6A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Panorama Al grano Flor Mizrachi [email protected] Tenemos tribunales con goteras, juzgados sin papel ni internet, y ciudadanos que esperan años por una sentencia, pero la Corte autorizó gastar $15 millones en una póliza colectiva de vida, salud, accidentes y lesiones personales para su personal. El contraste es más insultante todavía si se toma en cuenta que la Corte duplicó en tres años lo que gasta en ese renglón. La póliza anterior, de 2022 a 2025, fue adjudicada en $7.5 millones, terminó en $11 millones tras dos adendas, y ahora sube a $15 millones. Justicia pobre, pero funcionarios asegurados. Y mientras aquí se blindan beneficios, en otros países ocurre lo contrario. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó en junio un decreto que prohíbe a las instituciones pagar seguros de salud privados para sus funcionarios. Solo se permiten pólizas de vida para personal en riesgo, y las de salud privadas no se pueden renovar. ¿La lógica? Racionalizar el gasto y eliminar privilegios frente al sistema público. En España, el sistema de seguros para funcionarios tambalea: los costos médicos superan las primas, los jóvenes prefieren la sanidad pública y las aseguradoras amenazan con retirarse. En Ecuador se cortó de raíz; en España se derrumba solo. ¿Qué es más efectivo: un decreto firme o un colapso financiero que obliga a repensar todo? Los privilegios aquí son en cadena. El Judicial no está solo. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública —con todos sus estamentos—, la ACP, el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Superintendencia de Bancos y la de Seguros también disfrutan del mismo beneficio. Y sí, la ley lo permite. Pero ni los gobernantes creen en el sistema de salud panameño, ¿qué nos queda a los demás? El debate no es si un trabajador debe estar asegurado, sino quién paga la cuenta. En el sector privado, los seguros colectivos los paga la empresa. En el sector público, los pagamos todos. Y en un país con hospitales saturados y citas médicas a meses de distancia, esa diferencia es injusta. Si la salud pública funcionara, no habría necesidad de gastar millones del erario en seguros privados. Pero como no lo es, se perpetúa un círculo vicioso: lo privado se justifica con dinero público, debilitando aún más lo público. La verdadera injusticia no es que un funcionario tenga seguro, sino que solo algunos lo tengan… y que sea con la plata de todos. La decisión refleja algo más grave: la desconexión con la realidad. El mensaje es que la Corte se protege a sí misma mientras el ciudadano sigue esperando justicia… y salud. Y es que el problema no es solo el monto, sino la inequidad. Mientras se financian seguros privados con dinero público, también se destinan miles de millones al Seguro y al Minsa… sin que eso se traduzca en mejoras. Entonces el Estado paga doble. El mensaje implícito es todavía más profundo: ni siquiera los altos funcionarios confían en lo público. Basta ver el caso del exministro de Salud Paco Sucre y el del expresidente Laurentino Cortizo, que cuando enfrentaron el cáncer buscaron atención fuera del país. Más allá de lo personal y de sus posibilidades económicas, es un reflejo político: si que sea legal no lo hace correcto. Es desproporcionado gastar $15 millones en seguros privados cuando hay juzgados que ni siquiera tienen condiciones mínimas para trabajar. El presupuesto judicial debería servir para garantizar justicia rápida y eficaz, no para blindar beneficios particulares. El Instituto Oncológico Nacional es el principal hospital para pacientes con cáncer. Archivo Hospital Nicolás A. Solano, sin oncólogos Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD La unidad oncológica del Hospital Nicolás A. Solano sigue sin operar por falta de personal especializado, en medio de una creciente crisis por escasez de oncólogos en Panamá. La construcción de un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) ha sido descartada por la actual administración gubernamental. En su lugar, el Ministerio de Salud (Minsa) decidió fortalecer la Red Oncológica Nacional, una estrategia que busca descentralizar la atención del cáncer y acercar los servicios especializados a las provincias. Actualmente, ya existen unidades oncológicas en hospitales como el Anita Moreno (Los Santos), el Luis “Chicho” Fábrega (Veraguas) y el Rafael Hernández (Chiriquí), este último también atiende a pacientes de Bocas del Toro. Sin embargo, la creación de una unidad similar en el Hospital Regional Nicolás A. Solano, en La Chorrera, no avanza al ritmo esperado. Aunque el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que la apertura de esta unidad es inminente, aún persisten importantes limitaciones. Los obstáculos Una de los principales barreras es la escasez de oncólogos en el país, lo que impide al ION designar un especialista idóneo para esta nueva unidad. Ante este escenario, la dirección médica del ION ha implementado una estrategia de telemedicina, que contempla la capacitación en sitio de tres médicos generales asignados por el Hospital Nicolás A. Solano. El programa tendrá una duración de tres meses. En una carta enviada a la diputada independiente Patsy Lee, el director médico del ION, Julio Santamaría, detalló que también deben nombrarse otros profesionales esenciales para garantizar la operación adecuada del centro: farmacéuticos, personal de soporte técnico, registros médicos, personal administrativo y trabajadores manuales. El hospital ya ha asignado a tres enfermeras oncológicas, quienes comenzaron una capacitación de ocho meses el pasado 5 de mayo de 2025, con finalización prevista en diciembre. También se requiere formar a tres farmacéuticos, que recibirán entrenamiento virtual durante tres meses, seguido de tres meses de formación presencial, detalla la misiva. Por su parte, el personal de soporte técnico será capacitado al momento de la instalación de los equipos. Primero recibirán una semana de formación en el ION, y luego una semana de acompañamiento técnico en el hospital una vez se inaugure la unidad. Santamaría reiteró que el ION ha brindado apoyo técnico y está preparado para acompañar la puesta en marcha del centro. No obstante, aclaró que la adecuación del espacio físico y la contratación del personal requerido no están bajo su responsabilidad directa. “El cronograma para la adecuación del área oncológica no depende de nosotros. Tampoco nos compete contratar enfermeras, farmacéuticos, médicos generales, personal administrativo, ni técnico”, explicó en la carta enviada a Lee. La urgencia de ampliar la cobertura oncológica es evidente. El cáncer es la segunda causa de muerte en Panamá, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Cada año se registran cerca de 5,000 nuevos casos, un incremento del 56% en comparación con 2013. Y las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud son aún más alarmantes: en los próximos años, el número de pacientes podría duplicarse. Además del aumento sostenido de casos, el país enfrenta una preocupante escasez de oncólogos. Con una población de 4.5 millones de habitantes, Panamá debería contar con al menos 54 oncólogos médicos, según estándares internacionales. Actualmente, solo hay 20 en ejercicio: cuatro de ellos ya están jubilados (aunque siguen trabajando) y otros cuatro se desempeñan exclusivamente en el sector privado. En resumen, la situación de la unidad oncológica del Hospital Nicolás A. Solano es solo un reflejo de una realidad más amplia: el sistema de salud panameño enfrenta una creciente demanda de atención oncológica sin contar con los recursos humanos ni la infraestructura necesarios para responder de manera oportuna y equitativa. Aunque el modelo de la Red Oncológica Nacional apunta en la dirección correcta al descentralizar la atención, su efectividad dependerá de inversiones sostenidas, planificación interinstitucional y, sobre todo, de una política de formación y retención de especialistas a largo plazo. La falta de oncólogos no es solo un obstáculo logístico, es un síntoma de un sistema que necesita reformular su estrategia frente a una de las enfermedades más letales del país. En un contexto donde los casos de cáncer no dejan de aumentar, la pregunta ya no es si podemos construir nuevos centros, sino si seremos capaces de garantizar que funcionen. Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas Cortesía Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante cadena de salones de belleza PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil. Según las investigaciones, que se iniciaron en el año 2018, la red criminal abrió una serie de salones de belleza en la ciudad de Panamá, a través de los cuales movió $7.1 millones en los últimos años. En la denominada operación Génesis, que involucró la realización de 28 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, se investiga a una cadena de salones de belleza que presuntamente eran como fachada para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícita. En los allanamientos, la fiscalía ubicó dentro del colchón de una residencia la suma de $130 mil 664. La investigación se inició tras recibir información relacionada con la operación de una red dedicada al blanqueo de capitales. En las pesquisas, realizadas por la fiscalía, las autoridades lograron la aprehensión de tres personas que se presume mantenían una participación activa en el grupo criminal. Durante las diligencias, las autoridades lograron ubicar varios autos de lujo que presuntamente fueron adquiridos para justificar el movimiento del dinero ilícito, así como apartamentos en áreas de lujo. La fiscalía aún se encuentra buscando información sobre las operaciones de la red criminal. En los allanamientos también se recuperaron equipos electrónicos que son analizados por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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