3A La Prensa Panamá, sábado 30 de agosto de 2025 Panorama Justicia versus poder. Es la misma relación entre democracia y libertad de expresión. No porque existan fiscales y jueces está garantizada la justicia. Lo mismo es con la democracia, escenario de la lucha eterna para expresarnos libremente. Budy Attie es un empresario con poder económico, pero también unido con vasos comunicantes a la política, lo que hará extremadamente duro avanzar en su caso, pero, sobre todo, ganar. Attie es un nombre que resuena desde hace lustros en corrillos políticos. Hoy es un rock star en ese pequeño mundo donde florecen los nuevos acaudalados –“inversionistas” de la política– que, repentinamente se convierten en millonarios tras haber lucrado, perdón, ocupado un cargo gubernamental. Esos políticos quieren entonces disfrutar lo mejor de lo mejor: mal gusto, cursilería y extravagancia mezclados con marcas de moda. Una alquimia que, según ellos, da como resultado clase y estatus. Por eso sus mascotas no son de raza, sino de marca. Así las bautizan, con el nombre de algún diseñador, para que combine con su nuevo estilo de vida. (Me pregunto cuándo empezarán a tatuarse los logos de sus marcas preferidas en toda su piel). Por ahora, han logrado clase, sí… ¡Clase de ridiculez! Attie parece haberle cambiado la vida –o forma de vivir– de algunos, incluidos, aparentemente, los que lo acompañaron en el tour por las celdas de la DIJ, gracias a los boletos de cortesía que les proporcionó la fiscal Thalia Palacios. Será una prueba muy difícil para la justicia llevar este caso hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, como decía José Ugaz, el exprocurador peruano del caso de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ignoro los detalles de la investigación, salvo lo que escribí años atrás sobre la denuncia de Luis Carlos Stoute cuando era subdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Fue ridiculizado por altos cargos de su gobierno que ignoraron todo lo que les reveló. Luego le hicieron hacer pagar por hablar –o traicionar, según el lado en el que se esté– separándolo de la AIG. Stoute perdió el primer asalto contra el poder, pero ganó varios en los medios, donde logró hacer verano, pese a ser una solitaria golondrina. Su sacrificio produjo frutos. No debe ser poco lo que tiene en sus manos la fiscal Palacios. En la primera semana del mes pasado, supe que Attie estaba en Miami, donde vacacionaba feliz de la vida. Por entonces no se sabía mucho del caso, aunque su familia sí estaba muy al tanto. Por ello, una misión de su parentela –compuesta por, al menos, dos primos y un cuñado– fue a verlo allá. Querían convencerlo de regresar para negociar con el Ministerio Público un acuerdo por información e inmunidad para todos. Sobra decir cómo terminó todo. Pero, si la investigación sirve para revelarnos el festín que se dieron algunos, tenemos que reflexionar sobre cómo la pandemia fue francachela para unos y penuria para otros; que el infierno fue disfrazado con supuestas buenas intenciones para robarnos en los peores momentos, sin importar las carencias de cientos de miles de personas. Solo importó la desgracia como oportunidad para hacer dinero. Por eso, ni la cárcel ni el desprecio social ni el descredito serán suficientes para su escarnio. No obstante, sería un buen comienzo. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Durante la audiencia, Attie, Oliva y Becerra seguían con gran atención los argumentos presentados por la fiscalía. Isaac Ortega Fiscalía apuesta al informe de auditoría para fortalecer pesquisa Juan Manuel Díaz [email protected] CASO VALE DIGITAL Al momento de acoger la imputación de la fiscalía, el juez sostuvo que los representantes del MP presentaron los requerimientos mínimos para la formulación de cargos a Oliva, Attie y Becerra. A pesar que el juez de garantías Luis Ceballos estimó que la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra es endeble, el Ministerio Público apuesta a que el informe de auditoría pedido a la Contraloría General de la República modificará esta percepción, ya que arrojará datos concretos de la lesión causada al Estado. La fiscal anticorrupción Thalia Palacios explicó que la auditoría fue solicitada en julio de 2024 y, próximamente, será remitida a la fiscalía, y con ella se determinará la afectación al Estado. En la audiencia, que concluyó en la noche del jueves 28 de agosto y en la que hubo presencia de varios juristas de diversas firmas legales, el juez Ceballos, al momento de acoger la imputación presentada por la fiscalía, sostuvo que los representantes del Ministerio Público presentaron los requerimientos mínimos para la formulación de cargos. Una afirmación similar efectuó el juez cuando la fiscalía intentó sustentar la necesidad de las diligencias de aprehensión practicadas contra los tres imputados, que el juez Ceballos terminó declarando ilegales. Attie, Oliva y Becerra seguían con gran atención los argumentos presentados por la fiscalía. Attie, quien vestía jeans, una camisa blanca y zapatillas del mismo color parecía ser el más inquieto de los tres, pues movía de manera constante su pierna derecha y mostraba cierta inquietud en su silla. Oliva, sentado a la izquierda de Attie, con suéter amarillo y jean parecía más tranquilo y solo asentía o negaba con su cabeza. En la misma fila Becerra, también con una camisa blanca y el cabello recogido en una cola, era la más serena de los tres. La fiscalía La fiscal Palacios, al momento de presentar los argumentos de la imputación contra los tres procesados, sostuvo que en este caso recopiló una serie de declaraciones de funcionarios de la AIG, del Ministerio de Economía y Finanzas, así como de comerciantes y usuarios del sistema Listo Wallet, usado para la entrega de los fondos del Programa Panamá Solidario a causa de la pandemia de covid-19, quienes certificaron que la empresa Fintek Corp., ligada a Budy Attie, no mantenía contrato con el Estado para el manejo de dicha plataforma. Durante su intervención, que se extendió por más de una hora, la fiscal Palacios argumentó que entre 2022 y 2023, cuando Oliva fungió como administrador de la AIG, fue cuando se gestionó la incorporación de Fintek Corp. para el manejo de la plataforma Listo Wallet con la cual se gestionaron los fondos entregados por el gobierno a través del Programa Panamá Solidario. Palacios insistió en que Fintek Corp. nunca mantuvo un contrato con la AIG para realizar dicho trámite y, además, cobraba el 0.5% a las empresas que usaban el sistema y que todo se manejó con un acuerdo que tenía una vigencia de seis meses. Con anterioridad el servicio era manejado por Cable & Wireless, pero dicha empresa se retiró por falta de pago del gobierno. La defensa A su turno, los abogados defensores alegaron que la fiscalía no precisó al juez de garantías el monto del presunto peculado, ni de qué forma fue cometido, ni la participación de cada uno de los imputados. Los defensores también expusieron ante el tribunal que la fiscalía tampoco pudo precisar el período en que presuntamente cometieron las supuestas irregularidades. A pesar de las alegaciones de los abogados defensores, el juez dio por presentada la imputación de cargos por delitos de corrupción, asociación ilícita y peculado. También aplicó las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación los días 14 y 28 de cada mes para Oliva y Attie. Mientras, a Becerra se le impuso la medida cautelar de notificación los días 14 de cada mes. La fiscal Palacios apeló las medidas cautelares concedidas a Oliva y Attie por considerar que son insuficientes para garantizar su permanencia en el proceso, ya que se mantiene el riesgo de fuga. El Tribunal Superior de Apelaciones fijó para el próximo 10 de septiembre la audiencia de apelación de las medidas cautelares aplicadas por el juez de garantías a Oliva y Attie. Audiencia de Ralph Attie En el caso de Ralph Attie, también investigado por la fiscalía en este caso, el juez decidió decidió declarar una suspensión del proceso, ya que presenta problemas de salud. Ahora, y una vez sea dado de alta por su médico de cabecera, las autoridades judiciales deberán establecer una fecha para realizar la audiencia de imputación. Ralph Attie fue aprehendido en el mismo operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción el miércoles 27de agosto, pero presentó problemas con sus niveles de azúcar y la presión arterial por lo que fue llevado al Hospital Pacífica Salud. Juan Manuel Díaz [email protected] Momento en que la Fiscalía Anticorrupción efectúa diligencias de aprehensión de exrepresentantes y extesoreros. Cortesía Jueces imputan cargos a dos exrepresentantes por peculado FONDOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Jueces de garantías de Coclé, Los Santos y Colón imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado a dos exrepresentantes de corregimiento y tres extesoreros, dentro de la investigación por el presunto manejo irregular de fondos de la descentralización, entregados para programas de interés social. En la provincia de Colón, el juez de garantías Nelson Quijada Robles ordenó la detención provisional del exrepresentante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el corregimiento de Cristóbal Este, Joel Hernández, y del extesorero Nero Méndez, a quienes les imputó cargos por la presuntacomisióndeldelito de peculado. A los implicados, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye el manejo irregular de $1 millón entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para realizar programas de interés social en esa circunscripción territorial. Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, el tribunal legalizó previamente la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por el fiscal Jorge Enrique Troncoso; mientras que la defensa técnica particular de los imputados estuvo a cargo del abogado Joel Brown. Los Santos y Coclé En otra audiencia celebrada en las oficinas judiciales de Las Tablas, provincia de Los Santos, un juez de garantías imputó cargos por la presuntacomisióndeldelito de peculado y ordenó la detención del extesorero de la junta comunal de El Carate, en Las Tablas, Euclides González. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción atribuye irregularidades en el manejo de $454 mil 184 que fueron entregados por la AND para obras para la comunidad. Paralelamente, otro juez de garantías de la provincia de Coclé imputó cargos y aplicó la medida cautelar de notificación los días 15 y 30 de cada mes al exrepresentante y al extesorero de la junta comunal de Río Hato. A ambos se les vincula con el manejo de $174 mil de los recursos entregados por laDescentralización para proyectos que se realizarían en ese corregimiento. El pasado 26 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción giró órdenes de aprehensión contra ocho exrepresentantes de corregimiento a quienes investiga por la supuesta comisión de delitos de peculado y corrupción. Hasta ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 13 exrepresentantes de corregimiento y 12 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado en el manejo de fondos de la descentralización dentro del Programa de Interés Social (PDIS). El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción envió a la Dirección de Investigación Judicial una lista de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS.
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