2A La Prensa Panamá, domingo 24 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Genaro López Saúl Méndez Archivo Eliana Morales Gil [email protected] Dirigentes del Suntracs investigados aspiran a la directiva del nuevo partido FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA Panamá está a un paso de volver a tener un partido de izquierda. El Frente Amplio por la Democracia (FAD) completará hoy el último proceso para convertirse en colectivo político: celebrará una convención constitutiva donde escogerá a su junta directiva. De acuerdo con información publicada en el Boletín Electoral 5881A, cuatro de los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) que actualmente tienen procesos judiciales aspiran a un cargo en la junta directiva. Se trata de Saúl Méndez, Genaro López, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud. Méndez quiere ser tercer vicepresidente, López aspira a la Secretaría de Finanzas, Caballero va por el puesto de primer subsecretario general y Cerrud fue postulado para tercer subsecretario general. Méndez, López y Cerrud, están bajo la lupa del Ministerio Público por un caso relacionado con un conflicto laboral en el proyecto turístico Red Frog Beach Club, ubicado en Isla Bastimentos, Bocas del Toro. Se les endilga la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos. Para evitar el proceso Méndez solicitó asiló a la embajada de Bolivia, la Cancillería le dio el salvoconducto para viajar a ese país, pero de allí huyó a Venezuela. Cerrud utilizó una técnica similar: se asiló en la embajada de Nicaragua, la misma sede diplomática que protegió al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, durante más de un año. Mientras que López tiene arresto domiciliario y Caballero está en la cárcel La Nueva Joya. Su caso es distinto al de sus compañeros. El Ministerio Público lo acusa de utilizar fondos del sindicato para gastos personales y familiares, además de presentar documentos falsificados para justificar estas operaciones. También habría hecho transferencias de dinero a su hija para cubrir gastos personales. ¿Es legal? Candelario Santana, jurista especializado en derecho del trabajo y profesor universitario, explicó que, pese a las investigaciones abiertas contra los dirigentes del Suntracs, estos pueden aspirar a la directiva del FAD porque cuentan con la protección constitucional de la presunción de inocencia. Recordó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, es decir, un fallo en firme, sin posibilidad de apelación, no hay impedimento legal para su participación. “Como los procesos apenas están comenzando, ellos mantienen la presunción de inocencia y, por lo tanto, pueden ser candidatos”, sostuvo. Añadió que, en caso de resultar electos y no poder ejercer el cargo, deberán entrar en funciones sus respectivos suplentes. Maribel Gordón, candidata a la presidencia La nómina para la directiva del FAD también tiene a otras figuras emblemáticas de la izquierda como la economista Maribel Gordón, quien compitió sin éxito por la presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo de 2024. Se postuló con la bandera de la libre postulación, pero fue apoyada por la dirigencia del Suntracs. En las elecciones de hoy aspira a la presidencia. El segundo cargo más importante del FAD, el de primer vicepresidente, lo quiere otro de los dirigentes del sindicato de la construcción: Yamir Córdoba, quien ha tomado la vocería de la organización a raíz de que sus colegas están en la mira de las autoridades judiciales. Otra que aspira a entrar a la directiva del FAD es Priscila Vásquez Jaramillo, de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social. Los 219 delegados que fueron electos en junio pasado son los encargados de votar por la directiva. El FAD encarna un proyecto que ya ha tenido dos intentos previos de consolidarse como fuerza política con representación electoral, pero que no logró acumular los votos necesarios para mantener su personería jurídica. El Suntracs, el sindicato más influyente del país está en la mira del Ministerio de Trabajo, cartera que presentó una demanda ante un juzgado para disolver la organización. La ministra Jackeline Muñoz alega que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos. De acuerdo con las últimas cifras del Tribunal Electoral, cuenta con 48,765 inscritos. Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla de TVL ‘Con $76 mil no se puede hacer nada’: Herrera pide más dinero para municipios Eliana Morales Gil [email protected] ASAMBLEA NACIONAL ‘Si eso va a ser obstáculo de la ley, se quita ya… porque eso nunca fue el espíritu’, dijo el diputado Jorge Herrera sobre el artículo que quintuplica las dietas por reunión de la directiva de la AND. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, salió en defensa del anteproyecto de ley que presentó para reformar la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, propuesta con la que pretende aumentar los recursos destinados a municipios y juntas comunales. Lo hizo ante la Comisión de Asuntos Municipales, que preside su copartidario del Partido Panameñista Medín Jiménez. Su discurso en defensa del proyecto coincidió con el rechazo ciudadano a una de sus disposiciones más polémicas: el aumento de las dietas de la directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). El texto plantea quintuplicar el beneficio: de $100 a $500 por cada reunión. Sin embargo, Herrera insistió en que el espíritu de la iniciativa es para “hacer un giro de 360 en los gobiernos locales, transparentando el sistema”. Explicó que los pilares de la reforma son la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, buena parte de su discurso estuvo orientado a justificar el aumento de las transferencias económicas, al señalar que lo que reciben actualmente las juntas comunales apenas permite ejecutar proyectos menores. El anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 $1,000,000. El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM)también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000a partir de 2026. “Al final, en el tema inversión, te quedan 76 mil balboas. Yo quiero que [hagamos] un análisis profundo, qué obra tú puedes ejecutar con 76 mil balboas… en un corregimiento con 20 mil ciudadanos no puedes hacer nada con 76 mil dólares”, expresó. ‘Se quita ya’ Sobre la controversia por el incremento de las dietas de la junta directiva de la AND, en un tono defensivo aclaró que dicho artículo no era esencial de la propuesta: “Si eso va a ser obstáculo de la ley, se quita ya… porque eso nunca fue el espíritu”. Pese a su promesa de ajustes, la propuesta reaviva las dudas sobre si un mayor flujo de recurchuca, invitado al debate, destacó los aspectos técnicos positivos de la iniciativa. Según él, el proyecto “promueve por primera vez en el país una política pública de descentralización municipal” desde la creación de la Ley 37 de 2009. También resaltó la incorporación de indicadores para evaluar si un municipio está preparado para asumir competencias, la obligatoriedad de la planificación participativa y la rendición de cuentas como requisito para recibir nuevas partidas. No obstante, el propio Machuca advirtió que estas disposiciones solo serán efectivas si se aplican con criterios técnicos y no bajo el “vaivén político”, como ha ocurrido en el pasado. “Necesitamos reglas claras, que todos los municipios sepan cuáles son aquellos indicadores que deben cumplirse mínimamente para aspirar a ocupar el cargo”, remarcó. Mientras el proyecto avanza a una subcomisión, la Asamblea enfrenta el reto de convencer a una ciudadanía que percibe con recelo cualquier intento de ampliar recursos en manos de alcaldes y representantes, sin antes resolver los vacíos de control que históricamente han acompañado la descentralización. sos a las autoridades locales puede terminar replicando el clientelismo y escándalos como el de la descentralización, un mecanismo que usó el gobierno de Laurentino Cortizo para inyectar recursos millonarios a gobiernos locales controlados por el Partido Revolucionario Democrático. El especialista en descentralización José Ma-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==