7A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Panorama La Asociación de Médicos Residentes e Internos (Ameri) se pronunció para responder a las críticas sobre la deficiente atención en hospitales públicos y exponer la realidad que enfrentan los profesionales de la salud en Panamá. Su presidente, Nicolás García, explicó que los médicos residentes e internos laboran más de 96 horas semanales y cumplen tareas fuera de su formación, como transporte de pacientes o extracción de muestras, debido a la escasez de personal que impide atender la demanda del sistema. García enfatizó que la vocación no basta para sostener un servicio de calidad cuando persisten necesidades básicas sin resolver. Señaló la desmotivación causada por la deuda de hasta 11 meses en turnos extraordinarios, lo que afecta la atención a los usuarios. La Ameri respaldó la marcación digital para el personal de salud, siempre que se respeten las ocho horas de jornada laboral y se paguen de forma justa las horas extra. La asociación advirtió que más del 100% de los médicos deben asumir turnos adicionales, reflejo de la presión extrema en hospitales. El gremio asegura que los problemas reales son estructurales: falta de personal, infraestructura insuficiente, equipos obsoletos, insumos escasos y presupuestos reducidos. García consideró irresponsable culpar al personal y generar falsas expectativas en la ciudadanía. Otro punto crítico señalado por Ameri es la limitada disponibilidad de plazas en concursos de residencias médicas. En el último examen nacional solo se ofreció una plaza en cirugía general y otra en ortopedia, cifra insuficiente para atender la demanda del país. Este déficit limita la formación especializada y agrava los cuellos de botella del sistema. Gremio médico se pronuncia sobre la crisis en hospitales SALUD PÚBLICA El Hospital Nicolás A. Solano atiende en el servicio de urgencias de 60 mil a 70 mil pacientes por año. Elysée Fernández Dos denuncias por posible mala praxis en el Nicolás A. Solano Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD El Minsa confirmó que las investigaciones judiciales y administrativas por muertes y presuntas deficiencias en el Hospital Nicolás A. Solano buscan fortalecer protocolos, garantizar atención segura y revisar la cadena de responsabilidades médicas y administrativas. De las cuatro denuncias por deficiencias en la atención médica registradas en las últimas dos semanas en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, dos ya se encuentran en la instancia judicial para determinar si hubo mala praxis. Así lo confirmó Yelkis Gill, la médica salubrista y la directora nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), en entrevista con La Prensa. Detalló que las investigaciones del Ministerio Público corresponden a la muerte de una madre y sus dos bebés, así como al fallecimiento de un hombre en la sala de espera de urgencias. “Son situaciones muy dolorosas, que afectan a familias completas y nos llaman a reflexionar sobre cómo mejorar la atención en cada punto del servicio”, señaló Gill con evidente conmoción. Los otros dos incidentes — un paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal y la muerte de un niño de cinco meses— permanecen bajo investigación administrativa y, según la funcionaria, aún no han sido informados de un procedimiento legal. Cadena de responsabilidades Gill señaló con tono firme que cada caso no se queda en un solo nombre, sino que se revisa dentro de una cadena de responsabilidades que abarca al médico que brinda la primera atención, al coordinador que supervisa, al personal que clasifica la urgencia de cada paciente y a las enfermeras que acompañan de cerca el proceso, porque cada eslabón puede marcar la diferencia en la vida de una persona y su familia “En la trazabilidad del paciente pueden identificarse varios funcionarios, pero no todos tendrán el mismo grado de responsabilidad”, puntualizó. La médico salubrista aclaró que el Minsa no habla de mala práctica o negligencia médica, ya que son términos de carácter legal. “Nosotros evaluamos si hubo una atención oportuna o tardía, si faltó experticia o si el paciente no recibió el medicamento o insumo requerido a tiempo”, explicó. De acuerdo con Gill, la entidad no puede determinar culpabilidades, ya que esa no es su competencia. Explicó que, cuando son requeridos por el Ministerio Público, deben aportar información técnica sobre los casos, pero no actúan como peritos. En ese proceso, el peritaje suele recaer en médicos externos, ya sea de la Caja de Seguro Social o del sector privado, con el fin de garantizar equilibrio en las investigaciones. En el caso del paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal, Gill aclaró que el médico fue suspendido de los turnos, no por ser considerado culpable, sino como medida preventiva para que la Comisión de Muerte General del Minsa, designada para realizar la investigación, verifique cada detalle en el manejo del paciente. “La suspensión no es un castigo, es una forma de asegurar que todo el proceso se revise con detenimiento”, comentó. “El objetivo siempre es proteger al paciente y, al mismo tiempo, apoyar al personal para que aprenda de cada caso y pueda brindar un mejor servicio en el futuro”. Gill explicó que el Minsa puede tomar ciertas acciones desde el punto de vista administrativo, pero en otros casos debe esperar a que las investigaciones judiciales avancen. Además de la suspensión temporal, existen otras sanciones administrativas que se aplican dependiendo de la revisión del expediente y de la evaluación de competencias del personal involucrado. Para garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos, estas revisiones se realizan con apoyo del Consejo Técnico, asociaciones profesionales y otras entidades que validan la idoneidad de los funcionarios. Comisiones de investigación Actualmente, el Minsa cuenta con la Comisión de Muerte Materna, que evalúa cada caso de fallecimiento materno, incluyendo madre y niño, con la participación de expertos del Minsa, la Caja de Seguro Social y otros especialistas externos. Paralelamente, la Comisión de Muerte General revisa los casos en investigación, centrando su análisis en el proceso de atención, el cumplimiento de normas y los procedimientos seguidos, más allá de los protocolos, para determinar de manera objetiva lo ocurrido desde el punto de vista institucional. Después del fracaso de la construcción del Canal de Panamá en manos de los franceses, se creó “La Nueva Compañía del Canal de Panamá” para vender lo que habían avanzado y poder sacarle alguna ganancia. Esta misión fue llevada por el ingeniero del canal francés, Philippe Bunau Varilla. Viajó a los Estados Unidos para convencer a los políticos de comprar la nueva compañía y construir el canal por Panamá. Philippe también era accionista en la nueva compañía, así que si se vendía, amasaría una fortuna. Poco después, en Panamá (aún siendo parte de Colombia), un grupo de personas se estaba organizando para separar a Panamá de Colombia y negociar el canal ellos mismos. Se llamaban “Los Conjurados”. Uno de ellos, Manuel Amador Guerrero, fue enviado a los Estados Unidos para buscar seis millones de dólares y obtener su respaldo para la separación. En la habitación 1162 del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Manuel Amador Guerrero y Philippe Bunau Varilla estaban reunidos. Manuel Amador estaba abatido ya que fue a los Estados Unidos para buscar dinero y respaldo para la separación de Panamá, pero no lo había logrado hasta el momento. Philippe escuchó a Manuel Amador hablar de cómo el intento de la separación estaba llegando a su fin, pero vio una oportunidad. Le dijo a Manuel que él, personalmente, conseguiría el apoyo de los estadounidenses para la separación y que le daría cien mil dólares de su bolsillo, siempre y cuando lo nombraran Ministro Plenipotenciario, que significa que sería el representante de Panamá internacionalmente y tendría plenos poderes para hacer acuerdos. Manuel Amador accedió. A los días, nos separamos de Colombia con el respaldo de los Estados Unidos. Pero Philippe aprovechó para reunirse con los estadounidenses acerca de Panamá, sin ningún panameño presente. Negoció un tratado en el cual los estaEl pacto secreto en un hotel: La historia del Tratado Hay-Bunau Varilla PONLE LA FIRMA dounidenses comprarían la nueva compañía francesa del canal y se encargarían de construir el canal y operarlo. Pero a cambio, Estados Unidos se quedaría con un pedazo de Panamá. Era un territorio que se extendía desde el inicio hasta el final de la ruta del canal, cinco millas a cada lado. Este territorio, en toda la mitad de Panamá, se entregaría a los estadounidenses y ellos podrían actuar en ella “como si fueran soberanos” a perpetuidad, es decir, para siempre. Este lugar se conoció como la Zona del Canal y se convirtió en una especie de país dentro de otro país. Este tratado en el cual se le daba a los estadounidenses la Zona del Canal fue firmado por Philippe Bunau Varilla (quien no había estado en Panamá por muchos años) y John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y lo conocemos en la historia como el Tratado Hay-Bunau Varilla. Una delegación panameña estaba en camino a ver el tratado, pero cuando llegaron, era muy tarde. Lo habían firmado algunas horas antes que llegaran. Eventualmente, los estadounidenses llegaron a Panamá y tomaron el control de la Zona del Canal. De ahí en adelante, mucha de nuestra historia tuvo que ver con la Zona del Canal. La Operación Soberanía, el 9 de enero de 1964, y la lucha por devolver el canal a manos panameñas, todo se dio por el Tratado Hay-Bunau Varilla, que creó la Zona del Canal para siempre. El Tratado Hay-Bunau Varilla es conocido como el tratado de Panamá que ningún panameño firmó. Y con la Zona del Canal tuvimos uno de nuestros mayores retos y luchas para recuperar el país por completo. Nadie se imaginó todo lo que vendría por una conversación y un pacto, en secreto, en el cuarto de un hotel. José Alejandro Rodríguez [email protected] Además, Gill resaltó la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias del Estado. “No se trata solo de evaluar el caso individual, sino de identificar posibles fallas estructurales que puedan mejorar la atención hospitalaria”, señaló. Explicó que la información recabada por el Minsa sirve para fortalecer los protocolos internos, capacitar al personal y reducir riesgos en la atención de pacientes críticos. El Hospital Nicolás A. Solano ha sido escenario de varias denuncias, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar los controles internos y la supervisión de procedimientos clínicos. La mayoría de los casos administrativos se resuelven mediante recomendaciones, capacitaciones y ajustes en la cadena de atención, mientras que los casos judiciales siguen el proceso legal correspondiente. Gill subrayó que el objetivo de estas investigaciones no es sancionar de manera automática, sino garantizar que los pacientes reciban atención segura y que el personal médico cumpla con los estándares establecidos. “Cada investigación es una oportunidad para mejorar, no solo para determinar responsabilidades. Cada paciente que atendemos merece que demos lo mejor de nosotros”, dijo. Admite que el hospital atraviesa una crisis. “Por ello, estamos dedicando el 100% de nuestros esfuerzos para fortalecer el hospital, no solo en infraestructura, sino también en recursos humanos, procesos administrativos, gestión y el acercamiento con la población”, concluyó Gill con un llamado a la responsabilidad y la empatía en el sistema de salud.
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