4A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] BANANERO. Finalmente, empezamos a entender qué hacía el contralor Anel Flores en la comitiva del viaje oficial a Brasil. Ernesto Cedeño escribió un tuit para contar que el dueño de Chiquita agradeció a Flores —cuya familia se dedica al cultivo y exportación de banano— por “su participación valiosa en el retorno de la empresa” a Bocas del Toro. ¿Por qué tenemos que enterarnos de algo así por las infidencias de un diputado? ¿Acaso la Presidencia no podía informar eso desde el principio? Es como si encontraran un extraño placer en fomentar especulaciones. CÁSCARA. Chiquita todavía no ha regresado, pero ya Benicio Robinson empezó con las arengas. Ha dicho que la empresa no puede “ignorar la deuda” con más de 5,000 trabajadores despedidos “sin recibir sus prestaciones”, según él. Pero desde mayo pasado, la bananera anunció que los trabajadores podían acudir a retirar su cheque de liquidación. Pareciera que Robinson busca crear un problema inexistente con declaraciones irresponsables. OLVIDO. Una casa de valores se ha propuesto cubrir los vestigios de su vínculo con Ralph Attie, uno de los investigados en la causa que involucra al exdirector de la AIG, Luis Oliva. En el sitio web de esa empresa ya no hay rastro de Attie, quien hasta esta semana aparecía listado como tesorero. Por cierto, esa misma firma tiene como socio fundador al canciller Martínez Acha. Si Attie renunció a sus cargos, les pasamos un dato: el Registro Público no está enterado, porque ahí todavía figura su nombre. RESIDENTE. Por cierto, Oliva residió durante un año en un apartamento propiedad de una empresa ligada a los Attie, sin pagar alquiler. Según la fiscal Talia Palacios, se marchó de allí dejando una deuda de $20,000. Pero, ¿y si el uso del inmueble hubiese sido una contraEl Ministerio de Seguridad, que dirige Frank Ábrego, contrató un seguro por 122 millones de dólares. Cortesía Gobierno desconfía de la salud pública y paga pólizas millonarias Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SEGUROS PRIVADOS Siete instituciones públicas, incluido el Ministerio de Seguridad con 122.5 millones de dólares, recurren a seguros privados y dejan en evidencia la incapacidad del sistema oficial para atender a sus colaboradores. Dos casos recientes pusieron el foco sobre el gasto de las entidades públicas en seguros privados para sus colaboradores. Por un lado, el Órgano Judicial destina alrededor de 15 millones de dólares a este concepto, mientras que el Tribunal Electoral (TE) solicitó 1.9 millones de dólares durante la sustentación de su presupuesto para 2026. No obstante, una revisión al portal PanamáCompra revela que, entre 1 de enero de 2024 hasta la fecha, varias instituciones públicas destinan parte de su presupuesto anual a seguros colectivos de salud y vida para sus colaboradores. Incluyendo al Órgano Judicial y al Tribunal Electoral, se identificaron otras cinco entidades que, en conjunto, asignan 168.9 millones de dólares para este fin. El Ministerio Público contrató un seguro colectivo de salud por 9.3 millones de dólares, destinado a 5,665 funcionarios, con una vigencia de 38 meses. La inversión busca proteger la salud de quienes investigan y procesan delitos en el país. El Ministerio de Seguridad Pública, responsable de coordinar la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración, cubre a 45,147 efectivos con un seguro colectivo de salud y vida, por 122.5 millones de dólares y una duración de 56 meses. La cobertura refleja la magnitud y los riesgos asociados al personal de seguridad. Otras entidades En el Órgano Judicial, el seguro colectivo de vida y salud asciende a 15 millones de dólares para 6,807 servidores durante 38 meses. La medida garantiza protección médica y vital para jueces, magistrados y personal administrativo. El sector transporte también invierte en seguros. El Metro de Panamá contrató un seguro colectivo de vida y salud para 891 empleados por 1.8 millones de dólares durante 26 meses, mientras que Transporte Masivo destinó 400 mil dólares a un seguro de vida para 4,700 colaboradores por 18 meses. Las diferencias reflejan el alcance y el tipo de cobertura contratada. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cubre a 8,500 servidores con un seguro médico privado contratado por 18 millones de dólares. El Tribunal Electoral presentó la semana pasada su presupuesto para 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por un total de 112.6 millones de dólares. Sin embargo, la atención se centró en un rubro más discreto: 1.9 millones de dólares destinados a seguros de vida, salud y bienes. La discusión giró en torno a si estos seguros constituyen un derecho laboral legítimo o un beneficio adicional sostenido con fondos públicos. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, introdujo el tema en la sesión, solicitando explicaciones sobre el alcance de las pólizas. El debate reveló que, mientras el seguro de vida cubre a toda la planilla, los seguros de salud y bienes no benefician a todos los colaboradores. Los magistrados del TE defendieron la medida. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas de los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra. Salud pública deficiente Otras instituciones, como el Ministerio Público, justifican la contratación alegando que la iniciativa surgió de un estudio elaborado por la Dirección de Recursos Humanos. Según la entidad, la sección de bienestar del empleado ha enfrentado casos en los que funcionarios han requerido apoyo económico debido a enfermedades crónicas o accidentes —tanto laborales como personales— que implicaron cirugías, procedimientos especiales y hospitalización con altos costos. La institución también apunta a las limitaciones del sistema oficial: “Las situaciones en la atención médica oficial, por experiencia, no satisfacen los requerimientos de toda la población y, a fin de evitar que las enfermedades o accidentes conlleven consecuencias más complicadas, se considera la contratación de un seguro colectivo de salud que ayudaría a tratar de manera oportuna las necesidades médicas”, plantea el Ministerio Público en PanamáCompra. Por su parte, el Ministerio de Seguridad sostiene que la póliza busca proteger a sus miles de agentes, expuestos a riesgos a diario en todo el país. prestación? Eso sería lo contrario a una cuenta morosa. ESPEJITO. El Ministerio Público organiza un taller de “imagen personal y autocuidado”. El alquiler del salón, en un hotel de las afueras de la capital, con almuerzo buffet para 300 personas, costará casi $7,000. ¿Eso cómo les ayuda a mejorar sus argumentaciones y a sustentar sus casos ante la ley? Señores, los tribunales no son una pasarela. Reincidencia en delitos de hurtos y estafas será penalizada Una propuesta de ley busca cerrar la laguna legal que permite que delitos de menos de $1,000, como hurtos o estafas, sean tratados solo por jueces de paz en lugar de la justicia penal. De esta manera, los actos ilícitos que hoy se diluyen en la justicia comunitaria de paz pasarían a tener consecuencias penales reales cuando los responsables reincidan. La propuesta llegó al pleno de la Asamblea Nacional de la mano del diputado Augusto Tuto Palacios, de la bancada independiente Vamos, quien en la exposición de motivos del motivo advirtió que la práctica “no solo debilita el accionar institucional, sino que además envía un mensaje que incentiva nuevas infracciones en materia correccional y profundiza la sensación de frustración en la ciudadanía”. La ley actual En la actualidad, la ley establece que si el perjuicio económico de un acto ilícito no supera los $1,000, el caso es competencia de un juez de paz. Para los que delinquen, esto se convirtió en una oportunidad, pues calculan con precisión el valor de lo que sustraen o el monto de la estafa o hurto para no pasar ese umbral y evitar así la jurisdicción penal. La propuesta de Palacios corta de raíz esa posibilidad. El beneficio de ser procesado por un juez comunitario aplicaría solo una vez. Si el infractor reincide, aunque el monto sea mínimo, enfrentará la justicia penal. El diputado del circuito 41 (David, Chiriquí), citó estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública que destacan que entre enero de 2021 y julio de 2025, en todo el país se reportaron, un promedio de 71,185 hurtos, de los cuales 9,853 corresponden solo al periodo de enero a julio 2025. PROPUESTA Eliana Morale s Gil [email protected] Augusto Palacios. Isaac Ortega
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