7A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, defendió de manera enérgica el proceso de licitación para contratar a la empresa que asumirá la recolección de desechos en los nueve corregimientos del distrito por un periodo de 20 años, contrato valorado en 315 millones de dólares. El debate surgió en el Concejo Municipal tras cuestionamientos de algunos representantes sobre la duración de la concesión, la tarifa de aseo y supuesta falta de respuestas durante la homologación del 22 de agosto. Hernández exhortó a los concejales a revisar el pliego publicado en Panamá Compras desde el 31 de julio y aclaró que no contempla aumentos en la tarifa de aseo. “No hay tablas de aumento de tarifa, no hay aumento. Para hacer un ajuste debe haber consulta ciudadana y aprobación del Concejo Municipal. Este ajuste no lo hace la Alcaldía”, subrayó. Añadió que las preguntas de las empresas se responden en el portal, conforme lo exige la ley. La alcaldesa advirtió que no firmará una prórroga con la actual concesionaria, Revisalud, cuyo contrato vence el 18 de enero de 2026, si por desinformación se frustra la licitación. “Honorables, que no sean los intereses políticos los que nos dividan; hay que dar más respuestas y menos polémica”, expresó. Algunos concejales reclamaron mayor comunicación. Sheyla Grajales (Molirena, Victoriano Lorenzo) pidió instalar mesas de trabajo, aunque respaldó el proceso: “Plenamente confío en usted, no sé en los demás”. En cambio, Darío González (RM, Arnulfo Arias Madrid) insistió en su derecho a cuestionar: “Yo tengo derecho. Como ciudadano puedo preguntar, tengo incógnitas y quiero que me las respondan”. Finalmente, se acordó reforzar la comunicación y organizar mesas de seguimiento para esclarecer los más de 200 puntos del pliego. Hernández justificó el plazo de 20 años en la magnitud de la inversión en equipos y personal, cuyos resultados no se verían en menos de una década. También destacó que se incluirá un fideicomiso administrado por un banco local para garantizar transparencia en el uso de fondos. Diferencias marcan el proceso de licitación para recolección de la basura SAN MIGUELITO Caja de Ahorros pagará en 2026 $533 mil en dietas para sus directivos Eliana Morales Gil [email protected] Yaritza Mojica [email protected] FONDOS PÚBLICOS El gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, defendió ante diputados un presupuesto de $1,731 millones para 2026, mientras surgieron cuestionamientos por $1.7 millones en representación, $533 mil en dietas y $10.5 millones en incentivos. “Hemos hecho un trabajazo en 13 meses”, dijo Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros (CA), ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia a la que acudió el pasado 27 de agosto para sustentar el presupuesto de la institución para el próximo año. Más allá de los $1,731 millones con los que la entidad pretende operar en 2026, la atención de algunos diputados se centró en cifras puntuales que llamaron la atención. Por ejemplo, el diputado Carlos Saldaña, de la bancada independiente Vamos, le preguntó sobre gastos específicos, como los de representación y las dietas. Saldaña citó la cifra destinada a gastos de representación: $1,757,604, y preguntó quiénes reciben este beneficio y bajo qué criterio se asigna. Farrugia respondió que este emolumento complementa el salario de los ejecutivos del banco. No dio más detalles, pero un repaso a la planilla de la CA hasta julio pasado permite establecer algunos datos. Un total de 47 personas reciben gastos de representación. Ocupan cargos que van desde gerente directivo, gerente ejecutivo, gerente general, subgerente ejecutivo, subgerente general hasta asesor. Estos funcionarios ingresaron a la entidad entre el 1 de marzo de 1986 y el 27 de mayo de 2025. Los montos de los gastos de representación varían considerablemente: el mínimo es de $480 y el máximo de $5,000. Esta última cifra corresponde al gerente Andrés Farrugia, quien además recibe otros $5,000 en salario mensual. Las dietas Saldaña, diputado del circuito 4-1 en Chiriquí, también preguntó sobre los $533 mil presupuestados La comparecencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante la sustentación del presupuesto 2026 dejó una escena sorprendente: durante casi 15 años, el Ministerio ha cubierto el suministro de energía eléctrica de residentes y comercios en Puerto Armuelles, distrito de Barú, Chiriquí. Durante la sesión, la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, interrogó a Linares sobre el incremento en los pagos de electricidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). Prado cuestionó por qué el monto solicitado había aumentado de $974,500 a $2.5 millones y si existían periodos anteriores de facturación pendientes. El ministro explicó que este aumento se debe a que el Mida ha cubierto las facturas de luz de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), que suministraba electricidad en Puerto Armuelles. “Tenemos varios años sin cumplir con esa obligación”, señaló Linares. Linares detalló que, tras la disolución de Coosemupar, las cuentas de energía de numerosas viviendas y comercios —incluyendo pequeños negocios conocidos como “tiendas de chinitos”— fueron automáticamente trasladadas al Mida. Indicó que esto representa cerca de $1.5 millón de dólares al año en facturas, monto que refleja la magnitud del problema heredado. La cooperativa fue creada para atender las necesidades de la industria bananera en Barú, luego de que Chiquita abandonara el negocio en esa área, y también abastecía de electricidad a algunos residentes y comercios locales. No obstante, desapareció en 2010, cuando fue liquidada por el Ipacoop, tras detectar irregularidades. El ministro aseguró que actualmente trabajan en instalar medidores para cada vivienda y comercio, de manera que los usuarios asuman directamente el pago de su consumo eléctrico. “Mientras hacemos eso, nos siguen llegando las cuentas de luz”, explicó Linares, enfatizando que la situación requiere tiempo para normalizarse. La historia El suministro eléctrico tiene sus raíces en el Contrato de Operaciones 135 de 1997, aprobado mediante la Ley 13 de 1998. En dicho contrato, el Estado otorgó a Coosemupar la concesión para generar la energía necesaria para las actividades bananeras en la región. Además, la cooperativa podía vender cualquier excedente de electricidad al público cuando el Estado no tuviera capacidad de distribuirla directamente. A los pocos años de creada, la cooperativa enfrentó un proceso de liquidación, lo que generó la necesidad de reorganizar el suministro eléctrico en la zona. En 2011, mediante la nota DMN-0463-11, el MIDA solicitó a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi) asumir la distribución y comercialización de El Mida carga con factura eléctrica de casas y comercios de una zona de Barú CHIRIQUÍ la energía, instalando medidores individuales para que los usuarios fueran responsables de su consumo y del pago de sus facturas. El Mida asume el costo El Ministerio también asumió la responsabilidad de cubrir las cuentas pendientes de Coosemupar con Edechi, así como los nuevos pagos que se generaran mientras se completaba la instalación de los medidores. Esta medida buscaba garantizar que los usuarios continuaran recibiendo el suministro eléctrico durante la transición. Sin embargo, Edechi solicitó a la Autoridad Reguladora dispensas temporales de ciertas normas de calidad y requisitos del Régimen de Suministro, argumentando que muchos usuarios no eran propietarios de los inmuebles donde habitaban y que la infraestructura heredada de Coosemupar no contaba con un uso formal permanente. Hasta ahora, se está trabajando para normalizar la facturación con las viviendas y comercios. De hecho, el ministro calificó la situación como compleja y difícil de entender. “Hasta el chinito de la tienda está conectado y le pasan la cuenta al Ministerio”, acotó. Además, dejó claro que, aunque aún queda pendiente resolver la deuda con la empresa distribuidora, trabajan para regularizar el sistema y asegurar que cada cliente pague por su consumo de manera directa. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Irma Hernández, alcaldesa. Archivo Andrés Farrugia, gerente general de la CA, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla TVL para dietas. El gerente respondió que corresponden a los miembros de la junta directiva: Fernando Correa (presidente), José María Herrera (vicepresidente), Joseph Louis Salterio, Michele Moreno, Samir Gozaine, Mónica Velarde y Juan Carlos Mastellari. Sin embargo, Farrugia no detalló cómo se distribuyen esos montos, ni los diputados insistieron en la consulta. Gratificaciones e incentivos Janine Prado, también de la bancada Vamos, preguntó sobre los beneficiarios de las gratificaciones e incentivos. El funcionario explicó que los incentivos se pagan “en función de la correlación de la fuerza de ventas”, como un premio al desempeño por la “colocación de los productos del banco”. En total, la CA distribuirá $10,590,580 bajo este concepto. Consultorías Víctor Castillo, del partido Realizando Metas, consultó sobre los $2.8 millones que se invertirán en consultorías. Farrugia contestó que forman parte del giro natural de la corporación y explicó que contratan a Gartner, a la que calificó como “una consultora mundial, top three en el planeta”. También mencionó a Merco, para temas de clima organizacional. Roberto Linares, ministro del Mida. Archivo
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