4A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] LOBBY. Walkiria Chandler impulsa la creación de un registro de lobistas, con información sobre todas las reuniones de cabildeo que se lleven a cabo a fin de influir en las decisiones de la administración pública. El registro, de carácter público, estará disponible en la página web de la Antai. No podrán ser cabilderos las personas y entidades extranjeras, los servidores públicos, los contratistas del Estado, los condenados por algún delito doloso, los inhabilitados para ocupar cargos públicos y los parientes —hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad— del presidente y su gabinete, magistrados, diputados, directores, gerentes, administradores, procuradores, superintendentes y el contralor. Muy bien. Ahora solo falta que haya personal que supervise el cumplimiento de todo eso. LAMENTO I. El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, se quejó porque sus emolumentos de $14 mil al mes se diluyen cuando le descuentan los impuestos, la cuota a la CSS y el pago al seguro educativo. Si él se escandaliza por eso, imaginen qué dirá aquel asalariado que cobra $1,000. LAMENTO II. El magistrado Guerra también contó que recibieron una nota del contralor Anel Flores solicitando una cita. No obstante, cuando el presidente del TE, Narciso Arellano, contacto a Flores, éste le respondió que ya no tenía nada que hablar con ellos. Sería bueno conocer la razón que llevó al contralor a ese extremo. DESMENTIDO. Juan Diego Vásquez no ha sido designado cónsul en el gobierno de Mulino. Él mismo desmintió esas versiones que circulaban en redes. Lástima. El “show” en la Comisión de Credenciales, con Benicio y Dana, habría estado de antología. DESMEMORIADOS. Mulino y Martinelli culparon a los dos últimos gobiernos por los retrasos en la construcción del hospital de Metetí, contrato que fue adjudicado a la tristemente célebre IBT hace 15 años, cuando el primero era ministro de Seguridad y el segundo era presidente de la República. IBT abandonó deliberaEl seguro privado del personal del OJ costará $15 millones Ereida Prietto-Barreiro [email protected] El Órgano Judicial aprobó un nuevo contrato de seguro privado para todo el personal, en medio de crecientes críticas por las carencias de infraestructura y servicios básicos en los tribunales. Aunque han tenido que desistir (al menos por ahora…) a las jubilaciones especiales para jueces y magistrados, el personal del Órgano Judicial (OJ) ya goza de varios “derechos”, como una póliza privada de vida, salud, accidentes y lesiones personales. Adquirir esa póliza colectiva (que actualmente está en proceso de contratación) representa un gasto de $15 millones. Este beneficio está contemplado en la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Por tanto, es un derecho adquirido por ley para cada funcionario del OJ, al igual que gozar de descanso remunerado el día de su cumpleaños, ausentarse para atender diligencias personales “urgentes” y recibir una bonificación por antigüedad al momento de retirarse (ya sea por renuncia o jubilación). El contrato de esa póliza colectiva ha sido adjudicado a Assa (aunque está pendiente su refrendo por parte de la Contraloría), por $15,050,583.32 (el precio de referencia de la licitación era de $15.8 millones), en un acto público en el que se utilizó el procedimiento de selección por mejor valor. Otras dos empresas presentaron propuestas: Mapfre Panamá y Compañía Internacional de Seguros, que ofertaron $15.04 millones y $15.03 millones, respectivamente. El periodo de cobertura es de tres años: del 12 de mayo de 2025 al 11 de mayo de 2028, para ser exactos. En el pliego de cargos, en el que consta el precio de referencia de la licitación por $15.8 millones, se desglosan los costos así: $3.3 millones por la cobertura mayo-diciembre 2025; poco más de $10.5 millones corresponden a 2026 y 2027 (casi $5.3 millones por cada año), y el resto (poco más de $1.9 millones) a los primeros cuatro meses y medio de 2028. La disponibilidad de la partida presupuestaria, basada en los $15.8 millones del precio de referencia, fue certificada por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial mediante una nota del 14 de noviembre de 2024. Para el OJ, el incremento promedio anual es de “$1 millón, que está consignado en el presupuesto de funcionamiento y no es excluyente con los otros gastos e inversiones a los que se hace referencia”. En total, la cobertura es para 6,988 personas; de estas, 330 superan los 62 años de edad. El incremento La nueva póliza representa un incremento de casi $5 millones respecto a la anterior, correspondiente a la cobertura de mayo de 2022 a mayo de 2025 (también por tres años). Aunque fue originalmente adjudicado en $7.5 millones en 2022, sobre la marcha fue ajustado a $11 millones, a través de dos adendas. El proveedor de aquel contrato (que estuvo vigente hasta el 11 de mayo de 2025) también fue Assa. Ante una consulta de La Prensa, el OJ explicó que el alza de $7.5 millones a $11 millones se debió al incremento en el número de funcionarios y a un “aumento de la siniestralidad”, lo que “representa un incremento en relación con el contrato actual No. 59/2025 del 26.6 %”. El contrato 59/2025 es aquel adjudicado a Assa, que está pendiente de refrendo. El OJ no tomó en cuenta en su cálculo que el 1 de agosto pasado, el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un desembolso por más de $581 mil al contrato 2022-2025 con Assa, lo que elevó el monto total a más de $11.6 millones. Según documentos que maneja el CENA, este incremento responde a un ajuste “al valor original del contrato para brindar el servicio de emisión y cobertura de póliza de vida y salud para todo el personal del Órgano Judicial”, específicamente de la Corte Suprema. Si el costo total de la póliza de 2022 a mayo de 2025 representa $11.6 millones, el incremento en relación al monto original de la adjudicación ($7.5 millones) sería de 47%. Si se toma como referencia el monto final ajustado de $11.6 millones del contrato anterior, la póliza tendría un incremento de 29.3%. No obstante, el Órgano Judicial reportó un aumento de 26.6%, cifra que al parecer responde a una base de cálculo distinta empleada por la entidad para justificar este incremento sustancial en la póliza. ‘Prioridades equivocadas’ El exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado. Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos. Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”. Molino Mola añadió que este tipo de beneficios personales contradicen la misión esencial de la institución. “Los beneficios personales nunca deben anteponerse a las necesidades del servicio público. El presupuesto del Órgano Judicial debe responder a su misión esencial: garantizar justicia pronta, completa y eficaz”, y agregó que cualquier asignación que desvíe recursos “es éticamente cuestionable”. Otro exmagistrado, que pidió mantenerse en el anonimato, coincidió en que la decisión refleja una “desconexión” con la realidad del país. “Evidentemente es una falta de conciencia social de los magistrados... ¿Dónde se enfoca la austeridad en la administración de justicia? Se debe priorizar el servicio público, no los beneficios personales de la Corte”. Mario De Gracia [email protected] Vistas presupuestarias a prueba: El análisis arranca con los entes reguladores ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional debe iniciar el proceso de vistas presupuestarias a diferentes entidades del sector público hoy, a fin de analizar el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026. Así lo adelantaron diferentes diputados consultados por La Prensa. Será una discusión sobre la que pesa un halo de incertidumbre, puesto que en 2024, a pesar de que se anunciaron algunas vistas presupuestarias fueron suspendidas a último momento, en medio de altercados entre diputados. En aquella ocasión, se alegó desde la Comisión de Presupuesto que la suspensión de las vistas presupuestarias respondía a una entrega tardía del proyecto de presupuesto al Órgano Legislativo, que debió darse en octubre de 2024 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, este año, el ministro de la cartera, Felipe Chapman, entregó el proyecto el 30 de julio de 2025. Para hoy se espera la vista presupuestaria de entes reguladores, como la Superintendencia de Bancos (SPB), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SPSR), según pudo conocer este medio. “El año pasado este proceso [vistas presupuestarias] se vio empañado. En una democracia sólida, el presupuesto no puede improvisarse. Debe sustentarse, debatirse y fiscalizarse con responsabilidad y de cara al país. Ese es el deber que asumimos desde este lunes”, dijo al respecto la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto. Asimismo, se encuentran contempladas para vista presupuestaria la Fiscalía General de Cuentas y el Consejo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap). “Mañana iniciamos las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Espero un proceso transparente, eficiente y orientado a resultados, que responda a los intereses del país y de Panamá Norte”, dijo al respecto el diputado de Vamos, Neftalí Zamora. El proceso de vistas presupuestarias sobre las diferentes entidades públicas evaluará el detalle de un presupuesto que asciende a un total de 34 mil 901 millones de dólares, el más alto de la historia del país. La metodología La Comisión de Presupuesto aprobó una metodología que establece límites de tiempo para el uso de la palabra. Cada diputado tendrá 30 minutos para hablar, por institución que asista a la vista presupuestaria, con o sin derecho a réplica, según el caso; comunicó el Legislativo. Los diputados no miembros de la comisión que pidan derecho a voz, tendrán un máximo de 5 a 10 minutos para hablar. Las entidades públicas, por su parte, tendrán 20 minutos para presentar su presupuesto y sus programas. En caso de que falte información que soliciten los diputados, cada entidad tendrá hasta 8 días para su entrega. damente la obra, incluso antes de que concluyera el mandato de Martinelli. ¿Acaso ya nadie se acuerda de eso? DISPARATE. Maribel Gordón fue electa presidenta del FAD. Por lo menos para ese cargo buscaron a alguien que no tiene causas judiciales pendientes. Durante el proceso de votación, se transmitió un mensaje grabado por Saúl Méndez desde su escondite. Otra vez se refirió a Mulino como “dictadorzuelo”. Debe estar en un país que es el reino de la democracia… Tres empresas se presentaron al acto público, cuyo precio de referencia era de $15.8 millones Infografía: LP - Fuente: PanamáCompra MAPFRE PANAMÁ, S.A. $15,048,470.30 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. $15,034,307.78 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A $15,050,583.32 Empresas proponentes UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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