6A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Son los hogares más pobres y excluidos los más expuestos y vulnerables ante la crisis climática, ambiental y energética. Cortesía Uno de cada cuatro niños vive en zonas de alta vulnerabilidad Aleida Samaniego C. [email protected] CLIMA El cambio climático está agravando las desigualdades que afectan a la niñez en Panamá, especialmente en zonas rurales e indígenas. Un nuevo estudio de Miambiente y Unicef evidencia la urgencia de incluir a la infancia en las políticas ambientales y energéticas del país. Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en zonas de alta vulnerabilidad climática, una situación que refleja el impacto creciente y cada vez más tangible de los fenómenos naturales sobre la infancia en el país. Esta realidad no solo afecta la calidad de vida presentedeestosmenores,sinoque pone en riesgo su desarrollo, bienestar y futuro, evidenciando la urgencia de actuar con medidas integrales y enfocadas en sus necesidades específicas. Así lo indica el estudio Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Panamá, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La investigación se convierte en un llamado a la acción para reconocer y atender las particularidades que enfrenta esta población vulnerable frente al cambio climático y sus múltiples efectos. El estudio detalla cómo la crisis climática afecta de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia panameña, sobre todo a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social y geográfica, profundizando las brechas existentes y dificultando su acceso a derechos fundamentales. Impacto desproporcionado de la crisis climática Según los datos publicados, los desastres naturales relacionados con el clima y la degradación ambiental se han multiplicado por 2.4 en los últimos 50 años en Panamá, reflejando un patrón de creciente inestabilidad ambiental que repercute directamente en la vida de miles de familias. Actualmente, Panamá ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial entre los países más vulnerables al cambio climático. Su particular ubicación geográfica lo expone a múltiples amenazas, entre las que destacan los fenómenos hidrometeorológicos, tales como inundaciones y sequías, plantea el estudio. Estos dos eventos representan el 93% de los desastres registrados en el país, consolidándose como los riesgos más frecuentes y peligrosos para la población, especialmente para la niñez. Las inundaciones y sequías no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que afectan con mayor severidad a los niños, niñas y adolescentes. En situaciones extremas, las inundaciones pueden impactar hasta al 18% de la población panameña, interrumpiendo el acceso de miles de menores a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, atención médica y educación, afectando su bienestar inmediato y sus oportunidades de desarrollo a largo plazo. Esta realidad es aún más crítica para los menores que viven en situación de pobreza, en comarcas indígenas o en zonas rurales, quienes enfrentan obstáculos adicionales para recuperarse tras eventos climáticos extremos. La falta de recursos, infraestructura limitada y el aislamiento geográfico dificultan la respuesta y mitigación de los impactos. El estudio identifica que las regiones con mayor riesgo climático en Panamá son Bocas del Toro, Darién, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala. En estos territorios, los desafíos son múltiples y complejos: se observan altas tasas de desnutrición, abandono escolar, inseguridad alimentaria y un creciente riesgo de violencia vinculado a la escasez de recursos. Además, se estima que más del 50% de la población rural infantil enfrenta dificultades severas para acceder a una alimentación adecuada, lo que compromete su salud y desarrollo. Los datos históricos y científicos evidencian una tendencia alarmante: desde 1971, la temperatura media en Panamá ha aumentado en 0.23 °C por década, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado en los últimos 20 años. Esta combinación agrava los efectos del cambio climático y contribuye a la degradación ambiental. Cada año, al menos 102,000 toneladas de residuos terminan en los océanos que bañan las costas panameñas, contaminando ecosistemas vitales y afectando la salud de las comunidades costeras. Por otro lado, el acceso a servicios básicos como la electricidad también es limitado: el 10% de los hogares con niños, niñas y adolescentes carece de este servicio, mientras que el 18% de las escuelas de premedia no cuenta con electricidad, dificultando las condiciones de aprendizaje y desarrollo. Desafíos energéticos y urgencia de políticas inclusivas para la niñez Esta inseguridad energética es especialmente crítica en las comarcas indígenas. Por ejemplo, en la comarca Ngäbe-Buglé, solo el 44% de los hogares tiene acceso a electricidad, concentrando así el 55% de los niños sin este servicio en el país. La falta de energía eléctrica afecta directamente infraestructuras esenciales como centros médicos y escuelas, limitando el acceso a servicios de salud y educación de calidad. Además, los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática, amenazan la estabilidad del suministro eléctrico. Las sequías y el aumento de las temperaturas elevan la demanda energética, mientras que reducen la capacidad de generación hidroeléctrica, que representa el 49 % de la matriz energética del país. Esta situación provoca incrementos en los costos de la electricidad; por ejemplo, en 2023, un año marcado por condiciones climáticas especialmente secas y calurosas, el precio de la electricidad aumentó un 40%. Frente a este panorama, el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, afirmó con contundencia: “El cambio climático no es solo una amenaza ambiental: es una emergencia social que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra niñez. Este estudio nos muestra claramente dónde debemos actuar, cómo y con qué urgencia”. Por su parte, Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, destacó que “la crisis climática, ambiental y energética afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes. La infancia y la adolescencia deben estar en el centro de las soluciones, no solo como beneficiarios, sino como agentes activos de cambio”. Blanchet añadió que “invertir en adaptación climática no solo es justo, también es inteligente. Cuando esas inversiones se hacen con un enfoque en infancia, su impacto se multiplica”. Sin embargo, el estudio advierte que únicamente el 40 % de las políticas climáticas, ambientales y energéticas en Panamá incluyen explícitamente a la niñez, lo que limita la efectividad y sostenibilidad de las acciones a largo plazo. Además, se estima que para mitigar los efectos de la crisis climática, ambiental y energética en el país se requerirán inversiones superiores a los 11,190 millones de dólares, una cifra que pone en evidencia la magnitud y complejidad del desafío que enfrenta Panamá. Entre las recomendaciones que plantea el informe, se destaca la necesidad de mejorar la coordinación institucional con un enfoque centrado en la niñez, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial incorporando criterios de riesgo climático y promover mecanismos efectivos de participación comunitaria. También se insta a garantizar la inclusión de la infancia en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y en las políticas de protección social, asegurando que los derechos y necesidades de este grupo sean prioridad en la agenda nacional. En definitiva, proteger a la niñez panameña frente al cambio climático es una responsabilidad urgente y compartida, que requiere compromiso, recursos y acciones coordinadas para asegurar un presente y futuro más justo, saludable y sostenible para las generaciones venideras. Una mesa técnica de trabajo para las modificaciones y adecuaciones al Decreto Ejecutivo 316 de 1994, que regula el servicio de transporte escolar especial, se mantiene activa con representantes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), autoridades locales, usuarios del transporte y la Cámara Panameña de Transporte Colegial. Hasta el momento, se han hecho cuatro reuniones de trabajo y entre los temas abordados están: un transporte colegial seguro y eficiente, la creación de un permiso de reemplazo ante desperfectos mecánicos, estacionamientos escolares exclusivos, uso de papel de protección en ventanas. Durante estas sesiones se han analizado 20 de los 48 artículos propuestos en el proyecto original, y se apira a que la abor normativa culmine, como máximo, en octubre. Entre las instituciones que participan en la revisión del decreto están: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Policía de Tránsito, la Policía de Menores, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, así como transportistas y sus asesores legales. Además, se extendió una inviAvanza revisión del decreto que regula el transporte escolar SEGURIDAD tación a las federaciones de padres de familia. Los representantes de los transportistas argumentan que el Decreto 316 tiene más de 20 años, por lo que amerita una revisión integral en beneficio de los estudiantes, padres de familia y dueños de buses colegiales. Luis Torres, representante de la Asociación de Usuarios del Transporte Público afirma que es importante garantizar la seguridad de los estudiantes, que son los usuarios del sistema. Indicó que debe normarse y regularse el uso excesivo de bocinas, así como de pantallas en los vehículos. Debe prevalecer la seguridad tanto de los estudiantes como de los conductores —añadió Torres—, además de garantizar el acompañamiento de los niños dentro del busito. También hizo énfasis en que los conductores deben dejar a los estudiantes dentro de las instalaciones escolares y no permitir que crucen las calles al momento de descender. Con la aprobación y publicación de la nueva normativa en la Gaceta Oficial se impactará a unos 8,000 transportistas escolares en todo el país, tanto de escuelas oficiales como particulares. Gloria de Ávila, secretaria general de la Cámara Panameña de Transporte Colegial, informó que entre las propuestas discutidas está la inclusión de un protocolo que permita a los transportistas contar con permisos temporales en caso de desperfectos mecánicos, para evitar sanciones por “piratería” cuando deban alquilar buses de reemplazo. También se plantea el uso de películas protectoras transparentes contra rayos ultravioleta en las ventanas de los autobuses, como medida de salud para conductores y estudiantes, frente a los altos niveles de calor y radiación solar en el país. Asimismo, la creación de espacios exclusivos en las escuelas para el ascenso y descenso de estudiantes, coordinados con el Meduca, alcaldías y gobernaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La próxima reunión se hará el 25 de agosto. Posteriormente, la propuesta deberá pasar por la junta directiva de la entidad y luego por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Yaritza Mojica [email protected] Panorama
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