1A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Lunes 1 de septiembre de 2025 - Año 45 - Nº 15125 Hoy por hoy El Estado panameño destina casi 169 millones de dólares en seguros privados de salud y vida para funcionarios de siete instituciones. Una cifra monumental que contradice el principio de equidad en el uso de los recursos públicos. Los contratos se reparten entre entidades clave: $122.5 millones para el Ministerio de Seguridad y sus 45 mil efectivos; $15 millones para el Órgano Judicial; $18 millones para la Autoridad del Canal de Panamá; y montos adicionales para el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el Metro y Transporte Masivo. La magnitud del gasto evidencia que no se trata de casos aislados, sino de una práctica instalada. Lo más indignante es la justificación. El Ministerio Público, por ejemplo, admite que la atención médica oficial “no satisface los requerimientos de toda la población” y que, para evitar consecuencias graves, se contrata un seguro privado. Es decir, el Estado reconoce la precariedad del sistema público, pero en vez de repararlo, paga prerrogativas para unos pocos. Eliminar estos privilegios es indispensable para empezar a cerrar esa brecha de desigualdad. Ellas.pa Annie Sapler: una vida saludable que inspira 7B El Poderoso gana un punto ante el Plaza Amador 6B Deportes $168.9 millones en pólizas de salud para funcionarios Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Estado panameño destina $168.9 millones a seguros privados de salud y vida para funcionarios de siete instituciones públicas, según contratos registrados en PanamáCompra entre enePRIVILEGIOS Siete instituciones contrataron seguros privados de vida y salud para sus funcionarios, con pólizas que cubren a jueces, magistrados, policías, personal del Senan, Senafront y Migración. ro de 2024 y la fecha. El mayor desembolso corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, que cubre a 45,147 agentes de la Policía Nacional, el Senan, el Senafront y Migración con una póliza de $122.5 millones, vigente por 56 meses. Le siguen la Autoridad del Canal de Panamá, con $18 millones para 8,500 colaboradores, y el Órgano Judicial, con $15 millones para 6,807 funcionarios por 38 meses. El Ministerio Público contrató un seguro de salud por $9.3 millones para 5,665 colaboradores durante 38 meses. El Tribunal Electoral incluyó $1.9 millones en su presupuesto de 2026 para seguros de vida, salud y bienes. En el sector transporte, el Metro de Panamá destina $1.8 millones para 891 empleados por 26 meses, mientras que Transporte Masivo invierte $400 mil para 4,700 trabajadores durante 18 meses. Algunas entidades han justificado estas contrataciones señalando riesgos laborales y deficiencias en la atención médica oficial. VEA 4A Litoral Pacífico El mar reclama su espacio La erosión costera avanza en Panamá: más de la mitad de las costas del Pacífico (unos 900 km de litoral) muestran pérdida de terreno, como esta playa en San Carlos. El aumento del nivel del mar, el oleaje y la acción humana amenazan ecosistemas y comunidades. Científicos alertan la urgencia de medidas de adaptación. VEA 6A Cortesía La Contraloría General de la República refrendó el 26 de febrero de 2024 el acuerdo firmado en diciembre de 2022 entre la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa Fintek, pese a que ya se había formalizado una denuncia por presuntos delitos contra la administración pública derivados de la relación entre ambas partes. El documento fue suscrito por el entonces administrador de la AIG, Luis Oliva, y le otorgó a Fintek la gestión de pagos del Ifarhu, el bono sindical y el vale digital. El denunciante, Luis Carlos Stoute, exsubadministrador de la AIG, señaló que la compañía cobraba 0.5% por operación a los comercios afiliados y accedía a la base de datos de beneficiarios con información sensible. El cobro fue confirmado por la fiscal anticorrupción Talia Palacios. Oliva, junto con Budy Attie y la abogada Janice Becerra, fue imputado por corrupción, peculado y asociación ilícita. Por este caso, el Ministerio Público insistirá en la detención preventiva, en una audiencia de apelación que se celebrará el 10 de septiembre. VEA 2A Críticas por millonaria compra de avionesmilitares Navieras sacan buques chinos de lasrutas hacia EUA Contraloría refrendó acuerdo AIG–Fintek pese a denuncia de Luis Stoute La compra de cuatro aviones Super Tucano por $78 millones para el Servicio Aéreo Nacional (Senan) genera críticas ciudadanas por el gasto sin licitación y la adquisición militar. VEA 8A Navieras internacionales ya retiran barcos construidos en China de sus rutas hacia Estados Unidos, anticipándose a las tarifas que entrarán en vigor el 14 de octubre y reconfigurando servicios hacia México. VEA 3B FONDOS PÚBLICOS COMERCIO MARÍTIMO ‘Nunca fuimos amigos’: la masacre en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que aún afecta las relaciones entre China y Japón www.prensa.com/bbc/ UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Henry Cárdenas P. [email protected] El presidente José Raúl Mulino. Cortesía Mulino se reunirá en Japón con autoridades y empresarios VISITA La agenda del presidente de la República, José Raúl Mulino, en su visita a Japón del 2 al 6 de septiembre, incluye reuniones con autoridades y empresarios de esa nación asiática, informó la tarde de ayer domingo la Presidencia. La más reciente aparición oficial del mandatario fue el pasado viernes 29 de agosto en Brasil, tras reunirse con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de la empresa bananera Chiquita, entre otros encuentros que sostuvo. La Presidencia informó que Mulino cumplirá una agenda de alto nivel entre las ciudades de Tokio y Osaka, incluyendo una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Se abordarán temas como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, entre otros. Mulino también participará en dos seminarios para atraer inversiones japonesas a Panamá. En la gira por Japón le acompañan la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas. José González Pinilla [email protected] Apede: opacidad en contrataciones públicas amenaza lucha anticorrupción PRONUNCIAMIENTO La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que preside Giulia De Sanctis, alertó que la falta de transparencia en las contrataciones públicas pone en riesgo la lucha contra la corrupción y debilita la confianza en las instituciones. El pronunciamiento se da tras la reciente operación judicial que expuso presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a los sectores más vulnerables durante la pandemia. Según las investigaciones, una plataforma tecnológica diseñada para distribuir subsidios como el Vale Digital y el PASE-U habría sido utilizada como un negocio privado a expensas de los ciudadanos. Apede subrayó que este caso demuestra cómo la opacidad en la gestión pública impacta directamente en la vida de los panameños. También reconoció la importancia de denuncias internas, como la del exsubadministrador de la AIG, Luis Stoute, quien reveló anomalías en el sistema. La organización empresarial recordó que desde 2021 los ciudadanos no tienen acceso a conocer los dueños reales de las empresas que reciben contratos millonarios del Estado, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia que eliminó dicha obligación. Se refiere a un fallo unánime del pleno (con ponencia del magistradoCecilio Cedalise) del 24 de febrero de 2021, en el que la Corte negó un habeas data contra la DGCP, presentado por el abogado Publio Cortés, quien buscaba conocer la identidad de los beneficiarios finales de la sociedad Alcalá, un proveedor del Estado en contratos por más de $500,000. Cortés invocó la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). “Esa información es de carácter privado, toda vez que consiste en datos que resultan inherentes a una persona jurídica y que, por tanto, escapa del alcance de la mencionada Ley 6 de 2002”, indicó la Corte. “Ese velo de secreto abre la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos”, advirtió. El gremio vinculó esta situación con el bajo desempeño de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100, resultado que impacta en la atracción de inversiones, el empleo y la competitividad regional. Apede, dirigida por Giulia De Sanctis, valoró positivamente el proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, que incluye medidas como la ampliación de plazos de prescripción, interceptaciones, operaciones encubiertas y compras controladas. No obstante, el gremio advirtió que la efectividad de estas reformas dependerá de la voluntad de la Asamblea Nacional para aprobarlas con urgencia. “La transparencia no es un accesorio, es una obligación. Los recursos públicos pertenecen a los panameños y no pueden seguir protegidos por un sistema que favorece el secreto sobre el derecho ciudadano a fiscalizar”, recalcó Apede en su comunicado. Luis Oliva a su llegada a la DIJ el pasado 27 de agosto de 2025, luego de su aprehensión. Esa diligencia fue posteriormente declarada ilegal por un juez de garantías. Isaac Ortega La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncia Mónica Palm [email protected] El refrendo al contrato entre la AIG y Fintek fue firmado por el entonces subcontralor Dagoberto Cortez Castro, en reemplazo de Gerardo Solís, titular del cargo. La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el acuerdo entre la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa Fintek el 26 de febrero de 2024, pese a que, para esa fecha, dicho documento ya había sido objeto de una denuncia por posibles actos de corrupción y delitos contra la administración pública. El refrendo fue firmado por el entonces subcontralor Dagoberto Cortez Castro, en reemplazo de Gerardo Solís, titular del cargo. ¿Dónde estaba Solís? Seguramente en Santo Domingo, República Dominicana, donde tres días antes se celebró la XLVIII Reunión General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En ese evento, Solís asumió la presidencia del organismo. El acuerdo, que posee características de un contrato, fue suscrito entre Luis Oliva, administrador de la AIG en ese momento, y Ariel Eskenazi, como representante legal de Fintek. En él, la AIG certifica que Fintek gestionará las plataformas de pago de las becas del Ifarhu, el bono sindical y el vale digital del programa Panamá Solidario. No hubo convocatoria a acto público, selección de contratistas ni concurso. Todo se realizó por la vía directa y, supuestamente, sin obligaciones económicas: la compañía asumiría los gastos del personal y a la AIG le correspondería cubrir los costos en caso de desarrollarse o implementarse algún software adicional. Aunque el documento fue firmado el 2 de diciembre de 2022, la Contraloría tardó 451 días en refrendarlo. Para entonces, muchas cosas habían cambiado. A saber... • El país se encontraba en plena campaña electoral. • Oliva había presentado su renuncia —efectiva a partir del 13 de octubre de 2023— para hacer proselitismo político como candidato a diputado en San Miguelito por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en las elecciones de mayo de 2024 (las cuales perdió). • El Ministerio Público recibió una denuncia el 1 de diciembre de 2023 por irregularidades en la gestión de Listo Wallet, la plataforma utilizada para realizar los pagos del vale digital. En el acuerdo con Fintek, se le denominó “plataforma integradora de medios de pagos del Estado”. • El denunciante, Luis Carlos Stoute, fue destituido como subadministrador de la AIG el 6 de febrero de 2024. Es poco probable que en la Contraloría no conocieran estos acontecimientos: todo fue ampliamente documentado, ya que Stoute recorrió La Prensa y otros medios de comunicación, exponiendo las irregularidades y los “claros indicios” de delitos contra la administración pública que había identificado en Listo Wallet, tras revisar el acuerdo con Fintek (negociación y redacción en las que no participó, aunque entonces era el subadministrador de la AIG). También descubrió que, aunque la AIG no había adquirido obligaciones económicas con Fintek —según el acuerdo—, la empresa estaba cobrando un 0.5% por cada operación realizada a cada uno de los comercios afiliados. Además, accedió a toda la base de datos de los beneficiarios de estos programas sociales, que contenía información personal y confidencial. Oliva está ahora imputado por la presunta comisión de tres delitos: corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, al igual que otras dos personas: el empresario UI UNIDAD INVESTIGATIVA Budy Attie y la abogada Janice Becerra de Reynardus, antigua asesora de la AIG. Hay un cuarto investigado que aún no ha sido conducido ante un juez para la audiencia de imputación de cargos y de imposición de medidas cautelares. Se trata de Ralph Attie, hermano de Budy. El pasado jueves, la fiscal anticorrupción Talia Palacios le informó al juez de garantías Luis Cevallos que Budy y Ralph Attie son los “propietarios” de Fintek. La Prensa consultó a una abogada de la familia Attie sobre la relación exacta de los hermanos con la empresa, pero esta respondió que, dado que la investigación está en curso, por el momento preferían no emitir comentarios. Oliva, Attie y Becerra deben notificarse ante la fiscalía y tienen prohibido abandonar el país. La fiscalía ha pedida la detención preventiva de los tres; dicha solicitud será revisada en una audiencia de apelaciones el próximo 10 de septiembre. La Prensa contactó a Adolfo Fábrega, actual director de la AIG, quien declinó responder preguntas, pero recalcó que la entidad ha entregado a la fiscalía toda la información pertinente sobre el caso. Tampoco quiso hablar Stoute, aunque la semana pasada compartió un mensaje en el que advirtió que ha comenzado a ser objeto de ataques e intentos de desprestigio, por lo que espera que se salvaguarde su seguridad y la de su familia mientras dure el proceso. Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. Archivo
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4A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Tal Cual Mónica Palm [email protected] BANANERO. Finalmente, empezamos a entender qué hacía el contralor Anel Flores en la comitiva del viaje oficial a Brasil. Ernesto Cedeño escribió un tuit para contar que el dueño de Chiquita agradeció a Flores —cuya familia se dedica al cultivo y exportación de banano— por “su participación valiosa en el retorno de la empresa” a Bocas del Toro. ¿Por qué tenemos que enterarnos de algo así por las infidencias de un diputado? ¿Acaso la Presidencia no podía informar eso desde el principio? Es como si encontraran un extraño placer en fomentar especulaciones. CÁSCARA. Chiquita todavía no ha regresado, pero ya Benicio Robinson empezó con las arengas. Ha dicho que la empresa no puede “ignorar la deuda” con más de 5,000 trabajadores despedidos “sin recibir sus prestaciones”, según él. Pero desde mayo pasado, la bananera anunció que los trabajadores podían acudir a retirar su cheque de liquidación. Pareciera que Robinson busca crear un problema inexistente con declaraciones irresponsables. OLVIDO. Una casa de valores se ha propuesto cubrir los vestigios de su vínculo con Ralph Attie, uno de los investigados en la causa que involucra al exdirector de la AIG, Luis Oliva. En el sitio web de esa empresa ya no hay rastro de Attie, quien hasta esta semana aparecía listado como tesorero. Por cierto, esa misma firma tiene como socio fundador al canciller Martínez Acha. Si Attie renunció a sus cargos, les pasamos un dato: el Registro Público no está enterado, porque ahí todavía figura su nombre. RESIDENTE. Por cierto, Oliva residió durante un año en un apartamento propiedad de una empresa ligada a los Attie, sin pagar alquiler. Según la fiscal Talia Palacios, se marchó de allí dejando una deuda de $20,000. Pero, ¿y si el uso del inmueble hubiese sido una contraEl Ministerio de Seguridad, que dirige Frank Ábrego, contrató un seguro por 122 millones de dólares. Cortesía Gobierno desconfía de la salud pública y paga pólizas millonarias Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] SEGUROS PRIVADOS Siete instituciones públicas, incluido el Ministerio de Seguridad con 122.5 millones de dólares, recurren a seguros privados y dejan en evidencia la incapacidad del sistema oficial para atender a sus colaboradores. Dos casos recientes pusieron el foco sobre el gasto de las entidades públicas en seguros privados para sus colaboradores. Por un lado, el Órgano Judicial destina alrededor de 15 millones de dólares a este concepto, mientras que el Tribunal Electoral (TE) solicitó 1.9 millones de dólares durante la sustentación de su presupuesto para 2026. No obstante, una revisión al portal PanamáCompra revela que, entre 1 de enero de 2024 hasta la fecha, varias instituciones públicas destinan parte de su presupuesto anual a seguros colectivos de salud y vida para sus colaboradores. Incluyendo al Órgano Judicial y al Tribunal Electoral, se identificaron otras cinco entidades que, en conjunto, asignan 168.9 millones de dólares para este fin. El Ministerio Público contrató un seguro colectivo de salud por 9.3 millones de dólares, destinado a 5,665 funcionarios, con una vigencia de 38 meses. La inversión busca proteger la salud de quienes investigan y procesan delitos en el país. El Ministerio de Seguridad Pública, responsable de coordinar la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional de Migración, cubre a 45,147 efectivos con un seguro colectivo de salud y vida, por 122.5 millones de dólares y una duración de 56 meses. La cobertura refleja la magnitud y los riesgos asociados al personal de seguridad. Otras entidades En el Órgano Judicial, el seguro colectivo de vida y salud asciende a 15 millones de dólares para 6,807 servidores durante 38 meses. La medida garantiza protección médica y vital para jueces, magistrados y personal administrativo. El sector transporte también invierte en seguros. El Metro de Panamá contrató un seguro colectivo de vida y salud para 891 empleados por 1.8 millones de dólares durante 26 meses, mientras que Transporte Masivo destinó 400 mil dólares a un seguro de vida para 4,700 colaboradores por 18 meses. Las diferencias reflejan el alcance y el tipo de cobertura contratada. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cubre a 8,500 servidores con un seguro médico privado contratado por 18 millones de dólares. El Tribunal Electoral presentó la semana pasada su presupuesto para 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por un total de 112.6 millones de dólares. Sin embargo, la atención se centró en un rubro más discreto: 1.9 millones de dólares destinados a seguros de vida, salud y bienes. La discusión giró en torno a si estos seguros constituyen un derecho laboral legítimo o un beneficio adicional sostenido con fondos públicos. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, introdujo el tema en la sesión, solicitando explicaciones sobre el alcance de las pólizas. El debate reveló que, mientras el seguro de vida cubre a toda la planilla, los seguros de salud y bienes no benefician a todos los colaboradores. Los magistrados del TE defendieron la medida. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas de los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra. Salud pública deficiente Otras instituciones, como el Ministerio Público, justifican la contratación alegando que la iniciativa surgió de un estudio elaborado por la Dirección de Recursos Humanos. Según la entidad, la sección de bienestar del empleado ha enfrentado casos en los que funcionarios han requerido apoyo económico debido a enfermedades crónicas o accidentes —tanto laborales como personales— que implicaron cirugías, procedimientos especiales y hospitalización con altos costos. La institución también apunta a las limitaciones del sistema oficial: “Las situaciones en la atención médica oficial, por experiencia, no satisfacen los requerimientos de toda la población y, a fin de evitar que las enfermedades o accidentes conlleven consecuencias más complicadas, se considera la contratación de un seguro colectivo de salud que ayudaría a tratar de manera oportuna las necesidades médicas”, plantea el Ministerio Público en PanamáCompra. Por su parte, el Ministerio de Seguridad sostiene que la póliza busca proteger a sus miles de agentes, expuestos a riesgos a diario en todo el país. prestación? Eso sería lo contrario a una cuenta morosa. ESPEJITO. El Ministerio Público organiza un taller de “imagen personal y autocuidado”. El alquiler del salón, en un hotel de las afueras de la capital, con almuerzo buffet para 300 personas, costará casi $7,000. ¿Eso cómo les ayuda a mejorar sus argumentaciones y a sustentar sus casos ante la ley? Señores, los tribunales no son una pasarela. Reincidencia en delitos de hurtos y estafas será penalizada Una propuesta de ley busca cerrar la laguna legal que permite que delitos de menos de $1,000, como hurtos o estafas, sean tratados solo por jueces de paz en lugar de la justicia penal. De esta manera, los actos ilícitos que hoy se diluyen en la justicia comunitaria de paz pasarían a tener consecuencias penales reales cuando los responsables reincidan. La propuesta llegó al pleno de la Asamblea Nacional de la mano del diputado Augusto Tuto Palacios, de la bancada independiente Vamos, quien en la exposición de motivos del motivo advirtió que la práctica “no solo debilita el accionar institucional, sino que además envía un mensaje que incentiva nuevas infracciones en materia correccional y profundiza la sensación de frustración en la ciudadanía”. La ley actual En la actualidad, la ley establece que si el perjuicio económico de un acto ilícito no supera los $1,000, el caso es competencia de un juez de paz. Para los que delinquen, esto se convirtió en una oportunidad, pues calculan con precisión el valor de lo que sustraen o el monto de la estafa o hurto para no pasar ese umbral y evitar así la jurisdicción penal. La propuesta de Palacios corta de raíz esa posibilidad. El beneficio de ser procesado por un juez comunitario aplicaría solo una vez. Si el infractor reincide, aunque el monto sea mínimo, enfrentará la justicia penal. El diputado del circuito 41 (David, Chiriquí), citó estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública que destacan que entre enero de 2021 y julio de 2025, en todo el país se reportaron, un promedio de 71,185 hurtos, de los cuales 9,853 corresponden solo al periodo de enero a julio 2025. PROPUESTA Eliana Morale s Gil [email protected] Augusto Palacios. Isaac Ortega
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6A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Panorama El examen de certificación médica, una prueba indispensable para acceder al internado y obtener la idoneidad para ejercer la profesión, programado inicialmente para el 30 de agosto, fue postergado hasta el 4 de septiembre debido a una falla tecnológica en el servicio de internet. El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina del Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, informó que importantes problemas informáticos de última hora, por parte de la empresa encargada del sistema, hicieron imposible la realización del examen por parte de 400 participantes. Por lo tanto, se cambió la fecha de la prueba para el jueves 4 de septiembre en el mismo lugar Hotel Panamá, manteniendo exactamente las mismas condiciones. Este será el primer examen de certificación médica que se realizará con el nuevo puntaje mínimo del 45% para los graduados en medicina que deseen ingresar al Postergan examen de certificación médica debido a una falla tecnológica EDUCACIÓN SUPERIOR internado médico. Esta medida fue formalizada mediante la Resolución No. 1 y publicada el 4 de junio de 2025 en la Gaceta Oficial. Anteriormente, el puntaje mínimo era del 41,5%, según la Resolución No. 3 de 2020. Este ajuste tiene como objetivo elevar los estándares de formación de los futuros médicos, asegurando que los aspirantes cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer la medicina de manera competente y segura. Sin embargo, este cambio representa un reto, especialmente al observarse disparidades significativas en los resultados de exámenes anteriores, donde el rendimiento varió considerablemente entre las universidades de origen. En la convocatoria más reciente, efectuada el 10 de mayo de 2025, se presentaron 602 aspirantes, de los cuales solo el 55% aprobó el examen. De manera preocupante, el 45% no alcanzó el puntaje mínimo requerido. Además, entre quienes intentaron el examen más de una vez, la tasa de reprobación ascendió a un alarmante 56%, lo que subraya las dificultades persistentes para algunos estudiantes. Playa de Farallón en la provincia de Coclé. Cortesía de la UTP El 53% de las costas del Pacífico panameño están bajo amenaza Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] MEDIO AMBIENTE La erosión golpea con fuerza las costas del Pacífico, donde playas y comunidades ven desaparecer terreno. Científicos urgen acciones de adaptación ante los efectos del cambio climático y la presión de actividades humanas. Las costas panameñas están desapareciendo ante los ojos de la ciencia y de la comunidad local. La erosión, un proceso natural agravado por el cambio climático y por actividades humanas, está transformando la línea costera del Pacífico, donde aproximadamente 900 kilómetros (km), es decir, el 53% de los 1,700 km de esta área, presentan signos claros de desgaste. El aumento del nivel del mar, el oleaje intenso y las tormentas son los principales responsables de este fenómeno, que amenaza playas, ecosistemas y comunidades que dependen del litoral. Esta alerta proviene de un grupo de científicos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el apoyo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit-AIP), quienes desarrollaron el estudio “Estimación de la erosión en la línea costera del Pacífico de Panamá”. La investigación analiza los cambios en la línea costera panameña durante los últimos 20 años, identificando áreas afectadas por erosión y otras donde se ha producido acreción, es decir, ganancia de terreno por acumulación de sedimentos. Gisselle Guerra, investigadora asociada al Cemcit-AIP y coordinadora del Grupo de Investigación de Hidrodinámica Costera (GIHC), explicó que el objetivo del estudio era medir las tasas de erosión y acreción en las costas del Pacífico y comprender los fenómenos que generan estos cambios. “Queremos entender cómo la interacción entre procesos naturales y actividades humanas está modificando nuestras costas. Esto nos permitirá proponer medidas de adaptación efectivas para proteger tanto los ecosistemas como a las comunidades que viven junto al mar”, señaló Guerra. Panamá cuenta con casi 3,000 km lineales de costa, de los cuales 1,700 km corresponden al Pacífico. Según la investigadora, establecer la línea de alta marea en estas áreas es ahora una prioridad, especialmente ante escenarios de aumento del nivel del mar proyectados por el cambio climático. “Estos datos son fundamentales para estimar los efectos sobre los ecosistemas, planificar la gestión costera y fortalecer las estrategias de mitigación”, agregó. Evidencia científica del cambio El estudio se apoyó en imágenes satelitales para analizar cronológicamente la línea costera desde el año 2000 hasta 2020. Además, se realizaron monitoreos en tres sitios de control, utilizando metodologías de perfilado de playa, GPS diferencial y drones, con el fin de medir con precisión los cambios en el terreno. Esta combinación de tecnologías permitió levantar una línea base de erosión y acreción que servirá como referencia para futuros estudios y políticas públicas. Entre los principales hallazgos, los investigadores identificaron zonas con niveles extremos y severos de erosión, como Darién, Chepo, Punta Chame, Natá, Playa El Uverito, Playa Cascajilloso, Las Moradas y Playa El Corozo. Por otro lado, áreas como Tocumen, Islas Cañas y Las Lajas registraron procesos de acreción, mostrando que la dinámica costera varía significativamente incluso dentro de la misma región. Estos datos reflejan un panorama preocupante: la erosión no es un problema aislado, sino un fenómeno extendido que podría afectar la infraestructura, la pesca artesanal y el turismo, sectores esenciales para la economía local. Para las comunidades que viven cerca del litoral, la pérdida de playas y dunas —formaciones naturales de arena que se acumulan debido a la acción del viento— no solo implica riesgo económico, sino también peligro para sus hogares y patrimonio. Ciencia ciudadana y participación comunitaria Unadelasinnovacionesdel estudio ha sido la incorporación de ciencia ciudadana a través de la instalación de la primera estación CoastSnap en Panamá, específicamente en Punta Chame, distrito de Chame, en Panamá Oeste. Esta tecnología permite a los residentes y visitantes tomar fotografías de la costa que luego se integran a la base de datos científica, facilitando el monitoreo continuo de los cambios en el litoral. “La participación de la ciudadanía no solo amplía nuestro alcance de datos, sino que también genera conciencia sobre la importancia de cuidar nuestras costas. Cada imagen ayuda a entender cómo evolucionan nuestras playas frente a tormentas, mareas y actividad humana”, destacó Guerra. El estudio contó con la colaboración de investigadores internacionales, como Vladimir Toro y Carlos Palacio, de la Universidad de Antioquía, Colombia, y de expertos locales como Martín Candanedo y Moisés Lima, de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP. La cooperación permitió integrar diferentes metodologías y tecnologías, fortaleciendo la calidad del análisis y aportando experiencias comparables con otros países de la región. Además, el equipo desarrolló un plan de monitoreo aplicable a ambas costas y la adecuación del Laboratorio Marino Costero en el Edificio de Laboratorios de Investigación e Innovación de la UTP, con el objetivo de consolidar un centro permanente de estudios costeros en Panamá. Esto permitirá seguir evaluando los efectos de la erosión y planificar medidas de adaptación a largo plazo. Vulnerabilidad severa al cambio climático Panamá está clasificado internacionalmente como un país con un nivel de vulnerabilidad severo ante el cambio climático. Así lo evidencia el mapa de índice de vulnerabilidad al cambio climático y el último estudio científico sobre el tema, titulado Desarrollo de una base de datos de Dinámicas Marinas en las costas panameñas, para evaluar impactos y vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar. La investigación, liderada por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente (Miambiente), a través del trabajo técnico y científico del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria, España), alerta que para el año 2050 Panamá habrá perdido zonas costeras e islas por efectos del cambio climático. De hecho, los científicos, luego de revisar y verificar la información, han confirmado que en los próximos años se registrará un ascenso del nivel del mar estimado entre 0.56 y 0.76 metros. Impacto y relevancia para Panamá Aunque el Plan Nacional de Acción Climática (PNAC) de Miambiente reconoce la erosión costera como un efecto del cambio climático, la falta de datos concretos había dificultado la implementación de medidas específicas. Este estudio llena ese vacío y proporciona una herramienta clave para políticas públicas y planificación urbana, especialmente en áreas donde la erosión podría comprometer la seguridad de las personas y la infraestructura. Los resultados también enfatizan la urgencia de adaptación y mitigación frente al cambio climático, como la restauración de manglares, la protección de dunas, la planificación de nuevas construcciones lejos de zonas vulnerables y la educación comunitaria sobre el cuidado del litoral. Para Guerra, los hallazgos no solo tienen un valor científico, sino también humano. “Cada kilómetro de costa que se pierde es un ecosistema que desaparece y una comunidad que queda más vulnerable. La erosión costera afecta a personas, fauna y flora, y nos recuerda que nuestras decisiones de hoy determinarán la resiliencia de Panamá frente al cambio climático”, concluyó. En un país donde la vida y la economía dependen en gran medida del mar, la erosión costera no es un tema lejano, sino una realidad que exige atención inmediata de autoridades, científicos y ciudadanos. La combinación de tecnología avanzada, investigación rigurosa y participación comunitaria ofrece un camino para enfrentar este desafío, pero la acción conjunta será crucial para proteger las costas panameñas de la amenaza que representa la erosión en el siglo XXI. Este estudio se ejecutó entre 2022 y 2025 y fue financiado por varias fuentes. La principal fuente de financiamiento fue la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La erosión costera en Panamá no es solo un problema ambiental, sino una amenaza directa para ecosistemas, comunidades y la economía del país. La investigación demuestra que la acción conjunta de autoridades, científicos y ciudadanía es esencial para implementar medidas de adaptación y mitigación que protejan las costas y garanticen la resiliencia frente al cambio climático. Histórico del presupuesto Sustentación del presupuesto en dólares Infografía: LP - Fuente: MPSA Erosión extrema afecta varias zonas del Pacífico panameño CERCA DE 900 KM DE COSTA PRESENTAN DAÑOS SEVEROS, PONIENDO EN RIESGO PLAYAS, INFRAESTRUCTURA Y ECOSISTEMAS CRÍTICOS CHEPO PUNTA CHAME NATÁ PLAYA EL UVERITO PLAYA CASCAJILLOSO LAS MORADAS PLAYA EL COROZO Graduados de medicina en el ‘Viva Voz’ para escoger un hospital para realizar su internado. Aleida Samaniego
7A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025
8A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Panorama Este es el tipo de avión que compró Panamá a la brasileña Embraer. Cortesía Embraer proveerá cuatro Super Tucano para patrullaje costero Eliana Morales Gil [email protected] FONDOS PÚBLICOS La compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano a Embraer, por $78 millones, refuerza al Senan en vigilancia aérea, aunque persisten críticas por el gasto millonario en un país sin ejército. Durante su reciente visita a Brasil, el presidente José Raúl Mulino concretó un acuerdo para la adquisición de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano de la fabricante brasileña Embraer. Estas aeronaves se integrarán al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá, para reforzar las capacidades de patrullaje y vigilancia aérea en el país. El anuncio fue incluido en un párrafo de una nota de prensa donde la Dirección de Comunicación del Estado informó detalles de la agenda del mandatario en el país sureño y particularmente del encuentro con su homólogo Luiz Inácio Lula Da Silva. “También se acordó la venta de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano, de la empresa brasileña Embraer, al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan). Estos aviones servirán para patrullaje costero contra actividades de narcotráfico y crimen organizado en Panamá”, dice el informe que no profundizó en el tema. El anuncio de marzo En marzo pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la compra directa de seis aeronaves para el Servicio Nacional Aeronaval. Incluyó a las cuatro aeronaves A-29 Super Tucano por $78 millones a la empresa Embraer S. A., y también incluyó dos aeronaves CASA C-295 por un monto de $109 millones a la empresa Airbus. Por esos días, la noticia despertó las críticas ciudadanas, principalmente por tres motivos: millones gastados sin licitación pública, en medio de austeridad, y equipo militar para un país sin ejército. No obstante, el Ministerio de Seguridad Pública, cartera a cargo de Frank Ábrego, defendió la compra argumentando que las aeronaves no tienen fines bélicos, sino que están destinadas a enfrentar actividades ilícitas como el narcotráfico y la pesca ilegal. En una nota de prensa destacaron que la flota actual del Senan, compuesta por aeronaves de la década de 1980, requiere una renovación urgente debido a los altos costos de mantenimiento, que ascienden a aproximadamente 10 millones de dólares anuales. No obstante, la inversión de 78 millones de dólares en estas aeronaves origina cuestionamientos sobre la asignación de recursos frente a otras necesidades urgentes en áreas como salud, educación e infraestructura. Además, de acuerdo con expertos en el tema, la operación introduce una dependencia tecnológica que podría comprometer la autonomía operativa del país. La tendencia En el plano regional, Panamá se une a una tendencia latinoamericana en la que países como Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y Uruguay han incorporado el A-29 Super Tucano en sus flotas aéreas para operaciones de patrullaje y combate al narcotráfico. Sin embargo, la experiencia de estos países muestra que la eficacia de estas aeronaves depende de factores como el mantenimiento adecuado, la capacitación del personal y la integración con otras plataformas de seguridad. Por ejemplo, en Paraguay, la adquisición de seis Super Tucano fue financiada en parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, en un acuerdo que también incluyó la provisión de soporte logístico y capacitación. En Uruguay, la Fuerza Aérea ha enfrentado desafíos relacionados con el mantenimiento y la actualización tecnológica de estas aeronaves, lo que ha generado debates sobre la sostenibilidad a largo plazo de la inversión. En 2009, el gobierno panameño aceptó la donación de un avión ejecutivo Embraer Legacy 600 por parte de Taiwán. Este avión, valorado en 22 millones de dólares, fue destinado al uso del presidente Ricardo Martinelli. Una maraña de trámites legales y otros asuntos burocráticos lo tuvieron confinado durante varios años en los talleres de su fabricante, la empresa Embraer Aviation International, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Una aeronave que puede volar hasta ocho horas El A-29 Super Tucano, fabricado por Embraer, es un avión turbohélice ligero que Panamá sumará al Senan. A diferencia de un caza, está diseñado para entrenamiento avanzado, vigilancia y patrullaje aéreo. Puede volar hasta ocho horas, operar en pistas cortas y transportar sensores para detectar movimientos ilícitos en mar y tierra. En países como Colombia y República Dominicana se usa en misiones antidrogas. Panamá lo incorpora para reforzar la vigilancia costera y enfrentar el crimen organizado transnacional.
9A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Panorama Una migrante atraviesa un riachuelo en Darién. En julio solo cruzaron 7 personas la peligrosa selva. EFE La migración por el tapón del Darién disminuye en un 98% Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] CRISIS HUMANITARIA Enero arrancó con 2,229 viajeros, un arranque que parecía anticipar otra temporada de récords. Pero después llegó el vacío: 408 en febrero, 194 en marzo, 73 en abril y apenas 7 en julio. En las trochas del Darién, donde hace apenas un año se contaban multitudes interminables de caminantes, hoy apenas quedan huellas dispersas en el barro. La estadística lo confirma: en julio de 2024, más de 221 mil migrantes atravesaron la selva; en julio de 2025, solo 2,934 se atrevieron a cruzar. Es como si el rugido de una marea humana se hubiera apagado de golpe, dejando un silencio extraño en la frontera. El descenso no fue paulatino, sino un desplome. Enero arrancó con 2,229 viajeros, un arranque que parecía anticipar otra temporada de récords. Pero después llegó el vacío: 408 en febrero, 194 en marzo, 73 en abril y apenas 7 en julio. La gráfica parece una pendiente abrupta que se precipita hasta desaparecer en el horizonte. Aun en medio de ese derrumbe, la mayoría sigue viniendo del sur. Los venezolanos, 1,347 en total, representan casi la mitad de los cruces, acompañados por colombianos y ecuatorianos que aún insisten en atravesar la selva como último recurso. El Darién ya no es la autopista de antes, pero todavía conserva a aquellos que no encuentran otra salida. Sorprenden, sin embargo, las voces lejanas que resuenan entre los números. Nepal, Bangladesh e India se asoman en la estadística con más de 350 personas en conjunto. También aparecen países de África: Camerún, Angola y Nigeria, hombres y mujeres que cargan acentos, rostros y cicatrices que el Darién recoge en silencio. Incluso Irán figura en la lista, como un recordatorio de que esta selva conecta mundos que parecían distantes. Entre quienes arriesgan el paso, los adultos son mayoría, con un 84%, pero los menores aún marcan presencia con un 16%. Son 474 niños y adolescentes que cruzaron el barro, los ríos y las montañas en compañía de sus familias. La cifra más alta la concentran los jóvenes de 18 a 35 años, casi dos mil en total, pero también hay bebés, escolares e incluso un anciano mayor de 70 años. El género revela la otra cara del éxodo: seis de cada diez migrantes fueron hombres, pero junto a ellos caminaron 719 mujeres, muchas de ellas madres que cargaron a sus hijos pequeños a la espalda o en los brazos. En los números se esconden las historias de 225 niñas y 249 niños, vidas demasiado frágiles para un trayecto tan brutal. Así, el Darién ya no es el río humano que parecía inagotable, sino un cauce menguado donde persisten apenas gotas de lo que fue. Los pueblos fronterizos lo perciben: menos tiendas improvisadas, menos campamentos, menos huellas en los senderos. Sin embargo, quienes todavía se atreven a cruzar siguen enfrentando la misma selva hostil, con lluvias, fiebres y peligros intactos. Migración inversa Por otra parte, las defensorías del pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia advirtieron esta semana sobre un deterioro humanitario en la región, provocado por el incremento de la migración inversa, es decir, aquellos migrantes que retornan a sus países de origen porque no pudieron ingresar a Estados Unidos. Un informe, presentado en Bogotá con respaldo de la ONU, da cuenta de que, en lo que va de 2025, más de 14,000 personas han sido devueltas desde México y Estados Unidos, en un contexto donde el paso hacia el norte por el Darién se redujo en un 98% frente a los niveles del año pasado. De acuerdo con el documento, los retornos tienen varias causas: las modificaciones en la política migratoria estadounidense (46%), la negativa de ingreso a ese país (49%), la falta de dinero para continuar el trayecto (34%) y la violencia sufrida en tránsito (27%). El reporte también señala que persisten abusos graves, como secuestros, extorsiones y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, además del control ejercido por redes de tráfico que cobran hasta 280 dólares por cruces marítimos inseguros. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, calificó la situación como “de extrema vulnerabilidad”. Aseguró que muchas de las personas retornadas en 2025 ya fueron víctimas de violaciones de derechos humanos y ahora enfrentan nuevos peligros, entre ellos la trata de personas, el reclutamiento de menores y las agresiones sexuales. El análisis revela, además, que la migración inversa está compuesta casi en su totalidad por venezolanos (97%), entre los cuales figuran grupos con alto nivel de riesgo: familias con numerosos integrantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y niños que viajan sin acompañantes. El retrato que deja el informe es el de un movimiento humano que no solo cambió de dirección, sino que regresa golpeado por la precariedad y la violencia.
10A La Prensa Panamá, lunes 1 de septiembre de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. El modelo de educación oficial en Panamá es obsoleto, rígido y secuestrado por grupos de presión. Está basado en una planificación centralizada de mallas curriculares y en un subsidio a la oferta, lo que crea incentivos perversos. Al igual que las economías planificadas, impone un modelo único para todos, dirigido por un órgano central: el Ministerio de Educación (Meduca). Allí, gremios, sindicatos y burócratas dictan las reglas, condenando a los estudiantes a aceptar “lo que hay” en vez de poder elegir. En una economía de mercado, las personas pueden elegir el producto que más les convenga; en la educación pública panameña, esa libertad no existe. Y por eso, da igual cuánto dinero se invierta o cuántos cursos reciban los docentes: mientras la raíz del problema —la centralización— siga intacta, la calidad no mejorará. Reimaginar la educación pública significa romper el monopolio del Meduca. Este debe dejar de ser un planificador central y pasar a ser un fiscalizador de estándaLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Derecho, una profesión prostituida Integridad Sé que para muchos colegas que lean el título de este comentario no les va a agradar. Para muchos, ser abogado es un objetivo, tal vez idealizado, del jurista dispuesto a defender la justicia y los derechos de los desamparados utilizando la ley, o procurando realzar esa imagen egregia y pundonorosa del juez recto que interpreta y aplica la ley de manera objetiva, imparcial e imparcial. Pero nuestra realidad abogadil es otra. No tenemos la humildad necesaria para aceptar que nuestra profesión se ha prostituido. Esto provoca la instintiva reacción de defender la situación actual de la misma. Y cuando me refiero a prostituir, me atengo a la definición clásica de la palabra que la Los niños de la dictadura aún sueñan Heridas emocionales toria, y refleja un trauma colectivo que aún no ha sido metabolizado. Este fenómeno, por supuesto, no es exclusivo de Panamá: se repite en muchas otras naciones que han atravesado —y aún atraviesan— guerras, dictaduras y privaciones de derechos fundamentales. Durante la represión, muchos adultos lucharon por un futuro mejor para sus hijos. Pero, paradójicamente, esos hijos quedaron relegados, silenciados, sin poder vivir plenamente su infancia. La vida se llenó de miedo e incertidumbre. Como suele ocurrir, ambos bandos de la lucha quedaron profundamente marcados. La mujer recordó cómo, de niña, fue detenida junto a otros niños. Un hombre armado los obligó a bajar del carro. Su madre, al intentar protegerlos, preguntó si ellos tamMónica Valencia Reimaginar la educación en Panamá Modelo obsoleto Como siempre, la educación panameña vuelve al centro del debate. Y, como siempre, el resultado es el mismo: fracaso. Décadas de intentos por “mejorar” la educación pública han terminado en más de lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Durante años, se creyó que aumentar el gasto resolvería el problema por arte de magia. La realidad fue otra: más presupuesto, igual o peor educación. Y, como si fuera poco, una minoría aprovechó ese aumento sin que los verdaderos beneficiarios —niños y jóvenes— vieran mejoras reales. res mínimos, permitiendo que los modelos educativos compitan. La clave es liberalizar la educación: implementar “vouchers” escolares, fomentar escuelas concertadas y sistemas mixtos. Permitir que docentes y organizaciones puedan crear y administrar colegios bajo diferentes métodos y planes de estudio. Esto no es privatizar la educación: el financiamiento seguiría viniendo de los impuestos de todos los panameños. La diferencia es que el dinero seguiría al estudiante, no al sistema, y los colegios tendrían que competir por ofrecer la mejor calidad para atraer y retener alumnos. Este modelo no es experimental: países como Chile, Estados Unidos, Colombia y Suecia ya han aplicado el sistema de “vouchers” con resultados que priorizan al estudiante por encima del docente. En Panamá incluso existen ejemplos informales, como los llamados “colegios fantasmas”, que con pocos recursos ofrecen mejor calidad que Opinión EL AUTOR es abogado y exprofesor de Teoría del Estado y Ciencia Política. EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad. LA AUTORA es psicoanalista y miembro de la Asociación Panameña de Psicoanálisis (APAP). Ramón A. Mendoza bién serían retenidos. La respuesta fue afirmativa. Aunque los liberaron poco después, ¿cómo sentirse libre si tus padres siguen presos y el entorno permanece amenazante, sin que uno entienda del todo por qué? Tal como plantea René Kaës, los efectos del trauma no se circunscriben al individuo. Se transmiten como síntomas, silencios y modos de vínculo. El terror vivido por los padres se inscribe en el psiquismo infantil como un eco que no encuentra palabras, pero sí se manifiesta en angustias, sueños inquietantes y bloqueos afectivos. Ferenczi ya advertía sobre las consecuencias del shock emocional vivido sin posibilidad de simbolización. Cuando el entorno — los propios padres— no puede contener ni sostener, el niño queda solo con un exceso de afecto que lo fragmenta. En el sueño, los manifestantes —“los buenos”— la retenían e impedían que volviera con su hija. Los buenos —quizás representando el lado de la lucha que sus padres encarnaban— también la alejaban de su niña interna. El sueño contiene una imagen potente: una niña dejada atrás en medio del caos. La soñante, atrapada por manifestantes, logra Un sueño reciente revela una verdad silenciada: los hijos de la dictadura en Panamá aún cargan con heridas no dichas. La lucha por la democracia también dejó huellas profundas en el psiquismo, como puede verse en el sueño de una mujer panameña de unos 40 años, quien vivió la dictadura entre los 6 y 8 años. Disturbios, protestas, escaleras, una niña abandonada por su madre. Al escucharlo, comprendí que ese sueño hablaba de una generación marcada por la dictadura militar en Panamá. El psicoanálisis plantea que los sueños son un intento de elaborar situaciones que la mente consciente no ha podido procesar. Esa experiencia infantil tuvo un impacto profundo en la vida de la mujer de esta hisJosé Jauregui La dictadura dejó un trauma colectivo, también para los niños que quedaron emocionalmente solos, viendo a sus padres sufrir o luchar, sin entender lo que pasaba. volver y le dice: “me compliqué”. La niña — una versión interior de sí misma— le responde: “no te preocupes”. Ambas, como solía suceder, intentaban evadir sus sentimientos. Las escaleras del sueño la llevan a un recuerdo aún más inquietante, que adquiere intensidad emocional por primera vez: un enorme soldado estadounidense camuflado dentro de su casa. La dictadura dejó un trauma colectivo, también para los niños que quedaron emocionalmente solos, viendo a sus padres sufrir o luchar, sin entender lo que pasaba. Hoy, muchos de ellos rondan los 40 o 50 años. Y muchos, sin saberlo, aún cargan esas huellas. Sueños como este revelan verdades silenciadas. La reparación no pasa solo por la justicia política, sino por el reconocimiento emocional de esas heridas invisibles y la posibilidad de un diálogo genuino entre las partes. En contextos represivos, el miedo erosiona la capacidad de confiar. Los vínculos se vuelven ambivalentes, incluso peligrosos. En un país que sigue buscando sanar, quizás ha llegado el momento de mirar también hacia los hijos de la dictadura. De escuchar sus sueños. De nombrar, al fin, a esa niña olvidada. muchos colegios públicos cuyo costo por estudiante es mayor, así como colegios concertados, lo que derrumba la narrativa de que cambiar el modelo es privatizarlo. Los últimos conflictos magisteriales dejaron claro el problema: docentes que paralizaron las clases por fines políticos e ideológicos. Mientras muchos de esos mismos docentes tenían a sus propios hijos en colegios privados, miles de padres debieron hacer sacrificios para pagar matrículas y garantizar que sus hijos no perdieran el año. El sistema actual prioriza los privilegios gremiales por encima del derecho de los estudiantes. Reimaginar la educación significa darle poder de elección a quien realmente importa: el estudiante. El Meduca debe fiscalizar, no controlar. Los docentes deben competir, no acomodarse. Y la educación oficial debe dejar de ser un monopolio para convertirse en un espacio de innovación, diversidad y calidad. En pocas palabras: el futuro de la educación panameña no está en gastar más, sino en liberar más. define como: envilecer o degradar por interés o para obtener una ventaja. Hoy hay miles de abogados en Panamá y cada año se incorporan un promedio de 300-500 más (hay más de 30,000, siendo Panamá el país con más abogados per cápita en el mundo). Esto porque, a diferencia de universidades de prestigio, donde para lograr el título de licenciatura, de maestría o doctorado, el aplicante debe someterse a un profundo estudio de las materias y realizar una tesis que debe defender ante un jurado de expertos académicos, en Panamá, por el contrario, el requisito de la tesis para obtener la licenciatura se ha eliminado como obligación por medio de una ley. Se establece a discreción del estudiante, quien puede escoger una práctica de tres meses en una oficina judicial, en una firma forense o registrar materias de maestría. El llamado examen de barra, que era ante la Corte Suprema, la nueva ley establece que será organizado por la Universidad de Panamá. Todo esto refleja un declive cualitativo de la carrera de derecho. La titulación de abogados se ha convertido en un buen negocio. Universidades sin peso ni trayectoria académica otorgan licenciaturas y maestrías en derecho sin exigir el estudio serio y ordenado de las asignaturas jurídicas y conexas, utilizando muchas veces como fuente de estudio fotocopias de apuntes, notas de Wikipedia, Google, el Rincón del Vago y ahora, de una manera abrumadora, la inteligencia artificial. Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de los egresados de tales universidades se titulan sin tener un conocimiento básico del derecho y sus principios. Entonces, con título en mano, muchos ingresan al sistema judicial. Otros se enquistan en el gobierno como “asesores” y el resultado es visible: creación de procedimientos administrativos innecesarios o fatuos, decretos y normas para regular actividades que sus creadores ni conocen ni han practicado, v. gr. las regulaciones de las sociedades anónimas y los agentes residentes. Jueces y magistrados con fallos y actuaciones alejadas de los principios del derecho comprometen los bienes, la honra y la vida de quienes se cobijan en la jurisdicción. Como un componente tal vez más grave está el de la eticidad. El ejercicio del derecho, prima facie, exige que el abogado sea no solo un “letrado”, sino también un recipiente ético, que su gestión se apegue a la moral y a la ética, y que el conocimiento que pueda tener de las leyes no sirva para lograr un beneficio o ventaja propios. Esto no significa vencer en derecho un caso. Significa que no debe utilizar la ley y el derecho para el engaño y la manipulación de voluntades. No debo generalizar, porque existen profesores comprometidos con su labor y abogados serios y preparados. Sin embargo, dada la vulgarización y prostitución de la carrera, son una minoría visible. Se argumenta que el examen de barra es un impedimento para estudiantes de bajos recursos, personas que desean superarse profesionalmente. Hay que entender que no es lo mismo democratizar la educación que vulgarizarla. Y en eso estamos: vulgarizando y prostituyendo una profesión que, por la naturaleza de su dominio —la ley y el derecho—, requiere de abogados lo más apegados posible a las serias exigencias que esta profesión debe reclamar. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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