2A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Magistrados del TE en la Comisión de Presupuesto. Captura de pantalla de TVL Seguros que el TE paga a funcionarios reavivan la polémica sobre privilegios Eliana Morales Gil [email protected] ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El seguro de bienes incluye, además de la protección sobre la flota vehicular institucional, el pago parcial de cuotas de carros personales de algunos funcionarios. El Tribunal Electoral (TE) llegó ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con una petición que abrió un debate incómodo: ¿hasta dónde los seguros privados de sus funcionarios son un derecho laboral… o un privilegio sostenido con fondos públicos? El TE sustentó un presupuesto de 112.6 millones de dólares para 2026, pero uno de los focos de las preguntas no se concentró en la cifra global. Fue un rubro mucho más pequeño, en apariencia marginal dentro del engranaje financiero, el que atrajo la atención: los 1.9 millones de dólares solicitados para seguros de vida, salud y bienes. Un beneficio bajo la lupa Fue la diputada independiente Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, quien introdujo el tema en la sesión. La diputada de Veraguas, pidió explicaciones puntuales sobre el alcance de las pólizas y encontró un terreno fértil para la polémica: mientras el seguro de vida sí cubre a toda la planilla de la institución, el de salud y bienes no beneficia a todos los colaboradores. Más aún, el de bienes incluye, además de la protección sobre la flota vehicular institucional, el pago parcial de cuotas de carros personales de algunos funcionarios. “Esto constituye una especie de privilegio”, cuestionó Prado. Los magistrados se defendieron. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas que cumplen los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra. Por su parte, su colega Luis Guerra Morales amplió la lista de apoyos que ofrece el TE a sus trabajadores: tiempo compensatorio, un Centro de atención a la Primera Infancia, ferias libres para alimentos, dos médicos generales y una clínica odontológica. “No lo vería como privilegio. Son servicios que les prestamos a los colaboradores frente a los bajos salarios”, añadió. El debate dejó cabos sueltos: el TE no precisó desde cuándo están vigentes los contratos de seguros ni aclaró cuántos funcionarios se benefician realmente de estas coberturas. Según la planilla publicada en la plataforma de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la institución registraba al menos 3,600 funcionarios en julio pasado. Una cifra que se diluye en los papeles El asunto se torna más complejo cuando se compara con la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad solo recomendó 186,043 dólares para seguros, muy por debajo de lo que pidió el TE. A simple vista, esto podría interpretarse como un recorte sustancial. Sin embargo, los magistrados del TE y los funcionarios que los acompañaron en el debate reconocieron que los contratos con dos aseguradoras, cuyos nombres no se revelaron, están vigentes. Significa que continuarán pagándose mediante créditos adicionales y traslados de partidas. Los magistrados también argumentaron ante la Comisión de Presupuesto que 35 millones adicionales para cubrir todas sus responsabilidades en 2026. Sin ción. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares. Johana Fuentes, subdirectora de Recursos Humanos, evitó referirse directamente sobre el tema. Explicó que se trata principalmente de nuevas posiciones: auditores de financiamiento político para reforzar la dirección, y dos directores regionales, uno de ellos en Arraiján. Dijo que algunos aumentos de salarios corresponden a leyes especiales; además, y para nivelar los sueldos de los directores regionales, que actualmente presentan diferencias significativas entre sí. Un debate que trasciende al Tribunal Electoral El caso del TE no es aislado. El Órgano Judicial se encuentra en proceso de contratar un seguro médico privado para sus funcionarios por 15 millones de dólares. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado. Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos. Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”. embargo, el MEF les recomendó 112.6 millones de dólares. El aumento de salario de los magistrados La diputada Prado también cuestionó si, dentro del renglón de servicios personales, que representa el 66% del presupuesto, es decir, 71.4 millones de dólares, se contemplaba algún aumento de salario para los magistrados. Al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tres magistrados del TE también incrementaron sus emolumentos. De $10 mil mensual, pasaron a ganar $14 mil. Anteriormente percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representaOhigginis Arcia Jaramillo [email protected] ‘Ningún funcionario debería recibir dietas por integrar juntas directivas’: Méndez GOBIERNO LOCAL La directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Roxana Méndez, se pronunció sobre el proyecto de ley que planteaba aumentar dietas y montos a programas de la descentralización. Actualmente, esta propuesta de ley está en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional y, según el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el artículo que establecía las dietas hasta por 500 dólares será eliminado. Como se recordará, Herrera fue el proponente de esta iniciativa. Sobre este tema, Méndez subrayó que, a nivel personal e institucional, no están de acuerdo con que los funcionarios públicos reciban dietas por formar parte de juntas directivas de otras instituciones, especialmente cuando estas reuniones coinciden con sus horarios salariales habituales. Méndez reconoció que, en la junta directiva de la AND, hay tres gremios que no son funcionarios públicos y deben trasladarse desde provincias como Darién y Los Santos, por lo que originalmente se decidió asignarles una dieta de 100 balboas para cubrir traslados y gastos básicos. No obstante, la directora señaló en Noticias 180 Minutos de Radio Red que la cifra de 500 balboas incluida en el proyecto de ley fue producto de la intervención de múltiples actores y aún requiere revisión. “Hay muchas cosas que todavía hay que discutir y corregir. La ley está en proceso y va a generar mucho debate”, afirmó, subrayando la necesidad de transparencia y planificación en el uso de los recursos descentralizados. “Después de una década de análisis, hemos identificado fortalezas y debilidades en la ley que guía la política pública sobre descentralización”, señaló Méndez. La evaluación incluyó la participación de distintos actores: instituciones del gobierno central, alcaldes, representantes y gobiernos locales. La directora recordó que ni las juntas comunales ni los municipios han recibido el 100% de los fondos del impuesto sobre bienes inmuebles, a pesar de que la ley lo establece. Tal Cual Mónica Palm [email protected] PROCESO. La comisión legislativa de Economía y Finanzas recibió más de 50 hojas de vida y realizó 17 entrevistas presenciales a economistas interesados en trabajar en esta instancia, dirigida por el diputado Eduardo Gaitán. Al final, contrataron a dos. En la planilla de la Asamblea hay 1,369 asistentes (administrativos, parlamentarios, técnicos, etc.) y nadie tiene claro qué hacen. Por cada 10 que destituyan, podrían nombrar a un economista y hasta convertirían a la Asamblea en un centro de estudios económicos. DEMAGOGO.El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, justificó el aumento de su salario (para equipararlo al del pleno de la Corte), alegando que se ajusta a la ley. “Y si es legal, es correcto”, remarcó en TVN. Si todo lo que es “legal” fuera “correcto”, no existirían las demandas de inconstitucionalidad. Esto debería saberlo alguien que insiste en ganar un salario de $14,000 como magistrado. AMNESIA. Los rectores de las universidades estatales se aferran a la autonomía universitaria para oponerse al proyecto de ley que prohíbe su reelección inmediata (aprobado ayer en primer debate). Por suerte, ahí estaba Miguel Antonio Bernal, quien les recordó que, en los años 90, para facilitar la reelección de Gustavo García de Paredes como rector, la Asamblea modificó la ley orgánica de la Universidad de Panamá. Nadie se quejó aquella vez. Cuando les conviene, está bien modificar los estatutos de la forma que sea; pero cuando va en contra de sus mezquinos intereses, no. DISPARATE. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, advirtió que, para prohibir la reelección inmediata, primero hay que hacer un referendo entre los estudiantes, docentes y administrativos de la UP. Solo eso faltaba. TIRRIA. El presidente del Panameñista, José Blandón, advirtió que Mireya Moscoso pretende tomar el control del partido para ponerlo a merced de José Raúl Mulino. Seguramente esa aversión a la expresidenta la comparte con Juan Carlos Varela. Parece que Moscoso ha sido el catalizador que logró unir al agua y el Seco.
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