1A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Miércoles 3 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15127 Hoy por hoy El MEF hainsistido,con justa razón, en la necesidad de contener el gasto público ante la difícil situación fiscal que atraviesa el país. Se han anunciado recortes y se han fijado topes de ahorro que buscan devolver equilibrio a las cuentas estatales. Sin embargo, contrasta el silencio —o la permisividad— del propio MEF y del Ejecutivo en general, en lo que se refiere al gasto público destinado a financiar seguros privados para funcionarios. Es cierto que técnicamente cada instituciónarmasupresupuesto, pero también lo es que el MEF es el responsable de elaborar y preparar el presupuesto para presentarlo ante la Asamblea Nacional. Por ello, lo consistente con la posición de austeridad que ha adoptado el MEF es rechazar dichas asignaciones, porque terminan siendo partidas que contradicen las políticas de contención del gasto. De lo contrario, se transmite un mensaje ambivalente y contradictorio que fortalece la idea de privilegios entre el funcionariado público. Es por esto que en esta ocasión reconocemoscomobuenainiciativa que desde la Asamblea Nacional se plantee acabar con estos seguros injustificados. Al final, un presupuesto es la proyección del país que queremos ser. Y si se permiten privilegios, lo que tendremos será una imagen distorsionada: no de austeridad ni justicia, sino de desigualdad. Ellas. pa Venecia vuelve a abrir sus puertas al cine 5B Carrasquilla y Córdoba, listos para enfrentar a Surinam 4B Deportes Panorama Al Grano, con Flor Mizrachi: De guiños y deslices 6A Economía Chiquita determinará qué mano de obra necesitará 1B Plantean excluir seguros privados del gasto público Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Tres anteproyectos de ley fueron presentados en la Asamblea Nacional con el objetivo de eliminar las partidas destinadas a seguros privados para funcionarios. PRESUPUESTO Diputados presentaron tres anteproyectos que buscan eliminar pólizas privadas financiadas con fondos estatales, un gasto que supera los $168 millones y contradice la política de contención en tiempos de crisis fiscal. Los diputados Luis Duke (Vamos) y Ernesto Cedeño (Moca) coincidieron en que el Estado no debe costear pólizas médicas cuando la mayoría de la población depende de un sistema público de salud marcado por carencias de medicamentos, infraestructura y personal. El proyecto de Duke concentra su alcance en los seguros de salud y ordena que los fondos liberados se redirijan al Minsa y a la CSS. En tanto, la propuesta de Cedeño amplía la prohibición a seguros de vida y accidentes, contempla sanciones y extiende la medida a municipalidades y empresas mixtas. El Estado destina al menos $168.9 millones a seguFCC: Defensa de Suárez no logra tumbar el cargo principal de peculado agravado Eliana Morales Gil [email protected] La audiencia preliminar por el caso FCC dio un giro clave luego de que la jueza Águeda Rentería rechazara los incidentes de prescripción presentados por la defensa del exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez y otros imputados. Aunque declaró prescrita la acción penal por el delito de corrupción de servidores públicos respecto a dos acusados, la jueza mantuvo en firme el proceso por peculado agravado, considerado el cargo principal en este expediente. En total, quince personas —entre naturales y jurídicas— enfrentan imputaciones vinculadas a presuntos sobreprecios en contratos del MOP con la constructora española FCC. La defensa de Suárez pidió el sobreseimiento definitivo, alegando que no hubo irregularidades, pero la jueza sostuvo que existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio. El Ministerio Público acusa que los sobrecostos y manejos indebidos en varias obras públicas causaron un perjuicio millonario al Estado. AUDIENCIA Mizrachi debe justificar donaciones desde el exterior El alcalde capitalino Mayer Mizrachi deberá responder ante la Fiscalía Electoral por donaciones de dos sociedades extranjeras a su campaña electoral de 2024, por posibles violaciones al Código Electoral que prohíbe este tipo de aportes. VEA 6A FISCALÍA ELECTORAL ros privados en siete entidades. Expertos como Rolando Gordón y Edgardo Molino Mola sostienen que, en un contexto de restricción fiscal, este gasto contradice la política de contención. “Ese dinero debe dirigirse a hospitales y medicamentos, no a privilegios de pocos”, advirtió Gordón. VEA 2A El presidente Donald Trump informó ayer que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque de sus fuerzas armadas a una embarcación que trasegaba droga en el Atlántico, y aseguró que operaban bajo el control de Nicolás Maduro. En reacción, Maduro dijo que se declararía “en armas” si Venezuela “fuera agredida”. VEA 5A EUA lanza ataque contra barco que venía de Venezuela Beijing China y Rusia estrechan lazos El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciaron el gasoducto Power of Siberia 2, un proyecto que refuerza la cooperación energética entre ambos países en medio de tensiones geopolíticas y sanciones occidentales. El encuentro tuvo lugar durante el desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que asistieron más de una veintena de líderes mundiales. EFE
2A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] José Isabel Blandón. Archivo Tribunal Electoral da otro espaldarazo a la renovación del Partido Panameñista LUCHA INTERNA El Tribunal Electoral (TE) dio otro espaldarazo a la facción del Partido Panameñista que exige la renovación del colectivo político. El pleno del TE, con la ponencia del magistrado Luis Guerra Morales, rechazó de plano “por improcedente” un recurso de aclaración de la sentencia del 22 de agosto pasado, emitida por el propio tribunal, que ordenó realizar una convención nacional para escoger nuevas autoridades del partido, que actualmente preside el exalcalde capitalino José Isabel Blandón. El recurso contra la sentencia que abre paso a la renovación de este partido fue presentado por el abogado Dionicio De Gracia, del grupo que respalda a Blandón. “Hoy murieron las pretensiones de quienes querían quedarse por forfeit en la dirigencia del Panameñismo. Ahora, a buscar los votos y a renovar el partido. ¡El cambio es mejor que el statu quo!”, escribió en su cuenta de X, Herbert Young, veterano miembro del colectivo y el jurista que impulsó la acción legal que abre la puerta a las nuevas elecciones del partido. Consultado por La Prensa, Young dijo que “luego del rotundo fracaso electoral, se impone la renovación de las autoridades del partido, que sean los convencionales los que marquen el rumbo. Ningún directivo del partido puede ni debe descalificar a los otros aspirantes, máxime cuando han sido los responsables de la derrota”. Añadió: “El statu quo actual es casi llevarnos al ostracismo. Necesitamos renovar las estructuras y activar la organización interna para entonces ser opción de triunfo en el 2029″. Otro que se pronunció fue excandidato a la Alcaldía de Panamá, Guillermo Willie Bermúdez. “El Partido Panameñista no puede ser moneda de cambio ni quedarse atado a la política tradicional que tanto daño hizo. Nuestra obligación es renovarnos para volver a ser alternativa real de gobierno (...)”, anotó en X. Bermúdez fue secretario general del Municipio de Panamá durante la gestión de Blandón (2014-2019). Luego, fue representante de corregimiento de Don Bosco (2019-2024) y en las elecciones de mayo de 2024 compitió por la alcaldía capitalina, pero no tuvo éxito. Actualmente es el segundo vicepresidente del colectivo. La amarga derrota del 2024 El Partido Panameñista sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza “Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene”, que impulsó a Rómulo Roux como candidato presidencial y a Blandón como su compañero de fórmula, quedó en cuarto lugar. Blandón afirma que él puso su cargo a disposición desde octubre pasado. De paso, culpa a la expresidenta Mireya Moscoso de intentar entregar el partido al gobierno de José Raúl Mulino. Hasta el pasado 28 de agosto, el Partido Panameñista contaba con 221,310 adherentes, de acuerdo con estadísticas del TE. El pleno de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández. Buscan eliminar seguros privados financiados con fondos públicos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PRESUPUESTO 2026 Tres diputados presentaron anteproyectos para eliminar seguros privados de funcionarios con fondos estatales. El debate surge en medio del ajuste fiscal y la crítica ciudadana por privilegios frente a un sistema público en crisis. En la Asamblea Nacional se presentaron tres anteproyectos de ley que buscan eliminar los seguros privados para los funcionarios financiados con fondos del Estado, mientras que los diputados también propusieron suprimir, del presupuesto de 2026 —próximo a discutirse en el pleno del Legislativo— las partidas destinadas a estos beneficios. Uno de los proyectos fue presentado por el diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, quien propone prohibir expresamente el uso de dinero público para costear pólizas privadas de salud de los servidores públicos. El segundo, del diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño Alvarado, busca impedir que dentro del Presupuesto General de las instituciones públicas se incluyan partidas destinadas a seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares. Hay un tercero, del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, pero no se tuvo información detallada sobre su contenido, pese a las llamadas realizadas. En el caso de Duke y Cedeño, ambos proyectos coinciden en el diagnóstico: el Estado panameño destina recursos para cubrir seguros privados de ciertos funcionarios, mientras que la mayoría de la población depende de un sistema público marcado por el desabastecimiento de medicamentos, la falta de personal y la precariedad de la infraestructura hospitalaria. El contenido El anteproyecto de Duke concentra su alcance en los seguros de salud, dejando claro que ninguna institución —ya sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas, semiautónomas o empresas estatales— podrá pagar con fondos públicos este tipo de pólizas. Además, introduce una disposición específica: los recursos liberados deben redirigirse al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, con el fin de fortalecer la atención médica y garantizar el abastecimiento de insumos. Por su parte, la propuesta de Cedeño es más amplia. Prohíbe la inclusión de partidas para seguros no solo de salud, sino también de vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación. Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados. Otra diferencia significativa es que el proyecto de Cedeño incluye sanciones y mecanismos de control. Establece que cualquier gasto destinado a seguros privados será considerado nulo, y que sus responsables podrán ser sancionados administrativamente, penalmente o patrimonialmente. Incluso asigna al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la tarea de rechazar de oficio las partidas presupuestarias que contravengan lo dispuesto en la ley. Otros diputados, como el independiente Betserari Richards, solicitaron a sus colegas que se eliminen del presupuesto de 2026 las partidas relacionadas con seguros privados. “Estamos peleando contra los fueros y privilegios”, afirmó. El rechazo Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, así como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas, muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio que depende de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa). “Si no quieren usar la salud pública, que ellos mismos paguen sus seguros privados”, expresó Gordón, recordando que en la Universidad de Panamá los docentes no reciben este tipo de beneficio y deben cubrir con sus propios ingresos cualquier atención en clínicas privadas. Para Gordón, la eliminación de este gasto es urgente en un contexto de restricción fiscal. “Estamos en una época de ahorro, en la que no se puede gastar tanto dinero porque la situación económica del Estado anda mal”, advirtió. El Estado destina al menos 168.9 millones de dólares a este tipo de seguros en siete entidades, recursos que, en su opinión, deberían redirigirse a combatir las desigualdades en salud. “Ese dinero puede servir para construir clíaño, ampliando drásticamente la cobertura médica en todo el país. Una de las entidades que más asigna en seguros privados es el Ministerio de Seguridad, que destina $122 millones para más de 45 mil agentes y funcionarios. No obstante, expertos consideran que con esos montos se podría construir un centro hospitalario para la entidad, como lo tienen otros estamentos de seguridad o ejércitos de la región. En América Latina, varios países cuentan con hospitales militares propios para atender al personal de las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, a la población civil. Desde el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” en Nicaragua, hasta el Hospital Central Militar en México y la red de hospitales del Ejército Argentino, estas instalaciones ofrecen atención especializada y cumplen un papel estratégico en emergencias sanitarias. También destacan los de Bogotá, en Colombia, y los de Brasil. Para Molino Mola, un presupuesto es, al final, un espejo del país que queremos ser. Si aceptamos que incluya privilegios y exoneraciones injustificadas, ese espejo nos devolverá la imagen de una nación que confunde el servicio público con el beneficio personal. Pero si logramos que el presupuesto sea, de verdad, la expresión de la soberanía popular, entonces podremos mirarnos en ese espejo con dignidad. Respuesta del MEF Se consultó al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, quien se refirió al debate sobre el pago de seguros privados en entidades públicas y aclaró que cada institución es responsable de justificar y administrar su presupuesto. El funcionario explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo supervisa la congruencia entre lo programado y lo ejecutado, sin tener injerencia en la gestión directa de los recursos. Además, subrayó que la verificación de la pertinencia y legalidad de esos gastos corresponde a entidades que ejercen funciones de fiscalización y control. En este momento, el MEF ejecuta una serie de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público contenidas en la resolución de Gabinete 57-25 que establece una reducción de hasta B/.1,900 millones del presupuesto general del Estado. nicas en las comarcas o para abastecer los hospitales públicos, en lugar de dedicarse a un grupo de privilegiados”, señaló. En perspectiva El economista enfatizó que ese monto podría tener un impacto mucho mayor si se asigna al sistema público de salud. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra representa casi la totalidad del presupuesto necesario para equipar todas las salas de hemodiálisis en los hospitales públicos, cuya inversión asciende a $178 millones. Además, equivaldría a más de la mitad del gasto anual en medicamentos de la CSS, que en 2024 superó los $319 millones, suficiente para garantizar tratamientos esenciales a miles de pacientes con enfermedades crónicas. Si se enfocara en infraestructura y personal, esos $168 millones también podrían construir o remodelar dos hospitales regionales completos, con quirófanos y unidades de cuidados intensivos, o contratar más de 3,300 médicos durante un
3A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] PAPAMÓVIL. El Ministerio de la Presidencia tramita la compra de 10 kits de escolta para instalar en los “vehículos seguidores de las cápsulas de la familia presidencial”. Cada kit incluye sirenas, bocinas y luces, a un costo de casi $17,000. Seguramente esto es tan necesario como el hospital de mascotas. RED. La “mafia” dedicada a la venta de citas médicas en la CSS tenía la costumbre de cobrar a sus “clientes” por Yappy. ¿Quién era el titular de la cuenta? ¿Coimas CSS? La red estaba tan bien organizada y actuaba con tanta impunidad que no se sorprendan si también tenía un código QR pegado en las ventanillas. ACH. Según Katleen Levy, el dinero que recibió de Elvis Rodríguez (compinche de Héctor Brands) corresponde a sus honorarios como asesora y consultora de imagen. Por esos servicios cobró $5,000 mensuales. ¿Cuántos clientes de $5,000 se necesitan para tener un millón? ATM. Según los informes que maneja el Ministerio Público, Héctor Brands adjudicó contratos por $76.3 millones en sus primeros ocho meses como director de Pandeportes, en 2021, en plena crisis por la pandemia respiratoria. En total, durante la gestión de Brands, esa entidad adjudicó contratos por casi $460 millones. No se sabe dónde están esos proyectos, pero todo fue debidamente refrendado. Es como si no hubiésemos tenido contralor durante cinco años. Al meEl diputado Betserai Richards impulsa el proyecto de ley 19 para garantizar que en todo el país los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos permanezcan abiertos, al menos, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Archivo Ley de hospitales 24/7 genera polémica entre diputado y médicos en Panamá Aleida Samaniego C. [email protected] PROPUESTA DE LEY La comunidad médica rechaza la propuesta de contratar médicos extranjeros para formar residentes, mientras advierte que la crisis del sistema de salud es estructural y multifactorial. El proyecto de ley 19, que busca garantizar servicios de salud las 24 horas, los siete días de la semana en todo el país y que actualmente se discute en una subcomisión de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo de la Asamblea Nacional, ha puesto de relieve las graves deficiencias del sistema de salud panameño. La iniciativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, propone que los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos permanezcan abiertos, al menos, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días de la semana. Richards ha criticado a los médicos del sistema público, asegurando que “trabajan tres horas y se van a sus clínicas privadas. Se oponen a que el país tenga hospitales 24/7. Basta de estos intereses de grupos gremiales que defienden sus clínicas privadas”. Asimismo, planteó la contratación de médicos extranjeros para la formación de médicos residentes en Panamá, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad médica. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó el pasado domingo en un programa televisivo que está convencido de que los médicos que laboran en el sector público no deberían ejercer en el sector privado, y viceversa. Boyd Galindo explicó que ha recibido múltiples quejas de pacientes que aseguran que algunos doctores trabajan hasta ciertas horas y luego se van a sus clínicas privadas. El ministro enfatizó que le ha dicho a los directores y administradores de centros de salud y hospitales que al que no cumple con sus horas laborales se le tiene que descontar el salario, y si reincide, debe salir del sistema. Crisis en salud: estructural y multifactorial La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri) manifestó su desacuerdo y aclaró que los programas de residencias médicas en el país están regulados por la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos, con planes curriculares estrictamente supervisados por los hospitales docentes. Fernando Pérez, presidente de Fenameri, explicó que proponer la contratación de médicos extranjeros para la formación de residentes es desconocer el esfuerzo acumulado en los programas de maestrías y doctorados clínicos regulados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y quita reconocimiento a la labor de los especialistas y subespecialistas docentes panameños hacia los médicos residentes e internos. Aseguró que la calidad de la formación médica en Panamá es incuestionable y advierte que la crisis del sistema de salud es estructural y multifactorial. Según Pérez, esta situación se debe a la falta de presupuesto e inversión, que provoca retrasos en los pagos al personal, desabastecimiento de insumos y medicamentos, infraestructura deficiente y escasez de recursos humanos, dificultades que los gremios médicos nacionales han señalado reiteradamente a lo largo de los años. La Fenameri también enfatizó que culpar al gremio médico por estas deficiencias genera cuestionamientos injustos hacia los profesionales de la salud y no se ajusta a la realidad del sector. Ante este panorama, la federación propone fortalecer la formación médica nacional incrementando las plazas de residencias médicas, facilitando la formación de subespecialistas a nivel nacional y asegurando el abastecimiento oportuno de insumos médicos, quirúrgicos y tecnológicos en los hospitales docentes. La Fenameri reafirmó su disposición al diálogo, su compromiso con una política sanitaria integral y sostenible, y la necesidad de garantizar condiciones dignas tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. La federación concluyó que Panamá no necesita importar médicos para suplir carencias, sino un compromiso real con la educación médica continua que potencie el talento de quienes ya se forman en los hospitales docentes y asegure la excelencia académica y la calidad en la atención de todos los ciudadanos. Mario De Gracia [email protected] A la izquierda, la diputada de Vamos, Paulette Thomas. Al centro, el diputado de la bancada mixta, Manuel Cheng. A la derecha, la alcaldesa de Arraiján, Stephany Peñalba. Archivo Firmas, referéndum o drama político: ¿qué esperar de las revocatorias de mandato? TRIBUNAL ELECTORAL El Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas para procesos de revocatoria de mandato contra siete autoridades en Panamá y Panamá Oeste, un mecanismo contemplado en la Constitución y el Código Electoral, pero que rara vez llega a referéndum. Entre los casos más sonados se encuentran la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba; su vicealcalde, Oliver Ríos; el diputado Manuel Cheng Peñalba; y la diputada del circuito 83, Paulette Thomas. El distrito de Arraiján concentra la mayor cantidad de solicitudes. Un solo abogado, Abdiel González Tejeira, promovió tres de ellas y asegura contar con el respaldo de unas 400 personas organizadas en el “Movimiento Revocatoria Arraiján”. Según explicó a La Prensa, sus motivaciones no son políticas, pese a haber sido excandidato, sino por supuestas irregularidades en la gestión municipal y decisiones polémicas de la alcaldía. Sobre el diputado Cheng, González lo cuestiona por haber llegado al cargo bajo la coalición Vamos y luego pasarse a la bancada mixta. En la provincia de Panamá, la diputada Thomas enfrenta un proceso impulsado por Rubén Darío De la Rosa, excandidato de la misma coalición. Él argumenta que su solicitud responde al voto de Thomas a favor de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social. “Es un derecho ciudadano presentar esta solicitud”, defendió en redes sociales. El TE establece que, tras dos semanas de capacitación a los activistas, se inicia la recolección de firmas. Para que prospere el proceso se requiere al menos el 30% del padrón electoral de la circunscripción. En el caso de la alcaldesa de Arraiján, la cifra asciende a 57 mil 465 firmas. Sin embargo, las rúbricas no destituyen directamente a la autoridad; solo facultan al TE a convocar un referéndum vinculante. La historia reciente muestra lo difícil que resulta activar este mecanismo. El proceso contra el exalcalde capitalino José Luis Fábrega fracasó al no reunir las firmas necesarias. No obstante, el TE ha introducido ajustes para reforzar la transparencia: la recolección de firmas debe ser presencial y los firmantes pueden retractarse. Según el organismo, al 2 de septiembre tres solicitudes fueron rechazadas, tres están en apelación y una en análisis de admisibilidad. nos, uno que supiera hacer el trabajo. HARTAZGO. En Indonesia, hay siete muertos y 20 personas desaparecidas tras el incendio de la sede del Congreso, en medio de violentas protestas contra el aumento salarial y otros beneficios de los parlamentarios. Menos mal que eso no sucede en Panamá, porque solo quedarían los bomberos.
5A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 Panorama Momento en que el misil impacta en la embarcación. EFE Trump dice que 11 miembros del Tren de Aragua fueron eliminados EFE. WASHINGTON, EUA ATAQUE EN EL CARIBE Trump publicó un video del Comando Sur del Ejército en el que se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico. Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense en el que se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil. Según el mandatario estadounidense los 11 “narcoterroristas” que perdieron la vida en el ataque fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, una organización que fue designada como terrorista por su Administración. “Operan bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos”, agregó Trump en su comunicado. Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había confirmado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operado por narcoterroristas y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del Secretario de Estado, Marco Rubio. EUA ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contamina” las calles del país norteamericano. En respuesta, el presidente de Venezuela advirtió ayer que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”. Poco después, el Gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video de la embarcación atacada. A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EUA, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”. “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense. Consultado sobre si Washington planea atacar militarmente a Venezuela, valiéndose del contingente que ha desplegado en el Caribe, el secretario de Estado manifestó que no va “a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”. Rubio se encuentra en una gira en México. Cartel de los Soles entra en lista terrorista de Dominicana República Dominicana declaró ayer como organización terrorista al Cartel de los Soles, tal y como lo hicieron Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, país que desplegó una flota en aguas del Caribe suramericano con la intención de combatir a este y a otros grupos ilegales similares. “Se designa como organización terrorista al grupo armado Cartel de los Soles”, establece un decreto emitido por el presidente dominicano, Luis Abinader. El gobernante también instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior. Los carteles “son considerados como grupos terroristas cuando, además de recurrir a métodos violentos e indiscriminados [...] sustentan sus operaciones mediante esquemas de financiamiento ilícito y de lavado de activos propios de dichas organizaciones”, dijo la medida presidencial. EFE. MADRID, ESPAÑA
6A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 Al grano Flor Mizrachi [email protected] No se puede negar: el viaje a Brasil de Mulino fue productivo. Era la primera visita de un presidente panameño a Brasil en 17 años. Y para recibirlo, hasta iluminaron el Cristo Redentor de Río de Janeiro con los colores de nuestra bandera. Fue un punto de inflexión diplomático: se reactivaron acuerdos en logística, defensa, salud, agricultura y medio ambiente; se pactó aumentar la capacidad de producción de vacunas en Panamá; la ACP firmó con el Ministerio de Puertos brasileño para abrir nuevas rutas marítimas; Lula aceptó venir al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe que se hará aquí en enero; se anunció el retorno de Chiquita; se aprobó el Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal; y se cerró la compra de cuatro aviones que parecen naves espaciales. Todo eso suena bien. Y lo es. Pero las cosas hay que verlas en contexto. Primero, Mulino descabezó a la izquierda aquí, pero en Brasil se fue a cenar con Lula, el “dios sindical”, entre jijiji y jajaja. Nada de tensiones. Todo ameno. Eso es incoherente, cuando menos. Claro que dirán que es diplomacia. Pero, ¿ese es el fuerte de Mulino? Por lo menos en Panamá, no. Milei ni lo hubiera saludado. Luego celebró que Brasil se sumara al protocolo de neutralidad del Canal. Perfecto. Pero, ¿cómo se entiende que, al mismo tiempo, aquí les ofrezca a los gringos paso gratis? ¿Aplaudimos la neutralidad con una mano y la socavamos con la otra? Otra incoherencia. También están los aviones. Con hospitales cayéndose, escuelas sin pupitres y carreteras inservibles, ¿de verdad esa es la prioridad? ¿O es un problema creado para después vender la solución? El retorno de Chiquiencima lo sientan al lado del presidente, peor. Y es que sus funciones están en Panamá. Debe auditar, supervisar, fiscalizar. ¿Cómo va a fiscalizar un viaje en el que él participó? No olvidemos que Flores ya buscó votos sin pudor el 1 de julio en la Asamblea. ¿Entonces es otro actor político más o su rol es garantizar la transparencia del gasto público? Mulino ya está en Japón, en su viaje número 14. Y si trae resultados, que viaje todos los días si quiere. Pero estas cosas hay que dejarlas plasmadas. Porque en Panamá la costumbre de olvidar es el mejor aliado de los chanchullos. Por cierto, entiendo que a Japón no llevaron al contralor. La pregunta es por qué a Brasil sí y a Japón no. ¿O es que allá no hay azúcar? Contralor, pele el ojo. No sea que lo empiecen a comparar con Solís. jadores. Logro, sí, pero no si es a costa de los trabajadores. Pero lo más grave es qué hacía Bolo Flores en la reunión entre Mulino y Lula. Porque en esa mesa no estaba el contralor de Brasil. Al viaje también fueron el hijo y hermano del contralor, en teoría a foros privados. Fenomenal que busquen atraer negocios: es justo lo que necesitamos. Pero hay un detalle: ellos son parte de la directiva de una empresa azucarera. Y Brasil es potencia mundial en caña y etanol. ¿Casualidad que Mulino ya prometió que la reactivación del etanol será prioridad legislativa? ¿Otra casualidad? Entonces, ¿Flores viajó como contralor o como empresario? No importa quién pagó el viaje. Es que no debió ir. Es un conflicto de interés del tamaño del Cristo que lo iluminó. Y si ta es otro logro para Mulino. Sin duda es bueno que vuelva. Pero una cosa es el titular, y otra son las condiciones, que no han quedado claras. Por supuesto que no podemos permitir que los sindicatos destruyan las empresas, pero una empresa sin sindicato no es lo mismo que una empresa que desconoce los derechos de los trabaEl alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi. Archivo Mizrachi deberá justificar donaciones políticas de dos sociedades extranjeras Mónica Palm [email protected] FISCALÍA ELECTORAL Una auditoría del Tribunal Electoral detectó dos donaciones extranjeras a la campaña de Mayer Mizrachi que suman $30,000. Ahora, la Fiscalía Electoral deberá definir si hubo violación al ‘Código Electoral’ y posibles sanciones. El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, recibió donaciones por más de medio millón de dólares para su campaña política de 2024. Sin embargo, ahora deberá responder por dos de ellas, que aunque apenas suman $30,000, reñirían con el Código Electoral. La Fiscalía General Electoral recibió los resultados de una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público del Tribunal Electoral (TE), la cual identificó donaciones provenientes de dos sociedades extranjeras. Una de esas donaciones provino de una sociedad denominada Bsiness (o Business) Association Ltd., que aportó $10,000 el 16 de abril de 2024. La otra sociedad donante es Bernadette Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), la cual entregó $20,000 a la candidatura del actual alcalde, el 31 de enero de 2024. El Código Electoral, en su artículo 230, prohíbe las donaciones “de gobiernos, personas u organismos extranjeros”. Se exceptúan únicamente los aportes de partidos políticos, asociaciones y fundaciones extranjeras que estén vinculadas a algún partido panameño, siempre que el dinero o especie no se utilice en campañas electorales. Los auditores del TE no encontraron rastro de Bernadette Limited en los registros de Panamá Emprende ni en la Dirección General de Ingresos (DGI), pero se percataron de que la sociedad utiliza un correo electrónico “cuyo dominio pertenece al banco Towerbank”. El correo electrónico es el que utiliza Benjamín Méndez, presidente y representante legal de Towerbank International Inc. y Towertrust, Inc., dos entidades con las que la Alcaldía de Panamá suscribió un “convenio de custodia” (escrow) para implementar el cobro de tributos a través de criptomonedas. A título personal, Méndez hizo dos donaciones a la campaña electoral de Mizrachi: la primera por $3,500 el 23 de abril de 2024, y la segunda por $7,000 el 2 de mayo. Por los convenios firmados con Méndez, Mizrachi fue denunciado en mayo pasado por posible conflicto de interés en la administración pública, por el abogado Guillermo Cochez. Este caso ya fue archivado por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antai), pero sirvió para que la entidad examinara la lista de donantes de Mizrachi y alertara al TE. En total, Mizrachi recibió 618 donaciones y “aportes” (en efectivo, cheques, transferencias bancarias y especies), que suman $555,259.31. ‘No hay conflicto’: Mizrachi Mizrachi presentó un escrito de contestación a la Antai el pasado 29 de mayo, a través del abogado y funcionario de la Alcaldía de Panamá, Leonardo José Laniado Vijil. En dicho escrito, el alcalde reconoció que Méndez fue donante de su campaña política, pero afirmó que entre ambos “no ha habido ni hay una relación... que permita configurar un conflicto de intereses”, como está tipificado en la Ley 316 de 2022, sobre conflictos de intereses en la función pública. Además, argumentó que el convenio con Towerbank y Towertrust no representa “una actuación de forma individual”, ya que fue autorizado por el Consejo Municipal de Panamá, compuesto por los representantes de los 26 corregimientos. El abogado Laniado enfatizó que el convenio de custodia no beneficia “de forma personal, privada o particular” al alcalde. “Muy por el contrario, repercute en beneficio de las arcas municipales, por lo que se aleja de lo descrito en la definición de conflicto de intereses”, insistió. Sin acto público Méndez, por su parte, explicó que Mizrachi le propuso “explorar mecanismos modernos de recaudación”, como la opción de pagos en monedas digitales u otros criptoactivos. “En respuesta, remití el requerimiento al equipo Comercial y Legal de Towerbank y Towertrust, quienes lideraron las conversaciones técnicas y contractuales con el Municipio”, respondió a una consulta realizada por La Prensa en junio pasado. No hubo convocatoria ni acto público. La selección del proveedor de este servicio se hizo por vía directa. Méndez considera que eso se debe a que las entidades que representa son las únicas que actualmente cuentan con la infraestructura técnica para convertir criptoactivos a dólares “de forma segura y confiable”. “Por ello, y tras la validación correspondiente, el Consejo Municipal aprobó la contratación de nuestros servicios a través del mecanismo legal disponible”, añadió. Asimismo, afirmó que el convenio permitirá recaudar tributos “sin costo alguno para el municipio” y que reducirá “en al menos un 50% el gasto del contribuyente”. El convenio —que todavía no ha sido refrendado por la Contraloría y, por tanto, no está vigente— establece una comisión fija de 1% sobre el monto en dólares resultante de cada conversión efectuada por Towertrust. Esa comisión la paga el contribuyente. Los contratistas Mientras tanto, el abogado Cochez solicitó ampliar su denuncia ante la Antai para que se investigue por qué Mizrachi aceptó donaciones de contratistas y concesionarios del Estado. El Código Electoral también prohíbe las donaciones de contratistas del Estado y concesionarias de servicios públicos. Sin embargo, en el listado presentado por Mizrachi al TE figura que el Puerto de Cruceros Colón 2000 le entregó $20,000. Este puerto mantiene un contrato de servicios con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para operar y dar mantenimiento a la terminal de cruceros ubicada en isla Perico, Amador. El contrato, refrendado el 20 de marzo de 2023, tendrá una vigencia de 20 años y representa un pago total por parte de la AMP de $16.9 millones. También figura como donante Mohamad Rafat Elneser, quien aportó $2,000. Este donante es representante legal de Compesa Group, empresa con una participación del 50% en el Consorcio Comse. En diciembre de 2023, dicho consorcio firmó un convenio marco con la Dirección General de Contrataciones Públicas, para el suministro de llantas, lubricantes y baterías a entidades estatales. El convenio tiene una vigencia de dos años. La Prensa contactó en junio pasado al abogado Laniado, quien señaló que no estaba autorizado para hablar “sobre un proceso administrativo que está en curso”. “Me compromete como funcionario público y por la gestión que llevo actualmente”, agregó. Panorama
7A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, defendió de manera enérgica el proceso de licitación para contratar a la empresa que asumirá la recolección de desechos en los nueve corregimientos del distrito por un periodo de 20 años, contrato valorado en 315 millones de dólares. El debate surgió en el Concejo Municipal tras cuestionamientos de algunos representantes sobre la duración de la concesión, la tarifa de aseo y supuesta falta de respuestas durante la homologación del 22 de agosto. Hernández exhortó a los concejales a revisar el pliego publicado en Panamá Compras desde el 31 de julio y aclaró que no contempla aumentos en la tarifa de aseo. “No hay tablas de aumento de tarifa, no hay aumento. Para hacer un ajuste debe haber consulta ciudadana y aprobación del Concejo Municipal. Este ajuste no lo hace la Alcaldía”, subrayó. Añadió que las preguntas de las empresas se responden en el portal, conforme lo exige la ley. La alcaldesa advirtió que no firmará una prórroga con la actual concesionaria, Revisalud, cuyo contrato vence el 18 de enero de 2026, si por desinformación se frustra la licitación. “Honorables, que no sean los intereses políticos los que nos dividan; hay que dar más respuestas y menos polémica”, expresó. Algunos concejales reclamaron mayor comunicación. Sheyla Grajales (Molirena, Victoriano Lorenzo) pidió instalar mesas de trabajo, aunque respaldó el proceso: “Plenamente confío en usted, no sé en los demás”. En cambio, Darío González (RM, Arnulfo Arias Madrid) insistió en su derecho a cuestionar: “Yo tengo derecho. Como ciudadano puedo preguntar, tengo incógnitas y quiero que me las respondan”. Finalmente, se acordó reforzar la comunicación y organizar mesas de seguimiento para esclarecer los más de 200 puntos del pliego. Hernández justificó el plazo de 20 años en la magnitud de la inversión en equipos y personal, cuyos resultados no se verían en menos de una década. También destacó que se incluirá un fideicomiso administrado por un banco local para garantizar transparencia en el uso de fondos. Diferencias marcan el proceso de licitación para recolección de la basura SAN MIGUELITO Caja de Ahorros pagará en 2026 $533 mil en dietas para sus directivos Eliana Morales Gil [email protected] Yaritza Mojica [email protected] FONDOS PÚBLICOS El gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, defendió ante diputados un presupuesto de $1,731 millones para 2026, mientras surgieron cuestionamientos por $1.7 millones en representación, $533 mil en dietas y $10.5 millones en incentivos. “Hemos hecho un trabajazo en 13 meses”, dijo Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros (CA), ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia a la que acudió el pasado 27 de agosto para sustentar el presupuesto de la institución para el próximo año. Más allá de los $1,731 millones con los que la entidad pretende operar en 2026, la atención de algunos diputados se centró en cifras puntuales que llamaron la atención. Por ejemplo, el diputado Carlos Saldaña, de la bancada independiente Vamos, le preguntó sobre gastos específicos, como los de representación y las dietas. Saldaña citó la cifra destinada a gastos de representación: $1,757,604, y preguntó quiénes reciben este beneficio y bajo qué criterio se asigna. Farrugia respondió que este emolumento complementa el salario de los ejecutivos del banco. No dio más detalles, pero un repaso a la planilla de la CA hasta julio pasado permite establecer algunos datos. Un total de 47 personas reciben gastos de representación. Ocupan cargos que van desde gerente directivo, gerente ejecutivo, gerente general, subgerente ejecutivo, subgerente general hasta asesor. Estos funcionarios ingresaron a la entidad entre el 1 de marzo de 1986 y el 27 de mayo de 2025. Los montos de los gastos de representación varían considerablemente: el mínimo es de $480 y el máximo de $5,000. Esta última cifra corresponde al gerente Andrés Farrugia, quien además recibe otros $5,000 en salario mensual. Las dietas Saldaña, diputado del circuito 4-1 en Chiriquí, también preguntó sobre los $533 mil presupuestados La comparecencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante la sustentación del presupuesto 2026 dejó una escena sorprendente: durante casi 15 años, el Ministerio ha cubierto el suministro de energía eléctrica de residentes y comercios en Puerto Armuelles, distrito de Barú, Chiriquí. Durante la sesión, la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, interrogó a Linares sobre el incremento en los pagos de electricidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida). Prado cuestionó por qué el monto solicitado había aumentado de $974,500 a $2.5 millones y si existían periodos anteriores de facturación pendientes. El ministro explicó que este aumento se debe a que el Mida ha cubierto las facturas de luz de la extinta Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), que suministraba electricidad en Puerto Armuelles. “Tenemos varios años sin cumplir con esa obligación”, señaló Linares. Linares detalló que, tras la disolución de Coosemupar, las cuentas de energía de numerosas viviendas y comercios —incluyendo pequeños negocios conocidos como “tiendas de chinitos”— fueron automáticamente trasladadas al Mida. Indicó que esto representa cerca de $1.5 millón de dólares al año en facturas, monto que refleja la magnitud del problema heredado. La cooperativa fue creada para atender las necesidades de la industria bananera en Barú, luego de que Chiquita abandonara el negocio en esa área, y también abastecía de electricidad a algunos residentes y comercios locales. No obstante, desapareció en 2010, cuando fue liquidada por el Ipacoop, tras detectar irregularidades. El ministro aseguró que actualmente trabajan en instalar medidores para cada vivienda y comercio, de manera que los usuarios asuman directamente el pago de su consumo eléctrico. “Mientras hacemos eso, nos siguen llegando las cuentas de luz”, explicó Linares, enfatizando que la situación requiere tiempo para normalizarse. La historia El suministro eléctrico tiene sus raíces en el Contrato de Operaciones 135 de 1997, aprobado mediante la Ley 13 de 1998. En dicho contrato, el Estado otorgó a Coosemupar la concesión para generar la energía necesaria para las actividades bananeras en la región. Además, la cooperativa podía vender cualquier excedente de electricidad al público cuando el Estado no tuviera capacidad de distribuirla directamente. A los pocos años de creada, la cooperativa enfrentó un proceso de liquidación, lo que generó la necesidad de reorganizar el suministro eléctrico en la zona. En 2011, mediante la nota DMN-0463-11, el MIDA solicitó a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi) asumir la distribución y comercialización de El Mida carga con factura eléctrica de casas y comercios de una zona de Barú CHIRIQUÍ la energía, instalando medidores individuales para que los usuarios fueran responsables de su consumo y del pago de sus facturas. El Mida asume el costo El Ministerio también asumió la responsabilidad de cubrir las cuentas pendientes de Coosemupar con Edechi, así como los nuevos pagos que se generaran mientras se completaba la instalación de los medidores. Esta medida buscaba garantizar que los usuarios continuaran recibiendo el suministro eléctrico durante la transición. Sin embargo, Edechi solicitó a la Autoridad Reguladora dispensas temporales de ciertas normas de calidad y requisitos del Régimen de Suministro, argumentando que muchos usuarios no eran propietarios de los inmuebles donde habitaban y que la infraestructura heredada de Coosemupar no contaba con un uso formal permanente. Hasta ahora, se está trabajando para normalizar la facturación con las viviendas y comercios. De hecho, el ministro calificó la situación como compleja y difícil de entender. “Hasta el chinito de la tienda está conectado y le pasan la cuenta al Ministerio”, acotó. Además, dejó claro que, aunque aún queda pendiente resolver la deuda con la empresa distribuidora, trabajan para regularizar el sistema y asegurar que cada cliente pague por su consumo de manera directa. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Irma Hernández, alcaldesa. Archivo Andrés Farrugia, gerente general de la CA, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla TVL para dietas. El gerente respondió que corresponden a los miembros de la junta directiva: Fernando Correa (presidente), José María Herrera (vicepresidente), Joseph Louis Salterio, Michele Moreno, Samir Gozaine, Mónica Velarde y Juan Carlos Mastellari. Sin embargo, Farrugia no detalló cómo se distribuyen esos montos, ni los diputados insistieron en la consulta. Gratificaciones e incentivos Janine Prado, también de la bancada Vamos, preguntó sobre los beneficiarios de las gratificaciones e incentivos. El funcionario explicó que los incentivos se pagan “en función de la correlación de la fuerza de ventas”, como un premio al desempeño por la “colocación de los productos del banco”. En total, la CA distribuirá $10,590,580 bajo este concepto. Consultorías Víctor Castillo, del partido Realizando Metas, consultó sobre los $2.8 millones que se invertirán en consultorías. Farrugia contestó que forman parte del giro natural de la corporación y explicó que contratan a Gartner, a la que calificó como “una consultora mundial, top three en el planeta”. También mencionó a Merco, para temas de clima organizacional. Roberto Linares, ministro del Mida. Archivo
8A La Prensa Panamá, miércoles 3 de septiembre de 2025 Réplica de Janice Becerra Señora Mónica Palm Periodista Diario La Prensa E.S.D Quien suscribe, Janice Becerra, panameña, con cédula de identidad personal N.° 8-775-616, abogada en ejercicio con idoneidad N.° 10530, actuando en mi propio nombre y representación, acudo respetuosamente ante usted para referirme a la información publicada el 1 de septiembre de 2025 en el portal digital www.prensa.com, bajo el título “La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con FINTEK pese a denuncias de corrupción”. En dicha publicación se señala: “Oliva, Attie y Becerra deben notificarse ante la fiscalía y tienen prohibido salir del país. La fiscalía ha pedido la detención preventiva de los tres; dicha solicitud será revisada en una audiencia de apelaciones el próximo 10 de septiembre”. Cabe aclarar lo siguiente: • La Fiscalía nunca solicitó detención preventiva contra mi persona. • La Fiscalía nunca apeló la medida aplicada a mi persona. • No tengo pendiente audiencia de apelación el próximo 10 de septiembre. Estas precisiones constan en el propio expediente judicial. Durante la audiencia se acreditó la ilegalidad de la aprehensión, toda vez que, en más de tres ocasiones, solicité ser recibida por la Fiscalía para rendir entrevista y aportar elementos aclaratorios, lo cual fue negado. La aprehensión, en consecuencia, careció de fundamento jurídico y tuvo como único efecto una exposición pública indebida que causó un daño irreversible a mi reputación. Al ser cuestionada mi imputación, la Fiscalía no pudo sustentar hechos que vincularan mi nombre a asociación ilícita para delinquir, ni a peculado. Aunado a lo anterior, es importante aclarar que nunca administré, gestioné, ni tuve acceso a bases de datos de terceros ni de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), lo que es un elemento central del caso. Por el contrario, la propia AIG certifica que jamás fui administradora de fondos o bienes del Estado y que nunca fui funcionaria pública. En consecuencia, resulta improcedente que este diario fabrique hechos o atribuya afirmaciones que no constan en el proceso ni provienen de la Fiscalía o de las partes, generando una versión distorsionada de los hechos, que parecieran intentar manipular la opinión con una agenda específica. Es importante destacar que esta es la segunda réplica remitida a raíz de errores y falsedades que, por su reiteración, podrían interpretarse como actuaciones de mala fe. Adicionalmente, en la nota se indica que no se logró obtener opinión del denunciante. Sobre este punto, debo señalar que esta persona mantuvo ataques personales direccionados hacia mi persona de manera recurrente y sistemática mientras ejercía funciones de consultoría, motivados por su inconformidad con mis honorarios, lo que derivó en una denuncia infundada cuya veracidad será demostrada en el curso del proceso. En apego al derecho que me confiere la Ley N.° 22 de 2005 y cumpliendo con los parámetros que el propio Diario La Prensa detalla en su portal institucional (https://corprensa.com/ derechoareplica/), solicito formalmente, en fecha 1 de septiembre de 2025, que se rectifique la información publicada, ajustándola a los hechos comprobados. Agradezco que la rectificación se efectúe dentro del plazo legal, observando las formalidades de espacio y tiempo que establece la norma. Confiamos en que el medio, en cumplimiento de su deber de informar con veracidad, procederá a realizar la rectificación solicitada. Atentamente, Janice Becerra C.I.P. 8-775-616 cc. Jorge Molina Mendoza Director del Diario La Prensa Lcdo. Julio Macías MACAST Abogados * Las réplicas son publicadas como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido. Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. La aprehensión constituye una medida inmediata y de carácter temporal que se produce, por ejemplo, cuando una persona es sorprendida en flagrancia —es decir, cometiendo un delito— o cuando existe una orden emanada de la autoridad competente. Su finalidad principal es asegurar la comparecencia del presunto infractor para que se inicie el proceso penal. Se trata de una medida inicial y de urgencia, que no puede adoptarse a la ligera ni prolongarse indefinidamente sin control judicial. En términos prácticos, la aprehensión es el primer contacto de una persona con el aparato coercitivo del Estado en el marco de una investigación penal. Por el contrario, la detención provisional es una medida cautelar personal de naturaleza jurisdiccional que solamente puede ser impuesta por un juez de garantías tras una audiencia en la que se valoren elementos de convicción suficientes que vinculen al imputado con el hecho investigado. Además, debe advertirse la necesidad de esta medida para evitar la continuidad de la conducta delictiva, la fuga o la obstaculización del proceso. La detención provisional no debe ser la regla general, sino la excepción. Según el Código Procesal Penal panameño, solo debe aplicarse cuando no existan otras medidas cautelares menos severas que aseguren los fines del proceso. El problema principal radica en que, en la práctica, muchas veces se desdibujan los límites entre ambos institutos. La aprehensión, que debería ser un acto puntual, termina aplicándose sin razón y para fines distintos. Mientras tanto, la detención Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Una de cal y una de arena Coyuntura raran aumentos al endeudamiento y una carga de intereses cuando tenemos acantonados contingentes militares gringos con suficiente equipo bélico cuya finalidad, entre otras, es combatir el narcotráfico y defender cualquier agresión bélica que sufra Panamá? ¿Cómo se financiará dicha compra? ¿El presupuesto del 2026 incluirá alguna partida al respecto? Ahora que regresa a la patria, no debemos dejarlo olvidar el tema de la soberanía, que continúa mancillada. Estamos peor que cuando existía la Zona del Canal y ellos tenían su propio gobierno, policía y militares acantonados, aunque entonces no interferían directamente más allá de las cercas que delimitaban su territorio. Buscamos soberanía el 9 de enero de 1964 y la logramos, pero la perdimos con el nefasto Memorándum de Entendimiento que entregó acceso a todo el territorio nacional y nos privó de la libertad de autogobernarnos. Hoy no se pueden tomar decisiones sin obtener su bendición. “El pelao”, designado por el Desquiciado para “recuperar su canal”, se salió del tiesto en la Asamblea, durante la juramentación de la Alianza Interparlamentaria sobre China, al arremeter contra ese país y dejar impávidos a los presentes. Sus palabras fueron infundadas: la región no teme a China, que les extiende la mano en lugar de golpearlos con un garrote. La tapa del coco fue cuando “el pelao” externó falsedades con lengua partida de serpiente al decir: “Estados Unidos es un aliado, es amigo y ayuda a sus amigos, y por eso siempre estamos aquí y vamos a seguir estando aquí para ayudar”. Estaba en pañales cuando su expresidente Ronald Reagan dijo: “Las nueve palabras más aterradoras en inglés son: Yo soy del gobierno y estoy aquí para ayudar”. Y cuán ciertas han sido: cunde el pánico cuando vienen “a ayudar”. Ejemplos claros: las visitas del secretario Rubio, del jefe del Comando Sur Holsey y del secretario de Defensa Hegseth, que aterrorizaron a funcionarios panameños y consiguieron infiltrar mecanismos para una “cuasi Jorge G. Obediente Aprehensión vs. detención provisional: una mirada desde el derecho penal Garantías En el marco del Sistema Penal Acusatorio de la República de Panamá, dos conceptos suelen generar mucha confusión tanto en la opinión pública como en algunos operadores de justicia: la aprehensión y la detención provisional. Aunque ambos términos aluden a la restricción de la libertad personal o ambulatoria, su naturaleza jurídica, finalidad y alcances son completamente distintos. Comprenderlos resulta indispensable para salvaguardar el debido proceso y el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas sometidas a una investigación de carácter penal. Hemos visto últimamente, y con frecuencia, en los medios de comunicación y en redes sociales, casos de personas que han sido aprehendidas para ser llevadas ante un juez de garantías. Muchas de esas aprehensiones, al ser sometidas al control jurisdiccional, han sido declaradas ilegales por no ajustarse a los parámetros legales para su aplicabilidad. Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que esas mismas personas sean imputadas por la comisión de un delito e incluso se les aplique la medida cautelar personal de detención provisional. De ahí la necesidad de distinguir entre una y otra. provisional, concebida como de última ratio, se ha convertido en la medida a aplicar aun cuando existen otras alternativas como la fianza, la notificación periódica o el arresto domiciliario. Esta situación no solo lesiona el principio de presunción de inocencia —piedra angular de todo sistema penal garantista—, sino que también erosiona la confianza en la administración de justicia. Es importante recordar que la Constitución reconoce la libertad personal como un derecho y garantía fundamental inviolable, y que el artículo 238 del Código Procesal Penal establece la excepcionalidad de la detención provisional. Por lo tanto, cualquier uso abusivo o desproporcionado de estas figuras se convierte en un claro atentado contra el Estado de derecho constitucional y legal. En conclusión, la diferencia entre aprehensión y detención provisional no es únicamente semántica ni técnica. Es, ante todo, una diferencia de garantías. La primera es un acto inicial y temporal; la segunda, una medida cautelar y jurisdiccional. Confundirlas o aplicarlas de manera indiscriminada equivale a debilitar los pilares del derecho penal garantista, que debe buscar un equilibrio entre la necesidad de persecución del delito y la obligación de proteger las libertades individuales. Panamá, en su aspiración por consolidar un sistema penal acusatorio más justo y transparente, tiene en este debate un gran desafío y una excelente oportunidad de mejorar. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es ciudadano. zona del Canal”, incluyendo presencia militar. Creativos, establecieron un “efecto neutro”: ellos cobran por defender el canal y nosotros ofrecemos servicios gratuitos equiparados, como paso expedito a sus buques de guerra o cruce libre a barcos con destino a puertos estadounidenses. La gran “ayuda” del Desquiciado al libre comercio mundial se basa en aranceles punitivos y medidas como la “tarifa especial” de un millón de dólares a barcos de fabricación china que toquen un puerto estadounidense. En nuestro caso, “el aliado” sigue intentando retomar el Canal de Panamá, con el “pelao” como punta de lanza e “influencers” infiltrados, tal como en Dinamarca. ¿Será que están fumigando billetes parejo entre nuestros no muy honorables gobernantes? Leyendo entre líneas lo dicho por el “pelao”: “siempre estamos aquí y vamos a seguir estando aquí”, en buen entendedor significa que han tomado posesión perpetua de nuestro territorio. Ni moya los saca: estarán instalados, interfiriendo en decisiones soberanas, mientras nuestros gobernantes les hacen la venia. Seguimos desconfiando del estamento gubernamental por no tomar acciones necesarias, como salir del Parlacen y eliminar la prueba idónea, que sirven de refugio a políticos delincuentes. ¿Será que se cubren las espaldas? El Mero Macho dijo: “Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas”. Entonces enfóquese en ordenar el país: elimine el “cash back” generado por consulados y notarías. Lo que pasó, no se olvida. Los gobernantes no paran de “ayudarnos” con sorpresas: “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”. Muchas paladas de cal y pocas de arena para usted, señor presidente. Hay que aceptar que la actuación del Mero Macho en Brasil con el tema de lograr el regreso de Chiquita a Panamá y reactivar esos empleos perdidos fue un gran logro, que remedia parcialmente el daño causado por los actos de sindicalistas, vándalos y agitadores. Se encontró un remedio a los empleos, pero ¿qué pasó con los daños sufridos por las empresas y los bocatoreños honrados que vieron esfumarse en llamas el esfuerzo de una vida? Sin respuesta, igual que en Chiriquí. La firma del Memorándum de Entendimiento con Brasil para fortalecer relaciones fue otro logro positivo, así como la adhesión de ese país al Tratado de Neutralidad que Estados Unidos no ha respetado. Como el Desquiciado impuso aranceles punitivos, el coloso brasileño optó por acercarse más a China. ¿Deberíamos nosotros seguir ese ejemplo y retomar el convenio de la Ruta de la Seda? Todavía no ingresamos como Estado Asociado al Mercosur porque la Asamblea no lo saca de la gaveta. Como nuestras finanzas fiscales están altamente saludables, el Consejo de Gabinete aprobó en marzo pasado la compra directa de cuatro aviones de combate para ataque a tierra la empresa brasileña Embraer y dos de transporte táctico a la empresa Airbus, representando una inversión total por B/. 187 millones. Dicha compra se finiquitó con la visita a Brasil del Mero Micho. Hemos comprado aeronaves militares para el Servicio Nacional de Fronteras, por lo que viene a la mente la siguiente pregunta: ¿Por qué tenemos que desviar recursos financieros, que geneRony Batista V. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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