3A La Prensa Panamá, domingo 7 de septiembre de 2025 Panorama Sesión en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández El pulso del presupuesto: recortes y prioridades Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS ESTATALES La agenda de la comisión legislativa incluyó hasta seis presentaciones por día, lo que convierte las jornadas en una maratón de exposiciones técnicas y discusiones políticas. Durante dos semanas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha sido testigo del desfile de funcionarios de distintos ministerios y entidades del Estado para sustentar sus proyecciones financieras para el próximo año. El ejercicio, que comenzó el lunes 25 de agosto, ha dejado al descubierto no solo las prioridades del gobierno de José Raúl Mulino para el 2026, sino también las contradicciones entre la necesidad de austeridad y la obligación de invertir en desarrollo. La sede de la comisión, ubicada en el viejo edificio del Palacio Justo Arosemena, ha sido escenario de reproches, cuestionamientos incómodos y revelaciones que han activado la conversación pública. La ministra de Educación, Lucy Molinar, calificó de “irreal” la meta constitucional de destinar el 7% del PIB a educación. Los magistrados del Tribunal Electoral admitieron el pago de seguros para vehículos particulares de un grupo de funcionarios. El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, reveló que la entidad gastará $533 mil en dietas para siete directivos; mientras que la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, defendió una partida de $4 millones para la polémica lotería electrónica, proyecto que incluso el propio presidente de la República ha criticado. ‘Trampa de adendas’ La diputada Janine Prado, miembro de esta comisión, calificó como “trampa de adendas”, a la plataforma contractual que amarra a la lotería electrónica con el gobierno. “Sin licitación clara, la concesión se extendió hasta 2033, asegurando millones para una empresa cuyos dueños reales se mantienen ocultos. Juegos como La Loto y el Pega 3 fueron incorporados en el camino, garantizando 15% de comisión, mientras la institución pública pone la red de venta y los premios. La Procuraduría lo calificó de ilegal y hoy la Corte Suprema debe decidir. Cada día de demora cuesta millones que debieron ir a programas sociales y no a enriquecer a privados”, escribió la diputada en su cuenta de X. El tiempo es oro En el transcurso de esas dos semanas también desfilaron por la comisión entidades como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Obras Públicas, la Fiscalía Electoral, la Autoridad Marítima de Panamá, entre otras. La agenda incluyó hasta seis presentaciones por día, lo que convierte a las jornadas en una maratón de exposiciones técnicas y discusiones políticas. Eduardo Vásquez, presidente de esta comisión y diputado del partido Cambio Democrático, explicó que uno de los principales retos ha sido la eficiencia en la revisión. En este ejercicio el tiempo es vital. El diputado de Capira, en Panamá Oeste, afirmó que la comisión ha acelerado el ritmo de trabajo sin dejar de lado la fiscalización. “Hemos logrado atender entre cinco a seis vistas presupuestarias por día y, a esto se suma que algunas entidades solicitan traslados de partidas”, manifestó a La Prensa. Vásquez reconoció que varios ministerios no están conformes con los montos asignados. “Se les ha dicho que pueden presentar una reconsideración directa al Ministerio de Economía y Finanzas con copia a la comisión”, agregó. Sobre los traslados de partidas, el diputado aseguró que la comisión busca transparencia. “No permitimos traslados de inversión casados con deuda, sino que sean separados”, detalló. A su juicio, los ministerios que “mueven la economía del país, como el MOP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, deben ser fortalecidos, aunque siempre bajo fiscalización. Consultado sobre el avance del proceso, Vásquez estimó que en “cuatro semanas deberíamos haber terminado todo ya para presentar el segundo debate y las recomendaciones de la Comisión”. Recortes en inversión Betserai Richards, otro miembro de esta instancia legislativa, tiene diagnóstico crítico. Le preocupa el debilitamiento de la capacidad estatal para generar crecimiento y garantizar servicios. “Básicamente lo que hemos visto es un importante recorte en el rubro de inversión de varias instituciones del Estado. Esto preocupa”, afirmó Richards en conversación con este medio. El diputado del circuito 8-6, y miembro de la debutante bancada Seguimos, citó ejemplos concretos. La Ampyme, la autoridad dedicada a promover la micro, pequeña y mediana empresa, contaría con solo $400,000 para inversión. “Los ciudadanos esperan que haya más recursos, que haya más trabajo, pero si no se generan nuevos empleos... simplemente vamos a tener una crisis de empleo que va en aumento”, advirtió. Mientras que la Acodeco, añadió, la entidad encargada de proteger al consumidor y la libre competencia, enfrenta recortes en inversión y funcionamiento. Richards expuso la dimensión del problema: “120 mil negocios a nivel nacional... tienen solo 89 inspectores dedicados”. También mencionó el reto que encarna fortalecer financieramente a la educación superior, pues confirmó recortes presupuestarios a universidades estatales. Como ejemplo, habló de los casos de la Universidad de Panamá y de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). El temor, según Richards, es que esto se traduzca en “recortar algunos planes o destituir docentes”, lo que afectaría directamente a los jóvenes. Las vistas presupuestarias siguen mañana lunes 8 de septiembre. La DPU realiza el segundo taller con los residentes de la comunidad de Villa Lilla en el corregimiento de San Francisco. Cortesía Vecinos de San Francisco piden respeto a acuerdos comunitarios, tras modificaciones en zonificación URBANISMO Yaritza Mojica [email protected] La Dirección de Planificación Urbana (DPU) del Municipio de Panamá llevará a cabo mañana una audiencia pública para aprobar o no el proyecto de integración del corregimiento de San Francisco al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad capital. La propuesta del POT destaca que la zonificación de San Francisco fue diseñada con el objetivo de ordenar el uso del suelo de forma eficiente y alineada con las necesidades de la comunidad y las normas urbanísticas. El proceso se realizó basado en la Ley 6 de 2006 y la Ley 14 de 2015, que regulan el ordenamiento territorial y exigen la participación de la Junta de Planificación Municipal en la elaboración y ejecución de los planes. Según la DPU, que dirige David Tapia, la propuesta busca equilibrar los usos del suelo (combinando zonas residenciales, comerciales y de uso mixto) y garantizar la preservación de equipamientos públicos y áreas verdes, con regulaciones claras para cada zona. Entre las comunidades que votarán para el nuevo POT están: Punta Pacífica, Paitilla, San Francisco Centro, Villa Lilla, Carrasquilla, Coco del Mar, Viña del Mar, Altos del Golf y Loma Alegre, quedando excluida Boca La Caja, por petición comunitaria. No obstante, comunidades como Villa Lilla, alegan que los ajustes se hicieron de manera unilateral, desconociendo acuerdos alcanzados en talleres de participación ciudadana realizados el 7 y el 21 de abril de 2025, así como compromisos confirmados el 25 de junio. Ante esta situación, la Junta de Desarrollo Local (JDL) de Villa Lilla y sus asesores enviaron una carta a la Junta de Planificación Municipal el 31 de agosto, expresando su rechazo a los cambios incorporados por la DPU en la propuesta. Julio Benedetti, residente de Villa Lilla y expresidente de la JDL, explicó que no están de acuerdo con la propuesta de la DPU porque desde el 21 de abril no ha habido más consultas, y lo consensuado ha sido modificado. Resaltó que “el tamaño de las servidumbres consideradas en la propuesta no coincide con las dimensiones reales medidas en las calles 64, 65 y 66. Esto debe corregirse antes de cualquier aprobación”. Villa Lilla hizo un estudio en el que determinó que las calles no cumplen con la dimensión de 15 metros establecida en el Decreto Ejecutivo 150 de junio de 2020, que dicta el Reglamento Nacional de Urbanización, Lotificación y Parcelaciones de la República de Panamá. El estudio concluyó que las calles 64, 65 y 66 de San Francisco tienen una servidumbre real de 10.43 metros. Otro de los principales reclamos de la comunidad es el cambio de la zona central de Villa Lilla de R2 (residencial de media densidad) a R3 (residencial de densidad media-alta) sin justificación técnica. Asimismo, denuncian la eliminación de reglas de protección y normas de retiro en la calle 65, donde se eliminaron parámetros consensuados sobre retiros frontales, laterales y adosamientos. Además, se incluyó “asistencia social” como uso permitido, cuando se había acordado que sería uso prohibido (asilos y orfanatos), actualmente inexistente. Raquel Amado, residente de Villa Lilla, destacó que la DPU debe cumplir con la Ley N°.14 de 2015, que establece que no debe realizarse ningún cambio si no se ejecutan las adecuaciones de infraestructura. “Tampoco debe haber consulta sin que lo consensuado quede plasmado en las fichas, tal como lo establece la normativa”, concluyó Amado. La JDL pidió que estos puntos sean atendidos por la Junta de Planificación Municipal en su próxima sesión y advirtió que, de no ser corregidos, no aprobarán el POT. Respuesta de la DPU La DPU aclaró que todas las sugerencias recibidas antes de la publicación de la propuesta fueron consideradas y respondidas en el plazo legal. “El procedimiento establece que todas las nuevas opiniones y propuestas deben presentarse en la audiencia o durante el período formal de consulta, y que solo después de concluida esa etapa la dirección puede evaluar en conjunto todas las observaciones y, de adoptarse, hacer las adecuaciones correspondientes dentro del plazo de quince días hábiles”, explicó. Para la DPU, este procedimiento garantiza que el análisis se realice de forma ordenada, técnica y transparente, y que el resultado final refleje un equilibrio entre la participación ciudadana y la viabilidad legal y técnica del plan. Propuesta La propuesta introduce nuevos códigos de uso del suelo y proyecta un incremento poblacional, pasando de 326,633 a 624,492 habitantes. Elplanreemplazacategorías obsoletas y añade zonas mixtas (ZM6, ZM7 y ZM8), que concentrarían más del 80% de la población futura, con hasta 2,000 personas por hectárea. Esto busca promover un desarrollo urbano compacto, combinando áreas residenciales, comerciales y de servicios. La propuesta elimina el uso industrial y redefine zonas de baja y mediana densidad para optimizar el aprovechamiento del suelo.
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