2A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Conflicto en el Parlacen por juramentación pendiente de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo POLÍTICA Al interior del Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha estallado un conflicto político por la posible juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quienes buscan integrarse a esta instancia regional tras concluir sus mandatos. El presidente del Parlacen, el diputado salvadoreño Carlos Hernández, salió al paso de las acusaciones formuladas por el diputado panameño Carlos Outten. Este último aseguróqueCortizoyCarrizo ofrecieron dinero para asegurarse la juramentación y con ello obtener inmunidad parlamentaria. Hernández calificó tales afirmaciones de “falsas” y atacó directamente la credibilidad del denunciante. En un comunicado oficial, Hernández rechazó categóricamente los señalamientos, señalando que carecen de pruebas y que atentan contra la integridad del Parlacen. Subrayó que su gestión se sustenta en la transparencia y el respeto a la normativa comunitaria que regula al organismo. Asimismo, expresó que está dispuesto a someterse a cualquier investigación independiente que permita esclarecer los hechos y confirmar la falsedad de las denuncias. Dijo que no teme al escrutinio externo, al contrario, lo ve como una oportunidad para reforzar la confianza pública en la institución. Hernández también advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra quienes difundan acusaciones que, a su juicio, constituyen difamación, pues no solo afectan su repuEn el operativo participó la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Isaac Ortega Aprehenden a Luis Oliva y a los hermanos Budy y Ralph Attie Mónica Palm Juan Manuel Díaz [email protected] PRESUNTO PECULADO A los aprehendidos, entre los que figura la abogada Janice Becerra, se les señala por la presunta comisión de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir, en el caso de la plataforma Fintek, usada para pagos de programas sociales como Vale Digital. El empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph Attie D’Jamous, la abogada Janice Becerra de Reynardus y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos ayer, miércoles 27 de agosto, durante el operativo anticorrupción denominado “Red Mercurio”, ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Attie fue capturado en un apartamento en Punta Pacífica alrededor de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes policiales. Oliva, quien se encontraba en el edificio PH Lefevre, en San Francisco, fue trasladado poco después del mediodía en iguales condiciones. Ambos fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón. En el mismo operativo se realizaron allanamientos en San Francisco, Parque Lefevre y Brisas del Golf, donde fueron aprehendidos Ralph Attie y Becerra, socia de la firma Panama Legal Group y presidenta de la “Cámara de Comercio Digital y Blockchain”, según la página web de la firma. Becerra también prestó servicios profesionales en la AIG cuando Oliva era director. El Ministerio Público informó que en las diligencias se ubicaron indicios vinculados a las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir. Estas pesquisas se relacionan con el supuesto uso irregular de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado (Fintek), que gestionó transferencias de programas sociales como el Vale Digital y becas durante la pandemia. El abogado Basilio González, defensor de Budy Attie, indicó que la audiencia de imputación de cargos podría celebrarse hoy, jueves 28 de marzo. Anticipó que el juez ordenará la detención preventiva de los involucrados, pero solicitará el cambio de medida cautelar. “Una persona no puede cometer peculado cuando el Estado no ha sido lesionado”, declaró. Por su parte, Julio Macías, abogado de Becerra, afirmó que su clienta está bajo custodia policial en un procedimiento que calificó de “ilegal”. Los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre de 2023 por Luis Carlos Stoute, entonces subdirector de la AIG. Stoute relató que, tras detectar que la plataforma Fintek operaba al margen de controles adecuados, elevó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En febrero de 2024 fue despedido de la institución. La Prensa contactó a Stoute, pero el exsubdirector prefirió guardar silencio. No obstante, envió el siguiente mensaje, a fin de que fuera compartido: “Por muchas razones no considero correcto el participar en entrevistas, por ahora. Solo quiero expresar mis respetos por el trabajo del Ministerio Público, ya que este es un caso muy complejo y esta institución tiene un gran reto de recursos. En mi caso particular, he comenzado a ser objeto de ataques e intentos para desprestigiarme, por lo que espero que se respete mi privacidad, y la seguridad mía y de mi familia en este proceso”. FE DE ERRORES En la nota titulada ‘Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: SBP’ publicada en la edición del pasado 26 de agosto en la página 2ª, se consignó de manera incorrecta el nombre y cargo de Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Por error se escribió “Mota” y se le atribuyó el cargo de subdirector de Estudios Financieros. Tal Cual Mónica Palm [email protected] OBRIGADO. En la comitiva que acompaña al presidente Mulino en Brasil se encuentra el empresario Jaime Gilinski, una de las principales fortunas de Colombia, según Forbes. En Colombia, el comunicador Melquisedec Torres intentó atribuir a Gilinski alguna participación en la concesión del asilo a favor de Martinelli. Si eso fuera cierto, ojalá esta no sea la recompensa. SUSTANCIAS. Jorge González, de la bancada Vamos, presentó una propuesta para realizar pruebas antidoping a diputados principales y suplentes. Qué buena idea… Ojalá extiendan su uso a la Comisión de Credenciales. Debería ser obligatorio para todos aquellos designados por el Ejecutivo que busquen ratificación. Habrían podido empezar a aplicarla con los cónsules. LISO. El salvadoreño Carlos Hernández, actual presidente del Parlacen, podría proceder legalmente contra el parlamentario Carlos Outten (cuyo suplente es Rica Martinelli), por acusarlo de haber recibido el “abono” de una coima de $2 millones a cambio de juramentar a Nito Cortizo y Gaby Carrizo como miembros de ese organismo regional. Hernández asegura que estos señalamientos son falsos y que no entiende en qué se fundamentan. ¿Será que Outten ya vio algo similar antes y por eso habla con tanta seguridad? ROMPEDERA. José Pérez Barboni presentó una queja ante la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea luego de que alguien intentara reubicar en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal —que él preside— a una “botella” proveniente de la oficina de Participación Ciudadana de Azuero. Después de todo, ¿para qué sirven esas oficinas? ¿Tienen trabajo? ¿Qué problemas han resuelto? MASCOTA. Tito Afú insiste en meterse en la comisión legislativa de Presupuesto, a la que dejó de pertenecer el 30 de junio pasado. Ayer, incluso, se dio el lujo de ocupar la silla que le corresponde a Eliécer Castrellón (quien sí es miembro de la comisión, aunque participa poco), para desde ahí increpar a los gerentes del BNP y de la ZLC. Lo más relevante de su intervención fue cuando anunció que la próxima semana llevaría unos almojábanos. ¿Será que, si no lleva las boquitas, no lo dejan participar? tación personal, sino que erosionan la legitimidad del organismo regional. El presidente del Parlacen recordó que la incorporación de expresidentes y exvicepresidentes al foro está contemplada en el Tratado Constitutivo y en el Reglamento Interno, por lo que se trata de un derecho establecido y no de un privilegio político. Aunque el tema figuraba en la agenda, la sesión celebrada ayer no abordó finalmente la juramentación de Cortizo y Carrizo. Esto deja en suspenso el futuro político inmediato de ambos y abre undebatesobrelasreglasinstitucionales y la transparencia del proceso. En medio de la pandemia El desarrollo de la plataforma comenzó en 2020 por parte de la AIG durante el inicio de la pandemia de la covid-19. Posteriormente, Oliva cedió la administración de la plataforma a la empresa Fintek, que cobró a los proveedores del vale digital por su uso y también se encargó de un programa de “factoring”, por el cual también recibió una comisión. Oliva pactó un “acuerdo para un proyecto piloto” con Fintek el 2 de diciembre de 2022 (refrendado por la Contraloría General de la República el 26 de febrero de 2024), supuestamente con vigencia de seis meses, pero que en la práctica se extendió mucho más. Ese acuerdo otorgó a Fintek la custodia de toda la base de datos de los beneficiarios del programa, incluyendo información confidencial o de acceso restringido. La AIG informó al Ministerio Público que actualmente no mantiene vínculos con la empresa. Fintek, además de gestionar el vale digital, manejó programas de otras entidades, como el de la beca universal y el Pase U del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La abogada Becerra está investigada porque fue contratada por Oliva para asumir el proyecto, en representación de la AIG. El personal de la entidad no fue capacitado. Por ejercer estas funciones (que se extendieron por tres años), Becerra recibió pagos por un total de $359,520, lo que representa unos $8,560 al mes. Oliva dirigió la AIG del 17 de febrero de 2020 al 13 de octubre de 2023, cuando renunció para hacer campaña como candidato a diputado de San Miguelito. Se intentó conseguir alguna reacción de Adolfo Fábrega, actual director de la AIG, pero no atendió los mensajes de La Prensa.
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