1A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Martes 2 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15126 Hoy por hoy El reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas vuelve a colocar a Panamá bajo un reflector incómodo: somos un eslabón crítico en la ruta del narcotráfico que mueve toneladas de cocaína hacia Europa y Rusia. La geografía y el rol logístico del país nos convierten en objetivo natural, pero la vulnerabilidad principal no está en la infraestructura, sino en los “conspiradores internos”: empleados y funcionarios dispuestos a corromperse para facilitar el tránsito de la droga. Las incautaciones en 2024, superiores a las 21 toneladas, muestran tanto la magnitud del problema como la sofisticación de las mafias, que emplean métodos como el “gancho ciego”, boyas, bultos impermeables o falsos compartimentos. Ante esta amenaza, el discurso presidencial y las reuniones de coordinación en Colón son pasos necesarios, pero insuficientes. El país requiere una política de Estado sostenida, con controles independientes, sanciones ejemplares y cooperación internacional. De lo contrario, la reputación de Panamá como hub seguro quedará comprometida, con un costo incalculable para nuestra economía y nuestra soberanía. Ellas pa El flamenco, un arte en alza en Panamá 5B Ismael Díaz se une a la Sele tras brillar con León 4B Deportes Henry Cárdenas [email protected] La Contraloría General de la República informó ayer que inició una auditoría al contrato entre el Estado y la empresa Panama Canal Railway Company, concesionaria del ferrocarril que conecta el Pacífico, en Panamá, con el Caribe, en Colón. La entidad explicó que la revisión abarca tanto el contrato original de 1998 como la prórroga otorgada en 2023, durante la administración de Laurentino Cortizo, con el fin de determinar si se ha cumplido con lo pactado. VEA 2B FISCALIZACIÓN Comienza auditoría al contrato del ferrocarril Seguridad portuaria, en la mira internacional Eliana Morales Gil [email protected] Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) identifica a Panamá como punto crítico en América Latina para el tráfico de cocaína a través de contenedores marítimos. NARCOTRÁFICO La OMA ubica a Panamá como enclave vulnerable del narcotráfico marítimo, con incautaciones récord, conspiradores internos y técnicas sofisticadas. El análisis de 2023 y 2024 revela que la transferencia de drogas entre terminales por carretera o ferrocarril y la participación de “conspiradores internos”, empleados o funcionarios que facilitan el tránsito de droga, agravan la vulnerabilidad de los puertos panameños. Las cifras son contundentes: solo en 2024, se incautaron más de 21 toneladas de cocaína en varios puertos, en los que se usaron técnicas como el “gancho ciego” o la de ocultar en estructuras de contenedores. Casos recientes muestran la sofisticación del delito, con drogas escondidas en bultos impermeables, boyas o falsos compartimentos, en tránsito hacia Europa y Rusia. Recientemente el presidente José Raúl Mulino Proponen eliminar privilegios de pólizas de salud estatales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los diputados Ernesto Cedeño y Betserai Richards exigieron eliminar las partidas destinadas a seguros privados dentro del presupuesto estatal, argumentando que los fondos deben reforzar el sistema público de salud. Señalaron que, tal y como lo ha publicado La Prensa en las últimas semanas, instituciones como el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral y otras cinco entidades utilizan recursos públicos para pólizas privadas, pese a que los funcionarios de altos salarios pueden costear su cobertura. Cedeño anunció un anteproyecto de ley para prohibir estos privilegios y pidió redirigir esos recursos hacia abastecimiento de medicamentos, mejoras en la atención médica y pago de sobretiempos a doctores. Richards respaldó la propuesta y la calificó de urgente. ASAMBLEA Zúñiga critica el clientelismo en la Asamblea Nacional Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de la coalición Vamos, sostiene que las oficinas provinciales de la Asamblea Nacional se han convertido en feudos políticos y rechaza el modelo de “adoptar botellas” . VEA 4A ENTREVISTA desde la Zona Libre de Colón habló de la prioridad de fortalecer la seguridad en la provincia y los puertos. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, convocó a una reunión de alto nivel con autoridades portuarias y fuerzas de seguridad para coordinar estrategias que frenen el narcotráfico en la cadena logística marítima. VEA 2A Industriales exigen reglas claras para atraer inversión y generar empleos Rosmer Jurado, presidente electo del Sindicato de Industriales de Panamá, advirtió que la industria panameña necesita seguridad jurídica, trámites más ágiles y estabilidad regulatoria para convertirse en verdadero motor económico. Lea la entrevista completa en esta edición. VEA 1B Audiencia del caso FCC Piden juicio para Suárez y otros El exministro de Obras Públicas, Federico José ‘Pepe’ Suárez, junto a otros 14 imputados, enfrentó ayer una audiencia preliminar en el caso FCC (presunto peculado y pago de coimas). La fiscal Ruth Morcillo pidió llamamiento a juicio de 14 y un sobreseimiento provisional para Crescencio Pomares. VEA 2A Elysée Fernádez
2A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Proponen plataforma pública para transparentar las becas del Ifarhu FONDOS PÚBLICOS La subcomisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional se encuentra en fase de discusión de varias propuestas orientadas a transparentar el manejo de las becas y los auxilios económicos que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Uno de los planteamientos centrales es la creación de una plataforma pública en la que los ciudadanos puedan consultar quiénes son los beneficiarios, los montos recibidos, la cantidad de postulantes y los criterios utilizados para la selección. En el caso de los menores de edad, se propone que la información que aparezca públicamente sea la de sus tutores, con el fin de proteger los datos personales de los estudiantes. Otra propuesta es eliminar los privilegios para funcionarios, de manera que las becas y auxilios económicos se otorguen únicamente con base en el mérito académico o la necesidad comprobada. Para reforzar este principio, se plantea que las asignaciones de fondos no recaigan en una sola autoridad, sino que sean aprobadas por un consejo técnico con reglas claras. También se discute establecer mecanismos que obliguen a la devolución de recursos entregados de forma indebida. Entre los cambios sugeridos está elevar a 30 años la edad mínima para dirigir el Ifarhu, lo que busca garantizar una gestión con mayor experiencia y profesionalización. El diputado Jorge Bloise, presidente de la subcomisión, destacó que entre 2014 y 2024 se destinaron 380.8 millones de dólares en auxilios no reembolsables, muchos de los cuales, dijo, fueron entregados bajo criterios políticos. Por esa razón, considera necesario que la ley especifique con claridad cómo deben otorgarse estas ayudas, para que el proceso sea transparente y sin discrecionalidad. La diputada Grace Hernández, también integrante de la subcomisión, subrayó que el auxilio económico no será eliminado, ya que sigue siendo un mecanismo de apoyo para miles de estudiantes, pero insistió en que debe estar regulado bajo parámetros estrictos. Asimismo, recalcó la importancia de incorporar procedimientos que obliguen a devolver el dinero cuando se detecte un otorgamiento indebido. Los diputados esperan celebrar otra reunión antes del viernes para avanzar en la redacción final del proyecto y evitar futuras objeciones de inconstitucionalidad. Posteriormente, el documento pasará al primer debate en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, donde se definirá si las reformas propuestas se convierten en ley. Juan Manuel Díaz [email protected] FFC: Fiscalía pide juicio para exministro Pepe Suárez y otros 13 imputados AUDIENCIA La Fiscalía Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 14 de los 15 imputadosenelcasoporpresunto peculado en la adjudicación de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), entre 2009 y 2014, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Entre los señalados figura el exministro Federico José Pepe Suárez, quien acudió a la audiencia preliminar sin ofrecer declaraciones a los medios. La fiscal Ruth Morcillo pidió juicio también para el abogado Mauricio Cort; el exdirector de Proyectos Especiales del MOP, Jorge Churro Ruiz; y para exejecutivos de FCC, entre ellos Julio Casla, Eugenio del Barrio y Avelino Acero. Igualmente solicitó llamar a juicio a los integrantes de la comisión evaluadora que favoreció las propuestas de la constructora, como Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo. Las sociedades FCC y FCC Construcción también fueron incluidas en la petición. Durante la audiencia, la juez Águeda Rentería rechazó incidentes de prescripción presentados por la defensa y deberá resolver solicitudes de nulidad. La fiscal pidió un sobreseimiento provisional para Crescencio Pomares, único de los 15 imputados excluido de la acusación. La investigación se originó en una auditoría de la Contraloría que detectó sobrecostos en proyectos como los corredores de vía Brasil, la vía Domingo Díaz y la rehabilitación del Casco Antiguo. Testimonios de exejecutivos revelaron que Suárez habría exigido a FCC un 10% de “comisión” para cancelar deudas y asegurar futuras adjudicaciones. En agosto pasado se realizó un importante decomiso de droga en contenedor con destino a Europa. Cortesía del Senan Transbordo de cocaína en contenedores expone desafíos en los puertos locales Eliana Morales Gil [email protected] SEGURIDAD Un informe de la OMA advierte que Panamá es punto crítico del narcotráfico marítimo, con más de 21 toneladas incautadas en 2024 y la complicidad de conspiradores internos en puertos y terminales logísticas. Un reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), titulado “Infiltración de las cadenas de suministro de carga marítima: delincuencia organizada, cocaína y el conspirador interno”, pone sobre la mesa el papel crucial y cada vez más comprometido de Panamá como un importante centro de transbordo en América Latina paraeltráficodecocaínaatravés de las cadenas de suministro marítimas. El análisis, que abarca los años 2023 y 2024, revela que la estratégica ubicación del país lo convierte en un punto vulnerable para la infiltración de contenedores con droga. Los ‘conspiradores internos’ El documento advierte que la transferencia de drogas por carretera o ferrocarril entre terminales de transbordo en Panamá es un problema particular. Además, el elevado número de incautaciones de cocaína en los puertos de transbordo panameños sugiere que en una gran parte de la contaminación de contenedores participan los llamados “conspiradores internos”. Se estima que alrededor del 68% de los casos de detección global de drogas involucraron a conspiradores internos dentrodelacadenadesuministro de carga marítima. Se trata de personas que ya forman parte de la cadena logística o portuaria y que colaboran de manera deliberada con el tráfico de drogas. Podrían ser empleados, contratistas o funcionarios de puertos, terminales o transporte marítimo que aprovechan su posición para facilitar el ingreso, movimiento o manipulación de la droga dentro de los contenedores. Incautaciones Las cifras de incautaciones en Panamá son contundentes y reflejan la escala del problema. Por ejemplo, en el último trimestre de 2024, las incautaciones en América Central, dominadas por Panamá, eclipsaron significativamente a las de Europa Occidental, con 19 detecciones distribuidas uniformemente entre las cuatro terminales principales de Panamá, lo que sumó un total de 11 toneladas de cocaína. En 2023, se produjeron las siguientes incautaciones en puertos a través del mecanismo de “gancho ciego” o rip off, de acuerdo con el análisis: Balboa (17 incautaciones, 10.257 kg), Cristóbal (16 incautaciones, 7.634 kg), Manzanillo (8 incautaciones, 3.203 kg), Colón (7 incautaciones, 2.105 kg) y Rodman (3 incautaciones, 723 kg). Mientras que en 2024, el escenario fue el siguiente: Manzanillo (17 incautaciones, 12.774 kg, mostrando un aumento significativo), Colón (13 incautaciones, 4.150 kg), Cristóbal (13 incautaciones, 3.969 kg) y Rodman (10 incautaciones, 4.907 kg). El gancho ciego o rip off es una técnica usada para ocultar drogas en contenedores, donde el cargamento se introduce sin que el transportista oficial del contenedor lo sepa. La droga se coloca en un contenedor legítimo durante el tránsito o en puertos, y solo el destinatario final sabe dónde está. Mientras que el método de ocultar en estructuras de contenedores es una táctica para esconder drogas dentro del propio contenedor o su carga de manera deliberada y estructurada. El objetivo es hacer pasar la droga junto con la mercancía legal, usando espacios dentro de muebles, pallets, dobles pisos, falsos compartimentos, entre otros. El informe también destaheridos a boyas dentro de un contenedor frigorífico de bananas, cargado en Ecuador y con destino a Rusia. Estos casos son ejemplos de la explotación combinada de múltiples vulnerabilidades en la cadena de suministro. La alerta de Mulino El pasado 26 de agosto, desde la Zona Libre de Colón, el presidente José Raúl Mulino reconoció la gravedad del problema. “Tenemos que hacer un esfuerzo con los señores de los puertos para que cooperen con aduana, con migración, con la Policía Nacional y parar el gran flujo de droga que está saliendo de los puertos panameños hacia Europa”, dijo. Aseguró que la seguridad de la provincia y de los puertos del país es un tema prioritario para su administración. “Tenemos que alejar a Colón del mal vivir. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo a nivel de las instancias de seguridad para dotar a la provincia de más pie de fuerza, equipos y tecnología”, afirmó el mandatario, al reconocer que el narcotráfico representa una de las principales amenazas en la zona. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció que este martes se realizará una reunión de alto nivel para tratar el tema. En el encuentro participarán personal de la Autoridad Marítima de Panamá, de los distintos puertos panameños y la plana mayor de los servicios de seguridad, entre otros. ca las cifras de drogas escondidas a través de este mecanismo: 2023: Balboa (21 detecciones, 861 kg), Manzanillo (2 detecciones, 642 kg), Cristóbal (2 detecciones, 68 kg). 2024: Balboa (32 detecciones, 1.860 kg), Rodman (5 detecciones, 149 kg), Manzanillo (2 detecciones, 87 kg), Colón (4 detecciones, 164 kg) y Cristóbal (3 detecciones, 127 kg). Panamá es identificado como uno de los principales contribuyentes del mecanismo de ocultar drogas en suelos de contenedores, junto con Ecuador y Colombia. Se observó un flujo constante de incautaciones en 2023, con cantidades entre 1.000 y 2.000 kg por trimestre, aunque con una disminución en 2024amenosde1.000kgpor trimestre. El país también fue destino previsto para 222 kg de cocaína escondida en techos de contenedores, donde la mayoría de la carga llegó de Ecuador. Métodos sofisticados El informe detalla incidentes específicos que demuestran la sofisticación de las operaciones delictivas y la labor de las autoridades panameñas: •En febrero de 2024, las autoridades panameñas incautaron 400 kg de cocaína en bultos impermeables dentro de un contenedor chileno en tránsito hacia España. •En abril de 2024, se interceptaron 920 kg de cocaína en bultos impermeables adFE DE ERRORES En la nota titulada ‘La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción’, publicada el lunes 1 de septiembre de 2025, se informó equivocadamente que la fiscal anticorrupción Talia Palacios solicitó la detención preventiva de Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becera. La información correcta es que pidió la detención preventiva de Oliva y de Attie. Esta solicitud será atendida en una audiencia de apelación que se celebrará el 10 de septiembre de 2025... Miembros de la subcomisión que analiza las reformas. Elysée Fernández
3A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025
4A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] JOJOJO. El IMA pretende repartir 500 mil canastas navideñas, aunque su director, Nilo Murillo, reconoció que aún no ha girado las órdenes de compra a los productores de jamón picnic. La excusa es que no tenía la partida presupuestaria para cubrir ese gasto, que asciende a $5.6 millones. ¿Por qué depende de un traslado de partida solicitado a la carrera en la Asamblea y no incluyó la compra de los jamones en su presupuesto original? Además, ¿por qué no hizo la solicitud de traslado antes? ¿Acaso no sabía que la Navidad se celebra en diciembre de cada año? MISIÓN. El abogado de Janice Becerra declaró en Telemetro Reporta que su defendida era “consultora” de la AIG y que no ejerció como funcionaria “ni manejó fondos del Estado”. Entonces, ¿por qué representó a la AIG en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, en enero de 2020? Además del pasaje y el alojamiento por cuatro días, la entidad le pagó un viático de $2,000. Si no era funcionaria, ¿qué hacía en Las Vegas? ¿Acaso el Estado es una agencia de viajes? Si su propio abogado insistió en el noticiero en que ella no era servidora pública, sino que su firma prestaba “servicios corporativos que nada tienen que ver con la AIG”, ¿cuál era su rol en ese viaje? INCONGRUENCIA. Por cierto, la exjefa de la sección de suministro y control de combustible del MIDA está detenida provisionalmente desde julio pasado, luego de que se le imputaran cargos por el delito de peculado. Pero en el caso de Fintek, hay tres investigados con medidas cautelares mucho más flexibles (reporte periódico e impedimento de salida del país), pese a que se les imputó ese mismo delito y dos más: asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario. Si los hubieran sorprendido robando una gallina o cazando iguanas, estarían presos. Pero como en esta causa el perjudicado sería el Estado, no pasa nada… Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos. Carlos Vidal Endara Diputado Zúñiga: ‘La Asamblea puede funcionar con menos de $30 millones’ Eliana Morales Gil [email protected] ENTREVISTA En esta entrevista, el jefe de bancada de Vamos, habla de los retos inmediatos del Legislativo: el debate de proyectos anticorrupción, la reducción de planilla de la Asamblea, las vistas presupuestarias, entre otros asuntos. Roberto Zúñiga llega puntual a la redacción de La Prensa. Viste un traje azul marino clásico, camisa blanca y corbata amarilla. Es el jefe de la bancada de Vamos, grupo compuesto por 18 diputados que llegaron al Palacio Justo Arosemena con la bandera de la libre postulación. En esta entrevista, habla de los retos inmediatos del Legislativo: el debate de proyectos anticorrupción, la reducción de planilla de la Asamblea, las vistas presupuestarias, entre otros asuntos. Diputado del circuito 8-4, este abogado de 32 años cree que la Asamblea podría funcionar con un presupuesto mucho más reducido que los $98.7 millones asignados para 2026. “Me han dicho que tradicionalmente la Asamblea puede funcionar con un presupuesto mucho más reducido, entiendo que por debajo de los 30 millones”, aseguró. Cuestiona que, a pesar de la inyección de millones, no se haya invertido “ni un dólar” en el mantenimiento del que es conocido como el “nuevo” edificio, una estructura que se estrenó en 2014, costó $29 millones y luce un estado “deplorable” y “sucio”. Critica que las malas administraciones del pasado, enfocadas en “llenar planillas” y en el “menudeo”. El edificio “nuevo” de la Asamblea, fue construido por Grupo Corcione, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). También critica la manera como históricamente se ha manejado el poder del Estado: el menudeo político, el clientelismo, el mercantilismo y la “obsesión por llenar planillas”. Puso su mirada en las oficinas de Participación Ciudadana, despachos que, dijo, terminaron convertidas en plataformas de clientelismo político. “En provincias hay oficinas con hasta 50 funcionarios. Nadie sabe qué hacen, pero cobran religiosamente. Son fincas de diputados y exdiputados,” añade. ¿Plan para adoptar botellas? Zúñiga dijo que, una vez que se enteró del “rumor” de que se les pediría a los diputados que “adoptaran” a personal de esas oficinas, en su bancada acordaron que ningún diputado aceptaría ese modelo. “Nos oponemos rotundamente a eso,” añade, para luego condenar que no hay un mecanismo de vigilancia sobre el funcionamiento de estas oficinas en las provincias. “¿Cuántas iniciativas nosotros hemos recibido de participación ciudadana de la provincia de David?” pregunta. “Son feudos de exdiputados y diputados actuales,” añade sin mencionar nombres. El diputado cree que esas oficinas deben cerrarse, ya que la tecnología permite a los legisladores estar cerca de sus electores sin necesidad de una infraestructura física que, a su juicio, solo alimenta el clientelismo. En la conversación con este medio, el diputado recordó los primeros días de Vamos en la Asamblea, cuando eran un bloque sin mayor poder, para luego destacar su ascenso a presidir cinco comisiones, lo que considera “un hecho histórico”. La experiencia de las negociaciones políticas del bloque de los 37 para llevar al panameñista Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea Nacional, les dejó varias lecciones, entre ellas, que los acuerdos y la palabra de los diputados deben respetarse. “Falta que los diputados tengan verdadera conciencia a la hora de actuar,” asegura. Zúñiga se refirió en particular a las presidencias de las comisiones de Gobierno y Credenciales, cargos que no lograron a pesar de los acuerdos iniciales. ‘No me sentí satisfecho’ Ante la pregunta de si fue una derrota, respondió: “Yo te lo digo francamente y directamente... no me sentí satisfecho, pero es la primera vez en la historia que diputados independientes pueden presidir comisiones”. Zúñiga enfatizó que su bancada ha demostrado capacidad en el manejo de esas comisiones, poniendo el foco en la productividad y la necesidad de impulsar la agenda legislativa. Uno de los aspectos que más le inquieta en la actualidad es la parálisis de proyectos claves en la Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas. Cita dos ejemplos: la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la ley antibotellas. Zúñiga expresó su frustración de que proyectos anticorrupción tan vitales “ni siquiera están en el orden del día”. Afirmó que el que no debe no teme, y que la única manera de enfrentar la corrupción es crear normativas que la contrarresten. A su juicio, el recelo de la partidocracia tradicional de que ellos presidieran esa comisión radica en que el presidente dicta el orden del día y estas comisiones, como la de Gobierno, manejan temas “sensitivos” como el juzgamiento de altos funcionarios y los nombramientos de magistrados. Más trabajo los lunes y los viernes Reconoce que la bancada Vamos también enfrenta sus propias tensiones, y que el salto de la protesta ciudadana al pleno legislativo no se traduce automáticamente en eficacia política. Aun así, insiste en que se pueden abrir grietas en ese muro. Destaca que las sesiones plenarias ahora incluyen trabajo los lunes y viernes, días antes improductivos. “Puede sonar simbólico, pero la ciudadanía percibe el cambio. El trabajo legislativo tiene que ser tangible”, asegura. ¿Puede revivir la amnistía? El diputado también se refirió a la posibilidad de que revivan proyectos de amnistía para políticos condenados. “Siempre va a haber posibilidades de que esas iniciativas revivan, pero nuevamente volvemos al mismo punto y lo recuerdo muy bien, todo parte ahí en Gobierno”. Recalca que mientras proyectos anticorrupción permanecen engavetados, el que proponía amnistía para Martinelli, Juan Carlos Varela y otros procesados o condenados por corrupción se presentó un lunes y al día siguiente ya estaba en el orden del día, lo que demuestra las prioridades de ciertos sectores. Zúñiga concluye diciendo que es un momento de “dar el ejemplo” y apostar por la profesionalización del sector público, promoviendo el acceso a través de concursos. “No hay mayor honor para cualquier ciudadano que servirle al país, pero quién quiere servir en esas condiciones en donde cada cinco años tienes que ver qué haces, tienes que tratar de hacerte amigo del que va entrando para que no te boten”, añadió. Finalmente, al ser consultado sobre cómo manejan la presión de liderar una bancada tan grande en un ambiente hostil, Zúñiga respondió que la clave es “llenarse de paciencia”, rodearse de un buen equipo y predicar con el ejemplo. Aleida Samaniego C. [email protected] Fachada del centro regional de investigación de vacunas y biofármacos. Archivo Crivb en Panamá: alianza con Brasil para desarrollo de vacunas y biofármacos INVESTIGACIÓN Panamá y Brasil acordaron fortalecer la cooperación científica y tecnológica con énfasis en la producción regional de vacunas y biofármacos. El compromiso, asumido por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, busca desarrollar capacidades conjuntas en investigación, transferencia de conocimiento y formación de talento humano especializado. La alianza se enmarca en los planes para establecer en Panamá el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP), iniciativa que apunta a reducir la dependencia de la región frente a la importación de biológicos y a responder a las demandas de salud pública de Centroamérica y el Caribe. Fiocruz, referente internacional en investigación biomédica y producción de vacunas, aportará su experiencia en investigación aplicada y desarrollo biofarmacéutico. Para Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, este acuerdo representa una oportunidad para consolidar la soberanía tecnológica y acelerar la capacidad regional de producir soluciones sanitarias con impacto en millones de personas. Con esta cooperación, Panamá se posiciona dentro de una red científica que busca enfrentar futuros desafíos epidemiológicos y promover la innovación en salud como herramienta de desarrollo sostenible, sostuvo Ortega Barría. El acuerdo forma parte de la declaración conjunta emitida tras la reunión de los presidentes José Raúl Mulino y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El Crivb-AIP será inaugurado este mes de septiembre por la Senacyt. REMEDIO. Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto para prohibir que las entidades contraten pólizas privadas para su personal. Ojalá lo aprueben antes de que se adopte el presupuesto correspondiente a 2026. REGRESO. Pedro Miguel González anunció su intención de recuperar la secretaría general del PRD, en la reunión del directorio de ese partido, el próximo 23 de noviembre. ¿Se supone que eso es una buena o una mala noticia?
5A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025
6A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Panorama Cuatro funcionarios fueron sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). De acuerdo con la entidad, la primera sancionada fue una servidora pública del Municipio de Chame. Tras una investigación, la Antai determinó que la funcionaria realizaba videos personales en la red social TikTok durante su horario laboral y utilizando el uniforme institucional. “Esta conducta representa un uso inadecuado del tiempo de trabajo y una claFuncionaria hacía videos personales en horas de trabajo; fue sancionada RECURSOS PÚBLICOS ra violación a los principios de obligatorio cumplimiento: templanza, respeto, liderazgo, igualdad de trato y uso correcto del tiempo de trabajo”, destacó la entidad. El segundo caso corresponde a dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes fueron sancionados por “mantener una relación de unión consensual”. La Antai señaló que la relación fue “plenamente comprobada” y que ambos laboraban en la misma unidad administrativa. Esta situación constituye una falta a los principios de imparcialidad, transparencia y ética, agregó la institución. El último caso corresponde a una funcionaria del Ministerio de Ambiente, a quien se le comprobó que ocupaba un cargo sin la idoneidad correspondiente ni los requisitos académicos exigidos. “Aceptar un puesto sin tener la preparación adecuada atenta contra la eficiencia del Estado y el derecho de la ciudadanía a recibir un servicio público de calidad”, argumentó la Antai. Magistrados del Tribunal Electoral en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández Partidos recibirán $10.9 millones en subsidio poselectoral para 2026 Eliana Morales Gil [email protected] José González Pinilla [email protected] FONDOS PÚBLICOS Según cifras del TE, 1,568,875 panameños están inscritos en partidos políticos. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue siendo la agrupación con mayor membresía. Los nueve partidos políticos de Panamá se repartirán $10.9 millones en concepto de subsidio poselectoral para el año 2026. El anuncio lo hicieron los magistrados del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, Alfredo Juncá y Luis Guerra Morales, durante su comparecencia del martes 26 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentaron el plan de gastos que la institución proyecta para el próximo año. Según cifras actualizadas por el TE al 21 de agosto pasado, 1,568,875 panameños están inscritos en partidos políticos. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue siendo la agrupación con mayor membresía. Tiene 576,439 adherentes. Mientras que el último en incorporarsealaescenapolítica formal es el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que celebró su convención constitutiva el pasado 24 de agosto. Durante la sesión, el diputado independiente Betserai Richards preguntó a los magistrados sobre los criterios que se utilizan para distribuir los fondos del subsidio. La respuesta estuvo a cargo de Bertha de Chang, directora de Finanzas del TE, quien explicó que el procedimiento está claramente definido en el Código Electoral. La fórmula El artículo 216 de la mencionada norma establece que la bolsa del financiamiento poselectoral se conforma con la mitad de los recursos públicos asignados para las elecciones, más los saldos no utilizados del financiamiento preelectoral. De ese total, un 20% se distribuye en partes iguales entre todos los partidos que mantuvieron su personería. El 80% restante se reparte de acuerdo con los votos obtenidos: Los partidos reciben según el promedio de votos alcanzado en las cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento). Los candidatos de libre postulación reciben según la cantidad de votos obtenidos individualmente. En términos prácticos, cada voto tiene un valor monetario. Ese valor se obtiene al dividir el 80% del fondo entre la suma de los votos válidos de partidos y candidatos independientes. Luego, se multiplica por los votos correspondientes a cada uno, lo que determina el monto final que recibirá cada partido o candidato. El TE aclaró además que estos recursos están sujetos a supervisión estricta. Su uso es auditado por la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político de la propia institución, que verifica el cumplimiento de las normas y la transparencia en el manejo del dinero público. La Corte salvó el subsidio En febrero de 2020, se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da un espaldarazo a estos polémicos fondos. Al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 del Código Electoral, que le otorga una partida de 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central al TE para estos fines, tanto en los procesos electorales internos como en las elecciones generales el fallo de la declaró que esta norma no viola la Constitución. Según el sentencia, la propia Carta Magna, en su artículo 141, autoriza al Estado a incurrir en estos desembolsos con la condición de que la ley lo reglamente, que es lo que hace el artículo 190. Proponen reducirlo La Comisión Nacional de la Reformas Electorales, instancia que cada jueves debate posibles cambios a la ley, tiene propuesta que pretende reducir el monto que el Estado asigna a los partidos. La iniciativa es impulsada por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. Olga de Obaldía, representante del área de organizaciones no gubernamentales, explicó en su momento que la propuesta consiste en reducir el porcentaje del 1% al 0.5%. Recordó que desde 1997 se estableció este tipo de financiamiento, fijando que el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central debía destinarse a financiar a los partidos políticos. La iniciativa, explicó, está sustentada en tres criterios: costo por voto, crecimiento del padrón electoral y crecimiento del financiamiento público. Aunque la propuesta forma parte de la agenda de reformas, su discusión fue pospuesta y aún no ha sido retomada por la comisión. Katerine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue condenada a cinco años de prisión por blanqueo de capitales dentro de las acciones de la Operación Génesis. Carvalho Hidalgo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que era requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana. En una audiencia celebrada el domingo 31 de agosto, Carvalho Hidalgo alcanzó un acuerdo de pena con la fiscalía. Admitió su responsabilidad en los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Varios de los salones de belleza estaban a nombre de sociedades. Durante una audiencia realizada el miércoles en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, el fiscal contra la delincuencia organizada Eduardo Enrique Rodríguez explicó que la red criminal utilizó múltiples sociedades y la fundación JMK Global Foundation para el trasiego de dinero proveniente de actividades ilícitas. Además de los salones de belleza La Parce, también usaron otros negocios similares: Leblanc Salon Boutique. Gutiérrez, que previamente había sido condenado por el delito contra la propiedad industrial, creó varias sociedades anónimas en las que recibió más de $4 millones que eran procedentes de actividades ilícitas. Según la fiscalía, los fonCondenan a cinco años de prisión a la dueña de‘La Parce’ por blanqueo de capitales ACUERDO DE PENA dos blanqueados a través de las sociedades fueron usados para la compra de 11 apartamentos ubicados en áreas residenciales. Bienes incautados Entre los bienes incautados a la red se encuentran varios apartamentos distribuidos en diferentes propiedades horizontales de la capital, cuyo valor individual oscila entre $105,000 y $343,000. Entre ellos destacan tres unidades en PH Central Park, un apartamento en PH Toneles, otro en PH Torres Versalles, uno más en PH Torres de Castilla, y los ubicados en PH Plaza Valencia, PH Brisas San Fernando y PH Onix Tower. También se incautaron residencias y propiedades de alto valor, como una casa de playa en Chame valorada en $366,000 y una residencia en Costa del Este, con un precio de $1,100,000. Asimismo, las autoridades decomisaron $119,389 en efectivo durante diligencias de allanamiento y registro, así como $543,468 en una cuenta bancaria, que pasaron a favor del Estado como parte del proceso judicial. En conjunto, estas medidas representan un importante golpe financiero a la red de blanqueo de capitales, asegurando bienes que habían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas. Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] Katerine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomada de @PGN_PANAMA
7A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Panorama La Asociación de Médicos Residentes e Internos (Ameri) se pronunció para responder a las críticas sobre la deficiente atención en hospitales públicos y exponer la realidad que enfrentan los profesionales de la salud en Panamá. Su presidente, Nicolás García, explicó que los médicos residentes e internos laboran más de 96 horas semanales y cumplen tareas fuera de su formación, como transporte de pacientes o extracción de muestras, debido a la escasez de personal que impide atender la demanda del sistema. García enfatizó que la vocación no basta para sostener un servicio de calidad cuando persisten necesidades básicas sin resolver. Señaló la desmotivación causada por la deuda de hasta 11 meses en turnos extraordinarios, lo que afecta la atención a los usuarios. La Ameri respaldó la marcación digital para el personal de salud, siempre que se respeten las ocho horas de jornada laboral y se paguen de forma justa las horas extra. La asociación advirtió que más del 100% de los médicos deben asumir turnos adicionales, reflejo de la presión extrema en hospitales. El gremio asegura que los problemas reales son estructurales: falta de personal, infraestructura insuficiente, equipos obsoletos, insumos escasos y presupuestos reducidos. García consideró irresponsable culpar al personal y generar falsas expectativas en la ciudadanía. Otro punto crítico señalado por Ameri es la limitada disponibilidad de plazas en concursos de residencias médicas. En el último examen nacional solo se ofreció una plaza en cirugía general y otra en ortopedia, cifra insuficiente para atender la demanda del país. Este déficit limita la formación especializada y agrava los cuellos de botella del sistema. Gremio médico se pronuncia sobre la crisis en hospitales SALUD PÚBLICA El Hospital Nicolás A. Solano atiende en el servicio de urgencias de 60 mil a 70 mil pacientes por año. Elysée Fernández Dos denuncias por posible mala praxis en el Nicolás A. Solano Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD El Minsa confirmó que las investigaciones judiciales y administrativas por muertes y presuntas deficiencias en el Hospital Nicolás A. Solano buscan fortalecer protocolos, garantizar atención segura y revisar la cadena de responsabilidades médicas y administrativas. De las cuatro denuncias por deficiencias en la atención médica registradas en las últimas dos semanas en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, dos ya se encuentran en la instancia judicial para determinar si hubo mala praxis. Así lo confirmó Yelkis Gill, la médica salubrista y la directora nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), en entrevista con La Prensa. Detalló que las investigaciones del Ministerio Público corresponden a la muerte de una madre y sus dos bebés, así como al fallecimiento de un hombre en la sala de espera de urgencias. “Son situaciones muy dolorosas, que afectan a familias completas y nos llaman a reflexionar sobre cómo mejorar la atención en cada punto del servicio”, señaló Gill con evidente conmoción. Los otros dos incidentes — un paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal y la muerte de un niño de cinco meses— permanecen bajo investigación administrativa y, según la funcionaria, aún no han sido informados de un procedimiento legal. Cadena de responsabilidades Gill señaló con tono firme que cada caso no se queda en un solo nombre, sino que se revisa dentro de una cadena de responsabilidades que abarca al médico que brinda la primera atención, al coordinador que supervisa, al personal que clasifica la urgencia de cada paciente y a las enfermeras que acompañan de cerca el proceso, porque cada eslabón puede marcar la diferencia en la vida de una persona y su familia “En la trazabilidad del paciente pueden identificarse varios funcionarios, pero no todos tendrán el mismo grado de responsabilidad”, puntualizó. La médico salubrista aclaró que el Minsa no habla de mala práctica o negligencia médica, ya que son términos de carácter legal. “Nosotros evaluamos si hubo una atención oportuna o tardía, si faltó experticia o si el paciente no recibió el medicamento o insumo requerido a tiempo”, explicó. De acuerdo con Gill, la entidad no puede determinar culpabilidades, ya que esa no es su competencia. Explicó que, cuando son requeridos por el Ministerio Público, deben aportar información técnica sobre los casos, pero no actúan como peritos. En ese proceso, el peritaje suele recaer en médicos externos, ya sea de la Caja de Seguro Social o del sector privado, con el fin de garantizar equilibrio en las investigaciones. En el caso del paciente que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal, Gill aclaró que el médico fue suspendido de los turnos, no por ser considerado culpable, sino como medida preventiva para que la Comisión de Muerte General del Minsa, designada para realizar la investigación, verifique cada detalle en el manejo del paciente. “La suspensión no es un castigo, es una forma de asegurar que todo el proceso se revise con detenimiento”, comentó. “El objetivo siempre es proteger al paciente y, al mismo tiempo, apoyar al personal para que aprenda de cada caso y pueda brindar un mejor servicio en el futuro”. Gill explicó que el Minsa puede tomar ciertas acciones desde el punto de vista administrativo, pero en otros casos debe esperar a que las investigaciones judiciales avancen. Además de la suspensión temporal, existen otras sanciones administrativas que se aplican dependiendo de la revisión del expediente y de la evaluación de competencias del personal involucrado. Para garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos, estas revisiones se realizan con apoyo del Consejo Técnico, asociaciones profesionales y otras entidades que validan la idoneidad de los funcionarios. Comisiones de investigación Actualmente, el Minsa cuenta con la Comisión de Muerte Materna, que evalúa cada caso de fallecimiento materno, incluyendo madre y niño, con la participación de expertos del Minsa, la Caja de Seguro Social y otros especialistas externos. Paralelamente, la Comisión de Muerte General revisa los casos en investigación, centrando su análisis en el proceso de atención, el cumplimiento de normas y los procedimientos seguidos, más allá de los protocolos, para determinar de manera objetiva lo ocurrido desde el punto de vista institucional. Después del fracaso de la construcción del Canal de Panamá en manos de los franceses, se creó “La Nueva Compañía del Canal de Panamá” para vender lo que habían avanzado y poder sacarle alguna ganancia. Esta misión fue llevada por el ingeniero del canal francés, Philippe Bunau Varilla. Viajó a los Estados Unidos para convencer a los políticos de comprar la nueva compañía y construir el canal por Panamá. Philippe también era accionista en la nueva compañía, así que si se vendía, amasaría una fortuna. Poco después, en Panamá (aún siendo parte de Colombia), un grupo de personas se estaba organizando para separar a Panamá de Colombia y negociar el canal ellos mismos. Se llamaban “Los Conjurados”. Uno de ellos, Manuel Amador Guerrero, fue enviado a los Estados Unidos para buscar seis millones de dólares y obtener su respaldo para la separación. En la habitación 1162 del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Manuel Amador Guerrero y Philippe Bunau Varilla estaban reunidos. Manuel Amador estaba abatido ya que fue a los Estados Unidos para buscar dinero y respaldo para la separación de Panamá, pero no lo había logrado hasta el momento. Philippe escuchó a Manuel Amador hablar de cómo el intento de la separación estaba llegando a su fin, pero vio una oportunidad. Le dijo a Manuel que él, personalmente, conseguiría el apoyo de los estadounidenses para la separación y que le daría cien mil dólares de su bolsillo, siempre y cuando lo nombraran Ministro Plenipotenciario, que significa que sería el representante de Panamá internacionalmente y tendría plenos poderes para hacer acuerdos. Manuel Amador accedió. A los días, nos separamos de Colombia con el respaldo de los Estados Unidos. Pero Philippe aprovechó para reunirse con los estadounidenses acerca de Panamá, sin ningún panameño presente. Negoció un tratado en el cual los estaEl pacto secreto en un hotel: La historia del Tratado Hay-Bunau Varilla PONLE LA FIRMA dounidenses comprarían la nueva compañía francesa del canal y se encargarían de construir el canal y operarlo. Pero a cambio, Estados Unidos se quedaría con un pedazo de Panamá. Era un territorio que se extendía desde el inicio hasta el final de la ruta del canal, cinco millas a cada lado. Este territorio, en toda la mitad de Panamá, se entregaría a los estadounidenses y ellos podrían actuar en ella “como si fueran soberanos” a perpetuidad, es decir, para siempre. Este lugar se conoció como la Zona del Canal y se convirtió en una especie de país dentro de otro país. Este tratado en el cual se le daba a los estadounidenses la Zona del Canal fue firmado por Philippe Bunau Varilla (quien no había estado en Panamá por muchos años) y John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y lo conocemos en la historia como el Tratado Hay-Bunau Varilla. Una delegación panameña estaba en camino a ver el tratado, pero cuando llegaron, era muy tarde. Lo habían firmado algunas horas antes que llegaran. Eventualmente, los estadounidenses llegaron a Panamá y tomaron el control de la Zona del Canal. De ahí en adelante, mucha de nuestra historia tuvo que ver con la Zona del Canal. La Operación Soberanía, el 9 de enero de 1964, y la lucha por devolver el canal a manos panameñas, todo se dio por el Tratado Hay-Bunau Varilla, que creó la Zona del Canal para siempre. El Tratado Hay-Bunau Varilla es conocido como el tratado de Panamá que ningún panameño firmó. Y con la Zona del Canal tuvimos uno de nuestros mayores retos y luchas para recuperar el país por completo. Nadie se imaginó todo lo que vendría por una conversación y un pacto, en secreto, en el cuarto de un hotel. José Alejandro Rodríguez [email protected] Además, Gill resaltó la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias del Estado. “No se trata solo de evaluar el caso individual, sino de identificar posibles fallas estructurales que puedan mejorar la atención hospitalaria”, señaló. Explicó que la información recabada por el Minsa sirve para fortalecer los protocolos internos, capacitar al personal y reducir riesgos en la atención de pacientes críticos. El Hospital Nicolás A. Solano ha sido escenario de varias denuncias, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar los controles internos y la supervisión de procedimientos clínicos. La mayoría de los casos administrativos se resuelven mediante recomendaciones, capacitaciones y ajustes en la cadena de atención, mientras que los casos judiciales siguen el proceso legal correspondiente. Gill subrayó que el objetivo de estas investigaciones no es sancionar de manera automática, sino garantizar que los pacientes reciban atención segura y que el personal médico cumpla con los estándares establecidos. “Cada investigación es una oportunidad para mejorar, no solo para determinar responsabilidades. Cada paciente que atendemos merece que demos lo mejor de nosotros”, dijo. Admite que el hospital atraviesa una crisis. “Por ello, estamos dedicando el 100% de nuestros esfuerzos para fortalecer el hospital, no solo en infraestructura, sino también en recursos humanos, procesos administrativos, gestión y el acercamiento con la población”, concluyó Gill con un llamado a la responsabilidad y la empatía en el sistema de salud.
8A La Prensa Panamá, martes 2 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. mericana de la Salud identificó como principales desafíos la desigualdad en el acceso a los servicios y la complejidad de los perfiles epidemiológicos. El déficit de especialistas es alarmante. El hospital carece de cardiólogo, nefrólogo y gastroenterólogo, y no cuenta con suficientes ginecólogos para cubrir los turnos, según el director del centro. Esta carencia se replica en múltiples hospitales del país, creando un cuello de botella. La crisis tiene múltiples responsables. Por un lado, las autoridades gubernamentales no han asignado recursos suficientes ni garantizado una gestión eficiente de los fondos disponibles. Por otro, algunos profesionales de la salud han perdido la vocación de servicio, priorizando intereses económicos sobre el bienestar de los pacientes y mostrando actitudes poco empáticas hacia quienes más los necesitan. El problema contrasta con las prioridades presupuestarias. Mientras el hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera cuenta con un presupuesto anual cercano a los $20 millones, a pocos metros se construye el estadio de béisbol Mariano Rivera, con una inversión de $41 millones, lo que evidencia una desproporcionada asignación de recursos públicos. No todo es negativo en el panorama sanitario. Panamá dispone de una red de hospitales y policlínicas en todo el territorio que, en teoría, deberían garantizar el acceso universal a la salud. El país ha iniciado procesos de modernización digital: el Ministerio de Salud, en colaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La diputada y el capuchino: una lección Privado vs. público El nivel de análisis en Panamá está en horas bajas desde hace décadas, y lo prueba con creces un planteamiento de la diputada Patsy Lee y las reacciones que generó entre ciudadanos ansiosos por exhibir su “sapiencia” en temas baladíes, la misma que aplican a asuntos importantes: sesgada, pobre en su escritura y muy distante de cualquier lógica constructiva. A la diputada le parece excesivo que pedir leche deslactosada en un capuchino cueste un dólar más. Hace sus cálculos y concluye que es un sobrecosto: “no podemos castigar una necesidad alimenticia”, afirma. Y le llueven opiniones de lo más variopintas. Por supuesto, tiene derecho a opinar lo que quiera fuera de su jornada laboral, pero su argumento —y las réplicas— son un retrato de cómo reflexionamos. Se toma lo personal como referencia y se eleva a necesidad pública lo privado y fácilmente evitable: si es caro, no lo compre. Esa manera absurda de ver el mundo, aderezada con insultos cruzados, revela un patrón: hablar paja sin sentido. Así es mi país. La lección es clara: opinamos igual de todo —del capuchino, de la mina o de la intervención de Estados Unidos— con la misma ligereza. Y los de siempre aprovechan, porque saben que terminaremos reaccionando con idéntica frivolidad, como si un dólar extra en un café fuera un derecho vulnerado. Sobre el multilateralismo panameño Relaciones internacionales del Universo”, exaltando la libertad y la voluntad de este país. El Congreso Anfictiónico fue, sin duda, un paso necesario hacia el ideal unificador del hemisferio. Aunque no cumplió plenamente las aspiraciones de Bolívar, sirvió de antecedente para la posterior Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A la vez, puso en evidencia aspectos clave de la política exterior panameña: la neutralidad y la comunicación. Desde sus primeros pasos, Panamá comprendió que su ubicación geopolítica estratégica exigía evitar conflictos militares y políticos que pudieran afectar su estabilidad interna. Con la consigna de “neutralidad en Panamá, neutralidad en el mundo”, el Istmo afianzó su papel como puente de comunicación y comercio. Ya en el siglo XIX, consolidaba una política exterior orientada a no alinearse con bloques ideológicos o militares, manteniéndose como actor clave en la cooperación regional y económica, sin comprometer su soberanía, aun entre potencias como Colombia, Francia y Estados Unidos. Hoy, en medio de una época convulsa en las relaciones internacionales, Panamá tiene la oportunidad de reimaginar su rol en el mundo. Para ello, es vital adoptar una estrategia nacional clara, que guíe al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las misiones diplomáticas. Esa estrategia debe Luis Credidío/Víctor Gómez Atencio ¿Es la salud pública en Panamá el peor enemigo de su gente? Servicio público En Panamá, hablar de salud pública es hablar de una crisis sistémica. Los eventos recientes en el Hospital Nicolás A. Solano evidencian una realidad que trasciende este nosocomio: el sistema público atraviesa una crisis que impide brindar atención digna. Un lugar que debería ser sinónimo de esperanza y sanación se ha transformado en escenario de burocracia, carencia de insumos básicos y, dolorosamente, ausencia de humanización en el trato. El Hospital Nicolás A. Solano fue declarado oficialmente en crisis debido a múltiples problemas estructurales y presupuestarios. La declaración respondió al urgente reemplazo de los equipos de climatización instalados en el año 2000. Este hospital, que atiende a más de 650 mil habitantes de cinco distritos de Panamá Oeste, enfrenta una saturación extrema: solo en su área de urgencias atiende anualmente a más de 67 mil pacientes. En lo que va de 2025 ya han acudido más de 38 mil personas. La gravedad de la situación se refleja en las investigaciones en curso. El fiscal superior de Homicidios de Panamá Oeste, Luis Alberto Martínez, informó que el Ministerio Público investiga 15 casos de presunta negligencia médica en este nosocomio. Estos incluyen desde muertes maternas hasta quemaduras accidentales durante procedimientos médicos. El sistema de salud pública padece deficiencias crónicas que van más allá de un hospital específico. La Organización Panaboración con la OPS, lanzó la Estrategia Nacional para la Transformación Digital del Sector Salud. También implementó el Sistema de Información de Recursos Humanos de Salud, que digitaliza las tareas de registro del personal médico. Estos avances tecnológicos deben acompañarse de inversión en infraestructura física y en recursos humanos. La transformación del sistema sanitario exige un enfoque integral. Es imperativo combatir la corrupción que desvía recursos destinados a la salud. El Presupuesto General del Estado 2025 contempla asignaciones importantes para el sector, que pueden garantizar el abastecimiento de medicamentos y la mejora de la infraestructura hospitalaria. Se requiere incrementar la formación de especialistas mediante alianzas estratégicas con universidades. La implementación de programas de telemedicina puede ampliar la cobertura en áreas rurales, mientras que la construcción de hospitales regionales de menor escala ayudaría a descongestionar los centros urbanos. La participación ciudadana y del sector privado también es fundamental. El acceso a servicios de salud dignos no debe ser un privilegio. Un país que aspira al desarrollo económico sostenible no puede permitir que sus ciudadanos mueran en salas de emergencia por falta de especialistas, equipos de climatización funcionales o camas disponibles. La solución demanda voluntad política genuina, compromiso profesional renovado y participación ciudadana activa. Solo mediante este enfoque tripartito la salud pública dejará de ser el adversario de la población y se convertirá en el aliado que todos merecemos. Opinión EL AUTOR es escritor. LA AUTORA es egresada del LLAC 2025. DE LOS AUTORES Credidío es internacionalista y estudiante de Derecho y Gómez es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. Pedro Crenes ser pública y consensuada con empresas y agrupaciones civiles con presencia en el exterior, y también resonar en nuestras universidades, para que el sector académico prepare a los futuros diplomáticos en negociación y defensa de los intereses panameños. Nuestra identidad está marcada por el comercio mundial, pero también por ser escenario de negociaciones de paz, como en el Grupo Contadora o la Cumbre de las Américas de 2015, cuando Estados Unidos y Cuba retomaron el diálogo tras décadas. Este legado puede articularse en tres pilares de una estrategia nacional: Una América más unida y sólida. Panamá debe promover el panamericanismo y la unidad continental, hoy debilitados. Su papel en el Consejo de Seguridad y su ingreso al Mercosur ofrecen una coyuntura clave. Una Centroamérica decidida. Urge definir posiciones frente al SICA y al Parlacen, exigiendo estándares mínimos para que la integración política y económica funcione. Como en la experiencia europea, la integración debe ser gradual y con instituciones eficaces. Un Panamá coherente y firme. El país debe actuar con consistencia en organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad o la OMI, basando sus votos e iniciativas en los intereses nacionales, sin improvisaciones. En síntesis, la historia demuestra que mientras más se involucra Panamá en el mundo, mejor le va. No podemos aislarnos ni limitarnos a seguir el ritmo de las potencias. Nuestro reto es consolidar, con visión y coherencia, la privilegiada posición de Panamá en la esfera global. Panamá ha sido históricamente un punto central de enlace, intercambio y desarrollo para el mundo. Desde el surgimiento del Istmo, este país centroamericano ha jugado un papel fundamental en la conexión de las Américas, manteniendo una postura a favor del beneficio global. Ese carácter le ha permitido consolidarse como puente pacífico entre naciones y civilizaciones. Sin embargo, la conectividad que la República de Panamá ofrece al mundo va mucho más allá de lo logístico o comercial. El verdadero valor de las relaciones —cualquiera sea su naturaleza— radica en el impacto de la facilitación del comercio mundial y de la interconexión global. Todo ello ha sido posible gracias al efecto histórico de la política exterior panameña, basada en el principio de neutralidad y en la apertura al libre comercio. Con el tiempo, Panamá se convirtió en un punto de referencia para los llamados de unidad y desarrollo de las recién independizadas naciones del continente. El siglo XIX atestiguó el creciente interés de personalidades y potencias internacionales que fijaron su mirada en el Istmo: su potencial y su capacidad de adaptarse al cambiante comercio global. Simón Bolívar convocó a las repúblicas hispanoamericanas al Congreso Anfictiónico de 1826, cinco años después de nuestra independencia de España y de la unión voluntaria a la Gran Colombia. Bolívar ya había descrito al Istmo como “centro La crisis tiene múltiples responsables. Por un lado, las autoridades gubernamentales no han asignado recursos suficientes ni garantizado una gestión eficiente de los fondos disponibles. Yarlines García Hoy, en medio de una época convulsa en las relaciones internacionales, Panamá tiene la oportunidad de reimaginar su rol en el mundo. Para ello, es vital adoptar una estrategia nacional clara, que guíe al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las misiones diplomáticas. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. 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