4A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SAYONARA. Gustavo Petro también está de viaje por Japón. Después del desplante en Montería, seguramente ni se ha enterado de que Mulino está por allá. BILIS. Dime con quién apuestas… y te diré quién eres. El loco tuiteó que había apostado con “Venicio” Robinson a que el PRD no tendría más de 10 diputados en el actual período legislativo. Perdió, porque se eligieron 12, pero aun así reclama públicamente su premio: dos billetes de $5. En sus mensajes también dedica varios insultos al gobierno pasado, recalcando que el país estuvo bajo el mando de un “inoperante dúo de ladrones”, “subnormales”, asaltantes “de camino”, “morones” y otros términos irreproducibles. ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que realmente le molesta? ¿Que han robado? Porque, si es así, que mande la lista completa, a ver quién se ha quedado por fuera. DESCONTROL. La Asamblea intenta poner orden en el servicio exterior, a través de una regulación que exigirá idoneidad a los diplomáticos. Muy bien. Algunos cónsules y embajadores ni siquiera sabrían distinguir Darién de Guna Yala. ALTO. Ahora todo el mundo se ruboriza con los $28 millones que le atribuyen a Héctor Brands, pero aquí hay diputados que hasta aerolíneas han tenido y nadie dice nada. ¿No es esto una muestra de la inoperancia del sistema? Ojalá que los miembros de la #NuevaAsamblea hagan algo, de una vez por todas, para eliminar los privilegios y las zonas grises que rodean a varias de las figuras políticas más cuestionadas de este país. BURLA. El pleno de la Corte no admitió la denuncia que presentó Betserai Richards contra alias BoDana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, dijo: ‘No más planillas infladas ni plenos como ring de boxeo. Archivo Credenciales debate reformas al reglamento interno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Se revisarán 284 artículos del reglamento, incluyendo la incorporación de un capítulo dedicado a la administración de recursos humanos. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional arrancó ayer con un desafío de gran envergadura: evaluar 16 proyectos de ley que suman 284 artículos, todos orientados a dar un nuevo rostro al reglamento interno del Legislativo. La iniciativa responde a una demanda creciente de la sociedad por una Asamblea más transparente y eficiente, cuestionada de manera constante por ciudadanos y medios de comunicación en temas como planillas y manejo opaco de recursos. La diputada Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, aseguró que el inicio de la discusión sobre el reglamento interno era necesario para agilizar los cambios pendientes. “Hoy hemos convocado a los diputados y a la comisión técnica de Credenciales para que nos expliquen los avances respecto a las modificaciones del reglamento interno”, señaló. Castañeda subrayó que no se permitirá una nueva postergación del debate. “No podemos seguir dilatando una deuda que tenemos con el país”, dijo, recordando que existen 16 proyectos de modificación en trámite. Se revisarán 284 artículos del reglamento, incluyendo la incorporación de un capítulo dedicado a la administración de recursos humanos. “Nos referimos a las carreras administrativas, en este caso a la carrera legislativa. Nos referimos a los temas de ingresos, a las planillas, en el sentido de que no se debe crear más estructura y que el personal que entra con el diputado debe salir con el diputado”, enfatizó. La planilla En ese punto, Castañeda reconoció que uno de los mayores reclamos ciudadanos se concentra en el gasto de la planilla legislativa. “Mientras no pongamos los controles reales, vamos a seguir incrementando las planillas, porque cada cinco años llegan 71 nuevos diputados con su equipo de trabajo y se van quedando en las estructuras formales de la Asamblea”, advirtió. Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos. En quinto lugar figura la diputada Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675. Hechos violentos La diputada también insistió en que el Código de Honor y Disciplina será parte de la discusión, con el objetivo de reforzar el respeto en el pleno y en las comisiones. “Aquí no podemos seguir permitiendo que diputados tomen el pleno como un ring de boxeo. Tampoco podemos permitir que se use la Comisión de Presupuesto ni la de Credenciales para desacreditar directores sin que hayan sido investigados ni respetar la presunción de inocencia”, recalcó. Recientemente, el diputado del PRD Jairo Salazar agredió al diputado independiente Betserai Richards, un hecho que generó críticas y que no terminó en ningún tipo de sanción para el político de Colón. Castañeda adelantó que su meta es entregar al país un reglamento renovado antes de que termine el año legislativo. “Tenemos una deuda de 14 años sin modificar el reglamento interno. Queremos que, antes de que termine este año, podamos darle al país un nuevo reglamento interno”, afirmó. Además, dijo que se propondrá, en los cambios, que las comisiones de trabajo se instalen en un máximo de 15 días tras la conformación de la junta directiva de la Asamblea, evitando retrasos que debiliten la institucionalidad, como ocurrió recientemente. Más detalles Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela explicó que la revisión se realiza por medio de una mesa técnica y no a través de subcomisiones, como se había planteado anteriormente, con el objetivo de que la misma comisión encargada del debate impulse el primer debate de cada iniciativa. Varela subrayó que, aunque este proceso debió comenzar hace un año, considera positivo que se haya iniciado ahora y confía en que, antes de diciembre, se logre consolidar un nuevo proyecto de ley. Entre los cambios propuestos, el diputado enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los procedimientos de la Asamblea. “Todo lo que se haga en la Asamblea debe ser del conocimiento público de los panameños”, señaló. El tema se retomará el próximo lunes 8 de septiembre. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ernesto Cedeño, diputado de Moca. Elysée Fernández Con fondos estatales, funcionarios de 14 instituciones gozan de seguros privados PRESUPUESTO El diputado independiente Ernesto Cedeño encendió el debate en la Asamblea Nacional ayer al revelar que 14 instituciones públicas pagan, con fondos estatales, seguros privados de salud a sus funcionarios. La cifra suministrada a Cedeño por la Contraloría, según dijo, refleja una desigualdad dentro del aparato estatal. Entre las entidades mencionadas por Cedeño figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. La Prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que al menos en 7 de las 14 entidades el Estado destinan al menos $168.9 millones a este tipo de seguros. Para el diputado, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada. “No puede ser que existan funcionarios privilegiados y otros no, cuando todos trabajamos para el mismo país”, expresó en el pleno. Cedeño explicó que, por este motivo, presentó un anteproyecto de ley que busca prohibir a todas las instituciones estatales destinar partidas presupuestarias al pago de seguros privados. Insistió en que quienes deseen una póliza adicional deben cubrirla con sus propios ingresos, tal como lo hace la mayoría de los ciudadanos. Además, subrayó que su propuesta no es un ataque personal contra los beneficiados, sino un intento de corregir un trato desigual dentro de la administración pública. “Voy a apelar a la justicia y al bien de toda la ciudadanía”, dijo, adelantando que insistirá en que el tema sea debatido en la agenda legislativa. También el diputado de Vamos, Luis Duke, presentó una iniciativa para prohibir el pago de seguros privados con fondos públicos. El anteproyecto La propuesta de ley de Cedeño prohíbe la inclusión de partidas para seguros de salud, vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación. Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados. Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón; y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre el hecho de que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio, que depende de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud. “Si no quieren usar la salud pública, que ellos mismos paguen sus seguros privados”, expresó Gordón, recordando que en la Universidad de Panamá los docentes no reciben este tipo de beneficio y deben cubrir con sus propios ingresos cualquier atención en clínicas privadas. lota. El agresor admitió públicamente haber propinado los golpes, hay varios testigos presenciales y el denunciante aportó exámenes de medicina forense y hospitalarios. Pese a todo ese caudal, la Corte invocó el artículo 488 del Código Procesal Penal (el de la prueba idónea) para justificar su decisión. Mientras exista ese requisito, Bolota podrá seguir haciendo lo que le da la gana y dormir tranquilo.
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