4A La Prensa Panamá, sábado 6 de septiembre de 2025 Panorama La hipocresía de este Gobierno carece de límites. Del presidente de la República para abajo, todos se quejaban de la huelga de los docentes. Que si los jóvenes no recibían clases; que si saldrían mal preparados; que si perdían el año; que si la irresponsabilidad de los profesores, etc. Pero hoy me pregunto sobre el fondo de ese discurso, porque sobre la superficie, parecían sensatos. Hay preocupación de que Panamá se quede sin profesionales competentes en el futuro –no muy lejano– pues la brecha académica se abre cada vez más respecto a las necesidades del mercado. Es tan poco lo que se valora al profesional de nuestras universidades que un médico recién graduado– después de años de estudios y sacrificios– gana menos que un conductor (de los privilegiados) en el Gobierno. Un oficinista con estudios que no llegan a superiores puede y gana más en la Asamblea Nacional que un arquitecto con cinco años universitarios a cuestas. Dirán que se debe a la política, pero basta ver los salarios asignados a los obreros de la construcción con oficios especializados: muchos ganan más que los universitarios. Así que ese es nuestro primer problema: una educación que pierde competitividad en el mercado laboral. Y ¿cuál es la solución? Puede haber muchas, pero lo que no hay es voluntad de hacer. Si este tema no es prioritario y encima nos mienten descaradamente, entonces las soluciones jamás llegarán. Pero eso no es lo peor. El Gobierno –el que se presenta como el más preocupado por la calidad de la educación– tiene planeado reducir el próximo año las asignaciones presupuestarias en la enseñanza superior pública. ¡Vaya preocupación! A la Tecnológica – probablemente la mejor del país– le tumbará en 2026 más de un cuarto de su presupuesto actual: de $198 millones a $144millones. A la más grande del país, la Universidad de Panamá, le restará el 20%de su presupuesto actual: de $395 millones pasa a $317 millones. Casi el mismo porcentaje se reduciría en la Universidad Marítima: de $23.2 a $18 millones. Udelas perdería un tercio de su presupuesto y la Universidad de los Pueblos Indígenas estaría condenada a casi desaparecer, pues perdería más de la mitad de su raquítico presupuesto actual, quedando en solo $1.5 millones. Solo en mantenimiento, el avión presidencial se gasta más que eso. Ahora, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), que este año trabaja con un presupuesto que sufrió un recorte del 60% respecto al de 2024,la reducción en 2026 lo dejará en ruinas, pues trabajaría con solo el 28% del presupuesto vigente. En términos sencillos: Si al ITSE le dieran 10 dólares al año y le tumban el 65%, significa que solo recibe 3.5 dólares. Y si un año después le quitan el 72%, solo recibiría 1 dólar. Este instituto costó $200 millones y ha sido elogiado por organismos internacionales por ser modelo de innovación. Ahora preguntémonos ¿es verdad que al Gobierno le importa la educación? Consideramos reducciones asfixiantes de dinero para universidades estatales; un presupuesto de inversión del Meduca que en lo que va de 2025 no llega al 30%; que la calidad de la educación no se mide y que lo mejor que hace el Gobierno por los estudiantes es darles zapatillas? No sé qué es peor, si la huelga o la estupidez. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] Una de las imágenes que se vio a diario en el marco del paro docente que tuvo lugar este año. Archivo Corte admite demanda contra decreto para nombrar docentes temporales PARO POR LEY 462 La Sala Tercera de la Corte Suprema acogió un recurso de apelación y admitióunademandadenulidad contra el decreto ejecutivo No.17 de 24 de junio de 2025 del Ministerio de Educación (Meduca) que permite el nombramiento temporal de docentes en reemplazo de aquellos que participaron de la huelga en rechazo de la Ley 462 que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Inicialmente, el pasado 23 de julio la Sala Tercera notificó de la no admisión de la demanda interpuesta por la Asociación de Maestros Gremialistas de la República de Panamá, pero dicha decisión fue apelada por el abogado Rolando Murgas Torraza, en representación de los educadores. A través del edicto No.2065 colgado en la sede de la Sala Tercera se informa de la decisión de conceder el recurso de apelación interpuesto por Murgas Torraza, por lo que se admite la demanda. La medida adoptada por el Meduca buscaba reemplazar a los docentes que se encontraban en huelga en protesta por la aprobación de la Ley 462. En aquella ocasión el Meduca también informó a los docentes la decisión de retener los salarios de aquellos educadores que se ausentaron de los centros educativos, acción que también fue demanda ante la Corte. La Contraloría General de la República ordenó la retención de salarios a al menos 15 mil educadores que participaron de la huelga. Los gremios magisteriales denunciaron que los descuentos ordenados y los nombramientos hechos por el Meduca se realizaron de forma ilegal. Durante las protestas contra la Ley 462 dirigentes magisteriales y obreros fueron procesados judicial y administrativamente. Diversas organizaciones gremiales decretaron un paro de labores el 23 de abril, que terminó el 11 de julio luego de la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación y la mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asamblea Nacional. El objetivo inicial del vale digital fue paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19. Archivo Ralph Attie, nuevo imputado por el caso vale digital Juan Manuel Díaz [email protected] AUDIENCIAS En una sala de hospital el juez declaró ilegal la aprehensión de Ralph Attie pero le imputó por la presunta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario. El empresario Ralph Attie sigue hospitalizado en Pacific Salud, pero ya se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir. Por unas horas, una sala del hospital se convirtió en salón de audiencias para que el juez de garantías resolviera varios asuntos que quedaron pendientes desde el miércoles 27 de agosto, cuando agentes de la Policía y del Ministerio Público se presentaron en casa de Attie para aprehenderlo por las irregularidades denunciadas en el manejo de Listo Wallet, la plataforma utilizada para pagar a los beneficiarios del vale digital, uno de los componentes del plan Panamá Solidario. Aquel día, los agentes no pudieron llevarse a Attie porque, cuando fueron a colocarle las esposas, se le bajó el azúcar y presentó un cuadro de hipertensión. Fue así como llegó a Pacífica Salud, donde permanece desde entonces. Pero el pasado jueves, el juez de garantías Luis Ceballos se trasladó al hospital con personal de la Fiscalía Anticorrupción, para celebrar ahí tres audiencias: una, de legalización de la aprehensión; otra, de imputación de cargos, y la última, de imposición de medidas cautelares. Aunque debían empezar a la 1:00 p.m., todo se dilató por los requerimientos del personal de seguridad del nosocomio, que vigilaban el ingreso de los funcionarios. Las tres audiencias En la primera le fue bien a Attie: el juez Ceballos declaró ilegal su aprehensión. No obstante, en la segunda, el punto fue para la fiscal Thalia Palacios y Attie fue imputado. Cuando fue el punto de discutir las medidas cautelares, el juez rechazó la petición de la fiscal para ordenar la detención provisional del empresario. En su lugar, está impedido salir del país y deberá mantener en la residencia que inicialmente declaró a las autoridades y que consta en el expediente. Con Attie ya son cuatro los imputados por esta causa: su hermano Budy Attie, el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y la abogada Janice Becerra de Reynardus, una antigua asesora de la AIG. Budy Attie, Oliva y Becerra tienen impedimento de salida del país y tienen la obligación de reportarse los días 14 y 28 de cada mes (Becera solo debe hacerlo un día). Como la fiscal Palacios insiste en la detención provisional de Budy Attie y Luis Oliva, el próximo 10 de septiembre se llevará a cabo una audiencia de apelación. ¿De qué se les acusa? Ante el juez Luis Ceballos, la Fiscalía Anticorrupción sustentó la formulación los cargos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario. Palacios alegó que la AIG cedió el control de la plataforma de pago del vale digital a Fintek Corp., una empresa que no tenía un contrato formal con el Estado. Oliva entregó la administración de la plataforma a Fintek a través de un acuerdo firmado en diciembre de 2022, que la Contraloría refrendó en febrero de 2024. De ese modo, Fintek se encargó de la gestión de los pagos de todos los beneficios sociales entregados por el Gobierno en plena pandemia respiratoria de la covid-19, como parte del plan Panamá Solidario. La fiscal Palacios explicó que su despacho cuenta con información de que a través de la plataforma se desembolsaron millones de dólares asignados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Palacios alegó que Oliva, como director de la AIG entre 2021 y 2023, modificó la plataforma utilizada para la entrega del vale digital, que originalmente estaba bajo la administración de la empresa Cable & Wireless. Cable & Wireless se retiró en diciembre de 2022, alegando falta de pago. Oliva le endosó esta tarea a Fintek Corp., a través de un acuerdo con la AIG, en el que supuestamente la autoridad no pagaría un centavo por la prestación del servicio. El pago lo harían los comercios afiliados al plan. Según la investigación, Oliva era la persona que aprobaba la vinculación de los comercios a la plataforma Listo Wallet, utilizada en programas como el vale digital, el “combustible solidario” y las becas del Ifarhu.
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