1A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 75¢ Lunes 25 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15118 Hoy por hoy La contratación de seguros privados no solo refleja un gasto significativo, sino que pone de manifiesto una desigualdad en la distribución de los recursos dentro del Estado. Este beneficio llega a ciertos funcionarios que, por su posición institucional, han logrado acceder a él. El personal del Órgano Judicial, del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Bancos de Panamá, por ejemplo, gozan de seguros privados, mientras otros sectores fundamentales, carecen de los recursos básicos. Esta situación genera que tengamos funcionarios de dos clases: los que tienen el privilegio y los que no. Peor aún, la práctica equivale a gastar doblemente, pues mientras se financian seguros privados con fondos estatales, se sigue destinando presupuesto a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud sin exigirles mejoras sustanciales. Antes de cargar con ese doble gasto, la prioridad debería ser fortalecer el sistema público que atiende a la mayoría de la población. Los 54 años de la fundación del Ballet Nacional de Panamá 7B Ellas.pa Deportes LigaW: Seis partidos, seis blanqueadas 8B Economía Rechazan posible cierre del Aeropuerto de Albrook 4B CSJ gasta $15 millones en póliza privada Ereida Prieto Barreiro [email protected] El Órgano Judicial adjudicó un contrato de $15 millones a una aseguradora privada para una póliza colectiva que cubrirá a 6,988 funcionarios, La decisión del Órgano Judicial genera críticas por priorizar beneficios personales mientras persisten deficiencias en el sistema judicial y recursos limitados. incluidos 330 mayores de 62 años. Esta póliza, que abarcará desde mayo de 2025 hasta mayo de 2028, incluye cobertura de vida, salud, accidentes y lesiones personales, y está contemplada en la Ley 53 de 2015 como un derecho adquirido por los funcionarios judiciales. La cifra representa un incremento de casi $5 millones respecto al contrato anterior, el cual se ajustó de $7.5 millones a poco más de $11 millones debido al aumento en la cantidad de beneficiarios y una mayor siniestralidad. Este gasto ha generado controversia. Exmagistrados como Edgardo Molino Mola han cuestionado la decisión, considerando desproporcionado destinar esa cantidad a un seguro privado mientras los juzgados enfrentan deficiencias de recursos básicos. Según Molino Mola, esta asignación de fondos refleja una “prioridad equivocada”, pues el presupuesto del Órgano Judicial debería orientarse a garantizar una justicia rápida y eficiente, no a beneficios personales. VEA 4A Caminata Susie Thayer Todos contra el cáncer La XXVI Caminata Familiar Susie Thayer reunió a miles de panameños en la Cinta Costera y otras sedes del país bajo el lema “¿Y tú, por quién caminas?”. Organizada por Fundacáncer, la actividad recaudó fondos para adquirir un ultrasonido que fortalecerá el Servicio de Radiología del Instituto Oncológico Nacional. Cada paso simbolizó esperanza y unidad en la lucha contra el cáncer. Anel Asprilla Hospitales fantasma: millones perdidos en obras inconclusas Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los hospitales de Metetí y Santa Fe, en Darién, se han convertido en ejemplos de cómo la desidia puede traducirse en pérdidas millonarias para el país. El hospital de Metetí fue adjudicado en 2010 por 36.5 millones de dólares al consorcio IBT Health, pero permaneció paralizado entre 2014 y 2019. Tras múltiples cesiones contractuales y años de abandono, su costo se disparó a 140 millones, con equipos médicos desaparecidos y una infraestructura deteriorada. Aunque la actual administración proyecta inaugurar en 2027, el Estado ha debido reinvertir en insumos ya adquiridos, duplicando gastos. El hospital de Santa Fe refleja una historia similar. Con un costo original de 8.5 millones, la obra quedó casi concluida en 2014, pero fue abandonada y se elevó a 17 millones. VEA 8A METETÍ Y SANTA FE Aranceles de Trump reconfiguran el comercio local El aumento de aranceles de Estados Unidos, propiado por Donald Trump, favorece a Panamá, que se beneficia de una tasa baja, impulsando sus exportaciones, especialmente de productos del mar. VEA 1B PROTECCIONISMO Murió Ricardo Poma, gestor de Multiplaza y Metromall Ricardo Poma, magnate salvadoreño y líder del Grupo Poma, falleció a los 79 años tras enfrentar problemas de salud. Reconocido por su visión empresarial, impulsó importantes proyectos en Panamá como Multiplaza Pacific y Metromall. VEA 4B UI UNIDAD INVESTIGATIVA ‘Nos vimos forzados a romper y quemar la madera del barco para cocinar’ www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 a.v./1245659 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Mario De Gracia [email protected] Maribel Gordón Archivo El FAD se reorganiza con Maribel Gordón al frente IZQUIERDA El Frente Amplio por la Democracia (FAD) resurgió como la principal fuerza de izquierda en Panamá, consolidándose nuevamente como partido político tras su congreso constitutivo, celebrado el 23 de agosto de 2024. Maribel Gordón, quien fue excandidata a la presidencia en las elecciones de 2024, fue elegida presidenta del colectivo, cerrando así el proceso de reorganización tras la legalización del partido, la tercera vez en su historia. Esta nueva etapa surge luego de dos fracasos anteriores al no alcanzar el umbral del 2% de los votos en las elecciones de 2014 y 2019. Aunque el FAD ha sido una fuerza marginal, Gordón logró un ligero repunte en los votos obtenidos por la izquierda en comparación con los comicios previos. En 2024, Gordón optó por la candidatura vía libre postulación y alcanzó el 1.08% de los votos, lo que representó una mejora frente al 0.69% logrado por Saúl Méndez, su antecesor como candidato en 2019. El congreso constitutivo contó con la participación del 87% de los delegados, y fue un evento marcado por la presencia de figuras destacadas en la política y el sindicalismo panameño, como Yamir Córdoba, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Felipe Cabezas y Antonio Vargas, entre otros. Este evento no solo fue una muestra de unidad dentro del colectivo, sino también una plataforma para alentar la solidaridad con varios sectores populares, incluidos los docentes, obreros de la construcción y comunidades originarias. Durante su discurso, Gordón manifestó su condena al gobierno del presidente José Raúl Mulino, calificándolo como represivo y dictatorial, además de criticar la complicidad de la ultraderecha. La intervención de Gordón también abordó la lucha de los sindicatos, especialmente durante los 80 días de huelga y las manifestaciones contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS). Además, se destacó un video del dirigente del Suntracs, Saúl Méndez, desde el extranjero, en el que hizo un llamado a la unidad de los sectores populares. El FAD cuenta con 48,815 miembros registrados, según el Tribunal Electoral (TE), y se enfrenta al desafío de mantener la cohesión interna y capitalizar su base de apoyo. Aunque el colectivo logró reunir a más de 60,000 inscritos en 2019, Saúl Méndez solo pudo conseguir 13,000 votos en las urnas. Entre 2014 y 2025 han reportado 542 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 174 ocurrieron el año pasado.. EFE Forenses argentinos apoyarían en identificar 220 migrantes muertos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] TAPÓN DE DARIÉN Muchos de los restos, según confirmó su director José Vicente Pachar, se encuentran en nichos humanitarios construidos en El Real de Santa María, en entierros en La Palma y en otros cementerios de la provincia de Darién. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses enfrenta uno de los retos humanitarios más complejos de la región: la identificación de al menos 220 migrantes fallecidos en la peligrosa selva del Darién durante los últimos años. Muchos de los restos, según confirmó su director José Vicente Pachar, se encuentran en nichos humanitarios construidos en El Real de Santa María, en entierros en La Palma y en otros cementerios de la provincia de Darién. También se reportan casos en Chiriquí, donde la ruta migratoria deja otra huella silenciosa. La mayoría de los cuerpos corresponde a restos óseos y fragmentados, producto de la dificultad del terreno y del tiempo transcurrido. “Son restos, nosotros los definimos así”, explicó Pachar al detallar que cada recuperación fue examinada y documentada con muestras para ADN, estudios odontológicos y antropológicos. Sin embargo, los recursos locales no alcanzan para llevar a cabo los análisis especializados que permitan determinar su origen con certeza. Los datos del programa Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, indican que, entre 2014 y 2025, se han reportado 542 muertes de migrantes en esta selva, de las cuales 174 ocurrieron el año pasado. Se trata de una cifra sin precedentes desde el inicio de los flujos migratorios a través del Darién en 2014. El apoyo Frente a este desafío, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sumaría a los esfuerzos de Panamá. Reconocido internacionalmente por su trabajo en casos emblemáticos, como la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, México, y las investigaciones sobre los desaparecidos en Argentina, este grupo aportará tecnología, personal y experiencia para la construcción de un banco de datos genéticos que podría ofrecer respuestas a cientos de familias. “Estamos en conversaciones con ellos. Es un proyecto interesante que podría iniciar en 2026, una vez se cumplan los trámites legales y administrativos”, explicó Pachar. Aunque el financiamiento ya está asegurado por parte de la cooperación internacional, aún falta la aprobación formal del Ministerio Público y la firma de un acuerdo que permita dar legalidad a la iniciativa. El plan contempla un proceso largo y delicado: tras realizar análisis genéticos y estudios con radioisótopos, los especialistas podrán ubicar el probable país de origen de cada persona. Luego, mediante organizaciones internacionales, se contactaría a las familias en países como Ecuador, Perú o Venezuela para realizar comparaciones genéticas que confirmen la identidad y permitan la repatriación de los restos. De acuerdo con datos de la OIM, el ahogamiento fue la principal causa de muerte entre los migrantes que intentan cruzar el Tapón del Darién. Le siguen la violencia ejercida por grupos criminales que operan en la zona, enfermedades derivadas de las duras condiciones de la selva, la falta de acceso a servicios de salud y los accidentes fatales en este terreno hostil. Las ventajas Para Panamá, este apoyo no representará un costo directo, pero sí un beneficio invaluable en términos de conocimiento y prestigio científico. “Nos vamos a beneficiar de la experiencia de estas celebridades internacionales, lo que permitirá al país contribuir a resolver un problema humanitario muy delicado”, subrayó Pachar. El director recordó que, si bien en 2025 no se han registrado nuevos casos debido a la reducción de la migración irregular, la deuda pendiente con los fallecidos sigue siendo enorme. En los cementerios del Darién y de Chiriquí reposan tumbas anónimas que esperan ser abiertas al mundo de los vivos a través de la ciencia. Entre2020y2025,másde 1,2 millones de migrantes cruzaron la selva del Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración. El flujo alcanzó su punto máximo en 2023, con 520085 personas, mientras que en 2025 se registró un desplome casi total, con 3 000 migrantes en lo que va del año, debido a políticas migratorias más estrictas. Esta ruta, considerada una de las más peligrosas del continente, sigue siendo un paso obligado para quienes buscan llegar a Norteamérica, enfrentando riesgos extremos en el camino. Las tres principales nacionalidades que transitaron la región en este período fueron venezolanos, ecuatorianos y haitianos, reflejando las crisis económicas y sociales que afectan a estos países. Los venezolanos lideraron el flujo en todos los años, seguidos por ecuatorianos y haitianos, mientras que otros grupos, como colombianos y chinos, también registraron presencia significativa. El Panameñista busca oxígeno; reaparece Juan Carlos Varela En Soloy, comarca Ngäbe Buglé, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, encabezó un ‘directorio comarcal’ el pasado 23 de agosto, pero el evento adquirió un giro inesperado con la presencia del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Varela, en un ‘gran convivio Panameñista’, compartió escenario con Blandón, quien destacó su gestión presidencial, la última liderada por el panameñismo. Actualmente, el partido atraviesa un proceso de reorganización tras una dura derrota en 2024, respaldando a Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD). Blandón afirmó que el Panameñista fue el partido que más obras ha realizado en la comarca. Durante el mandato de Varela, Blandón fue alcalde de Panamá y candidato a la presidencia en 2019, aunque su intento fue infructuoso. La reaparición de Varela en medio de rumores de una candidatura en 2029 resalta su desafío legal por el caso Odebrecht. POLÍTICA Mario De Gracia [email protected] José Isabel Blandón y Juan Carlos Varela en la comarca Ngäbe Buglé. Cortesía
3A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 A.V./1245828 En ENSA, estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades y un futuro sostenible para Panamá.
4A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] LOBBY. Walkiria Chandler impulsa la creación de un registro de lobistas, con información sobre todas las reuniones de cabildeo que se lleven a cabo a fin de influir en las decisiones de la administración pública. El registro, de carácter público, estará disponible en la página web de la Antai. No podrán ser cabilderos las personas y entidades extranjeras, los servidores públicos, los contratistas del Estado, los condenados por algún delito doloso, los inhabilitados para ocupar cargos públicos y los parientes —hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad— del presidente y su gabinete, magistrados, diputados, directores, gerentes, administradores, procuradores, superintendentes y el contralor. Muy bien. Ahora solo falta que haya personal que supervise el cumplimiento de todo eso. LAMENTO I. El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, se quejó porque sus emolumentos de $14 mil al mes se diluyen cuando le descuentan los impuestos, la cuota a la CSS y el pago al seguro educativo. Si él se escandaliza por eso, imaginen qué dirá aquel asalariado que cobra $1,000. LAMENTO II. El magistrado Guerra también contó que recibieron una nota del contralor Anel Flores solicitando una cita. No obstante, cuando el presidente del TE, Narciso Arellano, contacto a Flores, éste le respondió que ya no tenía nada que hablar con ellos. Sería bueno conocer la razón que llevó al contralor a ese extremo. DESMENTIDO. Juan Diego Vásquez no ha sido designado cónsul en el gobierno de Mulino. Él mismo desmintió esas versiones que circulaban en redes. Lástima. El “show” en la Comisión de Credenciales, con Benicio y Dana, habría estado de antología. DESMEMORIADOS. Mulino y Martinelli culparon a los dos últimos gobiernos por los retrasos en la construcción del hospital de Metetí, contrato que fue adjudicado a la tristemente célebre IBT hace 15 años, cuando el primero era ministro de Seguridad y el segundo era presidente de la República. IBT abandonó deliberaEl seguro privado del personal del OJ costará $15 millones Ereida Prietto-Barreiro [email protected] El Órgano Judicial aprobó un nuevo contrato de seguro privado para todo el personal, en medio de crecientes críticas por las carencias de infraestructura y servicios básicos en los tribunales. Aunque han tenido que desistir (al menos por ahora…) a las jubilaciones especiales para jueces y magistrados, el personal del Órgano Judicial (OJ) ya goza de varios “derechos”, como una póliza privada de vida, salud, accidentes y lesiones personales. Adquirir esa póliza colectiva (que actualmente está en proceso de contratación) representa un gasto de $15 millones. Este beneficio está contemplado en la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Por tanto, es un derecho adquirido por ley para cada funcionario del OJ, al igual que gozar de descanso remunerado el día de su cumpleaños, ausentarse para atender diligencias personales “urgentes” y recibir una bonificación por antigüedad al momento de retirarse (ya sea por renuncia o jubilación). El contrato de esa póliza colectiva ha sido adjudicado a Assa (aunque está pendiente su refrendo por parte de la Contraloría), por $15,050,583.32 (el precio de referencia de la licitación era de $15.8 millones), en un acto público en el que se utilizó el procedimiento de selección por mejor valor. Otras dos empresas presentaron propuestas: Mapfre Panamá y Compañía Internacional de Seguros, que ofertaron $15.04 millones y $15.03 millones, respectivamente. El periodo de cobertura es de tres años: del 12 de mayo de 2025 al 11 de mayo de 2028, para ser exactos. En el pliego de cargos, en el que consta el precio de referencia de la licitación por $15.8 millones, se desglosan los costos así: $3.3 millones por la cobertura mayo-diciembre 2025; poco más de $10.5 millones corresponden a 2026 y 2027 (casi $5.3 millones por cada año), y el resto (poco más de $1.9 millones) a los primeros cuatro meses y medio de 2028. La disponibilidad de la partida presupuestaria, basada en los $15.8 millones del precio de referencia, fue certificada por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial mediante una nota del 14 de noviembre de 2024. Para el OJ, el incremento promedio anual es de “$1 millón, que está consignado en el presupuesto de funcionamiento y no es excluyente con los otros gastos e inversiones a los que se hace referencia”. En total, la cobertura es para 6,988 personas; de estas, 330 superan los 62 años de edad. El incremento La nueva póliza representa un incremento de casi $5 millones respecto a la anterior, correspondiente a la cobertura de mayo de 2022 a mayo de 2025 (también por tres años). Aunque fue originalmente adjudicado en $7.5 millones en 2022, sobre la marcha fue ajustado a $11 millones, a través de dos adendas. El proveedor de aquel contrato (que estuvo vigente hasta el 11 de mayo de 2025) también fue Assa. Ante una consulta de La Prensa, el OJ explicó que el alza de $7.5 millones a $11 millones se debió al incremento en el número de funcionarios y a un “aumento de la siniestralidad”, lo que “representa un incremento en relación con el contrato actual No. 59/2025 del 26.6 %”. El contrato 59/2025 es aquel adjudicado a Assa, que está pendiente de refrendo. El OJ no tomó en cuenta en su cálculo que el 1 de agosto pasado, el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un desembolso por más de $581 mil al contrato 2022-2025 con Assa, lo que elevó el monto total a más de $11.6 millones. Según documentos que maneja el CENA, este incremento responde a un ajuste “al valor original del contrato para brindar el servicio de emisión y cobertura de póliza de vida y salud para todo el personal del Órgano Judicial”, específicamente de la Corte Suprema. Si el costo total de la póliza de 2022 a mayo de 2025 representa $11.6 millones, el incremento en relación al monto original de la adjudicación ($7.5 millones) sería de 47%. Si se toma como referencia el monto final ajustado de $11.6 millones del contrato anterior, la póliza tendría un incremento de 29.3%. No obstante, el Órgano Judicial reportó un aumento de 26.6%, cifra que al parecer responde a una base de cálculo distinta empleada por la entidad para justificar este incremento sustancial en la póliza. ‘Prioridades equivocadas’ El exmagistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado. Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos. Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”. Molino Mola añadió que este tipo de beneficios personales contradicen la misión esencial de la institución. “Los beneficios personales nunca deben anteponerse a las necesidades del servicio público. El presupuesto del Órgano Judicial debe responder a su misión esencial: garantizar justicia pronta, completa y eficaz”, y agregó que cualquier asignación que desvíe recursos “es éticamente cuestionable”. Otro exmagistrado, que pidió mantenerse en el anonimato, coincidió en que la decisión refleja una “desconexión” con la realidad del país. “Evidentemente es una falta de conciencia social de los magistrados... ¿Dónde se enfoca la austeridad en la administración de justicia? Se debe priorizar el servicio público, no los beneficios personales de la Corte”. Mario De Gracia [email protected] Vistas presupuestarias a prueba: El análisis arranca con los entes reguladores ASAMBLEA NACIONAL La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional debe iniciar el proceso de vistas presupuestarias a diferentes entidades del sector público hoy, a fin de analizar el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026. Así lo adelantaron diferentes diputados consultados por La Prensa. Será una discusión sobre la que pesa un halo de incertidumbre, puesto que en 2024, a pesar de que se anunciaron algunas vistas presupuestarias fueron suspendidas a último momento, en medio de altercados entre diputados. En aquella ocasión, se alegó desde la Comisión de Presupuesto que la suspensión de las vistas presupuestarias respondía a una entrega tardía del proyecto de presupuesto al Órgano Legislativo, que debió darse en octubre de 2024 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, este año, el ministro de la cartera, Felipe Chapman, entregó el proyecto el 30 de julio de 2025. Para hoy se espera la vista presupuestaria de entes reguladores, como la Superintendencia de Bancos (SPB), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SPSR), según pudo conocer este medio. “El año pasado este proceso [vistas presupuestarias] se vio empañado. En una democracia sólida, el presupuesto no puede improvisarse. Debe sustentarse, debatirse y fiscalizarse con responsabilidad y de cara al país. Ese es el deber que asumimos desde este lunes”, dijo al respecto la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto. Asimismo, se encuentran contempladas para vista presupuestaria la Fiscalía General de Cuentas y el Consejo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap). “Mañana iniciamos las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Espero un proceso transparente, eficiente y orientado a resultados, que responda a los intereses del país y de Panamá Norte”, dijo al respecto el diputado de Vamos, Neftalí Zamora. El proceso de vistas presupuestarias sobre las diferentes entidades públicas evaluará el detalle de un presupuesto que asciende a un total de 34 mil 901 millones de dólares, el más alto de la historia del país. La metodología La Comisión de Presupuesto aprobó una metodología que establece límites de tiempo para el uso de la palabra. Cada diputado tendrá 30 minutos para hablar, por institución que asista a la vista presupuestaria, con o sin derecho a réplica, según el caso; comunicó el Legislativo. Los diputados no miembros de la comisión que pidan derecho a voz, tendrán un máximo de 5 a 10 minutos para hablar. Las entidades públicas, por su parte, tendrán 20 minutos para presentar su presupuesto y sus programas. En caso de que falte información que soliciten los diputados, cada entidad tendrá hasta 8 días para su entrega. damente la obra, incluso antes de que concluyera el mandato de Martinelli. ¿Acaso ya nadie se acuerda de eso? DISPARATE. Maribel Gordón fue electa presidenta del FAD. Por lo menos para ese cargo buscaron a alguien que no tiene causas judiciales pendientes. Durante el proceso de votación, se transmitió un mensaje grabado por Saúl Méndez desde su escondite. Otra vez se refirió a Mulino como “dictadorzuelo”. Debe estar en un país que es el reino de la democracia… Tres empresas se presentaron al acto público, cuyo precio de referencia era de $15.8 millones Infografía: LP - Fuente: PanamáCompra MAPFRE PANAMÁ, S.A. $15,048,470.30 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. $15,034,307.78 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A $15,050,583.32 Empresas proponentes UI UNIDAD INVESTIGATIVA
5A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025
6A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 El 1 de diciembre de 1998 nació la entidad sanitaria denominada Hospital Integrado San Miguel Arcángel, institución de salud bajo un concepto de gestión público-privada. Isaac Ortega Hospital San Miguel Arcángel: nuevo acuerdo, viejos retos Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA El Minsa y la CSS firmaron un convenio para garantizar la atención médica y quirúrgica para los asegurados. Aunque el acuerdo amplía los servicios, enfrenta falta de personal y listas de espera. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) firmaron un convenio, vigente desde el 5 de agosto, para garantizar que los pacientes asegurados reciban atención médica y quirúrgica en el Hospital San Miguel Arcángel (HSMA), ubicado en el distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá. Aunque la alianza amplía significativamente la oferta de servicios, el hospital enfrenta desafíos importantes, como la falta de personal y la existencia de listas de espera en ciertas especialidades, que podrían afectar la rapidez con la que los pacientes reciben atención. El acuerdo tiene como propósito principal reducir la mora quirúrgica, mejorar la disponibilidad de citas y facilitar el acceso a especialidades médicas para los residentes de San Miguelito y Panamá norte. Según las autoridades, los asegurados que no encuentren cupo para cirugías en otros hospitales, como el Hospital Susana Jones, serán referidos automáticamente al HSMA, consolidando un sistema centrado en el paciente y buscando una atención más equitativa. “El hospital ha respaldado a otros centros en momentos de necesidad, como cuando Susana Jones tuvo que suspender temporalmente sus cirugías por trabajos de mantenimiento. Este convenio consolida un sistema centrado en el paciente. Si un asegurado no encuentra cupo en Susana Jones, será atendido automáticamente en San Miguel Arcángel”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, calificó la alianza como un ejemplo de solidaridad institucional. “Damos un paso hacia un sistema con visión de futuro, donde asegurados y no asegurados son el centro de las decisiones. Este modelo fortalece las redes de atención con una única filosofía: ofrecer salud con equidad”, declaró. Déficit de personal: un desafío clave Los pacientes podrán acceder a los servicios del HSMA presentando su carné vigente y siguiendo el sistema de validación establecido en el convenio. Este procedimiento permite que la atención médica y quirúrgica se brinde de manera ordenada y progresiva, evitando congestión y asegurando que los beneficios lleguen de forma eficiente a quienes los necesitan. No obstante, uno de los principales retos del HSMA es la falta de personal. Actualmente, el hospital cuenta con 838 funcionarios entre personal de salud y administrativo, pero necesita aproximadamente 400 colaboradores adicionales para cubrir toda la demanda. Entre estos, se requieren 200 enfermeras, detalló el director médico del hospital, Rafael De Gracia, en una entrevista con La Prensa. De Gracia aclaró que en el hospital se brindará atención de especialidades médicas y cirugías; sin embargo, los exámenes de laboratorio y rayos X ambulatorios deben realizarse en las unidades ejecutoras de la CSS. “Estamos comprometidos a brindar atención de calidad, pero ciertos servicios complementarios dependen de otras instalaciones de la Caja”, explicó. El convenio tampoco incluye el servicio de Cardiología, ya que al momento de su firma no se contaba con especialistas en esta rama. Esto evidencia que, aunque la iniciativa amplía significativamente la atención disponible, todavía existen limitaciones que los pacientes deben considerar. Listas de espera y mora quirúrgica El tema de las listas de espera y la mora quirúrgica representa un desafío crítico para el HSMA. Según De Gracia, cualquier retraso en la atención superior a tres meses se considera mora, ya sea en consultas, cirugías o procedimientos menores, como extracciones dentales complejas. Actualmente, el hospital reporta mora en oftalmología. La salida de una oftalmóloga generó que las listas de espera se extendieran casi hasta 2026. En este momento, los pacientes deben esperar hasta un año para recibir cita. “Con cuatro oftalmólogos, este problema se resolvería casi por completo. Solo contamos con dos. Hemos solicitado varias veces la contratación de personal adicional al Ministerio de Salud y aún no hemos recibido respuesta”, señaló De Gracia. El director médico aclaró que las personas que actualmente avanzan en las listas fueron inicialmente no aseguradas, pero a medida que se cumplan los cupos, la mayoría de los pacientes atendidos serán asegurados. “El servicio no se detiene; se trabaja de manera constante para garantizar que todos los pacientes reciban atención, aunque se requiera tiempo para normalizar las listas”, añadió. En gastroenterología, las consultas tienen un tiempo de espera aproximado de cuatro meses, pero los procedimientos se realizan con rapidez y, por el momento, aún no se considera que exista mora. “Estamos muy cerca de la mora”, agregó De Gracia. Modelo de colaboración institucional El convenio entre el Minsa y la CSS busca optimizar los recursos disponibles y fortalecer la red hospitalaria. Boyd Galindo resaltó que la integración de los servicios del HSMA permite que los pacientes reciban atención sin duplicar esfuerzos administrativos ni generar congestión en otros centros hospitalarios. “Se trata de un sistema coordinado que prioriza la eficiencia y la equidad en el acceso a la salud”, subrayó el ministro. Mon coincidió en que la iniciativa representa un avance hacia un sistema de salud más justo y equitativo. “Estamos fortaleciendo la red hospitalaria y asegurando que la atención llegue de manera organizada a quienes más lo necesitan. Este convenio demuestra que la colaboración entre instituciones públicas puede generar soluciones reales para la población”, afirmó. La alianza entre el Minsa y la CSS representa un paso importante para mejorar la atención en San Miguelito y áreas aledañas. Aunque persisten retos como la falta de personal y las listas de espera en ciertas especialidades, el convenio sienta las bases para un sistema hospitalario más coordinado, equitativo y centrado en el paciente. La unificación del sistema de salud entre la CSS y el Minsa no será de “un día para otro” sino de forma paulatina debido a que “encontramos un sistema muy deteriorado, con hospitales a medio palo”, planteó Boyd Galindo. Sostuvo que que dependiendo de los programas y la ubicación de los centros hospitalarios se podrá ver concretada esta fusión. De esta manera, los recursos disponibles se utilizan de manera eficiente y los asegurados tienen mayor acceso a servicios médicos y quirúrgicos de calidad. La iniciativa muestra cómo la colaboración interinstitucional puede ofrecer soluciones tangibles, incluso frente a limitaciones estructurales, y constituye un modelo replicable para otras regiones del país. La atención hospitalaria en Panamá volvió a generar debate tras dos incidentes ocurridos el pasado viernes en distintos centros médicos públicos, que llevaron a las autoridades de salud a emitir aclaraciones. En el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, un paciente llegó en un vehículo particular a urgencias a las 4:50 p.m., pero fue recibido sin signos vitales. El hospital explicó que, conforme a protocolo, el conductor debía notificar el caso al Ministerio Público, pero decidió retirarse con el cuerpo sin acatar las recomendaciones. La institución negó que se tratara de una falta de atención, señalando que el paciente nunca ingresó al área de urgencias. El segundo caso, que sí se viralizó en redes sociales, se registró en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, donde una joven nicaragüense de 24 años denunció que no le permitían llevarse a su hijo recién nacido. El director médico, Rafael De Gracia, aclaró que la madre no presentó documento de identidad al momento del alta, lo que impedía entregar al bebé. “El hospital no puede entregar a un niño si la madre no porta identificación. Aunque Hospital Nicolás Solano y San Miguel Arcángel en el centro de la polémica INCIDENTES sepamos quién es, esto representa un riesgo. Nuestra prioridad es proteger al bebé”, declaró. El hospital indicó que en estos casos los padres extranjeros deben acudir a Migración o a sus consulados para gestionar la documentación. La madre anunció que lo hará el próximo lunes en la Embajada de Nicaragua junto a su pareja para poder retirar a su hijo. Ambos incidentes, aunque distintos, coincidieron en un momento de creciente malestar ciudadano por la calidad de los servicios de salud pública. Si bien las autoridades defendieron sus protocolos, los hechos reflejan la desconfianza de la población, que exige una atención más ágil, transparente y humana. Aleida Samaniego C. [email protected] EL Hospital Nicolás Solano (Izq.), en La Chorrera, y el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito. Archivo Con cuatro oftalmólogos, este problema se resolvería[...]. Solo contamos con dos. Hemos solicitado varias veces la contratación de personal adicional al Ministerio de Salud y aún no hemos recibido respuestas. Rafael De Gracia, director médico del HSMA Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 Panorama A.V/0000000 La diputada Paulette Thomas, del movimiento Vamos, presentó la propuesta. Elysée Fernández Los desafíos de las listas de ofensores sexuales Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El proyecto de ley 176 propone convertir en pública la lista de ofensores sexuales en Panamá, alineándose con el modelo estadounidense. Su constitucionalidad, eficacia y exclusión de otros grupos vulnerables generan debate jurídico y social. El pasado miércoles 20 de agosto se aprobó en primer debate el proyecto de ley 176, que busca modificar la Ley 244 del 13 de octubre de 2021, “Que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales”. El proyecto tiene como finalidad que la lista sea de acceso público y funcione como un instrumento preventivo contra futuros delitos sexuales que perjudiquen a menores de edad. La iniciativa, propuesta por la diputada Paulette Thomas, del movimiento Vamos, se inserta en una tendencia internacional de creación de herramientas institucionales para la protección de menores y otros grupos vulnerables, mediante el uso de registros centralizados que faciliten la identificación y rastreo de ofensores sexuales. El origen de las listas Las listas modernas de ofensores sexuales surgieron en Estados Unidos en la década de 1990, después de varios casos de violencia sexual contra menores que pudieron haberse prevenido. Se diseñaron como un mecanismo de seguimiento policial y control social comunitario. En un inicio, el contenido de las listas variaba según el estado, hasta que en 2006 se creó un registro federal que pasó de ser de uso exclusivo policial a una lista pública. Conviene recordar que Estados Unidos, como otros países, carece de un “récord policivo” o historial de antecedentes penales de uso común, como sí ocurre en Panamá. Otros países adoptaron modelos de acuerdo con su marco jurídico. Existen tres tipos principales: listas privadas (acceso restringido a autoridades), listas certificadoras (que permiten emitir constancias de “no ofensor” a petición del interesado o de terceros como empleadores) y listas públicas (de acceso abierto, generalmente a través de portales estatales). Mientras en Estados Unidos y México las listas son públicas, en España solo las autoridades de investigación y de protección de menores tienen acceso. En Colombia y Guatemala, en cambio, se expiden certificaciones de “no agresor sexual”, útiles sobre todo para procesos laborales. El proyecto de ley 176 La Ley 244 de 2021, con 19 artículos, estableció un registro centralizado en manos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional. Esta debe emitir la certificación de “no ofensor sexual” como requisito obligatorio para toda entidad pública, empresa privada, iglesia u ONG que trabaje con niñas, niños y adolescentes. El proyecto de ley 176, compuesto por 7 artículos, pretende transformar este registro en información de acceso público a través de internet. De aprobarse, Panamá se alinearía más con el modelo estadounidense que con el predominante en América Latina, basado en listas certificadoras. Un primer desafío es la constitucionalidad. El artículo 28 de la Constitución establece que el sistema penitenciario panameño se fundamenta en la rehabilitación. La Corte Suprema tendría que decidir si una lista pública constituye una carga adicional o un estigma perpetuo para los ofensores, o si representa una medida de protección legítima para la sociedad. Otro límite del proyecto es que se enfoca en agresiones contra menores, dejando fuera a otros grupos vulnerables como mujeres adultas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes o la población penitenciaria, también expuestos a delitos sexuales. El problema de la eficacia La premisa de las listas es que los ofensores sexuales tienen una alta tendencia a reincidir. Sin embargo, en América Latina escasean los datos estadísticos sobre reincidencia. Aunque el riesgo fuera bajo, la protección de la vida e integridad de los menores puede justificar la existencia de estas listas. Pero surgen cuestionamientos. Las listas excluyen a delincuentes de otros crímenes graves como tráfico de órganos, secuestro, narcotráfico o femicidio. Además, están diseñadas para relaciones laborales, ignorando que un agresor puede operar en la economía informal, emprender por cuenta propia o simplemente residir cerca de una escuela o parque infantil. Otros modelos Guatemala, además de la certificación laboral, impone un seguimiento especializado durante al menos cinco años tras el cumplimiento de la pena, lo que busca prevenir la reincidencia. Este mecanismo no está contemplado en la Ley 244 ni en el proyecto 176. En España, el registro incluye el perfil genético de los ofensores, herramienta clave para investigaciones penales y trabajo forense. Finalmente, cualquier lista debe complementarse con políticas de sensibilización y capacitación dirigidas a personal de salud, docentes, policías, jueces y fiscales. Solo así se podrá combatir el subregistro de agresiones sexuales, producto de la vergüenza, los estereotipos, el temor o los engorrosos trámites judiciales que muchas veces revictimizan a quienes denuncian.
8A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 21 de agosto su conferencia de prensa semanal desde la provincia de Darién, específicamente en el futuro Hospital General de Metetí. Isaac Ortega Metetí y Santa Fe: La desidia que multiplicó el costo de dos hospitales en Darién Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GESTIÓN PÚBLICA Los hospitales de Metetí y Santa Fe, en Darién, evidencian cómo la desidia administrativa generó pérdidas millonarias. Obras paralizadas y pérdida de equipos elevaron los costos: Metetí pasó de 36,5 millones a más de 170 millones, y Santa Fe de 8,5 a casi 17 millones. Dos hospitales en la provincia de Darién —el de Metetí y el de Santa Fe— se han convertido en símbolos de cómo la desidia administrativa puede traducirse en millonarias pérdidas para el país. Lo que debió ser una inversión en salud para las comunidades más apartadas terminó en obras abandonadas, equipos perdidos y contratos inflados. El primer caso es el hospital de Metetí, adjudicado en 2010 al consorcio IBT Health por 36,5 millones de dólares. No obstante, la obra se mantuvo paralizada entre 2014 y 2019. En 2021, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) emitió una resolución que autorizó la firma de un acuerdo transaccional entre el Ministerio de Salud (Minsa) y el consorcio IBT Health. El objetivo fue dar por terminada la relación contractual con dicho consorcio y, al mismo tiempo, que IBT Health cediera los contratos de los hospitales bajo su responsabilidad, entre ellos el de Metetí, que pasó a la empresa Lexco. En julio de 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció la reactivación de todos los proyectos de infraestructura detenidos y entregó la orden de proceder para continuar con este centro hospitalario. Millones de más Hoy, la obra, que asciende a 140 millones de dólares, además de los 36,5 millones iniciales, tiene un avance del 45 % y, cuando esté operativo, beneficiará a 76,177 personas que residen en Darién. Desde un inicio, el contrato implicó estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento, pero no mantenimiento. En palabras de Boyd Galindo, aunque el contrato establece 2028 como fecha límite de entrega, la proyección es inaugurarla a mediados de 2027. Según el titular de Salud, al momento de retomar la construcción, el hospital estaba en condiciones deplorables. “Los cuartos estaban llenos de maleza, árboles, murciélagos… Todo muy deteriorado”, relató. La administración actual asegura que el rescate ha sido rápido y significativo, lo que ha permitido recuperar la obra y garantizar su continuidad. El deterioro no solo significó retrasos, sino también pérdidas millonarias. Equipos médicos ya instalados, como rayos X y microscopios, desaparecieron en medio de la desidia. Esto obligó al Estado a reinvertir en insumos que habían sido costeados anteriormente, duplicando los gastos en algunos proyectos hospitalarios. A raíz de todo eso, el proyecto hoy supera los 170 millones de dólares. El ministro explicó que el incremento obedece al deterioro acumulado y al alza en los costos de materiales de construcción durante los últimos 15 años. Además, afirmó que se llevan a cabo auditorías para deslindar responsabilidades. “Alguien tiene que responder por las pérdidas millonarias”, advirtió. Caso Santa Fe Otro ejemplo citado por el ministro es el hospital de Santa Fe, también en Darién, que estuvo a punto de inaugurarse hace una década, pero fue abandonado. La infraestructura sufrió tal La crisis hídrica en Panamá Este se refleja en escenas cada vez más comunes: pozos cavados, tomas improvisadas en quebradas y camiones cisternas, a las que recurren los residentes de comunidades como Las Garzas, San Francisco y Paso Blanco para abastecerse. La escasez de agua potable ha obligado a estas comunidades a depender de fuentes informales y poco seguras, en medio de reclamos por la falta de soluciones permanentes por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). Uno de los que hizo la denuncia pública en sus redes sociales fue el diputado independiente Betserai Richards, quien subrayó que los habitantes de Las Garzas viven una crisis de agua que los obliga a abastecerse de pozos, quebradas o cisternas. Durante un recorrido por la comunidad, en el que también participó el diputado de la coalición Vamos, Manuel Samaniego, Richards afirmó que el Idaan mantiene en el abandono a la población, lo que ha derivado en que cientos de familias enfrenten a diario la falta de un suministro seguro y constante de agua potable. Otro de los diputados que puso la situación en el tapete es Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien durante una reciente visita del director del Idaan, Rutilio Villarreal, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le cuestionó por qué se había solicitado el traslado de partidas con fondos destinados a proyectos de agua potable para el pago de consultorías. De hecho, recientemente Villarreal acudió a la Comisión de Presupuesto, de la cual Buchanan forma parte, para pedir el traslado de partidas por 2 millones de dólares con el fin de pagar El drama del agua en el este: pozos, quebradas y cisternas ante la ausencia del Idaan CRISIS consultorías. Dichos fondos habían sido asignados inicialmente a la planta potabilizadora de Cabra, también en el área de Panamá Este, específicamente en el corregimiento de 24 de Diciembre. No obstante, dicho traslado fue rechazado y Buchanan recordó que las comunidades de esta área del país llevan años enfrentando la escasez de agua potable y que, lejos de mejorar, el servicio empeora cada día. El área de Panamá este comprende corregimientos como Las Mañanitas, Tocumen, 24 de Diciembre, Las Garzas, San Martín y otros, los cuales abarcan una población de medio millón de personas. Director se defiende Por su parte, el director del Idaan defendió la gestión de la entidad frente a las críticas por la baja ejecución presupuestaria en los primeros meses del año. Según cifras oficiales, hasta junio solo se había invertido un 11% de los fondos asignados, aunque el funcionario aseguró que a agosto la ejecución de inversión ya alcanzaba el 54%. “Los números son fríos. Tuvimos que comenzar prácticamente de cero porque no había proyectos en marcha”, sostuvo. Uno de los principales problemas que golpea a los usuarios de la capital son los cortes de agua por mantenimientos en la planta potabilizadora de Chilibre, que este año acumula seis interrupciones. Villarreal explicó que la planta, con más de 50 años de operación, estaba “muy descuidada” y ahora se encuentra en una fase de remozamiento que incluye la toma de agua del lago Alajuela, la sustitución de bombas y actuadores, y la modernización total de la subestación eléctrica. A mediano plazo, añadió, se contempla el cambio de válvulas hidráulicas para garantizar la estabilidad del servicio. Villarreal también reconoció la complejidad de administrar el Idaan, con 56 operaciones en todo el país, algunas de las cuales resultan afectadas constantemente por fenómenos naturales. Ante los cuestionamientos a su figura y los llamados a renunciar, el director dijo que su designación respondió a un giro hacia un enfoque técnico y no político en la administración del agua. “Las opiniones que piden mi salida se respetan, pero el objetivo es trabajar con orden y dejar que la ingeniería prevalezca sobre la política”, subrayó. En cuanto a soluciones de largo plazo específicamente para Panamá Este, Villarreal adelantó que el Idaan prepara un programa de actualización de la red de distribución, que comenzará en febrero en el área de Juan Díaz. Además, mencionó proyectos estratégicos como retomar la planta de Gamboa en el lago Gatún y desarrollar una nueva potabilizadora en Las Margaritas de Chepo, alimentada por el río Mamoní y respaldada por estudios hidrológicos en Bayano. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los moradores de comunidades como Las Garzas o Tocumen se las ingenian para tener acceso a agua. Archivo deterioro que el costo original de 8,5 millones de dólares se disparó a casi 17 millones. “Se perdieron equipos que ya estaban listos para usarse, y eso hoy obliga a iniciar de nuevo”, reconoció. Este proyecto fue adjudicado entre 2009 y 2014, pero fue suspendido entre 2014 y 2019. Luego, en 2021, el Estado perdió un arbitraje interpuesto por la empresa responsable de la obra, Termotécnica Megaproyectos. La situación del Minsa Capsi de Santa Fe salió a luz pública debido a que recientemente la Asamblea Nacional aprobó al Minsa un traslado de partida de 1,9 millones de dólares para pagar un laudo arbitral con la empresa contratista. Sobre este tema, el Minsa ordenó una auditoría para presentar una denuncia ante el Ministerio Público, mientras la instalación sigue cerrada. Al ser consultado sobre quién era el responsable de brindar mantenimiento a esta obra, el ministro reconoció que sí existe una responsabilidad estatal, ya que, por razones que actualmente se investigan, las obras se detuvieron y no se utilizaron, a pesar de estar casi terminadas. La población de Santa Fe, en la provincia de Darién, es de unos 19,729 habitantes.
9A La Prensa Panamá, lunes 25 de agosto de 2025 Panorama Una bandera fea y cien mil dólares, ¿cómo empezó el tratado Hay-Bunau Varilla? José Alejandro Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA El tratado Hay-Bunau Varilla, firmado en 1903, otorgó a Estados Unidos el control de la Zona del Canal a cambio de cien mil dólares. Fue negociado sin representación panameña, tras la separación de Colombia. El tratado Hay-Bunau Varilla fue el tratado que ningún panameño firmó y estableció la Zona del Canal “para siempre”, pero ¿cómo inició todo y qué pasó con los panameños? Repasemos. El primer intento de hacer el canal en manos de los franceses había fracasado. El ingeniero francés, Philippe Bunau Varilla, buscaba vender lo que habían avanzado y que alguien más lo continuara (y de paso ganarse un buen billete). Los estadounidenses tuvieron una batalla de guerra en Cuba y enviaron un barco desde la costa oeste (a la izquierda de Estados Unidos) hasta Cuba (a la derecha de Estados Unidos), así que tuvo que dar toda la vuelta por Sudamérica, perdiendo recursos y vidas. Por eso, eran candidatos perfectos para venderles lo que habían avanzado los franceses. Realmente ya estaban considerando hacer el canal por Nicaragua, pero Philippe viajó a Estados Unidos durante años para convencer a los congresistas estadounidenses de hacerlo por Panamá. Publicó artículos, dio charlas y discursos universitarios y políticos. Incluso mostró estampillas nicaragüenses con volcanes activos, cuestionándolos si realmente construirían un canal al lado de volcanes y que Panamá no tenía volcanes activos. Al final accedieron a hacer un tratado para hacer el canal por Panamá siendo parte de Colombia, ese era el tratado Herrán-Hay. El Congreso estadounidense aceptó el tratado siempre y cuando tuviera aprobación de Colombia. Pero cuando llegó a Colombia (que estaba lleno de políticos conservadores, que no les gustaba la idea de otro país interviniendo) fue rechazado 24 a 0. Lo cual indignó enormemente a los panameños, cansados del abandono de Colombia. A raíz de esto, un panameño, José Agustín Arango, reunió a otros ciudadanos para organizar la separación de Panamá de Colombia y negociar el canal directamente. Este grupo se llamaba “los conjurados” y entre ellos estaba el doctor del ferrocarril, Manuel Amador Guerrero. Pero todo debía ser en secreto, porque si los descubrían, los fusilarían. El 26 de agosto de 1903, los conjurados mandaron a Manuel Amador Guerrero a Estados Unidos para buscar 6 millones de dólares y el apoyo para la independencia. Primero se reunió con William Cromwell, abogado de la compañía francesa. Cromwell inicialmente prometió apoyo, pero en el segundo encuentro lo rechazó violentamente, gritándole que se fuera y empujándolo hasta la puerta. Desesperado, Amador se reunió con Philippe en el Hotel Waldorf Astoria, habitación 1162, a las 9:00 de la mañana. Allí se desahogó sobre las dificultades de su misión. Philippe obtuvo una información valiosa: ambos necesitaban que se construyera el canal. Philippe le propuso usar su influencia para lograr el apoyo de Estados Unidos para la revolución y también cien mil dólares de su propio bolsillo. A cambio, debían nombrarlo ministro plenipotenciario de Panamá, con plenos poderes para negociar el tratado directamente en nombre de Panamá (el que conoceremos como el tratado Hay-Bunau Varilla). El 13 de octubre volvieron a reunirse. Philippe aseguró que Estados Unidos los apoyaría en la revolución. Amador, aunque desconfiado, aceptó por necesidad. Philippe le entregó códigos secretos, una constitución y una bandera diseñada por su esposa (bastante fea, por cierto) y prometió negociar el tratado en nombre de Panamá. Amador regresó a Panamá y el 1 de noviembre le pidió al general de la autoridad militar colombiana en Panamá, el General Esteban Huertas, que se uniera a la revolución. Al inicio tenía dudas de aceptar, pero después de hablar con el General Domingo Díaz (cuyo busto está en el parque de Santa Ana), lo convenció de que el pueblo y él personalmente estarían apoyándolo. Y todo estaba listo para el gran día, 3 de noviembre de 1903. Nuestra separación de Colombia. Zona del Canal “para siem pre”, pero ¿cómo inició to do y qué pasó con los pana manos de los franceses ha bía fracasado. El ingenie desde la costa oeste (a la iz Estados Unidos), así que tu Sudamérica, perdiendo re candidatos perfectos pa
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