupos poblacionales, incluidos estudiantes universitarios y comunidades vulnerables. La información obtenida contribuirá a diseñar programas de educación y prevención más efectivos. Así quedó plasmado en un memorando de entendimiento firmado entre el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la coordinadora de AHF-Panamá, Natasha Dormoi. Flores Castro destacó la importancia de fortalecer la investigación en salud, particularmente en el ámbito de las enfermedades de transmisión sexual. La decana de la Facultad de Medicina de la UP, Oris Lam de Calvo, señaló que para la Universidad de Panamá y la Facultad de Medicina es un “honor y orgullo” que AHF —con presencia en más de 40 países— considere al país y a la institución para este estudio, en el que participará el Departamento de Microbiología. La profesora titular del departamento de Microbiología Humana, Nora Ortiz de Moreno, explicó que el equipo ya se ha organizado para estudiar la situación de las infecciones de transmisión sexual en Panamá, a pesar del conocimiento sobre sus causas, prevención y tratamiento, los casos siguen aumentando. El memorando contempla además otras acciones, como actividades de extensión y promoción de la salud, congresos de actualización científica, atención a poblaciones vulnerables, giras asistenciales en distintas regiones del país y el impulso a la producción académica del personal docente mediante libros, guías de atención primaria, artículos científicos y publicaciones especializadas. Dormoi subrayó que la firma del memorando sella un compromiso con la educación, la innovación y, sobre todo, con las personas a quienes sirven. Destacó que la investigación servirá de guía para orientar políticas de salud, fortalecer la prevención y mejorar la atención integral de la población panameña. “Queremos que este proyecto sea un puente para que la ciencia y la acción social caminen de la mano, y que estudiantes, investigadores y profesionales lleven sus conocimientos del aula y del laboratorio al terreno”, destacó Dormoi. El estudio permitirá establecer datos precisos sobre la prevalencia de ITS y VIH/ sida, sirviendo como guía para futuras políticas de salud, fortaleciendo la educación, la prevención y la intervención directa en las comunidades más vulnerables del país. Panorama
9A La Prensa Panamá, lunes 8 de septiembre de 2025 La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides, afirmó desconocer los motivos detrás de la sesión extraordinaria convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) para este lunes 8 de septiembre. En dicha reunión, se pretende anunciar una investigación en su contra y su separación temporal del cargo. Terrientes de Benavides subrayó que no fue notificada formalmente sobre ninguna acusación y calificó la convocatoria como “sorpresiva”. Resaltó que, según la ley, su remoción solo sería procedente si acumula dos evaluaciones negativas de desempeño, cosa que no es su caso. Manifestó también su preocupación por el momento en que ocurre la medida: mañana martes 9 de septiembre debe llegar a Panamá un grupo de pares académicos internacionaUniversidades privadas cuestionan legalidad de la convocatoria del Meduca TENSIÓN les que evaluará 43 carreras en áreas como derecho, administración, contabilidad, lenguaje de señas y criminalística. Señaló que dichos evaluadores ya trabajaron en evaluaciones preliminares y provienen de diez países, por lo que cualquier interrupción podría perjudicar la imagen del país y la credibilidad del sistema de acreditación universitaria panameño. Por su parte, representantes de universidades particulares expresaron preocupación por la convocatoria. La Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) afirmó que la convocatoria carece de sustento procedural, pues incumple la Ley 52 de junio de 2015 y el reglamento interno del Coneaupa (actualizado en septiembre de 2020), que exige convocatoria a través de la secretaria ejecutiva y con al menos cinco días hábiles de anticipación De Bunau Varilla a Arias-Roosevelt: Panamá frente a los tratados del Canal José Alejandro Rodríguez [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] PONLE LA FIRMA La historia de la Zona del Canal muestra cómo Panamá convivió como “dos países en uno”, entre privilegios y tensiones, desde el Convenio Taft hasta los tratados Alfaro-Kellogg y Arias-Roosevelt. Tras la separación de Colombia, Philippe Bunau Varilla impulsó el tratado del canal, o como lo conocemos, el Tratado Hay-Bunau Varilla. Este tratado creaba la Zona del Canal, una franja de 8 km a cada lado del canal, desde Colón hasta Panamá: un país dentro de otro. Pero igual los estadounidenses vinieron y empezaron a reclamar su territorio en la Zona del Canal. Tenían lema, bandera y reglas especiales. Los residentes estadounidenses trabajaban para la compañía del canal, los militares o el gobierno de Estados Unidos, y les daban prácticamente todo. Aunque nadie era dueño de nada, todo lo manejaba y controlaba el gobierno estadounidense. Incluso se quisieron adueñar de los puertos de Panamá y Colón, cosa que no les cayó nada bien a muchos panameños, y las tensiones crecieron cada vez más. Preocupado por la situación, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió a su secretario de Guerra, William Taft, a Panamá para esclarecer los malentendidos. De las reuniones entre las autoridades panameñas y Taft, salió el Convenio Taft, que establecía las reglas del juego de la Zona del Canal: quién mandaba, en dónde, bajo qué parámetros… y la devolución de los puertos a Panamá. Ricardo J. Alfaro escribió un artículo acusando a los comisariatos (que eran como los supermercados) de causar contrabando. Como eran tan baratos y no pagaban impuestos, algunos estadounidenses compraban para venderlo fuera de la Zona, lo cual arruinaba a los locales panameños. Otra que se sumaba a este sentir era una poeta panameña de 70 años, que desde Guatemala escribió: “Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón…” al enterarse de que el Cerro Ancón quedó dentro de la Zona. Se llamaba Amelia Denis de Icaza. En 1914 se inauguró el canal. Poco después, Estados Unidos eliminó el Convenio Taft y reforzó los privilegios que tenían en el Hay-Bunau Varilla. Ricardo J. Alfaro trató de negociar otro tratado con EE.UU., pero pusieron la condición de que querían el control militar y el de las estaciones de radio. Este era el Tratado Alfaro-Kellogg, pero apenas llegaron las noticias a Panamá, fue rechazado por varios sectores. Años después, con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, vendría la “política del buen vecino” para lograr mejores relaciones con los países de Latinoamérica. Así que el presidente de Panamá, Harmodio Arias, llamó a Ricardo J. Alfaro para que lo apoyara en la negociación de un nuevo tratado del canal. Después de tres años de conversaciones, se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, conocido como “Arias-Roosevelt”, que mejoró significativamente las condiciones para Panamá. Entre los cambios más importantes: Estados Unidos dejó de tener la obligación de “garantizar” la independencia del país; si necesitaba tierras o agua, debía comprarlas a Panamá; ya no podía intervenir en el territorio para “mantener el orden”; además, aumentó el monto del dinero que recibía Panamá, entre otros beneficios. La Asamblea Nacional lo ratificó el mismo año en que fueron enterrados los restos de Amelia Denis de Icaza en el cementerio de Amador (con vista al Cerro Ancón). El Congreso de Estados Unidos aún no lo aprobaba, así que se hicieron adecuaciones para permitir maniobras militares en Panamá y para que pudieran tomar decisiones en cuanto a defensa ellos solos si no había tiempo suficiente para consultar con Panamá. Y con esas concesiones, fue aprobado en Estados Unidos. El Arias-Roosevelt no nos dio la victoria completa, pero sembró algo más fuerte: la certeza de que ningún tratado es eterno ante la perseverancia. Esa certeza se guarda entre poemas, estrategias y memorias, que aunque éramos un territorio partido, éramos (y somos) un país despierto. La rendición de cuentas en Panamá enfrentará un duro golpe en 2026, luego de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) recibiera un presupuesto inferior al de este año. Es el presupuesto más bajo en los últimos tres años, y pone en riesgo la continuidad de programas clave de capacitación, monitoreo y fortalecimiento institucional de la entidad. Para 2026, la institución solicitó $3.8 millones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $2.8 millones. El presupuesto de la Antai en 2025 fue de $3.5 millones y en 2024 de $4.7 millones. Durante la sustentación del presupuesto para el próximo año ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la directora de la Antai, Sheyla Castillo, advirtió sobre un recorte significativo entre lo solicitado y lo recomendado, de $1 millón 157 mil 446. Castillo detalló que esta reducción representa más de un 25% en el presupuesto de funcionamiento y, aún más crítico, la eliminación total del renglón destinado a inversión. “Recalco mucho: tenemos cero presupuesto de inversión asignado. Esto nos deja sin la posibilidad de renovar equipos, robustecer plataformas y mejorar los programas de la academia virtual”, subrayó. Programas afectados La funcionaria recordó que el proyecto formativo de la Antai ha permitido ofrecer tres diplomados a funcionarios y a la ciudadanía en general, sobre ética, transparencia, gobierno abierto y datos abiertos. Castillo advirtió: “El preAjuste presupuestario a la Antai amenaza programas clave TRANSPARENCIA supuesto puede disminuir la presencia de la Antai a nivel nacional”. Otro punto de preocupación señalado fue la exclusión de fondos en el renglón de transferencias corrientes. Según la directora, este ajuste deja a la institución sin recursos para cumplir con pagos a organismos internacionales, lo que —advirtió— podría afectar la imagen del país y su compromiso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Las contribuciones de Panamá a estos organismos, explicó, permiten la participación en redes globales, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de estándares internacionales. “Si no se hacen los aportes, se corre el riesgo de afectar la reputación del país en las listas internacionales”, alertó. Entre los organismos mencionados están la Organización de Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Open Government Partnership (OGP), conocida en español como la Alianza para el Gobierno Abierto. Se trata de una iniciativa internacional lanzada en 2011 que busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los gobiernos. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] María del Carmen Terrientes Archivo Sheyla Castillo, directora de la Antai Archivo
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