1A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 75¢ Jueves 28 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15121 Hoy por hoy El país ya conoce el diagnóstico y el Idaan lo ha reiterado: la crisis del agua estalla como una vieja tubería corroída, reventando por donde menos se espera. Los datos expuestos en el Foro del Agua 2025 y por el propio director del Idaan, Rutilio Villarreal, confirman que el problema no es coyuntural, sino estructural: redes corroídas, plantas potabilizadoras sobreexigidas, deforestación en zonas de recarga y una gobernanza débil que posterga soluciones. Las inversiones en agua no tienen la vistosidad política de un puente o un metro, pero son esenciales. Demorarlas equivale a sostener una bomba de tiempo. La experiencia del río La Villa, los camiones cisterna en barrios enteros o los paros de la planta de Chilibre son ejemplos de lo vulnerable que es un servicio que damos por sentado. La hoja de ruta existe: el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, proyectos en ejecución y una institucionalidad llamada a coordinar. Lo que falta es voluntad política para ejecutar, porque el agua no puede esperar. Economía ACP prepara licitación abierta para dos puertos 1B Sporting San Miguelito quiere cerrar como líder del Grupo B 8A Deportes Vale Digital: aprehenden a exjefe de la AIG, a dos empresarios y una abogada OPERATIVO ANTICORRUPCIÓN El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido ayer en el marco del operativo anticorrupción “Red Mercurio”. También fueron arrestados los empresarios Budy y Ralph Attie D’Jamous y la abogada Janice Becerra de Reynardus, socia de Panama Legal Group. Las diligencias, encabezadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, investigan presuntas irregularidades en la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado (Fintek), que administró el Vale Digital y otros programas sociales durante la pandemia. El Ministerio Público reportó indicios de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita. VEA 2A Agua: del colapso al desafío de la innovación En el Foro de Agua 2025, organizado por La Prensa, se discutió la crisis hídrica de Panamá. Cuatro ejes dominaron el debate: la fragilidad del Idaan, la gestión de cuencas, el proyecto de río Indio del Canal y las soluciones innovadoras que proponen empresas, expertos y comunidades para garantizar agua segura. Exigen que póliza privada del Judicial se use para la salud Organizaciones civiles y voces ciudadanas cuestionan la póliza de $15 millones contratada por el Órgano Judicial para su personal y reclaman que esos recursos se redirijan a fortalecer hospitales y servicios del sistema público de salud. VEA 3A Elysée Fernández El director del Idaan, Rutilio Villarreal, advirtió que las tuberías y plantas están al límite y que el 74% de la población recibe agua de forma desigual. Mirei Endara y Karima Lince coincidieron en que la gobernanza de cuencas requiere corresponsabilidad social, mientras la ACP impulsa un nuevo embalse en río Indio. Los foristas coincidieron en que la crisis exige innovación tecnológica y participación ciudadana. Francisco De Arco mostró el impacto de la cosecha de lluvia, Rocío Vega destacó la inteligencia geográfica y Leyson Guillén subrayó la responsabilidad empresarial. El mensaje fue claro: Panamá necesita coordinación, inversión y acción para garantizar el futuro hídrico. VEA 4A Y 5A Luis Oliva, Janice Becerra y Budy Attie. Isaac Ortega Dinamarca convoca a un alto diplomático de Washington por caso de Groenlandia www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Conflicto en el Parlacen por juramentación pendiente de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo POLÍTICA Al interior del Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha estallado un conflicto político por la posible juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quienes buscan integrarse a esta instancia regional tras concluir sus mandatos. El presidente del Parlacen, el diputado salvadoreño Carlos Hernández, salió al paso de las acusaciones formuladas por el diputado panameño Carlos Outten. Este último aseguróqueCortizoyCarrizo ofrecieron dinero para asegurarse la juramentación y con ello obtener inmunidad parlamentaria. Hernández calificó tales afirmaciones de “falsas” y atacó directamente la credibilidad del denunciante. En un comunicado oficial, Hernández rechazó categóricamente los señalamientos, señalando que carecen de pruebas y que atentan contra la integridad del Parlacen. Subrayó que su gestión se sustenta en la transparencia y el respeto a la normativa comunitaria que regula al organismo. Asimismo, expresó que está dispuesto a someterse a cualquier investigación independiente que permita esclarecer los hechos y confirmar la falsedad de las denuncias. Dijo que no teme al escrutinio externo, al contrario, lo ve como una oportunidad para reforzar la confianza pública en la institución. Hernández también advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra quienes difundan acusaciones que, a su juicio, constituyen difamación, pues no solo afectan su repuEn el operativo participó la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. Isaac Ortega Aprehenden a Luis Oliva y a los hermanos Budy y Ralph Attie Mónica Palm Juan Manuel Díaz [email protected] PRESUNTO PECULADO A los aprehendidos, entre los que figura la abogada Janice Becerra, se les señala por la presunta comisión de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir, en el caso de la plataforma Fintek, usada para pagos de programas sociales como Vale Digital. El empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph Attie D’Jamous, la abogada Janice Becerra de Reynardus y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos ayer, miércoles 27 de agosto, durante el operativo anticorrupción denominado “Red Mercurio”, ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Attie fue capturado en un apartamento en Punta Pacífica alrededor de las 10:30 a.m., esposado y custodiado por agentes policiales. Oliva, quien se encontraba en el edificio PH Lefevre, en San Francisco, fue trasladado poco después del mediodía en iguales condiciones. Ambos fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón. En el mismo operativo se realizaron allanamientos en San Francisco, Parque Lefevre y Brisas del Golf, donde fueron aprehendidos Ralph Attie y Becerra, socia de la firma Panama Legal Group y presidenta de la “Cámara de Comercio Digital y Blockchain”, según la página web de la firma. Becerra también prestó servicios profesionales en la AIG cuando Oliva era director. El Ministerio Público informó que en las diligencias se ubicaron indicios vinculados a las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, peculado y asociación ilícita para delinquir. Estas pesquisas se relacionan con el supuesto uso irregular de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado (Fintek), que gestionó transferencias de programas sociales como el Vale Digital y becas durante la pandemia. El abogado Basilio González, defensor de Budy Attie, indicó que la audiencia de imputación de cargos podría celebrarse hoy, jueves 28 de marzo. Anticipó que el juez ordenará la detención preventiva de los involucrados, pero solicitará el cambio de medida cautelar. “Una persona no puede cometer peculado cuando el Estado no ha sido lesionado”, declaró. Por su parte, Julio Macías, abogado de Becerra, afirmó que su clienta está bajo custodia policial en un procedimiento que calificó de “ilegal”. Los hechos fueron denunciados el 1 de diciembre de 2023 por Luis Carlos Stoute, entonces subdirector de la AIG. Stoute relató que, tras detectar que la plataforma Fintek operaba al margen de controles adecuados, elevó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En febrero de 2024 fue despedido de la institución. La Prensa contactó a Stoute, pero el exsubdirector prefirió guardar silencio. No obstante, envió el siguiente mensaje, a fin de que fuera compartido: “Por muchas razones no considero correcto el participar en entrevistas, por ahora. Solo quiero expresar mis respetos por el trabajo del Ministerio Público, ya que este es un caso muy complejo y esta institución tiene un gran reto de recursos. En mi caso particular, he comenzado a ser objeto de ataques e intentos para desprestigiarme, por lo que espero que se respete mi privacidad, y la seguridad mía y de mi familia en este proceso”. FE DE ERRORES En la nota titulada ‘Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: SBP’ publicada en la edición del pasado 26 de agosto en la página 2ª, se consignó de manera incorrecta el nombre y cargo de Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Por error se escribió “Mota” y se le atribuyó el cargo de subdirector de Estudios Financieros. Tal Cual Mónica Palm [email protected] OBRIGADO. En la comitiva que acompaña al presidente Mulino en Brasil se encuentra el empresario Jaime Gilinski, una de las principales fortunas de Colombia, según Forbes. En Colombia, el comunicador Melquisedec Torres intentó atribuir a Gilinski alguna participación en la concesión del asilo a favor de Martinelli. Si eso fuera cierto, ojalá esta no sea la recompensa. SUSTANCIAS. Jorge González, de la bancada Vamos, presentó una propuesta para realizar pruebas antidoping a diputados principales y suplentes. Qué buena idea… Ojalá extiendan su uso a la Comisión de Credenciales. Debería ser obligatorio para todos aquellos designados por el Ejecutivo que busquen ratificación. Habrían podido empezar a aplicarla con los cónsules. LISO. El salvadoreño Carlos Hernández, actual presidente del Parlacen, podría proceder legalmente contra el parlamentario Carlos Outten (cuyo suplente es Rica Martinelli), por acusarlo de haber recibido el “abono” de una coima de $2 millones a cambio de juramentar a Nito Cortizo y Gaby Carrizo como miembros de ese organismo regional. Hernández asegura que estos señalamientos son falsos y que no entiende en qué se fundamentan. ¿Será que Outten ya vio algo similar antes y por eso habla con tanta seguridad? ROMPEDERA. José Pérez Barboni presentó una queja ante la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea luego de que alguien intentara reubicar en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal —que él preside— a una “botella” proveniente de la oficina de Participación Ciudadana de Azuero. Después de todo, ¿para qué sirven esas oficinas? ¿Tienen trabajo? ¿Qué problemas han resuelto? MASCOTA. Tito Afú insiste en meterse en la comisión legislativa de Presupuesto, a la que dejó de pertenecer el 30 de junio pasado. Ayer, incluso, se dio el lujo de ocupar la silla que le corresponde a Eliécer Castrellón (quien sí es miembro de la comisión, aunque participa poco), para desde ahí increpar a los gerentes del BNP y de la ZLC. Lo más relevante de su intervención fue cuando anunció que la próxima semana llevaría unos almojábanos. ¿Será que, si no lleva las boquitas, no lo dejan participar? tación personal, sino que erosionan la legitimidad del organismo regional. El presidente del Parlacen recordó que la incorporación de expresidentes y exvicepresidentes al foro está contemplada en el Tratado Constitutivo y en el Reglamento Interno, por lo que se trata de un derecho establecido y no de un privilegio político. Aunque el tema figuraba en la agenda, la sesión celebrada ayer no abordó finalmente la juramentación de Cortizo y Carrizo. Esto deja en suspenso el futuro político inmediato de ambos y abre undebatesobrelasreglasinstitucionales y la transparencia del proceso. En medio de la pandemia El desarrollo de la plataforma comenzó en 2020 por parte de la AIG durante el inicio de la pandemia de la covid-19. Posteriormente, Oliva cedió la administración de la plataforma a la empresa Fintek, que cobró a los proveedores del vale digital por su uso y también se encargó de un programa de “factoring”, por el cual también recibió una comisión. Oliva pactó un “acuerdo para un proyecto piloto” con Fintek el 2 de diciembre de 2022 (refrendado por la Contraloría General de la República el 26 de febrero de 2024), supuestamente con vigencia de seis meses, pero que en la práctica se extendió mucho más. Ese acuerdo otorgó a Fintek la custodia de toda la base de datos de los beneficiarios del programa, incluyendo información confidencial o de acceso restringido. La AIG informó al Ministerio Público que actualmente no mantiene vínculos con la empresa. Fintek, además de gestionar el vale digital, manejó programas de otras entidades, como el de la beca universal y el Pase U del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La abogada Becerra está investigada porque fue contratada por Oliva para asumir el proyecto, en representación de la AIG. El personal de la entidad no fue capacitado. Por ejercer estas funciones (que se extendieron por tres años), Becerra recibió pagos por un total de $359,520, lo que representa unos $8,560 al mes. Oliva dirigió la AIG del 17 de febrero de 2020 al 13 de octubre de 2023, cuando renunció para hacer campaña como candidato a diputado de San Miguelito. Se intentó conseguir alguna reacción de Adolfo Fábrega, actual director de la AIG, pero no atendió los mensajes de La Prensa.
3A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Panorama Sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Piden frenar póliza de $15 millones al Órgano Judicial Ereida Prieto [email protected] PRIVILEGIOS EN EL ESTADO Diputados independientes y voces de la sociedad civil califican de privilegio inaceptable la póliza privada en el Judicial. Exigen suspenderla y redirigir esos fondos a fortalecer la salud pública. Diferentes voces se han alzado para solicitar la suspensión de la póliza colectiva privada que paga el Órgano Judicial (OJ) a su personal, que representa un desembolso de $15 millones. Para la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Olga de Obaldía, es “un sinsentido” que los entes del Estado no confíen en la salud pública y, en cambio, paguen seguros de vida, salud, accidentes y lesiones personales a empresas privados, con fondos públicos, como informó La Prensa el pasado 25 de agosto. “A estos funcionarios, ¿el sistema del Seguro Social les sirve para pagar sus jubilaciones, pero no para la atención médica porque no está a su altura? ¿Cuál es la lógica de este doble pago desde el Estado?”, cuestionó De Obaldía. Agregó que si el OJ considera que la atención médica pública no es adecuada, los recursos deberían destinarse a mejorarla y no a contratar una póliza privada. Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sostuvo que el OJ está al día con el pago de las cuotas patronales, por lo que indicó que no le corresponde opinar sobre el tema. Diputados independientes han exigido la inmediata suspensión de la póliza colectiva que el OJ contrató con la empresa Assa (el cual está pendiente del refrendo de la Contraloría General de la República), resaltando que esos recursos deben ser redirigidos al sistema de salud, que atraviesa una grave crisis. Los diputados pidieron a la Contraloría General y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que detengan la ejecución de este contrato. En el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional (AN), los diputados argumentaron que mientras el país “sufre por la falta de atención médica adecuada” en los hospitales públicos, es “inadmisible” que se utilicen fondos del Estado para cubrir seguros privados para el OJ. La póliza contratada a Assa brinda cobertura por tres años: del 12 de mayo de 2025 al 11 de mayo de 2028. El seguro privado cubrirá a 6,988 personas, de las cuales 330 superan los 62 años de edad. La póliza anterior había sido adjudicada inicialmente en $7.5 millones, pero con adendas terminó superando los $11 millones. También el proveedor fue Assa. El diputado Betserai Richards (del circuito 8-6) criticó duramente la contratación, la que consideró un “privilegio”. Opinó que en un país en el que los ciudadanos luchan por acceder a atención médica básica, “el sistema judicial debe dar el ejemplo y optar por los servicios públicos como cualquier otro ciudadano”. Según Richards, esta decisión “manda un mensaje negativo” y por ello instó al MEF y a la Contraloría a intervenir. “No podemos ser cómplices del mal uso de los recursos del Estado”, remarcó. Piden priorizar fondos El diputado Luis Duke (del circuito 8-2) solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que no apruebe partidas para seguros privados que estén incluidos en el presupuesto estatal. “El pueblo panameño debe ser respetado”, añadió. Para Duke, resulta “inaceptable” el desvío de estos fondos cuando el sistema de salud pública enfrenta una grave crisis. “Si no hay dinero para mejorar el sistema de salud, entonces no le estén dando ningún tipo de pago de nuestra plata a otros funcionarios”, expresó. Esta postura fue respaldada por los también independientes Jhonathan Vega (circuito 4-5) y Eduardo Gaitán (circuito 8-2), quienes coincidieron en que si hay dinero para financiar el seguro privado, también debe haberlo para atender las necesidades de los jubilados y otros sectores vulnerables. “No puede ser que el pueblo pase necesidades, mientras que funcionarios con poder se beneficien a sí mismos”, manifestó Vega. La Prensa intentó obtener una reacción del contralor Anel Flores, pero no respondió a los mensajes.
4A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 El primero en exponer en el Foro de Agua 2025 fue el director del Idaan, Rutilio Villarreal, quien destacó problemas estructurales que enfrenta la institución. Elysée Fernández El Idaan sin filtros: problema Yaritza Mojica [email protected] En el Foro del Agua 2025, Rutilio Villarreal advirtió que el Idaan opera con redes corroídas, plantas al límite y facturació En en el encuentro Villarreal , Mirei Endara (Marea Verde), Karima Lince (MiAmbiente) e Ilya Espino de Marotta (Canal de Pan con el crecimi El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) atraviesa una situación crítica, enfrentando la urgencia de inversiones que garanticen la continuidad del servicio. El propio director de la institución, Rutilio Villarreal, levantó la voz: la red de tuberías del país está corroída, la falta de mantenimiento ha sido sistemática y las inversiones necesarias se han postergado por décadas. La realidad golpea por todos lados. El suministro deaguaenmuchossectores depende de camiones cisterna, las tomas están expuestas a contaminación y las plantas potabilizadoras —columna vertebral del sistema— requieren una intervención urgente. A esta fragilidad estructural se suma el hecho de que el Idaan apenas factura 92 millones de dólares, cuando el consumo real debería reflejar ingresos cercanos a 150 millones de dólares. La falta de medidores y el cobro ineficiente también son otro desafío para la ampliación o modernización de la infraestructura hídrica. Villarreal presentó los avances y retos en torno al abastecimiento de agua potable en diferentes regiones del país, destacando la urgencia de inversiones y la coordinación interinstitucional para enfrentar la creciente demanda habitacional. El funcionario expuso el tema en el Foro del Agua 2025: Desafíos, soluciones y estrategias, organizado por La Prensa ayer miércoles 27 de agosto. El director del Idaan señaló que se han identificado varios problemas estructurales, como el crecimiento urbano desordenado, especialmente en Panamá Norte, Este y Oeste; así como la infraestructura deficiente y con bajo mantenimiento en redes de agua potable y alcantarillado. A estos problemas se suman los impactos del cambio climático, que han deteriorado la calidad del agua en las principales fuentes hídricas —como los ríos—, además de las limitaciones de recursos humanos y financieros para la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Actualmente, el Idaan opera 55 plantas potabilizadoras, 45 plantas de tratamiento de aguas residuales, unos 700 pozos profundos, 529 tanques de almacenamiento y más de 13,500 kilómetros de redes en todo el país. La institución suministra agua potable al 74.41% de la población panameña, lo que representa cerca de tres millones de habitantes, según datos del Censo 2023. No todos la reciben en igualdad de condiciones. Hay quienes tienen el suministro apenas unas horas al día, mientras que otros cada dos o tres días. El Idaan tiene varios frentes abiertos y su director es consciente de ello. Durante su ponencia, Villarreal destacó la situación del suministro en la Villa de Los Santos, donde actualmente el agua no es apta para el consumo humano. En torno a este tema, dijo ciertas novedades: a partir de este viernes 29 de agosto, la empresa Progesa iniciará la primera fase del proyecto, que incluye trabajos de desinfección de la red de tuberías y de las plantas potabilizadoras en Azuero, con el fin de garantizar la calidad del agua potable tras la crisis de contaminación registrada en los ríos La Villa y Estibaná. En esta primera fase se contempla la instalación de válvulas y la adecuación de hidrantes. Estas labores se extenderán por 60 días, mientras que en noviembre comenzará la inyección en la red de distribución, precisó Villarreal. Con respecto a la situación del agua en Panamá Oeste, especialmente en Arraiján, la preocupación persiste debido a que muchos hogares dependen de tanques de reserva por la falta de un servicio continuo. Villarreal explicó que la nueva planta potabilizadora de Arraiján (Howard) producirá cerca de 60 millones de galones diarios, aunque su efectividad dependerá de la ampliación y modernización de la red. En este sentido, el plan maestro contempla obras adicionales para garantizar un reparto equitativo. Solo cuando esto se logre, se podrá dar certeza de un mejor suministro a los más de 653 mil habitantes del sector oeste. Esta planta tiene un costo inicial de 211.8 millones de dólares, pero lleva costos adicionales que suman otros 140 millones de dólares. Falta histórica de planificación Villarreal no esquivó uno de los problemas más graves: la histórica falta de planificación interinstitucional. Durante años, se aprobaron proyectos habitacionales sin asegurar el suministro de agua, una práctica Eliana Morales Gil [email protected] Eliana Morales Gil, moderadora; la exministra Mirei Endara y Karima Lince, del Ministerio de Ambiente. Elysée Fernández Entre la abundancia y la fragilidad hídrica El reloj del agua en Panamá no sólo avanza, sino que emite una alarma silenciosa que resuena en las proyecciones más recientes. En el Foro de Agua 2025 organizado por La Prensa, dos voces, la de la exministra Mirei Endara y la de Karima Lince, del Ministerio de Ambiente, se unieron para ofrecer una radiografía precisa de un país que se debate entre la abundancia y la fragilidad hídrica. El encuentro se desarrolló en un salón de hotel abarrotado, donde académicos, técnicos, empresarios, ambientalistas, funcionarios y ciudadanos escucharon atentos cada intervención. Las presentaciones y argumentos desvelaron un desafío inminente: pasar de la gestión reactiva a una estrategia proactiva. Endara, también cofundadora y presidenta de la organización no gubernamental Marea Verde Panamá, con su visión del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2050, delineó un camino claro para un recurso finito, mientras Lince apuntó a las grietas de la gobernanza actual, al explicar que la solución no se encuentra en una sola entidad, sino en la corresponsabilidad de toda la sociedad panameña. El plan que delineó Endara, de acuerdo con su presentación, surgió como una respuesta a retos que enfrenta el país en torno al tema, como el fenómeno de El Niño y La Niña. La disponibilidad de agua dulce, según proyecciones, muestra una disminución del 74.2% en 2015 a un 58.8% para el 2050. A pesar de los altos niveles de cobertura nacional en agua potable y saneamiento, que alcanzan el 92.5% y 94.5% respectivamente, el plan reconoce las amenazas y desafíos existentes. La expansión del Canal de Panamá con las nuevas esclusas aumenta la necesidad de nuevas fuentes. Cinco metas Su plan se estructuró en cinco metas fundamentales, entre las que se incluyen el acceso universal al agua de calidad y saneamiento, la gestión preventiva de riesgos y la sostenibilidad hídrica. Para alcanzar estos objetivos, se plantearon proyectos estratégicos como los estudios para reservorios multipropósito, el fortalecimiento de un sistema nacional de información hídrica, la Ley 42 de Recursos Hídricos y la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas. Por su parte, Karima Lince, directora Nacional de Seguridad Hídrica de Miambiente, abordó la gestión integrada de cuencas como el núcleo de la resiliencia nacional. Lince señaló que el Ministerio de Ambiente quiere una transformación profunda para pasar de una gestión fragmentada a una gobernanza territorial efectiva. Sin embargo, la presentación identificó retos críticos como la deforestación en zonas de recarga, la ocupación desordenada de las riberas y una débil fiscalización ambiental. A pesar de la existencia de 44 comités de cuenca, se destaca su falta de fuerza técnica, política y social. Tarea de todos Lince enfatizó que la gestión de cuencas no es una tarea exclusiva del Estado, sino que requiere la corresponsabilidad de todos los actores, incluyendo gobiernos locales, el sector privado y la academia. En el ámbito técnico, contó que se ha desarrollado un Sistema Nacional de Información Hidrogeológica (SNIH) y mapas de recarga de acuíferos. Este enfoque quiere basar la planificación hídrica en evidencia científica y no en aproximaciones generales, sentando así las bases para una gestión más inteligente y colaborativa. Una conclusión ineludible Los datos proyectados dejan desnudan a un país que debe acelerar su capacidad de respuesta. Si hoy el 92.5% de la población cuenta con acceso al agua potable, para 2050 podría enfrentarse a un escenario de disponibilidad mucho más limitado, con apenas el 58.8%. El foro mostró que la ruta está trazada, con planes, leyes y comités, pero que el verdadero reto se mide en ejecución: pasar del papel a la acción. FORO DE A que hoy pasa factura. El director reveló que ya se trabaja con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para, por fin, alinear el crecimiento urbano con la infraestructura hídrica. El tema de los camiones cisterna también fue puesto sobre la mesa. Villarreal explicó que en muchos ca-
5A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Panorama as, ineficiencia y hoja de ruta ón deficitaria. El 74% de la población recibe agua de forma desigual, exigiendo inversiones urgentes y mejor planificación urbana. namá) coincidieron en que la crisis hídrica exige inversiones urgentes, mejor gobernanza, innovación tecnológica y coordinación iento urbano. Elproblema de acceso a agua potable en muchas comunidades en Panamá, escuelas, hospitales y áreas remotas tiene en las nuevas tecnologías una herramienta aliada para crear soluciones prácticas y amigables con el medioambiente. Durante el Foro de Agua 2025 organizado por La Prensa, expertos en el tema analizaron en el panel ‘Soluciones para un futuro azul: innovación, tecnología y acción ciudadana’ distintas propuestas y casos de éxito que ya se aplican en el país para dar respuesta a la crisis hídrica. Desde prácticas empresariales responsables con la reutilización del agua, hasta el desarrollo de tecnología para la recolección de agua de lluvia, cosecha de agua y el uso de la inteligencia artificial, aplicaciones y análisis de datos en tiempo real, están al servicio del país y la comunidad indicaron expertos. Francisco De Arco, fundador de Rainwater, planteó un panorama crítico. “Todavía mueren niños por ingerir agua de mala calidad”, alertó al exponer que el acceso a agua potable sigue siendo un reto en comarcas indígenas y comunidades rurales. Recordó que, mientras construir una planta potabilizadora puede costar más de 200 millones de dólares, instalar un sistema de captación de agua de lluvia cuesta apenas 25 a 30 dólares por persona. Entre los resultados más impactantes, De Arco destacó que ya se han captado más de 25 millones de litros de agua de lluvia, beneficiando a 60 escuelas y comunidades en Panamá. “Con menos de 3 millones de dólares logramos que decenas de escuelas tengan acceso permanente a agua de calidad”, subrayó. Esta solución ha permitido reducir la deserción escolar, garantizar huertos educativos y fortalecer la seguridad alimentaria con sistemas de riego eficiente y energías renovables. El especialista recordó que el agua de lluvia es un recurso seguro y subutilizado: “Cuando cae del cielo, viene transparente. Es agua de alta calidad, tanto que en algunos países se embotella como agua gourmet”. Explicó que con sistemas de almacenamiento que alcanzan hasta un millón de litros, varias escuelas en Panamá ya cuentan con autonomía de 4 meses en época seca, evitando cierres por falta de agua e incluso ahorrándole al Estado cerca de 14 millones de dólares anuales en distribución de cisternas. Tecnología y datos en tiempo real Durante su intervención, Rocío Vega, CEO de Esri Panamá, resaltó cómo la tecnología de punta y la inteligencia geográfica se han convertido en herramientas esenciales para la gestión eficiente del agua en Panamá y el mundo. Explicó que, gracias al uso de sensores, satélites y plataformas de análisis, hoy se cuenta con un verdadero “sistema nervioso” capaz de generar datos en tiempo real sobre el ciclo hídrico, permitiendo un monitoreo mucho más preciso de los caudales, la cobertura vegetal y la calidad del recurso. La CEO de Esri Panamá destacó además el papel de la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos, que han transformado el acceso a la información hídrica. Con estas tecnologías es posible no solo entender el presente, sino también anticipar escenarios futuros a través de modelos predictivos, gemelos digitales y pronósticos de caudales con hasta 10 días de anticipación. Esto representa un avance sin precedentes para la planificación territorial y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Innovación: proponen cosecha de agua Reyna Katiuska Hernández [email protected] Katiuska Hernández, moderadora; el consultor Leyson Guillén; Rocío Vega, de Esri Panamá y Francisco De Arco, de la fundador de Rainwater. Anel Asprilla Ilya Espino de Marotta y el economista Eric Ferrer. Elysée Fernández Río Indio: embalse, reasentamientos y seguridad hídrica en Panamá Yolanda Sandoval [email protected] En Panamá, más de la mitad de la población depende del agua de los lagos del Canal, la misma que permite que grandes barcos crucen el istmo y que las ciudades mantengan su ritmo diario. Ante esta doble responsabilidad, el Canal de Panamá ha puesto en marcha un ambicioso plan para asegurar el agua para la población y para el tránsito marítimo. Se trata del proyecto más importante después de la ampliación del Canal, que implica la construcción de un embalse en Río Indio y que se espera garantice agua suficiente para los próximos 50 años. Este embalse, además de su relevancia hídrica, trae consigo tensiones sociales, dado que requiere el reasentamiento de comunidades y la reorganización de actividades productivas en la zona. Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y responsable del plan, participó en el Foro del Agua, organizado por La Prensa, para explicar las necesidades de infraestructura y la importancia estratégica de garantizar el suministro hídrico. Durante su intervención, AGUA 2025 reconoció que el crecimiento demográfico ha ejercido una presión creciente sobre los recursos de agua potable: en 2012, Panamá ya había alcanzado el nivel de consumo que se había proyectado para 2025. “El cambio climático también nos impacta; el 2023 fue el año más crítico, donde tuvimos que reducir los tránsitos diarios de barcos, de 36 a 24, para proteger el consumo de la población”, recordó Marotta. Para enfrentar este desafío, el Canal avanza con el proyecto de río Indio, una obra de $1,500 millones que garantizará agua por los próximos 50 años. Este embalse abarcará 4,600 hectáreas y llevará agua por gravedad hasta el lago Gatún a través de un túnel de 9 kilómetros. Aunque es diez veces más pequeño que Gatún, su gran profundidad le permitirá almacenar la misma cantidad de agua útil. Como parte del desarrollo del proyecto, 550 familias serán reasentadas según su elección, recibiendo nuevas viviendas, títulos de propiedad y la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. “Escuchamos a las comunidades para que su patrimonio y vida familiar se mantengan. Pueden permanecer en la cuenca o reubicarse donde decidan”, detalló Espino de Marotta. El Canal ha implementado plataformas participativas y un censo socioeconómico para asegurar que cada familia reciba un plan justo de compensación. Pero el proyecto de Río Indio no ha estado exento de controversias. La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses afirma que la cuenca enfrenta su mayor amenaza ante el apetito insaciable de agua. Por su parte, la ACP ha estado llamando al diálogo con todas las comunidades y organizaciones involucradas para explicar el alcance del proyecto y desmitificar algunos puntos. En el foro, cuando Espino de Marotta habló del impacto económico de la obra, indicó que la construcción generará 1,500 empleos directos y beneficiará a más de 10,000 habitantes de la cuenca. También abordó el tema ambiental: en Río Indio se plantarán 50 hectáreas de árboles en 12 comunidades, se mejorarán acueductos rurales, se instalarán paneles solares en 16 escuelas y se apoyará a productores locales. “El proyecto no solo asegura agua, sino que fortalece el desarrollo social, educativo y económico de las comunidades, garantizando la operación confiable del Canal y el bienestar de la población”, concluyó Espino de Marotta, subrayando la importancia de la cooperación interinstitucional con los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas para lograr un impacto sostenible en toda la cuenca. sos se utilizan para abastecer asentamientos informales donde el Idaan no puede invertir hasta que se regularicen los terrenos. Este año, la factura en cisternas ya alcanza 8 millones de dólares. En Tocumen, Panamá; y David, en Chiriquí, este mecanismo debería responder a medidas temporales, mientras avanzan los proyectos de mejora en las redes. En materia de eficiencia, Villarreal anunció la adquisición de 25,000 nuevos medidores que reemplazarán equipos que ya superaron su vida útil, con el objetivo de reducir pérdidas, combatir las conexiones ilegales y avanzar hacia la meta del 100% de micromedición. $104 millones de inversión en plantas La entidad también ejecuta un plan de rehabilitación de 20 plantas potabilizadoras en todo el país, con una inversión superior a 104 millones de dólares. Esta inversión responde a que se constató que las 55 plantas trabajaban, en promedio, al 75% de su capacidad, lo que limita la eficiencia en la gestión del agua. Asimismo, Villarreal destacó que se desarrolla un plan de mantenimiento de la red de distribución y de los equipos, con miras a frenar el deterioro acumulado. Un ejemplo es la modernización de la planta de Chilibre, que contempla la sustitución de válvulas principales y la optimización de procesos de potabilización. Pero cada mantenimiento trae consigo un costo alto: implica parar la planta, dejar sin agua a miles de personas en algunas zonas y, en no pocas ocasiones, reanudar el suministro muchas horas después de lo programado, con el malestar ciudadano que ello conlleva. Los trabajos en Chilibre comprenden tres fases: la primera, el cambio de compuertas, rejillas y bombas; la segunda, la rehabilitación de la subestación eléctrica; y la tercera, la modernización integral de la planta. Aunque estas labores han implicado paradas programadas, se busca garantizar un servicio más estable y eficiente en el futuro. Esta potabilizadora abastece a 1.6 millones de usuarios. Villarreal reconoció que los años de falta de inversión no podrán resolverse de inmediato, pero aseguró que los proyectos en ejecución dejarán una hoja de ruta para que futuras administraciones continúen el esfuerzo. “El agua no puede esperar”, recalcó, insistiendo en la necesidad de dar continuidad a las políticas de gestión hídrica.
6A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Panamá espera cerrar el año 2025 con una disminución significativa en los casos y muertes por tuberculosis, mediante las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para mejorar el diagnóstico temprano y garantizar un tratamiento oportuno. En 2024, el país reportó 2,353 casos clínicamente diagnosticados y 273 defunciones. Sin embargo, hasta agosto de 2025, los casos registrados suman aproximadamente 1,186, con una tasa de incidencia de 25.96 por cada 100,000 habitantes, y 94 defunciones. Estos datos de Epidemiología del Minsa reflejan una reducción considerable en comparación con el año anterior, lo que apunta a un pronóstico más optimista para el cierre del año. Las regiones con mayor número de casos son la Metropolitana, con 243; Bocas del Toro, con 158; y Panamá Oeste, con 143. A pesar de estos números, Bocas del Toro presenta la tasa de incidencia más alta, de 77.03 por cada 100,000 habitantes, y el mayor número de defunciones, con 22 reportadas hasta la fecha. Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección para el Control de la Tuberculosis del Minsa, indicó que el Programa Nacional de Tuberculosis se ha desplazado a todas las regiones de salud para evaluar la atención, el seguimiento de los pacientes y la detección de casos, en concordancia con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca poner fin a la epidemia mundial en el año 2035. Aumento en la capacidad diagnóstica Uno de los factores clave en esta disminución ha sido el aumento en la capacidad diagnóstica. El Minsa ha triplicado el número de pruebas moleculares realizadas, pasando de 3,500 a más de 9,000, lo que ha permitido una detección más eficiente de casos, incluyendo aquellos que no presentaban factores de riesgo evidentes, explicó Aizpurúa. El funcionario enfatizó la importancia de que los pacientes no abandonen el tratamiento, ya que esto puede generar resistencia bacteriana, dificultando el traPanamá prevé disminución significativa de casos de tuberculosis en 2025 DIAGNÓSTICO tamiento y aumentando el riesgo de propagación de la enfermedad. Para este fin, las autoridades resaltaron que el tratamiento es gratuito y disponible en diversas instalaciones de salud. El país ofrece dos esquemas de tratamiento: el estándar de seis meses, que incluye rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida, y un esquema abreviado de cuatro meses que combina rifapentina, moxifloxacino, isoniacida y pirazinamida en la fase inicial, seguido de rifapentina, isoniacida y moxifloxacino en la fase de continuación. El Minsa confirmó la presencia de la cepa Beijing de la bacteria Mycobacterium tuberculosis en la provincia de Colón, una variante de la bacteria conocida por su mayor virulencia y capacidad de transmisión. No obstante, descartó una alarma, ya que los esquemas de tratamiento disponibles en Panamá siguen siendo efectivos y permiten controlar la enfermedad en la mayoría de los casos. La cepa Beijing, más común en países asiáticos y en el territorio de la antigua Unión Soviética, se identificó en pacientes de Colón mediante análisis genéticos especializados, realizados con el apoyo del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat). Este esfuerzo local se alinea con el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar la tuberculosis para 2035. A nivel mundial, la OMS reportó 10.6 millones de casos y 1.3 millones de muertes por tuberculosis en 2022, lo que subraya la importancia de continuar con la acción conjunta para combatir esta enfermedad. Anualmente, el cuarto de urgencias del hospital Nicolás A. Solano atiende a unos 67,000 pacientes. Archivo Sin especialistas en el Hospital Nicolás A. Solano: ¿Una crisis que no tiene fin? Aleida Samaniego C. [email protected] Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA La atención en el Nicolás A. Solano ha generado quejas debido a la falta de especialistas y recursos, lo que pone en riesgo a los pacientes, especialmente en urgencias. La Asociación Médica denuncia el abandono institucional y la carencia de equipos adecuados. En las últimas dos semanas, la atención brindada por el personal de salud en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, ha generado múltiples quejas en los medios de comunicación y redes sociales, especialmente de aquellos pacientes que acuden al área de urgencias, lo que pone de manifiesto una crisis que no puede seguir esperando ser resuelta. Ante esta situación, la Asociación Médica Nacional plantea que este hospital ha sido desatendido por el gobierno a lo largo de los años, lo que ha provocado una grave carencia de recursos. Como consecuencia, pacientes en estado crítico deben ser trasladados a la capital para intentar salvar sus vidas, pero muchos mueren en el camino. La presidenta de la Asociación Médica, María Helena Arango, y su vicepresidente, Guillermo Kennion, coinciden en que los traslados se deben a la falta de especialistas y equipos médicos adecuados en este hospital de segundo nivel, que atiende a más de 700,000 personas. Además, consideran inadmisible que no haya un solo cardiólogo en el hospital, dado que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de morbimortalidad. También denuncian la ausencia de otros especialistas, como urólogos, nefrólogos, endocrinólogos, neonatólogos y médicos de atención primaria, lo que evidencia el abandono institucional. El caso de una joven madre de 29 años y sus dos bebés mellizos, quienes fallecieron el 10 de agosto, ha puesto aún más en evidencia las deficiencias del hospital. La paciente fue inicialmente atendida en el Hospital Nicolás A. Solano, pero debido a la falta de atención neonatal, se gestionó su traslado al Hospital Santo Tomás, donde horas después se confirmaron los fallecimientos de la madre y los bebés. Este suceso ha conmocionado a la comunidad y ha generado interrogantes sobre el manejo clínico del caso. Según el Ministerio de Salud (Minsa), la paciente ingresó al área de urgencias a la 1:37 p.m. con diagnóstico de embarazo gemelar, fiebre de 38.6°C y dolor abdominal de un día de evolución. Fue atendida seis minutos después por medicina general y luego valorada por ginecología y obstetricia. Un ultrasonido determinó una edad gestacional de 31 semanas y cuatro días, con signos vitales estables tanto en la madre como en los fetos. Debido a la prematuridad y a la falta de servicio de neonatología en La Chorrera, se gestionó su traslado al Hospital Santo Tomás, donde llegó en condiciones estables. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento junto con el de los bebés. El Minsa no ha detallado las causas de la muerte, y el Hospital Santo Tomás tampoco ha emitido información al respecto. Trampolín político La Asociación Médica de Panamá señala que durante años este hospital ha sido utilizado como trampolín político, con funcionarios que llegan temporalmente para luego ser trasladados a la ciudad capital. También denuncian que los directores de la institución ocupan cargos políticos, lo que genera inestabilidad y falta de continuidad en la gestión. Los directivos de la asociación indican que el hospital no puede seguir esperando y que las autoridades deben actuar con urgencia para enviar al personal especializado, los recursos y el equipo médico necesarios. Cada día que pasa sin acción significa más vidas en riesgo y más familias destruidas por la negligencia institucional. Visita del ministro de Salud al hospital El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, visitó la mañana de ayer la sala de urgencias del hospital, tras las múltiples quejas de los pacientes por la atención en este centro hospitalario. Durante su visita, conversó directamente con los pacientes que recibían atención médica, así como con aquellos que se encontraban en la sala de espera, con el objetivo de conocer de cerca sus experiencias y preocupaciones. Boyd Galindo destacó la importancia de mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud pública. “Ya no se puede seguir con un sistema de salud pública que no brinde la atención médica necesaria ni la empatía que todo paciente merece”, señaló el ministro. En un tono firme, Boyd Galindo también aseguró a los pacientes: “Si los están tratando mal, van para afuera”, refiriéndose al personal de salud que no esté brindando la atención debida a quienes acuden a buscar salud en estas instalaciones. El 13 de agosto de 2025, un paciente falleció mientras esperaba atención en la sala de urgencias, lo que llevó a que se iniciaran investigaciones administrativas al personal médico que estaba de turno ese día. Anualmente, el cuarto de urgencias del hospital atiende a más de 67,000 pacientes. En lo que va del 2025, más de 38,000 personas han buscado atención en este hospital, según datos del Minsa. La situación del Hospital Nicolás A. Solano se ha convertido en un reflejo de las carencias del sistema de salud pública en Panamá, que afecta a miles de ciudadanos que buscan atención en momentos de emergencia. A pesar de los planteamientos del ministro de Salud y la visita para evaluar la crisis, la falta de especialistas, equipos médicos y recursos sigue siendo una realidad inminente. El Minsa pidió realizarse pruebas diagnósticas si presentan tos persistente por más de dos semanas. Cortesía Panorama
7A La Prensa Panamá, jueves 28 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Indicadores Panamá continuará creciendo, bastante por encima del promedio de la región. En el pasado, este crecimiento le ha permitido al país avanzar en reducir parcialmente la desigualdad. A partir del restablecimiento del régimen democrático (1990) y que se implementaron políticas para liberar nuestra economía, hace treinta y cinco años, Panamá registró un avance significativo en varios indicadores clave. Con el impulso de las reformas estructurales que se impulsaron a partir de 1990, Panamá logró reducir la pobreza de cerca del 40% (38% en 2000) hasta alcanzar 21% en 2017, según datos del Banco Mundial; a partir de ese año y acentuado por la pandemia en 2020, no se ha registrado una mejora significativa –lo cual coincide con el estancamiento en las reformas estructurales necesarias- para brindarle a la población mejores servicios básicos y herramientas para que se valgan por sí mismos. La última medición de este indicador, realizada en 2024 apunta a que la pobreza en Panamá alcanza el 14%. Hoy en día se cuentan con herramientas y mediciones más comprensivas, como los indicadores de pobreza multidimensional y el Índice deProgreso Social (IPS), que permiten apuntar a las debilidades estructurales actuales con mayor precisión, demuestran el alto nivel de desigualdad que existe en el país, yasistir así en el diseño de políticas públicas más efectivamente. El Índice de Gini (Banco Mundial), utilizado para medir el nivel de desigualdad de Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Falta de dinero... o prioridades fuera de lugar Prevención de salud El lunes, el Hospital del Niño anunció la suspensión de cirugías electivas. No por falta de anestesia ni porque los quirófanos estén cerrados por remodelación, sino porque las salas están otra vez desbordadas de cuadros respiratorios en niños. Hay que liberar camas, aunque el costo lo paguen familias que esperaban desde hace meses un procedimiento quirúrgico. La historia no es nueva. Cada temporada respiratoria Panamá repite el mismo libreto: salas de hospitalización saturadas, unidades de cuidados intensivos al límite y médicos que deben elegir entre priorizar emergencias y postergar lo “no urgente”. Todo por cuadros virales, siendo el virus respiratorio sincicial (VRS) uno de los principales responsables, y que ya sabemos cómo prevenir. Mientras tanto, en Chile, en la primera temporada (2024) de uso nacional de nirsevimab, la historia fue otra: cero muertes en menores de un año por VRS y hasta un 95% menos de hospitalizaciones respecto a años previos. ¿Resultado? No hubo familias llorando la muerte de un bebé a causa de este virus, ni hospitales colapsados, ni cirugías canceladas. Allá, los recién nacidos estuvieron realmente protegidos. Y no, no se trata de ciencia ficción. Panamá tiene sobre la mesa datos propios, con modelos matemáticos ajustados a nuestra realidad. El estudio publicado este año en Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research por el Dr. Xavier Sáez-Llorens y colaboradores concluye que la estrategia de inmunización con nirsevimab —particularmente en modalidad estacional con catch-up— sería la más costo-efectiva, capaz de evitar miles de hospitalizaciones y muertes infantiles. Traducido: invertir en prevención es más barato, más efectivo y más humano que seguir apagando incendios en hospitales colapsados. Entonces, ¿por qué seguimos improvisando en cada temporada de alta circulación viral? Quizás porque, como ya escribí el pasado 27 de marzo en este mismo espacio (“Prioridades: ¿comprar aviones o proteger a los recién nacidos?”), la brújula presupuestaria nacional apunta más al cielo que a las cunas. Y mientras discutimos adquisiciones militares millonarias, en los hospitales pediátricos tenemos niños que mueren por cuadros respiratorios y familias destrozadas por causas evitables. Tenemos que suspender cirugías para hacer espacio a bebés con bronquiolitis o neumonía. El sarcasmo se escribe solo: tenemos ejemplos exitosos de países vecinos, tenemos evidencia científica local, tenemos pediatras que lo repiten hasta el cansancio... pero lo que no tenemos es voluntad política para invertir en lo que de verdad salva vidas. Si las prioridades estuvieran claras, hoy Panamá ya contaría con un anticuerpo monoclonal contra el VRS dentro del esquema nacional de vacunación. Y no estaríamos escribiendo —ni leyendo— comunicados sobre hospitales desbordados ni cirugías canceladas. Si hay dinero para aviones, para alquilar autos en la Asamblea Nacional o para subirle el salario a los magistrados, también debería haber dinero para proteger a nuestros bebés. La diferencia es sencilla: unos simbolizan poder; los otros representan vida. La delicada situación de Panamá y su futuro Desconfianza Son noticias positivas, pero pasajeras: alivian el presente, no aseguran el futuro. La confianza internacional se mantendrá solo si el país corrige sus desequilibrios internos con disciplina fiscal, una reforma tributaria justa y un fortalecimiento real de sus instituciones. La necesidad de consensos reales Aquí está el núcleo del problema: más que un reto económico, enfrentamos una crisis política y ética. Un gobierno que no escucha, que descalifica o que criminaliza la protesta social carece de la capacidad para construir consensos. Y sin consensos, no habrá soluciones duraderas. La historia de Panamá muestra que los grandes avances se lograron mediante acuerdos nacionales. La firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 fue un pacto histórico que trascendió ideologías y nos devolvió soberanía. Más recientemente, el diálogo por la Caja de Seguro Social intentó, aunque con limitaciones, reunir a distintos sectores para abordar el problema de las pensiones. En otros países también encontramos ejemplos: el Acuerdo Nacional del Perú (2002) sirvió como plataforma para políticas de Estado más allá de los ciclos políticos. Hoy Panamá necesita un acuerdo de esa magnitud: un pacto nacional mínimo con metas claras y verificables. Reformas impostergables Ese pacto debería contemplar, al menos, cinco compromisos fundamentales: 1. Reforma fiscal progresiva: ampliar la base tributaria, reducir la evasión y lograr que todos aporten en función de sus capacidades reales. 2. Racionalización del gasto público: limitar privilegios, duplicidades y clientelismo que drenan recursos esenciales. 3. Reforma institucional: garantizar la Francisco Sánchez Cárdenas El poder de la libertad Libre mercado En el contexto de un mundo convulsionado por el populismo y la polarización, y donde es difícil diferenciar a veces a los avanzados de los emergentes, Panamá debe redoblar esfuerzos por consolidarse como un puerto seguro: un país que defiende la libertad del individuo como la base de un sistema económico que, pese a las dificultades y retos estructurales que enfrenta, impulsa con fuerza los cambios que le permitan convertir el crecimiento económico en desarrollo. Los principios Los principios por los cuales debemos luchar sin tregua, y que se fundamentan en el firme convencimiento de que una sociedad justa y próspera se desarrolla sobre la base de las libertades del individuo, incluyen el imperio de la ley; el respeto a la propiedad privada; el libre mercado; un gobierno pequeño y eficiente, y que concentra sus esfuerzos en asegurar brindarle servicios públicos al individuo para que este se valga por sí mismo; y una sociedad que respeta y defiende la libertad de expresión y prensa. los países (1: Mayor Desigualdad; 0: Igualdad Perfecta), apunta también a que Panamá logró avanzar de manera significativa, para luego estancarse. Durante el período 1990-2018, Panamá pasó de registrar un Índice Gini de 0.58 a 0.49; desde entonces, no ha registrado una mejora destacable. Retos estructurales Panamá se encuentra a las puertas de iniciar un nuevo ciclo de fuerte crecimiento económico, impulsado por la ampliación y diversificación de su plataforma logística, por la mejora en la evaluación de riesgo del país, y la salida de las listas discriminatorias. La reciente reforma al programa de pensiones debe servir de ejemplo para continuar enfrentando los retos estructurales; al igual que fue durante el inicio de los años noventa, implementar cambios profundos permitirá al país cambiar de rumbo, en materia de desarrollo. Sin más dilación Educación y Justicia, servicios públicos, democracia y la responsabilidad de cada uno de los poderes del Estado, son todos temas críticos para el desarrollo y que requieren cambios profundos. Luchemos por una sociedad justa y próspera, que se fundamente sobre la base de la libertad del individuo y la libertad económica, y trabajemos sin dilación en resolver estos temas críticos. Aprovechemos el impulso económico y la mejora en las perspectivas para rediseñar e implementar estos difíciles cambios, y avancemos del crecimiento al desarrollo. Opinión LA AUTORA es pediatra. EL AUTOR es analista de temas económicos. EL AUTOR es médico neurocirujano y ciudadano. Ana Gabriela Lucas independencia del sistema judicial y atacar la impunidad que socava la credibilidad del Estado. 4. Acuerdo por la educación: metas claras en cobertura, formación docente y calidad académica como base del futuro. 5. Agenda de infraestructura sostenible: priorizar proyectos logísticos, tecnológicos y de agua que trasciendan el ciclo político y fortalezcan nuestra competitividad. Estas no son aspiraciones abstractas, sino tareas urgentes que Panamá debe emprender si quiere recuperar confianza interna y externa. Lo que exige la ciudadanía hoy El ciudadano no espera favores ni discursos, sino derechos garantizados: trabajo digno, medicinas disponibles, alimentos accesibles, escuelas seguras, carreteras transitables. En medicina, una emergencia requiere atención inmediata, pero también un tratamiento de largo plazo. Panamá necesita ambos: medidas urgentes que alivien la carga de la población y, al mismo tiempo, una estrategia seria y sostenida para corregir sus debilidades estructurales. 2026: un momento decisivo A pesar de la gravedad del momento, no debemos perder la esperanza. Panamá conserva fortalezas indiscutibles: su posición geográfica privilegiada, un sector financiero sólido y una población joven con potencial para crecer. Pero el tiempo apremia. El año 2026 marcará un punto de inflexión. O aprovechamos la coyuntura para ordenar las finanzas, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza, o corremos el riesgo de perder dinamismo económico y atractivo internacional. Como médico y ciudadano, creo que los pueblos también pueden sanar. Pero para ello se requiere voluntad política, transparencia y un compromiso real con el bienestar de la mayoría. Ese es el desafío que Panamá no puede seguir postergando. No escribo como economista ni como técnico financiero. Lo hago como médico que ha dedicado su vida al servicio público y como ciudadano que observa, con inquietud, la falta de rumbo en la conducción nacional. En medicina sabemos que, cuando un paciente no se atiende a tiempo, las complicaciones se agravan. Lo mismo ocurre con una nación: si no enfrentamos los problemas de raíz, el futuro se compromete. Crecimiento sin justicia social Tras la pandemia, Panamá logró un repunte económico. Sin embargo, en la vida diaria la mayoría de la población enfrenta realidades muy distintas: desigualdad de ingresos —la más aguda de América Latina—, empleos precarios, deficiencias en servicios básicos y un sistema de pensiones en estado crítico. La corrupción y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones y han creado una brecha cada vez mayor entre ciudadanía y Estado. Esa falta de confianza es, a mi juicio, la enfermedad social más grave de nuestro tiempo: sin confianza, no hay cohesión, y sin cohesión, no hay desarrollo sostenible. Señales positivas, pero un futuro incierto La deuda pública ya supera los 50 mil millones de dólares, más del 60% del PIB. Buena parte del presupuesto nacional se destina a deuda y salarios públicos, dejando poco margen para educación, salud o infraestructura social. Sí, hubo señales alentadoras en los últimos meses, como la reducción del riesgo país de 330 a 200 puntos y la disminución del costo de intereses de la deuda externa. Domingo Latorraca La corrupción y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones y han creado una brecha cada vez mayor entre ciudadanía y Estado. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza
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