1A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 75¢ Miércoles 27 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15120 Hoy por hoy “Salario emocional” le llamó el magistrado Alfredo Juncá al pago de seguros privados por parte del Tribunal Electoral. Ese eufemismo, además de constituir un furcio del togado, resulta engañoso: no se trata de un salario intangible, sino de un componente material del mismo. La expresión deja ver, además, lo normalizada que resulta para él la pésima calidad de la salud pública. La situación es idéntica para otros funcionarios que gozan del mismo “beneficio”: su salida es aprovecharlo a costa del Estado. Mientras esa sea la mentalidad de quienes lo autorizan y usufructúan, no habrá mejoras en la salud pública. El propio sistema produce un modo de evadir el problema, perpetuando así la mala calidad de los servicios de salud. Deportes El Plaza quiere el primer lugar en un Grupo A de infarto 8A Panorama Red movió $7.1 millones a través de salas de belleza 6A Corte y DGCP bloquean identidad de contratistas Mónica Palm [email protected] La transparencia en las contrataciones estatales sufrió un fuerte revés tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2021, con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, que estableció que la Dirección General OPACIDAD La negativa de Contrataciones Públicas a revelar a los dueños de una empresa con contrato por $14.1 millones reavivó críticas contra un fallo de la Corte que reserva la identidad de contratistas estatales. de Contrataciones Públicas (DGCP) no está obligada a revelar los nombres de los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado por montos superiores a $500,000. Esta posición, originada en un habeas data presentado por el abogado Publio Cortés, quien buscaba conocer a los accionistas de la sociedad Alcalá, volvió a hacerse sentir, cuando la DGCP se negó a informar sobre los dueños de Construction Management Group Inc., compañía adjudicataria de un hospital de mascotas por $14.1 millones. El pleno de la Corte respondió en su momento que se trata de información de carácter privado, protegida como secreto comercial. Organizaciones como Transparencia Internacional, a través de Lina Vega y Olga de Obaldía, calificaron la postura de retroceso, al facilitar la opacidad y abrir la puerta a esquemas de corrupción. Cortés y otros juristas sostienen que el fallo coloca el secreto corporativo por encima del manejo transparente de fondos públicos. VEA 4A Mal tiempo Lluvias, tormentas y peligro en las calles Las fuertes lluvias sobre la capital y otras regiones del país dejaron calles inundadas, evidenciando las deficiencias del drenaje urbano. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió avisos de vigilancia por lluvias y tormentas, vigentes para hoy miércoles 27 y mañana jueves 28 de agosto. Elysée Fernández Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, magistrados del Tribunal Electoral Isaac Ortega La comparecencia del Tribunal Electoral (TE) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional encendió un debate inesperado. Más allá de los $112.6 millones solicitados para 2026, el foco estuvo en los $1.9 millones destinados a seguros de vida, salud y bienes, rubro cuestionado por la diputada Janine Prado. El hallazgo: mientras el seguro de vida cubre a toda la planilla, los de salud y bienes benefician solo a un grupo reducido, e incluso amparan cuotas de carros personales de funcionarios. El magistrado Alfredo Juncá defendió las pólizas como parte de un “salario emocional”, destinado a compensar largas jornadas y ausencia de horas extra. Su colega Luis Guerra añadió que el TE también ofrece tiempo compensatorio, clínica odontológica y ferias de alimentos. VEA 2A PRIVILEGIOS La OMI alerta sobre flotas de barcos fantasmas Advierten que tasa a pasajeros en tránsito sería perjudicial Juncá defiende seguros como un ‘salario emocional’ Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), alertó en Panamá sobre flotas fantasmas, ataques en el Mar Rojo y los retos de descarbonización marítima. VEA 2B José Ruiz Blanco, gerente de Tocumen S.A, advierte que una tasa de $10 a pasajeros en tránsito propuesta por un diputado en la Asamblea Nacional reduciría vuelos, rutas y empleos. VEA 1B Gabinete faculta al MICI para coordinar reapertura de Chiquita Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Consejo de Gabinete aprobó ayer martes medidas para reactivar el sector bananero en Bocas del Toro, así como propuestas de ley relacionadas con el empleo juvenil. Entre los acuerdos, se autorizó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a cargo de Julio Moltó, a gestionar formalmente la reanudación de las operaciones de la empresa Chiquita, luego de que una huelga ilegal provocara el despido de más de 6,500 trabajadores y el cierre temporal de las fincas. BOCAS DEL TORO
2A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Magistrados del TE en la Comisión de Presupuesto. Captura de pantalla de TVL Seguros que el TE paga a funcionarios reavivan la polémica sobre privilegios Eliana Morales Gil [email protected] ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El seguro de bienes incluye, además de la protección sobre la flota vehicular institucional, el pago parcial de cuotas de carros personales de algunos funcionarios. El Tribunal Electoral (TE) llegó ayer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con una petición que abrió un debate incómodo: ¿hasta dónde los seguros privados de sus funcionarios son un derecho laboral… o un privilegio sostenido con fondos públicos? El TE sustentó un presupuesto de 112.6 millones de dólares para 2026, pero uno de los focos de las preguntas no se concentró en la cifra global. Fue un rubro mucho más pequeño, en apariencia marginal dentro del engranaje financiero, el que atrajo la atención: los 1.9 millones de dólares solicitados para seguros de vida, salud y bienes. Un beneficio bajo la lupa Fue la diputada independiente Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, quien introdujo el tema en la sesión. La diputada de Veraguas, pidió explicaciones puntuales sobre el alcance de las pólizas y encontró un terreno fértil para la polémica: mientras el seguro de vida sí cubre a toda la planilla de la institución, el de salud y bienes no beneficia a todos los colaboradores. Más aún, el de bienes incluye, además de la protección sobre la flota vehicular institucional, el pago parcial de cuotas de carros personales de algunos funcionarios. “Esto constituye una especie de privilegio”, cuestionó Prado. Los magistrados se defendieron. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas que cumplen los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra. Por su parte, su colega Luis Guerra Morales amplió la lista de apoyos que ofrece el TE a sus trabajadores: tiempo compensatorio, un Centro de atención a la Primera Infancia, ferias libres para alimentos, dos médicos generales y una clínica odontológica. “No lo vería como privilegio. Son servicios que les prestamos a los colaboradores frente a los bajos salarios”, añadió. El debate dejó cabos sueltos: el TE no precisó desde cuándo están vigentes los contratos de seguros ni aclaró cuántos funcionarios se benefician realmente de estas coberturas. Según la planilla publicada en la plataforma de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la institución registraba al menos 3,600 funcionarios en julio pasado. Una cifra que se diluye en los papeles El asunto se torna más complejo cuando se compara con la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad solo recomendó 186,043 dólares para seguros, muy por debajo de lo que pidió el TE. A simple vista, esto podría interpretarse como un recorte sustancial. Sin embargo, los magistrados del TE y los funcionarios que los acompañaron en el debate reconocieron que los contratos con dos aseguradoras, cuyos nombres no se revelaron, están vigentes. Significa que continuarán pagándose mediante créditos adicionales y traslados de partidas. Los magistrados también argumentaron ante la Comisión de Presupuesto que 35 millones adicionales para cubrir todas sus responsabilidades en 2026. Sin ción. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares. Johana Fuentes, subdirectora de Recursos Humanos, evitó referirse directamente sobre el tema. Explicó que se trata principalmente de nuevas posiciones: auditores de financiamiento político para reforzar la dirección, y dos directores regionales, uno de ellos en Arraiján. Dijo que algunos aumentos de salarios corresponden a leyes especiales; además, y para nivelar los sueldos de los directores regionales, que actualmente presentan diferencias significativas entre sí. Un debate que trasciende al Tribunal Electoral El caso del TE no es aislado. El Órgano Judicial se encuentra en proceso de contratar un seguro médico privado para sus funcionarios por 15 millones de dólares. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado. Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos. Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”. embargo, el MEF les recomendó 112.6 millones de dólares. El aumento de salario de los magistrados La diputada Prado también cuestionó si, dentro del renglón de servicios personales, que representa el 66% del presupuesto, es decir, 71.4 millones de dólares, se contemplaba algún aumento de salario para los magistrados. Al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tres magistrados del TE también incrementaron sus emolumentos. De $10 mil mensual, pasaron a ganar $14 mil. Anteriormente percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representaOhigginis Arcia Jaramillo [email protected] ‘Ningún funcionario debería recibir dietas por integrar juntas directivas’: Méndez GOBIERNO LOCAL La directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Roxana Méndez, se pronunció sobre el proyecto de ley que planteaba aumentar dietas y montos a programas de la descentralización. Actualmente, esta propuesta de ley está en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional y, según el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el artículo que establecía las dietas hasta por 500 dólares será eliminado. Como se recordará, Herrera fue el proponente de esta iniciativa. Sobre este tema, Méndez subrayó que, a nivel personal e institucional, no están de acuerdo con que los funcionarios públicos reciban dietas por formar parte de juntas directivas de otras instituciones, especialmente cuando estas reuniones coinciden con sus horarios salariales habituales. Méndez reconoció que, en la junta directiva de la AND, hay tres gremios que no son funcionarios públicos y deben trasladarse desde provincias como Darién y Los Santos, por lo que originalmente se decidió asignarles una dieta de 100 balboas para cubrir traslados y gastos básicos. No obstante, la directora señaló en Noticias 180 Minutos de Radio Red que la cifra de 500 balboas incluida en el proyecto de ley fue producto de la intervención de múltiples actores y aún requiere revisión. “Hay muchas cosas que todavía hay que discutir y corregir. La ley está en proceso y va a generar mucho debate”, afirmó, subrayando la necesidad de transparencia y planificación en el uso de los recursos descentralizados. “Después de una década de análisis, hemos identificado fortalezas y debilidades en la ley que guía la política pública sobre descentralización”, señaló Méndez. La evaluación incluyó la participación de distintos actores: instituciones del gobierno central, alcaldes, representantes y gobiernos locales. La directora recordó que ni las juntas comunales ni los municipios han recibido el 100% de los fondos del impuesto sobre bienes inmuebles, a pesar de que la ley lo establece. Tal Cual Mónica Palm [email protected] PROCESO. La comisión legislativa de Economía y Finanzas recibió más de 50 hojas de vida y realizó 17 entrevistas presenciales a economistas interesados en trabajar en esta instancia, dirigida por el diputado Eduardo Gaitán. Al final, contrataron a dos. En la planilla de la Asamblea hay 1,369 asistentes (administrativos, parlamentarios, técnicos, etc.) y nadie tiene claro qué hacen. Por cada 10 que destituyan, podrían nombrar a un economista y hasta convertirían a la Asamblea en un centro de estudios económicos. DEMAGOGO.El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, justificó el aumento de su salario (para equipararlo al del pleno de la Corte), alegando que se ajusta a la ley. “Y si es legal, es correcto”, remarcó en TVN. Si todo lo que es “legal” fuera “correcto”, no existirían las demandas de inconstitucionalidad. Esto debería saberlo alguien que insiste en ganar un salario de $14,000 como magistrado. AMNESIA. Los rectores de las universidades estatales se aferran a la autonomía universitaria para oponerse al proyecto de ley que prohíbe su reelección inmediata (aprobado ayer en primer debate). Por suerte, ahí estaba Miguel Antonio Bernal, quien les recordó que, en los años 90, para facilitar la reelección de Gustavo García de Paredes como rector, la Asamblea modificó la ley orgánica de la Universidad de Panamá. Nadie se quejó aquella vez. Cuando les conviene, está bien modificar los estatutos de la forma que sea; pero cuando va en contra de sus mezquinos intereses, no. DISPARATE. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, advirtió que, para prohibir la reelección inmediata, primero hay que hacer un referendo entre los estudiantes, docentes y administrativos de la UP. Solo eso faltaba. TIRRIA. El presidente del Panameñista, José Blandón, advirtió que Mireya Moscoso pretende tomar el control del partido para ponerlo a merced de José Raúl Mulino. Seguramente esa aversión a la expresidenta la comparte con Juan Carlos Varela. Parece que Moscoso ha sido el catalizador que logró unir al agua y el Seco.
3A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Panorama El diputado de Vamos, Jorge Bloise, preside la Comisión de Educación. Cortesía Avanza proyecto de ley para limitar reelección de rectores Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] UNIVERSIDADES La iniciativa, presentada por el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño Alvarado, busca limitar la permanencia de rectores en el cargo de forma consecutiva. Los rectores de las principales universidades oficiales con intenciones de repetir en sus cargos del país sufrieron un revés ayer martes 26 de agosto, cuando la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley 83, que propone instaurar el principio de la no reelección inmediata para las máximas autoridades académicas. La iniciativa, presentada por el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño Alvarado, y respaldada por otros de sus colegas, busca limitar la permanencia de rectores en el cargo de forma consecutiva, con el fin de fortalecer la alternancia y garantizar un proceso democrático en la vida académica del país. De acuerdo con la propuesta, el rector será electo por el período que establece el régimen orgánico de cada universidad, pero no podrá aspirar de inmediato a la reelección para un segundo mandato consecutivo. La medida también se fundamenta en la necesidad de evitar prácticas autoritarias derivadas de la concentración del poder en una sola figura y de abrir espacios a nuevos liderazgos dentro de los centros de educación superior. Los motivos En su exposición de motivos, los proponentes argumentan que impedir la reelección inmediata permite captar ideas frescas y enfoques innovadores que aporten al desarrollo de las universidades oficiales. Además, consideran que esta disposición promueve condiciones más justas e igualitarias para todos los aspirantes, evitando que los procesos electorales internos se vean sesgados por la influencia de un rector en ejercicio. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, explicó que el proyecto de Ley 83, aprobado recientemente en primer debate, no solo limita la reelección inmediata de los rectores, sino que también alcanza a vicerrectores, decanos, vicedecanos y directores de centros regionales. Recordó que la iniciativa fue presentada el 12 de agosto de 2024 y subrayó que su discusión avanza conforme al orden de ingreso de los proyectos en la comisión legislativa. ¿Qué dicen los rectores? Antes de que este documento fuera aprobado en primer debate, la Comisión de Educación creó una subcomisión con el fin de conocer las opiniones de las casas de estudio superiores públicas del país. Uno de los consultados fue el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien enfatizó que no tiene intenciones de postularse para la reelección. En su momento, Flores subrayó la inconstitucionalidad del proyecto de Ley 83, argumentando que la Universidad de Panamá cuenta con un régimen de autogobierno reconocido por la Constitución y ratificado por la Corte Suprema de Justicia. En su intervención, instó a los diputados a respetar la autonomía universitaria y evitar modificaciones sin la debida consulta a la comunidad académica. El debate también ha alcanzado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo vicerrector académico, Angelino Harris, destacó la importancia de que cada institución determine sus propias reglas de gobernanza. Harris recordó que, tras una serie de reformas en los años noventa, la UTP eliminó la reelección inmediata de sus autoridades, asegurando que cualquier cambio en el sistema electoral universitario debe surgir desde el propio estamento académico y no por imposición externa. “Las universidades deben analizar su estructura y necesidades sin presiones externas que respondan a intereses ajenos a la educación superior”, afirmó. Fiscalía captura a exediles por presunto peculado La Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de ocho personas, entre exrepresentantes de corregimiento y extesoreros, dentro de la investigación que adelanta ese despacho por el uso irregular de fondos asignados a programas de la descentralización. Los allanamientos se realizaron en El Carate de Los Santos; Río Hato, en la provincia de Coclé; Cristóbal Este, en Colón; Trinidad y Nueva Gorgona en Panamá Oeste. Durante las diligencias, que iniciaron a primeras horas de la mañana de este martes 26 de agosto, la fiscalía logró la aprehensión de un extesorero de la Junta Comunal de El Carate de Los Santos a quien se le atribuye irregularidades en el manejo de fondos de la descentralización. Mientras que en Río Hato, Coclé, se detuvo a un exrepresentante de corregimiento y un extesorero a quienes se le vincula con el manejo de $174 mil 473 entre los años 20212024, que les fueron entregados por la descentralización para el desarrollo de proyectos de interés social. Mientras que en el corregimiento de Cristóbal Este se realizaron las aprehensiones de un exrepresentante de corregimiento y un extesorero. JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected]
4A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Panorama Ahora será más difícil para el ciudadano seguir el rastro de fondos públicos. LP La Corte blinda a los dueños reales de empresas proveedoras del Estado Mónica Palm [email protected] OPACIDAD En 2021, un fallo determinó que la identidad de los beneficiarios finales de empresas con contratos estatales superiores a $500,000 es información confidencial, limitando la transparencia en el uso de fondos públicos. ¿Quiénes son las personas que controlan las empresas o consorcios que venden bienes o prestan servicios al Estado, pagados con fondos públicos? La población no tiene derecho a conocer las identidades, cuando el contrato adjudicado excede los $500,000. Desde hace cuatro años y medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no está obligada a informar quiénes son los beneficiarios finales de las acciones nominativas de las empresas, consorcios o asociaciones accidentales que participen en licitaciones cuya cuantía supere el medio millón de dólares. Así está consignado en un fallo unánime del pleno (con ponencia del magistrado Cecilio Cedalise) del 24 de febrero de 2021, en el que la Corte negó un habeas data contra la DGCP, presentado por el abogado Publio Cortés, quien buscaba conocer la identidad de los beneficiarios finales de la sociedad Alcalá, un proveedor del Estado en contratos por más de $500,000. Cortés invocó la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). “Esa información es de carácter privado, toda vez que consiste en datos que resultan inherentes a una persona jurídica y que, por tanto, escapa del alcance de la mencionada Ley 6 de 2002”, indicó la Corte. “Si una autoridad recibe o tiene acceso a información de carácter comercial y privado de una persona natural o jurídica, como consecuencia de las facultades reguladoras que le han sido atribuidas por mandato legal, ello no quiere decir que dicha información adquiera automáticamente el carácter de información de acceso público”, agregó el fallo. Ayer la DGCP recordó aquel criterio de la Corte, después de que Mary Triny Zea, periodista de La Estrella de Panamá, le preguntara a la DGCP quién es el beneficiario final de las acciones de Construction Management Group Inc., sociedad a la que se le adjudicó el diseño y construcción de un hospital de mascotas por $14.1 millones. En un comunicado, la DGCP remarcó que los nombres de los beneficiarios finales “son considerados, para todos los efectos legales, como información confidencial o de acceso restringido”. Cortés opinó que la Corte “le ha dado prioridad al secreto de la compañía por sobre el hecho de la transparencia en el manejo de los fondos públicos”. Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), también lamentó la interpretación del Ejecutivo, a través de la DGCP, y de la CSJ. “Con ello se desconocen los principios de transparencia y de publicidad que sustentan la Ley de Contrataciones Públicas, y se ponen trabas a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Conocer a los beneficiarios finales de quienes contraten con el Estado es un eslabón esencial en el manejo transparente de los recursos públicos”, enfatizó Vega. Olga De Obaldía, directora ejecutiva de TI Panamá, opinó que el criterio de la Corte, adoptado por la DGCP, representa un retroceso y contradice el espíritu de la ley de transparencia. “En el pasado, la opacidad sobre los beneficiarios finales de los contratistas del Estado —poder saber quiénes son los dueños reales— ha sido precisamente la vía para diversos esquemas de corrupción, tráfico de influencias, conflictos de intereses y otros delitos y abusos. Sin ese mecanismo no hay manera de prevenir, y los propios licitantes quedan en desventaja frente a la economía de amiguetes”, resaltó De Obaldía. ¿Por qué la DGCP maneja esta información? Porque la Ley 22 de 2006 obliga a las empresas y consorcios que participen en un acto público cuya cuantía exceda los $500,000 a entregar una declaración jurada del agente residente o presidente de la sociedad, en la que certifique el nombre de cada persona natural que sea, directa o indirectamente, beneficiaria final de al menos el 10 % del capital accionario emitido y en circulación. Solo están exentas de este requisito las empresas que cotizan públicamente en bolsas de valores. La Corte, en el fallo de 2021 con ponencia de Cedalise, señaló que si una autoridad o entidad recibe o tiene acceso a información “de carácter comercial o privado” de una persona natural o jurídica, ello no implica que dicha información deba estar al alcance del público o ser de acceso general. El abogado Cortés piensa distinto. “Solo con estar en el Registro de Proponentes supuestamente deben revelar y mantener actualizada la información ante Contrataciones Públicas. No tiene que tratarse de un acto de licitación pública concreto. Pero nadie puede saber si lo hacen, si dicen la verdad, si no lo hacen… nada, porque Contrataciones Públicas y la Corte decidieron que es secreto”, señaló. También habló el abogado Guido Rodríguez. “Esa decisión va en contravía de la transparencia en las licitaciones públicas y del escrutinio al que tenemos derecho los ciudadanos y los medios de comunicación social. No entiendo esa categoría de ‘secreto comercial’ en el caso de los beneficiarios finales de una sociedad que participa en una licitación pública”, indicó Rodríguez. Yaritza Mojica [email protected] En las escuelas particulares hay unos 140 mil estudiantes. Archivo Anteproyectos buscan mayor transparencia en costos escolares y contratos con colegios privados CONSUMIDOR Un anteproyecto que modifica y adiciona artículos a la Ley Orgánica de Educación, específicamente a la Ley 47 de 1946, fue presentado por la diputada independiente Alexandra Brenes en la Asamblea Nacional el pasado 25 de agosto, y está orientado al tema de los aumentos en las matrículas y mensualidades en los colegios particulares, entre otros aspectos. La propuesta busca establecer un marco legal más claro, participativo y transparente para regular los incrementos en matrículas, mensualidades y cuotas en colegios particulares, y a su vez garantizar el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. En su sustentación, Brenes explicó que muchas escuelas públicas no cuentan con el apoyo, la inversión ni las condiciones necesarias por parte del Estado para suplir la demanda educativa. En este contexto, los colegios particulares cobran especial importancia porque complementan al sistema público y ofrecen diversidad pedagógica. No obstante, tras la pandemia más de 33 mil estudiantes migraron de escuelas privadas al sistema público, evidenciando la presión económica sobre las familias. Según Brenes, el anteproyecto surge ante el creciente malestar de los padres de familia por las alzas anuales en los costos escolares, sin justificación suficiente ni participación en la toma de decisiones. De acuerdo con datos del Meduca, el 87% (944 mil) de estudiantes del país están en escuelas oficiales, mientras que entre un 12% y 13% (140 mil) asisten a centros privados, pese a los altos costos. Actualmente en Panamá hay registrados 536 colegios particulares. La reforma de Brenes propone que los incrementos en los costos escolares solo puedan realizarse cada tres años y mediante consenso entre los colegios, los padres de familia y el Ministerio de Educación (Meduca). Además, se establece un procedimiento formal de consulta, justificación técnica y votación secreta, con supervisión de las autoridades educativas. También se prohíben las represalias contra estudiantes cuyos padres se opongan a los aumentos. Con esta modificación, el documento destaca que “el Estado busca garantizar estabilidad financiera a las familias, fortalecer la corresponsabilidad en la gestión educativa y promover una educación más justa, transparente y participativa, en la que prevalezca el interés superior del menor”. Protección al consumidor Por su parte, la diputada independiente Yamireliz Yong presentó otra propuesta relacionada con este tema, específicamente sobre la “protección al consumidor en escuelas particulares”. El anteproyecto de ley busca regular los contratos entre padres de familia y colegios particulares en Panamá, con el fin de garantizar mayor transparencia, equidad y protección al consumidor en la prestación del servicio educativo. La iniciativa plantea dejar claro en los contratos de educación particular — considerados de adhesión y con carácter oneroso— que estos deben detallar la modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial o virtual), el desglose de costos a lo largo de cada subsistema educativo y las medidas a aplicar en caso de que el servicio no pueda brindarse en las condiciones pactadas. La propuesta también regula las llamadas “donaciones” que algunos colegios exigen para la inscripción, estableciendo que estas sean voluntarias, únicas, con monto límite y dirigidas exclusivamente al centro educativo. Asimismo, prohíbe la práctica de obligar a comprar uniformes, útiles o textos escolares en el propio plantel, reconociendo la potestad de los padres de presentar denuncias ante Acodeco en caso de ventas atadas. Otro punto incluido es el transporte colegial, que deberá estar respaldado por un contrato con cláusulas claras sobre la prestación del servicio y el manejo de situaciones en que no pueda cumplirse lo pactado. Con esta propuesta se busca reducir los conflictos recurrentes entre padres y proveedores del servicio educativo, garantizar relaciones contractuales claras y proteger el derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes, en concordancia con la Ley 285 de 2022 sobre garantías de la niñez. Según datos de la Acodeco, entre 2014 y 2024 la entidad impuso 272 sanciones a escuelas privadas, lo que representó más de $273,560 en multas. Mientras que en lo que va de 2025 (hasta julio) ya se habían registrado 51 denuncias y sanciones a tres colegios por un monto total de $2,300. Por su parte, Edwin García, presidente de la Asociación Panameña de Colegios Particulares (APCP) indicó que la Cámara Nacional de Educación e Innovación y sus diferentes gremios que la integran estarán reuniéndose en los próximo días para analizar las dos anteproyectos relacionados con los colegios particulares y poder emitir una posición formal.
5A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Panorama Al grano Flor Mizrachi [email protected] Tenemos tribunales con goteras, juzgados sin papel ni internet, y ciudadanos que esperan años por una sentencia, pero la Corte autorizó gastar $15 millones en una póliza colectiva de vida, salud, accidentes y lesiones personales para su personal. El contraste es más insultante todavía si se toma en cuenta que la Corte duplicó en tres años lo que gasta en ese renglón. La póliza anterior, de 2022 a 2025, fue adjudicada en $7.5 millones, terminó en $11 millones tras dos adendas, y ahora sube a $15 millones. Justicia pobre, pero funcionarios asegurados. Y mientras aquí se blindan beneficios, en otros países ocurre lo contrario. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó en junio un decreto que prohíbe a las instituciones pagar seguros de salud privados para sus funcionarios. Solo se permiten pólizas de vida para personal en riesgo, y las de salud privadas no se pueden renovar. ¿La lógica? Racionalizar el gasto y eliminar privilegios frente al sistema público. En España, el sistema de seguros para funcionarios tambalea: los costos médicos superan las primas, los jóvenes prefieren la sanidad pública y las aseguradoras amenazan con retirarse. En Ecuador se cortó de raíz; en España se derrumba solo. ¿Qué es más efectivo: un decreto firme o un colapso financiero que obliga a repensar todo? Los privilegios aquí son en cadena. El Judicial no está solo. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública —con todos sus estamentos—, la ACP, el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Superintendencia de Bancos y la de Seguros también disfrutan del mismo beneficio. Y sí, la ley lo permite. Pero ni los gobernantes creen en el sistema de salud panameño, ¿qué nos queda a los demás? El debate no es si un trabajador debe estar asegurado, sino quién paga la cuenta. En el sector privado, los seguros colectivos los paga la empresa. En el sector público, los pagamos todos. Y en un país con hospitales saturados y citas médicas a meses de distancia, esa diferencia es injusta. Si la salud pública funcionara, no habría necesidad de gastar millones del erario en seguros privados. Pero como no lo es, se perpetúa un círculo vicioso: lo privado se justifica con dinero público, debilitando aún más lo público. La verdadera injusticia no es que un funcionario tenga seguro, sino que solo algunos lo tengan… y que sea con la plata de todos. La decisión refleja algo más grave: la desconexión con la realidad. El mensaje es que la Corte se protege a sí misma mientras el ciudadano sigue esperando justicia… y salud. Y es que el problema no es solo el monto, sino la inequidad. Mientras se financian seguros privados con dinero público, también se destinan miles de millones al Seguro y al Minsa… sin que eso se traduzca en mejoras. Entonces el Estado paga doble. El mensaje implícito es todavía más profundo: ni siquiera los altos funcionarios confían en lo público. Basta ver el caso del exministro de Salud Paco Sucre y el del expresidente Laurentino Cortizo, que cuando enfrentaron el cáncer buscaron atención fuera del país. Más allá de lo personal y de sus posibilidades económicas, es un reflejo político: si que sea legal no lo hace correcto. Es desproporcionado gastar $15 millones en seguros privados cuando hay juzgados que ni siquiera tienen condiciones mínimas para trabajar. El presupuesto judicial debería servir para garantizar justicia rápida y eficaz, no para blindar beneficios particulares. El Instituto Oncológico Nacional es el principal hospital para pacientes con cáncer. Archivo Hospital Nicolás A. Solano, sin oncólogos Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD La unidad oncológica del Hospital Nicolás A. Solano sigue sin operar por falta de personal especializado, en medio de una creciente crisis por escasez de oncólogos en Panamá. La construcción de un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) ha sido descartada por la actual administración gubernamental. En su lugar, el Ministerio de Salud (Minsa) decidió fortalecer la Red Oncológica Nacional, una estrategia que busca descentralizar la atención del cáncer y acercar los servicios especializados a las provincias. Actualmente, ya existen unidades oncológicas en hospitales como el Anita Moreno (Los Santos), el Luis “Chicho” Fábrega (Veraguas) y el Rafael Hernández (Chiriquí), este último también atiende a pacientes de Bocas del Toro. Sin embargo, la creación de una unidad similar en el Hospital Regional Nicolás A. Solano, en La Chorrera, no avanza al ritmo esperado. Aunque el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aseguró que la apertura de esta unidad es inminente, aún persisten importantes limitaciones. Los obstáculos Una de los principales barreras es la escasez de oncólogos en el país, lo que impide al ION designar un especialista idóneo para esta nueva unidad. Ante este escenario, la dirección médica del ION ha implementado una estrategia de telemedicina, que contempla la capacitación en sitio de tres médicos generales asignados por el Hospital Nicolás A. Solano. El programa tendrá una duración de tres meses. En una carta enviada a la diputada independiente Patsy Lee, el director médico del ION, Julio Santamaría, detalló que también deben nombrarse otros profesionales esenciales para garantizar la operación adecuada del centro: farmacéuticos, personal de soporte técnico, registros médicos, personal administrativo y trabajadores manuales. El hospital ya ha asignado a tres enfermeras oncológicas, quienes comenzaron una capacitación de ocho meses el pasado 5 de mayo de 2025, con finalización prevista en diciembre. También se requiere formar a tres farmacéuticos, que recibirán entrenamiento virtual durante tres meses, seguido de tres meses de formación presencial, detalla la misiva. Por su parte, el personal de soporte técnico será capacitado al momento de la instalación de los equipos. Primero recibirán una semana de formación en el ION, y luego una semana de acompañamiento técnico en el hospital una vez se inaugure la unidad. Santamaría reiteró que el ION ha brindado apoyo técnico y está preparado para acompañar la puesta en marcha del centro. No obstante, aclaró que la adecuación del espacio físico y la contratación del personal requerido no están bajo su responsabilidad directa. “El cronograma para la adecuación del área oncológica no depende de nosotros. Tampoco nos compete contratar enfermeras, farmacéuticos, médicos generales, personal administrativo, ni técnico”, explicó en la carta enviada a Lee. La urgencia de ampliar la cobertura oncológica es evidente. El cáncer es la segunda causa de muerte en Panamá, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Cada año se registran cerca de 5,000 nuevos casos, un incremento del 56% en comparación con 2013. Y las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud son aún más alarmantes: en los próximos años, el número de pacientes podría duplicarse. Además del aumento sostenido de casos, el país enfrenta una preocupante escasez de oncólogos. Con una población de 4.5 millones de habitantes, Panamá debería contar con al menos 54 oncólogos médicos, según estándares internacionales. Actualmente, solo hay 20 en ejercicio: cuatro de ellos ya están jubilados (aunque siguen trabajando) y otros cuatro se desempeñan exclusivamente en el sector privado. En resumen, la situación de la unidad oncológica del Hospital Nicolás A. Solano es solo un reflejo de una realidad más amplia: el sistema de salud panameño enfrenta una creciente demanda de atención oncológica sin contar con los recursos humanos ni la infraestructura necesarios para responder de manera oportuna y equitativa. Aunque el modelo de la Red Oncológica Nacional apunta en la dirección correcta al descentralizar la atención, su efectividad dependerá de inversiones sostenidas, planificación interinstitucional y, sobre todo, de una política de formación y retención de especialistas a largo plazo. La falta de oncólogos no es solo un obstáculo logístico, es un síntoma de un sistema que necesita reformular su estrategia frente a una de las enfermedades más letales del país. En un contexto donde los casos de cáncer no dejan de aumentar, la pregunta ya no es si podemos construir nuevos centros, sino si seremos capaces de garantizar que funcionen. Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas Cortesía Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante cadena de salones de belleza PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil. Según las investigaciones, que se iniciaron en el año 2018, la red criminal abrió una serie de salones de belleza en la ciudad de Panamá, a través de los cuales movió $7.1 millones en los últimos años. En la denominada operación Génesis, que involucró la realización de 28 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, se investiga a una cadena de salones de belleza que presuntamente eran como fachada para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícita. En los allanamientos, la fiscalía ubicó dentro del colchón de una residencia la suma de $130 mil 664. La investigación se inició tras recibir información relacionada con la operación de una red dedicada al blanqueo de capitales. En las pesquisas, realizadas por la fiscalía, las autoridades lograron la aprehensión de tres personas que se presume mantenían una participación activa en el grupo criminal. Durante las diligencias, las autoridades lograron ubicar varios autos de lujo que presuntamente fueron adquiridos para justificar el movimiento del dinero ilícito, así como apartamentos en áreas de lujo. La fiscalía aún se encuentra buscando información sobre las operaciones de la red criminal. En los allanamientos también se recuperaron equipos electrónicos que son analizados por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
7A La Prensa Panamá, miércoles 27 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Casos verdes: no son urgencias reales. Casos amarillos: pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos que, por falta de control, llegan con complicaciones. Casos rojos: urgencias verdaderas. Este modelo desorganizado impide al médico general dar un seguimiento integral y preventivo al paciente. El resultado es un sistema colapsado y reactivo, donde no existe la posibilidad de practicar medicina preventiva, ni de ofrecer soluciones reales a la salud del paciente. El camino está en implementar de manera correcta la estrategia de APS. La estrategia APS: un sistema organizado La APS busca ordenar la atención médica mediante pasos concretos: Sectorización: consiste en señalar la unidad ejecutora (UE) que tendrá que atender a un paciente según la cercanía y accesibilidad desde su residencia. Médico de cabecera (MC): cada familia tendrá un MC responsable de su salud, con un máximo de 400 familias (unas 2,000 personas). Estos médicos estarán capacitados y actualizados por médicos familiares (MF) y médicos especialistas (ME). Adscripción de la familia a su MC de preferencia. Este sistema crea una relación cercana y de confianza entre paciente y médico. El MC agenda la siguiente cita de forma automática: cada seis meses o un año para pacientes sanos, y cada 3 o 4 meses para quienes tienen enfermedades crónicas, Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Centros de salud 24/7: ¿un problema más o una solución? Políticas públicas La red de atención primaria en Panamá dista de ofrecer la calidad que la población necesita, una realidad ampliamente reconocida. Las causas son múltiples, aunque predominan la escasez de insumos y la falta de personal. Aun así, los centros de atención intentan responder con los recursos disponibles, procurando brindar a los ciudadanos un servicio lo más cercano posible a los estándares deseados. Según datos del INEC (2023), existen aproximadamente 778 instalaciones de salud en el país: más del 56% son subcentros y puestos de salud, alrededor del 35% corresponden a centros de salud y policlínicas, y apenas un 8% son hospitales. Además, el gasto público en salud representó el 4,76% del PIB en 2022, lo que ubicó a Panamá en la posición 72 a nivel mundial en inversión sanitaria. Es evidente que la salud no entiende de horarios, y la ciudadanía está cansada de la deficiente atención recibida. Aunque en ocasiones se atribuye a la falta de compromiso de algunos profesionales, en la mayoría de los casos responde a un sistema incapaz de dotar al recurso humano de lo mínimo para ejercer con eficiencia. No es raro que en muchos centros falten gasas, guantes o medicamentos esenciales, condiciones que limitan cualquier intento de ampliar horarios de servicio. En este contexto, la propuesta de convertir todos los centros de salud en unidades 24/7 puede sonar atractiva en discursos políticos, pero en la práctica revela una profunda falta de planificación. Quienes la impulsan no han realizado investigaciones ni consultas técnicas con profesionales de salud pública, conocedores de la realidad de las instalaciones. Se trata más de un proyecto con fines populistas que de una política pública seria. Una medida de tal magnitud no puede improvisarse en un país donde incluso hay centros sin insumos básicos y donde persisten retrasos en los pagos a médicos y enfermeras que ya cumplen turnos extendidos. De acuerdo con el Código Sanitario y las disposiciones del Ministerio de Salud, un centro debe contar con permisos legales, infraestructura adecuada y recurso humano suficiente y calificado. Esto incluye accesibilidad universal, consultorios médicos, farmacia, laboratorio clínico básico, sala de procedimientos, cadena de frío para vacunas y condiciones de seguridad. En cuanto al personal, se requiere médicos generales, odontólogos, enfermería, técnicos de farmacia, trabajadores sociales o psicólogos, laboratoristas, personal administrativo y de limpieza, así como conductores de ambulancia. Sin estos elementos, hablar de atención 24/7 es ilusorio. El verdadero desafío no es abrir las puertas todo el día, sino fortalecer las condiciones estructurales para que los centros cumplan su función: promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar oportunamente, tratar con eficacia y garantizar referencias seguras. Además, cualquier ampliación de horarios debe ser gradual, planificada y sustentada en evidencia. Es imprescindible asegurar que las unidades que ya funcionan lo hagan correctamente y, desde allí, expandir progresivamente por provincias con base en estudios epidemiológicos y análisis de datos que justifiquen la asignación de recursos. Solo de esta manera un modelo 24/7 puede convertirse en política pública viable y sostenible, dejando de ser un eslogan político para transformarse en un verdadero compromiso con la vida y el bienestar de la población. La atención primaria merece soluciones reales, no promesas vacías. Antes de ampliar horarios, el Estado debe garantizar que los centros existentes operen con eficiencia, con personal motivado, pagos puntuales y recursos suficientes. Eso es lo que la ciudadanía realmente necesita. Si por acá llueve, por Gringolandia no escampa Soberanía debemos estar atentos a lo que suceda en la asignación de contratos y licitaciones. Actualmente en Panamá están en discusión varios megaproyectos, como los puertos de Cristóbal y Balboa. Esta transacción —detenida por China— consistía en concesiones principalmente al fondo estadounidense BlackRock. ¿Será que BlackRock ofreció “incentivos” al gobierno gringo para que lo apoyara en dicha operación? Localmente, se espera el fallo de inconstitucionalidad de esos contratos. ¿Debemos ponernos nerviosos? Todavía está caliente la jugada de los magistrados de la no muy honorable Corte Suprema de perpetuarse jugosas jubilaciones, con el argumento de que “se requería una buena remuneración para evitar tentaciones”. Imaginemos del tamaño de las “tentaciones” que BlackRock o Li Ka-shing pudieran aportar como cereza del pastel para lograr sus beneficios. Hasta ahora, el proceso de estudios y eventuales fallos duerme el sueño eterno. ¿Será que no se ponen de acuerdo? Otro megaproyecto es el tren hacia Chiriquí y la frontera con Costa Rica, que está en su etapa inicial de definición de ruta. El Desquiciado ha manifestado que quiere empresas gringas en el proyecto, pero en la realidad ninguna les llega a los talones a las chinas en eficiencia, experiencia y costos. ¿Será que ya tiene en la mira a otro BlackRock para sus posibles negociados? También está el proyecto del gaseoducto que quiere construir la Autoridad del Canal de Panamá en terrenos de su propiedad. Me parece que hay opciones mejores y más seguras: seguimos poJorge G. Obediente El camino es la Atención Primaria de Salud Servicio público A diario escuchamos las quejas sobre la atención de los pacientes en los cuartos de urgencias: largas filas para conseguir una cita médica, demoras para acceder a un especialista y dificultades para encontrar una cama hospitalaria. También vemos propuestas de diputados y otros actores para resolver estas situaciones. Aunque bien intencionadas, estas medidas no atacan el verdadero origen del problema, porque lo que enfrentamos no son problemas aislados, sino consecuencias de la falta de una estrategia sólida de Atención Primaria de Salud (APS). En este espacio explicaré de manera breve sus causas y el camino correcto para mejorar la salud de los panameños. El sistema actual: atención por demanda espontánea Nuestro sistema está basado en la demanda espontánea: “me siento mal, voy a buscar al médico”. Esto genera filas de madrugada, dificultad para conseguir citas con médicos generales, tiempos muy distantes con especialistas y la saturación de los cuartos de urgencias, donde los pacientes necesitan ser clasificados para su atención, ocurriendo lo siguiente: según el caso. Si surge un problema en ese espacio de tiempo, el paciente se comunica directamente con su MC, evitando así acudir innecesariamente a urgencias. Con este modelo: • Disminuyen las filas de madrugada. • Se reducen los casos “verdes” y “amarillos” en urgencias. • Los pacientes crónicos se mantienen controlados, con menos hospitalizaciones. • Se liberan hasta 40% de las citas de especialistas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera para los pacientes de primera vez. • El MC puede recetar tratamientos de seguimiento a pacientes crónicos, liberando aún más tiempo de los especialistas. Nuevas figuras de gestión La APS también contempla dos instancias de gestión: Comité Local de Atención Primaria (CLAPS): representantes de todos los departamentos de la UE que se reúnen semanalmente para resolver problemas críticos. Comité de Articulación de Red (CAR): directores médicos de cada red de UE que se reúnen mensualmente para compartir soluciones y buenas prácticas. Este trabajo colaborativo fomenta el compromiso de todos los actores y mejora la eficiencia del sistema. La Atención Primaria de Salud es el único camino para garantizar un sistema de atención ordenado, eficiente y de calidad, para el beneficio de todos los panameños. De lo contrario, los cuartos de urgencias continuarán saturados, los equipos de hemodiálisis no serán suficientes, las camas hospitalarias seguirán siendo escasas. Continuaremos atendiendo la enfermedad y no conservando la salud. Opinión EL AUTOR es médico. EL AUTOR es odontólogo. EL AUTOR es ciudadano. Emilio Castillo niendo todos los huevos en la misma canasta, y no pasa un solo día sin que salga a relucir que el Desquiciado y sus secuaces quieren retomar “su canal”. Sería más lógico y seguro que dicho gaseoducto se construya en Chiriquí o Bocas del Toro, donde ya existe una empresa con servidumbre y experiencia comprobada por años. La ACP, por su parte, tiene proyectos en Corozal e Isla Margarita y probablemente termine con los puertos de Balboa y Cristóbal, a la espera de fallos de la Corte. ¿Por qué no pensar en una visión más amplia y segura, aprovechando las aguas profundas de Chiriquí y Bocas para construir megaportuarios en ambos océanos? Estos, complementados con zonas industriales, podrían atraer empresas extranjeras que aprovecharían la tarifa única de 10% que el Desquiciado asignó a Panamá. Sería una oportunidad para convertirnos en un centro logístico mundial, con empresas europeas y asiáticas —como Vietnam o Corea del Sur— instalándose aquí, ya que los aranceles que pagan en Gringolandia son muy superiores a ese 10%. Estos megaproyectos requieren una red vial y ferroviaria eficiente, que conecte con el tren hacia la frontera y eventualmente hacia Centroamérica. Tenemos que reconocer el error que fue obligarnos a salir de la Ruta de la Seda: revivir esa iniciativa es impostergable. Para terminar, reitero que la soberanía territorial en Panamá está peor que antes. Cuando existía la Zona del Canal, los gringos mandaban en ella, pero no se metían con el resto del país. Ahora se inmiscuyen en todo, y solo se hace lo que ellos permiten. Hemos subordinado la soberanía a pedir permiso. Enterémonos de una importante razón por la cual el Desquiciado quiere que todo lo que se construya, maneje o contrate en Panamá sea por empresas gringas. En información publicada en inglés en la edición del 25 de agosto de 2025 de The New York Times se menciona que “Trump está utilizando su discreción para alcanzar sus metas políticas” y, además, que en todo el gobierno “él está aplicando la ley de manera selectiva” (traducción libre). Trump ordenó a las instancias gubernamentales detener la aplicación de la ley que hace ilegal que las empresas estadounidenses sobornen a gobiernos extranjeros. El procurador general indicó al Departamento de Justicia que no se preocupara por la ley que exige a los lobbyists extranjeros declarar sus actividades (traducción libre). Una de las afirmaciones del Desquiciado era que, en el caso de Panamá, las compañías gringas no podían competir en grandes proyectos porque no pagaban coimas como otras empresas extranjeras. Con esta orden ejecutiva quiso ponerlas al mismo nivel que los “coimeros”. Por eso Carlos Abadía Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza
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