1A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Viernes 5 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15129 Hoy por hoy Mientras Panamá empata 0-0 con Surinam en su camino mundialista, otra batalla decisiva se juega fuera de la cancha. La Fiscalía Anticorrupción investiga al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, y no descarta incluir a la exdiputada Katleen Levy. En paralelo, la justicia despeja el camino para celebrar el juicio del caso Pandeportes, donde se ventilan años de manejos cuestionados de fondos públicos destinados al deporte. Y en la Asamblea Nacional, una propuesta de ley busca prohibir que políticos, familiares y funcionarios ocupen cargos en federaciones, además de exigir auditorías y sancionar la falta de transparencia. El fútbol nos recuerda que los goles limpios hacen vibrar a un país entero. Pero también nos recuerda que sin reglas claras no hay victoria legítima. Así como la Sele lucha en la cancha, la sociedad panameña espera que la justicia y la política marquen los goles que de verdad valen: erradicar la corrupción y blindar el deporte frente a los tentáculos del poder. Qué se sabe de Los Choneros y Los Lobos, las bandas de Ecuador que Estados Unidos declaró organizaciones terroristas www.prensa.com/bbc/ Promtur, sin fondos suficientes para 2026 1B Economía Confirman pesquisas contra Héctor Brands Mónica Palm [email protected] El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, confirmó que el Ministerio Público investiga al JUSTICIA El procurador confirmó que Héctor Brands es investigado por presunto peculado tras detectarse depósitos millonarios en sus cuentas. La pesquisa también roza a la exdiputada Katleen Levy por transferencias vinculadas. exdirector de Pandeportes y exdiputado del PRD, Héctor Brands, por presunto peculado y blanqueo de capitales. La pesquisa, iniciada de oficio esta semana, surge a partir de informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que identificaron depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias vinculadas a Brands entre 2019 y 2025. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en Pandeportes, el Registro Público y la alcaldía de San Miguelito para recabar información. Los reportes de la UAF detallan 39 operaciones sospechosas y más de 28 mil transacciones, a través de entidades como Banco General, BAC, Banesco y el estatal Banco Nacional. Brands manejó fondos en cuentas personales y sociedades donde figuraba como beneficiario final. VEA 2A Eliminatorias Panamá empata 0-0 en Paramaribo Panamá arrancó la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas ante Surinam con un empate 0-0 en Paramaribo; un resultado amargo por su dominio, especialmente en el primer tiempo, pero que mantiene vivo su pulso en el Grupo A hacia el Mundial 2026. El Grupo A lo completan El Salvador y Guatemala. El próximo martes la selección se enfrenta en el Rommel Fernández a Guatemala. VEA 4B EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield Lucy Molinar Cortesía La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la norma que obliga a destinar 7% del PIB a educación “no es realista”, pues mide la economía y no los ingresos disponibles del Estado. El presupuesto del Meduca para 2026 asciende a $4,861 millones, de los cuales $1,116 millones se transfieren a entidades como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y universidades del Estado. Aunque hubo recortes en algunas instituciones, el Ifarhu contará con un incremento para becas y auxilios económicos. VEA 6A PRESUPUESTO Murió a los 91 años Giorgio Armani, el hombre que reinventó el traje 7% del PIB para educación es irreal, dice Lucy Molinar Murió a los 91 años Giorgio Armani, ícono de la moda italiana y arquitecto de la elegancia moderna. Nacido en 1934 en Piacenza, fundó un imperio global que redefinió el traje con líneas limpias, sobriedad y comodidad sofisticada. Conocido como “Re Giorgio”, vistió a estrellas y líderes, transformando la moda en un lenguaje universal. VEA 5B -
2A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] El proyecto residencial y turístico Red Frog está localizado en isla Bastimentos, Bocas del Toro. Cortesía Tribunal mantiene aprehensión de 14 fincas del Suntracs en Red Frog INVESTIGACIÓN El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la aprehensión de 14 fincas en el complejo turístico Red Frog, en isla Bastimentos, Bocas del Toro, que habían sido traspasadas por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) a su cooperativa. En una audiencia celebrada ayer, los magistrados mantuvieron la decisión emitida por la juez Sheryll Toullier el pasado 21 de agosto. En este proceso, seguido a los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, se formularon cargos por delitos de blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos. López, que tiene medida cautelar de arresto domiciliario, estuvo presente en la audiencia, portando un brazalete electrónico. Méndez está prófugo en Venezuela y Cerrud se encuentra en la embajada de Nicaragua, país al que ha solicitado asilo. Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construcción (que luego cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores de Red Frog que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008 y que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Tras la huelga, Pillar Construccion fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representado por el Suntracs, para que les entregaran las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones. La mayoría de los 412 trabajadores indemnizados no se enteró del acuerdo pactado por el Suntracs con la empresa empleadora, mucho menos que ahora eran dueños de propiedades en Red Frog. Eliana Morales Gil [email protected] Pese a advertencias de Mulino, siguen la Loo y el Pega 3: LNB asigna $4 millones FONDOS PÚBLICOS La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) destinará $4 millones para el contrato con la empresa Scientific Games LLC, responsable de la Lotto y el Pega 3. La cifra representa $1 millón más que lo asignado a este concepto en 2025 ($3 millones). Los números salieron a relucir en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia a la que acudió Saquina Jaramillo, directora de la entidad, para sustentar el presupuesto de 2026. A los diputados Janine Prado y Carlos Saldaña, de la bancada independiente Vamos, les llamó la atención el rubro de “consultorías”. Fue entonces cuando Jaramillo explicó que se trataba de lo pactado con Scientific Games LLC. Polémico contrato De inmediato surgieron cuestionamientos sobre la situación contractual entre esta empresa y la LNB. Según explicaron Jaramillo y Luis Abrego, director de Finanzas, todo comenzó en 2013, cuando la Lotería adjudicó un contrato a Panama Lottery Technology Services, consorcio integrado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, S.A. En aquel momento gobernaba Ricardo Martinelli. Desde entonces se han firmado cinco adendas. La última se concretó en 2023, durante la administración de Laurentino Cortizo, y se extiende hasta 2033. Con esa adenda se incorporaron la Lotto y el Pega 3. Jaramillo también recordó que a Scientific Games se le paga una comisión del 15%, de la cual el 13% corresponde a la venta bruta, mientras que el 2% restante debe invertirse en publicidad de los productos. “Se ganaron El Gordito”, exclamó de manera irónica la diputada Prado, en alusión a la millonaria comisión que recibe Scientific Games. Mulino pone el dedo en la herida La Lotto y el Pega 3 están en la mira pública desde que el presidente José Raúl Mulino, pocos días después de asumir el cargo, ordenó a la directora de la LNB ponerles fin. “Lo único que hacen es mermar la eficiencia de nuestra lotería, beneficiando a algunos que lucran con las loterías electrónicas, las cuales este año (2024) generaron una venta bruta semanal de 900 mil dólares”, agregó. En ese momento, el mandatario detalló que la LNB reportaba una devolución del 27%, seis puntos porcentuales menos que el mes anterior, y lo calificó como un valor alto. Recordó además que existen 13,500 billeteros en el país, quienes generan comisiones equivalentes al 10% de sus ventas. El tema no murió allí. La directora de la LNB no pudo cumplir el mandato del presidente, pues la adenda al contrato había sido demandada en la Corte Suprema de Justicia para que sea declarada ilegal. Una fue presentada por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee y otra por el abogado Pedro Meilán. Argumentaron que no solo se extendió el contrato, sino que también se modificó su objeto. Alegaron que se debió llevar a cabo una nueva licitación. El entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó en esa línea. “Consideramos que dicho acto se emitió infringiendo las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas, así como los principios generales de la contratación pública, entre estos, transparencia, mayor beneficio económico para el Estado y el procedimiento de selección de contratistas”. El caso está en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, despacho que, aunque admitió la demanda, no ordenó la suspensión del contrato. Por esta razón, la directora de la LNB afirmó en la Comisión de Presupuesto que deben seguir cumpliendo con el pacto. Brands fue diputado del Partido Revolucionario Democrático en el quinquenio 20192024, y entre abril de 2021 y febrero de 2023 fue director de Pandeportes. Archivo Procurador Gómez Rudy confirma investigación a Héctor Brands Mónica Palm [email protected] FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN La fiscalía realiza diligencias y no descarta incluir a Katleen Levy, quien se habría beneficiado de transferencias realizadas desde una cuenta de Elvis Rodríguez, identificado como testaferro de Brands. El procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy confirmó que se investiga al exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, pero no precisó con claridad si dichas pesquisas se extienden a la exdiputada Katleen Levy. La investigación, que se inició de oficio esta semana, se sustenta en informes de inteligencia aportados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales identificaron depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias asociadas a Brands, entre enero de 2019 y junio de 2025. “Todo tipo de información que provenga de esta unidad, como cualquier tipo de información de inteligencia que dé indicios de la comisión de un delito, será motivo para que el Ministerio Público inicie de inmediato las investigaciones penales correspondientes, ya sea por blanqueo de capitales o por los distintos delitos precedentes que den lugar a esta modalidad”, declaró Gómez la noche del miércoles 3 de septiembre. Uno de esos “delitos precedentes” sería el de peculado, ya que ese mismo día, pero en horas más tempranas, personal de la Fiscalía Anticorrupción visitó las oficinas de Pandeportes para solicitar información “como parte de las investigaciones por peculado”. La fiscalía anticorrupción también acudió al Registro Público y al despacho de Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito. Al procurador se le preguntó si la investigación involucra a Levy, quien fue diputada en el quinquenio 2014-2019. Brands también fue diputado, pero entre 2019 y 2024. “Todo delito que de una u otra manera vincule a indiciados será sujeto de invesguez corresponde a honorarios por servicios de asesoría y consultoría de imagen, prestados entre diciembre de 2019 y junio de 2020. Brands fue diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones. Producto de un análisis financiero se encontró que las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands (a título personal) y de tres sociedades en las que es beneficiario final y firmante (Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp.) registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones. Los reportes de la UAF a los que alude el procurador mencionan a Banco General, BAC, Banesco, Credicorp, Mercantil Banco, Banisi y Banco Aliado, así como en el estatal Banco Nacional de Panamá (BNP). En total, se procesaron reportes de 39 operaciones sospechosas generadas por los bancos y se examinaron unas 28,000 transacciones efectuadas entre enero de 2019 y junio de 2025. Brands ha guardado silencio respecto a estas investigaciones, pero sus abogados fueron esta mañana al Ministerio Público. No pudieron examinar el expediente. tigaciones penales”, respondió Gómez, de forma parca. Según los reportes de la UAF, Levy se habría beneficiado de transferencias bancarias realizadas desde una cuenta personal de Elvis Enrique Rodríguez, identificado como “testaferro” de Brands. Rodríguez, además, fue director ejecutivo del movimiento Nuevo Amanecer, que fundó Brands. En el terreno político, aparece como donante de sus dos campañas: la de la primaria a lo interno del PRD y la de la elección general de mayo de 2024, en la que no logró la reelección como diputado. De hecho, la primaria fue financiada enteramente por Brands y Rodríguez, quien le donó $5,000. Para la otra campaña, Rodríguez le entregó $10,000. Se presume que los fondos dirigidos a Levy provinieron de cuentas ligadas al exdirector de Pandeportes, quien anteriormente mantuvo una relación personal con ella. Rodríguez habría servido como intermediario para ocultar el origen de los fondos entregados a la exdiputada y dificultar su seguimiento. Levy ha declarado que el dinero que recibió de Rodrí-
3A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Momento en que el procurador presentó los proyectos en la Asamblea. Uno de ellos propone elevar las penas por corrupción. Archivo Procurador pide ayuda a Camacho para proyectos anticorrupción Mónica Palm [email protected] COMISIÓN DE GOBIERNO Luis Carlos Manuel Gómez Rudy presentó dos proyectos de ley el 24 de julio y hasta ahora no han sido incluidos en la agenda de la Comisión de Gobierno, que preside Luis Eduardo Camacho. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, no ha incorporado en la agenda los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. Ambos proyectos fueron presentados el pasado 24 de julio y se desconoce cuándo serán discutidos en primer debate. Por esta razón, el procurador Gómez envió una nota al diputado Camacho el pasado 18 de agosto, solicitando la inclusión de ambos proyectos en el orden del día. “La urgencia de debatir estas iniciativas legislativas cuenta con amplio respaldo, ante la crítica posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional”, escribió el procurador en su nota. “Este dato refleja la persistente debilidad institucional y confirma que la corrupción es un problema sistémico que exige reformas profundas. Por ello, es crucial avanzar en la aprobación de estas propuestas para fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, agregó. Uno de los proyectos, el número 291, propone la adopción de una “ley general anticorrupción”, y el otro, el número 292, modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Según Gómez Rudy, ambos buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Camacho, del partido Realizando Metas (RM), tomó posesión como presidente de la Comisión de Gobierno el 13 de agosto pasado. Antes, presidió esa misma instancia de julio de 2024 a junio de 2025. Entre otras novedades, el proyecto 291 busca que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de actos de corrupción puedan ser practicados por funcionarios que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, en entes policiales y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Actualmente, para acreditar el delito, es necesario contar con auditoría previa de la Contraloría General de la República. También propone que el Ministerio Público pueda investigar de oficio los delitos de enriquecimiento injustificado y duplicar el término de prescripción “para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”. En tanto, el proyecto 292 pretende aumentar las penas. Betserai Richards, el día que fue agredido. Archivo Corte archiva denuncia de Richards por agresión de Bolota Salazar LESIONES PERSONALES Juan Manuel Díaz [email protected] La agresión física sufrida por el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, a manos del también diputado perredista Jairo Bolota Salazar, quedó impune luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia archivara la denuncia presentada por el primero. La denuncia tiene su génesis en una trifulca registrada el pasado 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, cuando Salazar agredió a Richards, quien se encontraba en compañía de otros diputados. Richards presentó la denuncia contra Salazar alegando que este lo atacó sin previo aviso y que le ocasionó lesiones en el rostro, por lo que debió acudir a un centro hospitalario. Bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, y de manera unánime, el Pleno de la Corte decidió no admitir la denuncia interpuesta contra Salazar. La decisión se fundamenta en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de aportar pruebas idóneas para investigar a los diputados. El primero de estos artículos señala que las denuncias o querellas contra un diputado deben ser presentadas en la secretaría de la Corte. En tanto, el artículo 488 indica que “cuando no existen méritos suficientes para proseguir la causa penal o policiva, así lo hará constar el Pleno en resolución motivada y ordenará su archivo”. El conflicto entre Richards y Salazar no es nuevo. Según Richards, la disputa se originó por los cuestionamientos públicos que ha hecho su bancada sobre el manejo de fondos estatales, en especial los más de 14 millones de dólares vinculados a la llamada “descentralización paralela”, que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, habrían terminado en manos de Salazar, quien además de diputado es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón.
4A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] SAYONARA. Gustavo Petro también está de viaje por Japón. Después del desplante en Montería, seguramente ni se ha enterado de que Mulino está por allá. BILIS. Dime con quién apuestas… y te diré quién eres. El loco tuiteó que había apostado con “Venicio” Robinson a que el PRD no tendría más de 10 diputados en el actual período legislativo. Perdió, porque se eligieron 12, pero aun así reclama públicamente su premio: dos billetes de $5. En sus mensajes también dedica varios insultos al gobierno pasado, recalcando que el país estuvo bajo el mando de un “inoperante dúo de ladrones”, “subnormales”, asaltantes “de camino”, “morones” y otros términos irreproducibles. ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que realmente le molesta? ¿Que han robado? Porque, si es así, que mande la lista completa, a ver quién se ha quedado por fuera. DESCONTROL. La Asamblea intenta poner orden en el servicio exterior, a través de una regulación que exigirá idoneidad a los diplomáticos. Muy bien. Algunos cónsules y embajadores ni siquiera sabrían distinguir Darién de Guna Yala. ALTO. Ahora todo el mundo se ruboriza con los $28 millones que le atribuyen a Héctor Brands, pero aquí hay diputados que hasta aerolíneas han tenido y nadie dice nada. ¿No es esto una muestra de la inoperancia del sistema? Ojalá que los miembros de la #NuevaAsamblea hagan algo, de una vez por todas, para eliminar los privilegios y las zonas grises que rodean a varias de las figuras políticas más cuestionadas de este país. BURLA. El pleno de la Corte no admitió la denuncia que presentó Betserai Richards contra alias BoDana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, dijo: ‘No más planillas infladas ni plenos como ring de boxeo. Archivo Credenciales debate reformas al reglamento interno Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Se revisarán 284 artículos del reglamento, incluyendo la incorporación de un capítulo dedicado a la administración de recursos humanos. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional arrancó ayer con un desafío de gran envergadura: evaluar 16 proyectos de ley que suman 284 artículos, todos orientados a dar un nuevo rostro al reglamento interno del Legislativo. La iniciativa responde a una demanda creciente de la sociedad por una Asamblea más transparente y eficiente, cuestionada de manera constante por ciudadanos y medios de comunicación en temas como planillas y manejo opaco de recursos. La diputada Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, aseguró que el inicio de la discusión sobre el reglamento interno era necesario para agilizar los cambios pendientes. “Hoy hemos convocado a los diputados y a la comisión técnica de Credenciales para que nos expliquen los avances respecto a las modificaciones del reglamento interno”, señaló. Castañeda subrayó que no se permitirá una nueva postergación del debate. “No podemos seguir dilatando una deuda que tenemos con el país”, dijo, recordando que existen 16 proyectos de modificación en trámite. Se revisarán 284 artículos del reglamento, incluyendo la incorporación de un capítulo dedicado a la administración de recursos humanos. “Nos referimos a las carreras administrativas, en este caso a la carrera legislativa. Nos referimos a los temas de ingresos, a las planillas, en el sentido de que no se debe crear más estructura y que el personal que entra con el diputado debe salir con el diputado”, enfatizó. La planilla En ese punto, Castañeda reconoció que uno de los mayores reclamos ciudadanos se concentra en el gasto de la planilla legislativa. “Mientras no pongamos los controles reales, vamos a seguir incrementando las planillas, porque cada cinco años llegan 71 nuevos diputados con su equipo de trabajo y se van quedando en las estructuras formales de la Asamblea”, advirtió. Según los datos de la Contraloría, hasta abril de este año los despachos legislativos con mayores gastos en planilla corresponden a diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson, cuya planilla mensual asciende a $261,225. Le siguen Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120) y Crispiano Adames ($122,850), tres de ellos expresidentes de la Asamblea en diferentes periodos. En quinto lugar figura la diputada Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM), también expresidenta, cuyo despacho tiene un gasto mensual de $120,675. Hechos violentos La diputada también insistió en que el Código de Honor y Disciplina será parte de la discusión, con el objetivo de reforzar el respeto en el pleno y en las comisiones. “Aquí no podemos seguir permitiendo que diputados tomen el pleno como un ring de boxeo. Tampoco podemos permitir que se use la Comisión de Presupuesto ni la de Credenciales para desacreditar directores sin que hayan sido investigados ni respetar la presunción de inocencia”, recalcó. Recientemente, el diputado del PRD Jairo Salazar agredió al diputado independiente Betserai Richards, un hecho que generó críticas y que no terminó en ningún tipo de sanción para el político de Colón. Castañeda adelantó que su meta es entregar al país un reglamento renovado antes de que termine el año legislativo. “Tenemos una deuda de 14 años sin modificar el reglamento interno. Queremos que, antes de que termine este año, podamos darle al país un nuevo reglamento interno”, afirmó. Además, dijo que se propondrá, en los cambios, que las comisiones de trabajo se instalen en un máximo de 15 días tras la conformación de la junta directiva de la Asamblea, evitando retrasos que debiliten la institucionalidad, como ocurrió recientemente. Más detalles Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela explicó que la revisión se realiza por medio de una mesa técnica y no a través de subcomisiones, como se había planteado anteriormente, con el objetivo de que la misma comisión encargada del debate impulse el primer debate de cada iniciativa. Varela subrayó que, aunque este proceso debió comenzar hace un año, considera positivo que se haya iniciado ahora y confía en que, antes de diciembre, se logre consolidar un nuevo proyecto de ley. Entre los cambios propuestos, el diputado enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los procedimientos de la Asamblea. “Todo lo que se haga en la Asamblea debe ser del conocimiento público de los panameños”, señaló. El tema se retomará el próximo lunes 8 de septiembre. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ernesto Cedeño, diputado de Moca. Elysée Fernández Con fondos estatales, funcionarios de 14 instituciones gozan de seguros privados PRESUPUESTO El diputado independiente Ernesto Cedeño encendió el debate en la Asamblea Nacional ayer al revelar que 14 instituciones públicas pagan, con fondos estatales, seguros privados de salud a sus funcionarios. La cifra suministrada a Cedeño por la Contraloría, según dijo, refleja una desigualdad dentro del aparato estatal. Entre las entidades mencionadas por Cedeño figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón. La Prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que al menos en 7 de las 14 entidades el Estado destinan al menos $168.9 millones a este tipo de seguros. Para el diputado, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada. “No puede ser que existan funcionarios privilegiados y otros no, cuando todos trabajamos para el mismo país”, expresó en el pleno. Cedeño explicó que, por este motivo, presentó un anteproyecto de ley que busca prohibir a todas las instituciones estatales destinar partidas presupuestarias al pago de seguros privados. Insistió en que quienes deseen una póliza adicional deben cubrirla con sus propios ingresos, tal como lo hace la mayoría de los ciudadanos. Además, subrayó que su propuesta no es un ataque personal contra los beneficiados, sino un intento de corregir un trato desigual dentro de la administración pública. “Voy a apelar a la justicia y al bien de toda la ciudadanía”, dijo, adelantando que insistirá en que el tema sea debatido en la agenda legislativa. También el diputado de Vamos, Luis Duke, presentó una iniciativa para prohibir el pago de seguros privados con fondos públicos. El anteproyecto La propuesta de ley de Cedeño prohíbe la inclusión de partidas para seguros de salud, vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación. Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados. Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón; y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre el hecho de que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio, que depende de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud. “Si no quieren usar la salud pública, que ellos mismos paguen sus seguros privados”, expresó Gordón, recordando que en la Universidad de Panamá los docentes no reciben este tipo de beneficio y deben cubrir con sus propios ingresos cualquier atención en clínicas privadas. lota. El agresor admitió públicamente haber propinado los golpes, hay varios testigos presenciales y el denunciante aportó exámenes de medicina forense y hospitalarios. Pese a todo ese caudal, la Corte invocó el artículo 488 del Código Procesal Penal (el de la prueba idónea) para justificar su decisión. Mientras exista ese requisito, Bolota podrá seguir haciendo lo que le da la gana y dormir tranquilo.
5A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama No. La mina no es el Canal Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] Dentro de la cantera de falsedades que impulsan la reapertura de la mina de Donoso, hay una que sobresale por descabellada y escandalosa: la comparación con el Canal de Panamá. La estrategia es clara: Minera Panamá, con un enorme déficit de imagen tras su historial de violaciones ambientales, protestas, fallo de inconstitucionalidad y rechazo social, busca igualarse al mayor orgullo nacional: la vía interoceánica. Perounamentiradeese tamaño no puede seguir repitiéndose impunemente en foros y redes sociales sin contrastar con hechos. Empecemos por lo obvio: En el mundo hay más de 700 minas de cobre, pero solo existe un Canal de Panamá. La vía y su ampliación han redefinido el comercio marítimo internacional y le han dado a la nación una posición destacada en el mundo. El Canal ha forjado la identidad nacional, potenciado la posición geográfica del país y multiplicado su peso geopolítico. La lucha por la recuperación de la vía trajo la principal victoria diplomática de nuestra historia: los tratados del Canal que dieron al país soberanía sobre todo su territorio. Cuarenta y ocho años después se prueban más vigentes que nunca. ¿Puedecompararseesto con la extracción de cobre por parte de una multinacional, en la que para rematar, otros Estados son accionistas? Solo en el universo de la publicidad engañosa. El agua del Canal se puede tomar, de hecho, 2 millones de personas la beben todos los días. El agua de la tina de relave es tóxica. El Canal conserva bosques, la mina devasta su entorno. El Canal se está esforzando para ser carbono neutral, mientras que la planta de carbón de la mina puede acabar con la carbono-negatividad del país.Lascomunidadesalrededor del Canal de Panamá no tienen riesgo de enfermedad, mientras que quienes viven alrededor de la mina estarán expuestos a la contaminación. El Canal tiene rango constitucional, y decisiones como su ampliación requirieron referéndum. En cambio, la reapertura de la mina (abierta de hecho desde que se permitió exportar cobre) significa darle la vuelta al fallo de la Corte y a la ley de moratoria minera. El presidente Mulino anunció una “fórmula creativa” para que la mina sea de Panamá, sin concesión nueva, sin licitación y sin aprobación de la Asamblea. El “respeto a las leyes, el fallo de la Corte y el pedido de nuestro pueblo” de su discurso de toma de posesión se transformó en un plan “con paso firme” para disfrazar de “operador técnico” lo que en efecto será una nueva concesión a la misma empresa. Un exabrupto en términos jurídicos y democráticos: no somete la decisión al contrapeso de los otros dos poderes ni a la voluntad de los ciudadanos. El presidente mundial de Transparencia Internacional advirtió que un asunto tan crucial para el futuro de Panamá debe ser consultado con la población tras un debate basado en hechos verificables. De eso Aprehenden a exrepresentante de El Carate José González Pinilla [email protected] DESCENTRALIZACIÓN PARALELA Paulino Abdiel Domínguez es investigado por la presunta comisión del delito de peculado con fondos de la AND. Tras un operativo de allanamiento, las autoridades aprehendieron ayer a Paulino Abdiel Domínguez, exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, por la presunta comisión del delito de peculado. La Fiscalía Anticorrupción informó que la detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial. Destacó que Domínguez, quien fue representante por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), será presentado ante un juez de garantías. La fiscalía recordó que el exedil es requerido por un caso de peculado que habría causado una lesión patrimonial al Estado por 455 mil dólares. La semana pasada, las autoridades ya habían aprehendido al extesorero de El Carate. El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) una lista de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República revelara irregularidades en el manejo de los fondos de la Autoridad de Descentralización (AND). La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas ejecutados mediante la descentralización, que hasta la fecha han determinado una lesión patrimonial al Estado por alrededor de 14 millones de dólares. no se habla. La conversación gira en torno al argumento predilecto de políticos y empresarios: el dinero. Aquí también el contraste con el Canal es monumental. Los ingresos del Canal entran a Panamá; en el caso de la mina, las ganancias salían del país y se repartieron entre unos pocos. Aparte de sus aportes a la economía, el Canal ha entregado al erario en 25 años 30 mil millones de dólares. Las autoridades no dan información sobre los aportes de Minera Panamá al Estado. La última cifra oficial fueron los 500 millones de dólares que “desaparecieron” en las arcas del gobierno anterior. En contraste la ganancia bruta de la empresa durante ese periodo suma más de tres mil millones. No hay ninguna comparación entre la mina y el Canal y si alguna vez se parecieron, fue cuando el Canal era un enclave colonial que no generaba ganancias justas para Panamá. La mina, en cambio, pretende continuar siendo un enclave, pese al fallo de la Corte. Hoy vive en un limbo intencional que solo prolonga un modelo injusto para el país. ¿Qué hay entonces tras el afán del gobierno por reabrir la mina? Además de la necesidad de cuadrar las cuentas del presupuesto, una investigación de Concolón apunta a algo más: los nexos económicos -y enormes conflictos de intereses- entre el círculo cero del poder, la empresa minera y sus proveedores. La comparación entre la mina y el Canal no es una hipérbole de personas mal informadas: es una estrategia mediática para posibilitar el enriquecimiento de algunos, a costa del país de todos.
6A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Young adelantó que, de no concretarse la compra única, la CSS tiene preparado un pliego separado para licitar 200 medicamentos adicionales. Archivo CSS y Minsa se preparan para licitación de unos $300 millones Yaritza Mojica [email protected] ABASTECIMIENTO EN INSTALACIONES PÚBLICAS La compra conjunta que están próximos a efectuar sería para al menos 500 medicamentos, con el propósito de tener abastecimiento hasta el final de la gestión de gobierno. La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) se preparan para lanzar una licitación conjunta para adquirir al menos 500 medicamentos, bajo el marco de la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, que regula la compra de medicamentos en Panamá. Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones Médicas de la CSS, explicó los avances en los procesos de licitación que prepara la institución para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en policlínicas y hospitales del país. Uno de los procesos más importantes es la compra conjunta con el Minsa, que estima una inversión que podría superar los 300 millones de dólares. Este proceso busca garantizar el suministro de fármacos por un período de 3 a 5 años y asegurar la disponibilidad hasta el final de la actual administración, indicó Young. “En coordinación con el Minsa, se está trabajando bajo el marco de la Ley 419, que promueve la compra conjunta de medicamentos”, señaló. Por el momento, la CSS ya envió la lista de medicamentos; se espera que se conforme la Comisión de Abastecimiento y se emita el decreto que permita aprobar el listado y proceder con las licitaciones, explicó el director de Prestaciones de Salud. “Estamos a la espera de que, una vez retorne el presidente de la República, José Raúl Mulino, desde Japón, firme el decreto y sea publicado en la Gaceta Oficial, para continuar con el proceso de compra”, añadió Young. Ambas instituciones ya están elaborando la lista de medicamentos y definiendo las cantidades requeridas. Los equipos de logística, en el caso de la CSS la Dirección de Provisiones de Servicios de Salud, y en el Minsa la Dirección de Abastecimiento, ya están cruzando la información necesaria. “Hemos realizado reuniones previas; únicamente falta cumplir con la parte formal que establece la ley: la comisión debe reunirse, publicar el listado y, a partir de allí, podremos avanzar hacia la licitación”, manifestó el funcionario. Young adelantó que, de no concretarse la compra única, la CSS tiene preparado un pliego separado para licitar 200 medicamentos adicionales. “De no emitirse el decreto de compra unificada, la CSS ejecutará un pliego independiente para 200 medicamentos pendientes. No obstante, si se concreta la compra conjunta con el Minsa, estos medicamentos se sumarán al listado de 500 para establecer un precio único de compra, lo que permitirá importantes ahorros para el Estado”, explicó. Respecto al mecanismo de licitación, el director indicó que se considera el uso de la subasta inversa, siempre que la Dirección de Contrataciones Públicas tenga listo el software necesario para su aplicación. En cuanto a la distribución de fondos, Young aclaró que cada institución pagará de forma independiente las cantidades de medicamentos que adquiera. Sin embargo, al comprar en conjunto se logrará un precio de referencia único, lo que permitirá ahorros significativos para el Estado. Además de medicamentos, la CSS evalúa la posibilidad de integrar la compra de insumos médico-quirúrgicos en una segunda fase, la cual podría concretarse en el primer trimestre de 2026. Licitaciones alternas Con respecto al resto de las compras dentro de la CSS, el director de Prestaciones Médicas detalló que las licitaciones vigentes para 2023-2024 están por vencer, por lo que se están preparando nuevos actos públicos que se realizarán por bloques de especialidades. Entre estas licitaciones por bloque se incluyen insumos médico-quirúrgicos, urología, cardiovascular y cardiología, ortopedia y neurocirugía. Paralelamente, se avanza en las licitaciones generales de insumos y medicamentos. En el caso de las licitaciones de urología y cardiovascular, cada una representa alrededor de 30 millones de dólares; en odontología, cerca de 17 millones de dólares, y próximamente se licitarán insumos de medios de contraste para estudios de resonancia y tomografía, con un valor aproximado de 16 millones de dólares. Young destacó que los precios obtenidos en estas licitaciones han sido significativamente menores, lo que representa ahorros sustanciales para la institución y un beneficio directo para los pacientes. Con respecto al abastecimiento, la entidad ha manifestado que se mantiene por arriba del 90%. En cuanto a la compra conjunta con el Minsa, el objetivo es establecer un precio único de referencia que beneficie a pacientes de la CSS, del Minsa y de los patronatos, aprovechando economías de escala. Esta medida también busca evitar la presión que enfrentan las administraciones entrantes por la urgencia de abastecer medicamentos en los primeros meses de gestión. Mario De Gracia [email protected] Lucy Molinar, ministra de Educación. Archivo El Ifarhu tendría más recursos para becas en 2026 COMISIÓN DE PRESUPUESTO La discusión del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) para la vigencia fiscal 2026 comenzó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y asciende a unos $4,861 millones. Su alcance impacta, además, a otras entidades, como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). En el proyecto de presupuesto de 2026, el presupuesto asignado al Ifarhu alcanza $500.1 millones, de los que el 58% proviene de transferencias del Meduca. Solo en transferencias, en general, Meduca destina hasta $1,116 millones a otros entes del Estado que tocan el tema educación, entre ellos el Ifarhu, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Pandeportes, el IPHE, y las universidades estatales. La derrama de recursos también tiene que ver con la Ley 362 de 2023, que exige destinar un gasto público no menor al 7% del Producto Interno Bruno (PIB) del país a la educación. De ese 7%, el 5.5% es de uso exclusivo del Meduca y las entidades a las que transfiere. A pesar de ello, y de los recortes presupuestarios al ITSE, Senacyt y universidades públicas, la ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo un llamado en la Comisión de Presupuesto, argumentando que la norma no es cónsona con los ingresos del país. “Meduca es el único renglón presupuestario del Estado que está basado en una medición que no es real, que es lo del 7%. El PIB mide la economía, no los ingresos del Estado ni el dinero disponible (...). Esa fue una decisión producto de una crisis coyuntural que trataron de palear con una decisión que arrancara aplausos”, argumentó Molinar en la Comisión de Presupuesto. Los comentarios de Molinar rememoran el paso del proyecto presupuestario para la vigencia fiscal 2025, en octubre de 2024, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo que retirar el presupuesto y volver a presentarlo por incumplir, entre otras cosas, con el destino del 7% del PIB a entidades que tienen que ver con educación. El caso Ifarhu: vuelve el dinero para becas En el ámbito educativo el Ifarhu ha sido una entidad que ha tenido tropiezos producto de diversos escándalos. Tras el anuncio de su supuesta “quiebra” en 2024, la entidad ha sabido recuperarse. A pesar de que se incluye una reducción de $1.8 millones a nivel macro en el presupuesto de la entidad para 2026, hubo un incremento en el renglón destinado a las becas de asistencia educativa y auxilio económico. Mientras en 2025 tuvo unos $426 millones destinados a ese renglón, para 2026 se prevé en el presupuesto que tenga $449.6 millones destinados a becas y auxilios. La vigencia fiscal actual (2025) estuvo marcada por atrasos en los pagos de ciertos beneficios, incluidas las becas y la no realización del concurso general de becas. No obstante, fuentes de entero crédito dentro de la entidad han informado a este medio que se evalúa presentar una solicitud de modificación al MEF. A la fecha, la entidad no ha pasado por la Comisión de Presupuesto, pero se espera que lo haga tras el paso del Meduca. De hacer una reconsideración, el Ifarhu se sumaría al Registro Público de Panamá, entidad que ya solicitó en la Comisión de Presupuesto una modificación a lo asignado por el MEF. Yaritza Mojica [email protected] Alcalde Mayer Mizrachi. Archivo Boca La Caja queda fuera del plan de zonificación, confirma alcalde Mizrachi SAN FRANCISCO La comunidad de Boca La Caja manifestó su preocupación por la convocatoria a la audiencia pública sobre el plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, programada para el lunes 8 de septiembre. En una carta dirigida a las autoridades y a la ciudadanía, los moradores advirtieron que el aviso de convocatoria no mencionaba su exclusión, lo que generó inquietud sobre el posible impacto del nuevo plan en su modo de vida y en el entorno de la comunidad. Los residentes solicitaron que se dejara constancia por escrito de que Boca La Caja quedaría fuera de este proceso, tal como —según indican— el alcalde lo había anunciado previamente en redes sociales. También pidieron que su exclusión se registrara en el acta de la votación que se realizará en el Parque Omar. En respuesta, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó por escrito que Boca La Caja no formará parte del proyecto de integración de San Francisco al Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) y, por lo tanto, no será incluida en la zonificación. El alcalde añadió que su despacho está dispuesto a gestionar un proceso separado y específico, para impulsar un plan que logre un equilibrio entre desarrollo urbano y convivencia social.
7A La Prensa Panamá, viernes 5 de septiembre de 2025 Panorama Panamá refuerza la lucha contra el gusano barrenador del ganado brindando apoyo a los productores con la asistencia de Estados Unidos y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), informaron las partes. El IICA indicó en un comunicado que se llevó a cabo en la localidad de Santa Fé de Darién un encuentro entre ganaderos de la zona y representantes del IICA, del el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá, y de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), con el fin de reforzar la vigilancia sanitaria y la protección de la producción pecuaria local. Durante la jornada se entregaron paquetes para el control sanitario y toma de muestras financiados por el IICA, fortaleciendo la capacidad local de detección temprana y control de la plaga. También se realizaron presentaciones técnicas y demostraciones prácticas sobre tratamientos, métodos de prevención y control del gusano barrenador, incluyendo medidas para evitar la mordedura de murciélagos, así como prácticas veterinarias de descorne en terneros y curación de ombligos. “La lucha contra el gusano barrenador del ganado es un compromiso que asumimos de manera conjunta con los productores porque está en juego no solo la salud de nuestros animales, sino la seguridad alimentaria y el futuro de nuestras comunidades rurales”, dijo el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Roberto Linares. El ministro comentó que Panamá refuerza la lucha contra el gusano barrenador ENFERMEDAD Panamá, por su ubicación estratégica en el continente, juega un rol clave en la contención regional de la enfermedad, y que el trabajo articulado entre gobierno, organismos internacionales y asociaciones de productores es la única vía para evitar que la plaga avance hacia otras regiones. El representante del IICA en Panamá, Miguel Ángel Arvelo, dijo que el Instituto mantiene su voluntad firme de trabajar de la mano con Panamá, el COPEG y los productores ganaderos para enfrentar esta amenaza sanitaria. “La cooperación técnica, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades locales son ejes centrales, porque sabemos que solo con un esfuerzo conjunto podremos contener y erradicar nuevamente al gusano barrenador”, señaló. La amenaza por la presencia el gusano barrenador del ganado resurgió en el 2023 tras más de 20 años de haber sido erradicada. Esta enfermedad parasitaria transfronteriza representa un riesgo significativo para la salud de los animales, personas y los ecosistemas, con repercusiones directas sobre la seguridad alimentaria, la economía rural y el bienestar de las comunidades, detalló el IICA. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo. Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, desde su reaparición en la región. EUA restringe visados a centroamericanos ligados al PCC José González Pinilla [email protected] EFE. CIUDAD DE PANAMÁ GEOPOLÍTICA Washington anunció nuevas restricciones de visado contra centroamericanos acusados de colaborar con el Partido Comunista Chino para socavar el Estado de derecho. Panamá reiteró que la soberanía del Canal “es y seguirá siendo panameña”. Estados Unidos de América (EUA) anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos centroamericanos que, según Washington, actúan en nombre del Partido Comunista Chino (PCC) para “socavar el Estado de derecho” en la región. De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida busca contrarrestar lo que calificó como “influencia corrupta de China” en América Central y estará enfocada en individuos que dirijan, financien, autoricen o respalden actividades que desestabilicen a los países del istmo. La nueva política permitirá negar el ingreso a territorio estadounidense tanto a las personas señaladas como a sus familiares directos, destaca un comunicado. Además, el Departamento de Estado adelantó que ya se han impuesto restricciones bajo este mecanismo a varios ciudadanos centroamericanos por conductas de este tipo en el pasado. “Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”, indicó la diplomacia estadounidense en un comunicado. Washington insistió en que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para promover la rendición de cuentas de quienes colaboren intencionadamente con el PCC en Centroamérica, al tiempo que subrayó su intención de salvaguardar la seguridad y estabilidad del hemisferio. La administración de Trump ha arremetido en diversos momentos contra China y ha asegurado que mantiene influencias en el Canal de Panamá. Panamá, por su parte, ha negado en diversas ocasiones que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que “es y seguirá siendo panameña”, en palabras del presidente panameño, José Raúl Mulino. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 341 que modifica la Ley 468 sobre interés preferencial para préstamos hipotecarios, en medio de cuestionamientos por la derogación del artículo 12. La disposición que sería derogada exigía a los bancos realizar evaluaciones de la capacidad de pago de sus clientes una vez concluido el periodo de interés subsidiado. Diputadas como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos y Grace Hernández, de la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca), hicieron fuertes cuestionamientos por las modificaciones presentadas a la Ley 468. Hernández advirtió en una emotiva intervención que el proyecto “no está pensado en la gente”. Por su parte, Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, explicó que “el artículo 12 lo que hace es traer otro riesgo [además del préstamo a 30 años] de muy difícil manejo, que se presta paLey de interés preferencial pasa al tercer debate ASAMBLEA NACIONAL ra ser una fuente de tácticas dilatorias al momento de que un banco tenga que ejecutar una hipoteca” . La votación para eliminar el artículo polémico terminó con 39 votos a favor, 4 abstenciones y 1 voto en contra. Otro aspecto discutido en segundo debate fue la propuesta de reducir la tasa subsidiada de 4% a 3.5% en el tramo de viviendas de entre $80,000 y $120,000. Finalmente, en el pleno se decidió aprobar que la ley se quede con la tasa de 4% para ese segmento. El sector inmobiliario y de constructoras de vivienda estuvo de acuerdo con el aumento. El proyecto 341 pasará ahora a tercer debate en la Asamblea Nacional. Entretanto, la Ley 468 permanece suspendida hasta el 31 de diciembre de 2025, y sigue vigente la Ley 3 de 1985 hasta que eso ocurra. Mario De Gracia [email protected] Casas nuevas se benefician del interés preferencial. Elysée Fernández Muestra del gusano barrenador extraída a un becerro. EFE El secretario de Estado, Marco Rubio, ha visitado varios países de la región, incluyendo Panamá. EFE Descartan alza de dietas en proyecto de ley de Jorge Herrera La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión para analizar el proyecto de ley 313, que reforma la Ley 37 sobre descentralización. La polémica iniciativa tratará aspectos clave, como los montos destinados a los programas de las juntas comunales y alcaldías. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció semanas atrás que lo relacionado con las dietas sería eliminado. Según el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Medín Jiménez, la propuesta requiere un examen más detallado debido a la amplitud y complejidad de sus disposiciones. De hecho, el pleno de la comisión también aprobó otorgar un plazo de 30 días hábiles a la subcomisión para elaborar y presentar un informe con los resultados del estudio. Entre los argumentos expuestos se destacó la necesidad de un debate pausado y con la participación de autoridades locales, con el fin de asegurar que las reformas respondan a las realidades de la gestión municipal. La subcomisión quedó integrada por los diputados Neftalí Zamora, de Vamos, quien la presidirá, así como por Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, y Patzy Lee, del Partido Popular, en calidad de subcomisionados. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected]
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==