2A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Henry Cárdenas P. [email protected] El presidente José Raúl Mulino. Cortesía Mulino se reunirá en Japón con autoridades y empresarios VISITA La agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su visita a Japón del 2 al 6 de septiembre, incluye reuniones con autoridades y empresarios de esa nación asiática, informó la tarde de ayer domingo la Presidencia. La más reciente aparición oficial del mandatario fue el pasado viernes 29 de agosto en Brasil, tras reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de la empresa bananera Chiquita, entre otros encuentros que sostuvo. La Presidencia informó que Mulino cumplirá una agenda de alto nivel entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluyendo una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Se abordarán temas como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, entre otros. Mulino también participará en dos seminarios para atraer inversiones japonesas a Panamá. En la gira por Japón le acompañan la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas. José González Pinilla [email protected] Apede: opacidad en contrataciones públicas amenaza lucha anticorrupción PRONUNCIAMIENTO La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que preside Giulia De Sanctis, alertó que la falta de transparencia en las contrataciones públicas pone en riesgo la lucha contra la corrupción y debilita la confianza en las instituciones. El pronunciamiento se da tras la reciente operación judicial que expuso presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables durante la pandemia. Según las investigaciones, una plataforma tecnológica diseñada para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U habría sido utilizada como un negocio privado a expensas de los ciudadanos. Apede subrayó que este caso demuestra cómo la opacidad en la gestión pública impacta directamente en la vida de los panameños. También reconoció la importancia de denuncias internas, como la del exsubadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien reveló anomalías en el sistema. La organización empresarial recordó que desde 2021 los ciudadanos no tienen acceso a conocer los dueños reales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que eliminó dicha obligación. Se refiere a un fallo unánime del pleno (con ponencia del magistradoCecilio Cedalise) del 24 de febrero de 2021, en el que la Corte negó un habeas data contra la DGCP, presentado por el abogado Publio Cortés, quien buscaba conocer la identidad de los beneficiarios finales de la sociedad Alcalá, un proveedor del Estado en contratos por más de $500,000. Cortés invocó la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). “Esa información es de carácter privado, toda vez que consiste en datos que resultan inherentes a una persona jurídica y que, por tanto, escapa del alcance de la mencionada Ley 6 de 2002”, indicó la Corte. “Ese velo de secreto abre la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos”, advirtió. El gremio vinculó esta situación con el bajo desempeño de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100, resultado que impacta en la atracción de inversiones, el empleo y la competitividad regional. Apede, dirigida por Giulia De Sanctis, valoró positivamente el proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, que incluye medidas como la ampliación de plazos de prescripción, interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas. No obstante, el gremio advirtió que la efectividad de estas reformas dependerá de la voluntad de la Asamblea Nacional para aprobarlas con urgencia. “La transparencia no es un accesorio, es una obligación. Los recursos públicos pertenecen a los panameños y no pueden seguir protegidos por un sistema que favorece el secreto sobre el derecho ciudadano a fiscalizar”, recalcó Apede en su comunicado. Luis Oliva a su llegada a la DIJ el pasado 27 de agosto de 2025, luego de su aprehensión. Esa diligencia fue posteriormente declarada ilegal por un juez de garantías. Isaac Ortega La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncia Mónica Palm [email protected] El refrendo al contrato entre la AIG y Fintek fue firmado por el entonces subcontralor Dagoberto Cortez Castro, en reemplazo de Gerardo Solís, titular del cargo. La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el acuerdo entre la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa Fintek el 26 de febrero de 2024, pese a que, para esa fecha, dicho documento ya había sido objeto de una denuncia por posibles actos de corrupción y delitos contra la administración pública. El refrendo fue firmado por el entonces subcontralor Dagoberto Cortez Castro, en reemplazo de Gerardo Solís, titular del cargo. ¿Dónde estaba Solís? Seguramente en Santo Domingo, República Dominicana, donde tres días antes se celebró la XLVIII Reunión General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En ese evento, Solís asumió la presidencia del organismo. El acuerdo, que posee características de un contrato, fue suscrito entre Luis Oliva, administrador de la AIG en ese momento, y Ariel Eskenazi, como representante legal de Fintek. En él, la AIG certifica que Fintek gestionará las plataformas de pago de las becas del Ifarhu, el bono sindical y el vale digital del programa Panamá Solidario. No hubo convocatoria a acto público, selección de contratistas ni concurso. Todo se realizó por la vía directa y, supuestamente, sin obligaciones económicas: la compañía asumiría los gastos del personal y a la AIG le correspondería cubrir los costos en caso de desarrollarse o implementarse algún software adicional. Aunque el documento fue firmado el 2 de diciembre de 2022, la Contraloría tardó 451 días en refrendarlo. Para entonces, muchas cosas habían cambiado. A saber... • El país se encontraba en plena campaña electoral. • Oliva había presentado su renuncia —efectiva a partir del 13 de octubre de 2023— para hacer proselitismo político como candidato a diputado en San Miguelito por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las elecciones de mayo de 2024 (las cuales perdió). • El Ministerio Público recibió una denuncia el 1 de diciembre de 2023 por irregularidades en la gestión de Listo Wallet, la plataforma utilizada para realizar los pagos del vale digital. En el acuerdo con Fintek, se le denominó “plataforma integradora de medios de pagos del Estado”. • El denunciante, Luis Carlos Stoute, fue destituido como subadministrador de la AIG el 6 de febrero de 2024. Es poco probable que en la Contraloría no conocieran estos acontecimientos: todo fue ampliamente documentado, ya que Stoute recorrió La Prensa y otros medios de comunicación, exponiendo las irregularidades y los “claros indicios” de delitos contra la administración pública que había identificado en Listo Wallet, tras revisar el acuerdo con Fintek (negociación y redacción en las que no participó, aunque entonces era el subadministrador de la AIG). También descubrió que, aunque la AIG no había adquirido obligaciones económicas con Fintek —según el acuerdo—, la empresa estaba cobrando un 0.5% por cada operación realizada a cada uno de los comercios afiliados. Además, accedió a toda la base de datos de los beneficiarios de estos programas sociales, que contenía información personal y confidencial. Oliva está ahora imputado por la presunta comisión de tres delitos: corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, al igual que otras dos personas: el empresario UI UNIDAD INVESTIGATIVA Budy Attie y la abogada Janice Becerra de Reynardus, antigua asesora de la AIG. Hay un cuarto investigado que aún no ha sido conducido ante un juez para la audiencia de imputación de cargos y de imposición de medidas cautelares. Se trata de Ralph Attie, hermano de Budy. El pasado jueves, la fiscal anticorrupción Talia Palacios le informó al juez de garantías Luis Cevallos que Budy y Ralph Attie son los “propietarios” de Fintek. La Prensa consultó a una abogada de la familia Attie sobre la relación exacta de los hermanos con la empresa, pero esta respondió que, dado que la investigación está en curso, por el momento preferían no emitir comentarios. Oliva, Attie y Becerra deben notificarse ante la fiscalía y tienen prohibido abandonar el país. La fiscalía ha pedida la detención preventiva de los tres; dicha solicitud será revisada en una audiencia de apelaciones el próximo 10 de septiembre. La Prensa contactó a Adolfo Fábrega, actual director de la AIG, quien declinó responder preguntas, pero recalcó que la entidad ha entregado a la fiscalía toda la información pertinente sobre el caso. Tampoco quiso hablar Stoute, aunque la semana pasada compartió un mensaje en el que advirtió que ha comenzado a ser objeto de ataques e intentos de desprestigio, por lo que espera que se salvaguarde su seguridad y la de su familia mientras dure el proceso. Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. Archivo
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