3A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Momento en que el procurador presentó los proyectos en la Asamblea. Uno de ellos propone elevar las penas por corrupción. Archivo Procurador pide ayuda a Camacho para proyectos anticorrupción Mónica Palm [email protected] COMISIÓN DE GOBIERNO Luis Carlos Manuel Gómez Rudy presentó dos proyectos de ley el 24 de julio y hasta ahora no han sido incluidos en la agenda de la Comisión de Gobierno, que preside Luis Eduardo Camacho. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, no ha incorporado en la agenda los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. Ambos proyectos fueron presentados el pasado 24 de julio y se desconoce cuándo serán discutidos en primer debate. Por esta razón, el procurador Gómez envió una nota al diputado Camacho el pasado 18 de agosto, solicitando la inclusión de ambos proyectos en el orden del día. “La urgencia de debatir estas iniciativas legislativas cuenta con amplio respaldo, ante la crítica posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional”, escribió el procurador en su nota. “Este dato refleja la persistente debilidad institucional y confirma que la corrupción es un problema sistémico que exige reformas profundas. Por ello, es crucial avanzar en la aprobación de estas propuestas para fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, agregó. Uno de los proyectos, el número 291, propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, y el otro, el número 292, modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según Gómez Rudy, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Camacho, del partido Realizando Metas (RM), tomó posesión como presidente de la Comisión de Gobierno el 13 de agosto pasado. Antes, presidió esa misma instancia de julio de 2024 a junio de 2025. Entre otras novedades, el proyecto 291 busca que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de actos de corrupción puedan ser practicados por funcionarios que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, en entes policiales y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Actualmente, para acreditar el delito, es necesario contar con auditoría previa de la Contraloría General de la República. También propone que el Ministerio Público pueda investigar de oficio los delitos de enriquecimiento injustificado y duplicar el término de prescripción “para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”. En tanto, el proyecto 292 pretende aumentar las penas. Betserai Richards, el día que fue agredido. Archivo Corte archiva denuncia de Richards por agresión de Bolota Salazar LESIONES PERSONALES Juan Manuel Díaz [email protected] La agresión física sufrida por el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, a manos del también diputado perredista Jairo Bolota Salazar, quedó impune luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia archivara la denuncia presentada por el primero. La denuncia tiene su génesis en una trifulca registrada el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, cuando Salazar agredió a Richards, quien se encontraba en compañía de otros diputados. Richards presentó la denuncia contra Salazar alegando que este lo atacó sin previo aviso y que le ocasionó lesiones en el rostro, por lo que debió acudir a un centro hospitalario. Bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, y de manera unánime, el Pleno de la Corte decidió no admitir la denuncia interpuesta contra Salazar. La decisión se fundamenta en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de aportar pruebas idóneas para investigar a los diputados. El primero de estos artículos señala que las denuncias o querellas contra un diputado deben ser presentadas en la secretaría de la Corte. En tanto, el artículo 488 indica que “cuando no existen méritos suficientes para proseguir la causa penal o policiva, así lo hará constar el Pleno en resolución motivada y ordenará su archivo”. El conflicto entre Richards y Salazar no es nuevo. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho su bancada sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.
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