1A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 75¢ Sábado 23 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15116 Hoy por hoy Los recientes atentados en Colombia confirman que la violencia no es un capítulo cerrado en el país vecino, sino un conflicto en transformación. En Cali y Antioquia, los ataques de grupos disidentes evidencian su capacidad de desestabilizar regiones enteras. Para Panamá, este resurgimiento no es un asunto distante: el Darién, que ha sido utilizado como corredor migratorio, se ha convertido también en ruta de narcotráfico y en punto de fricción con dinámicas violentas que cruzan fronteras. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela y la reorganización del crimen transnacional agravan un escenario ya complejo. Como advierte el sociólogo Danilo Toro, “estamos ante la onda expansiva y debemos estar alerta porque el narcotráfico se acomoda”. Panamá debe responder con visión estratégica: reforzar sus puertos, contener la migración irregular y fortalecer la cooperación internacional. La seguridad nacional depende, hoy más que nunca, de la capacidad de anticipar y no solo reaccionar. Ellas.pa Dua Lippa, invencible a los 30 5B Operación Jericó: 84 meses de prisión por blanqueo 5A Panorama Christiansen: la clave del éxito está en la formación y la disciplina Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, abordó en entrevista con La Prensa la evolución del futbolista panameño, la importancia de que los jugadores den el salto al fútbol internacional y el papel clave de la LPF en el desarrollo del talento local. VEA 4B CSJ deja la puerta abierta a jubilaciones especiales Juan Manuel Díaz [email protected] La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto el acuerdo que creaba un fondo de compensación para la jubilación de magistrados y jueces, pero en la misma decisión aclaJUBILACIONES La Corte argumenta autonomía presupuestaria, pero mantiene la posibilidad de imponer jubilaciones especiales que son cuestionadas por la ciudadanía. ró que la medida podría retomarse en el futuro, cuando existan mejores condiciones económicas. El fallo sostiene que la creación del fondo se basó en la autonomía financiera del Órgano Judicial y en su facultad constitucional de administrar el presupuesto asignado para garantizar la prestación del servicio de justicia. El exmagistrado Edgardo Molino Mola cuestionó el alcance de esa autonomía, recordando que “pretender que la crítica a privilegios injustificados es atentar contra la independencia presupuestaria, es tergiversar el debate, lo que está en juego no es la autonomía, sino el uso ético de los fondos públicos”. En tanto, voces como la de la exprocuradora Ana Matilde Gómez y del diputado Ernesto Cedeño advirten sobre los riesgos legales y políticos de mantener abierta la puerta a jubilaciones especiales, insistiendo en que cualquier medida de este tipo debe pasar por una ley y no por acuerdos administrativos de la Corte. VEA 2A Ataques dejan 20 muertos en Colombia Revive debate sobre seguridad y ‘paz total’ Al cierre de esta edición, los ataques contra un helicóptero de la Policía y una base aérea sumaban 20 muertos y al menos 80 heridos en Colombia. Esto ha puesto en debate las políticas de seguridad y de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro por el deterioro del orden público en el país. Petro atribuye los ataques a dos grupos de las disidencias de las antiguas FARC dedicadas al narcotráfico. VEA 4A EFE Vista de isla Gardí Sugdub. Archivo En Panamá, aproximadamente un cuarto de la niñez y adolescencia vive en zonas de alta vulnerabilidad climática, lo que pone en riesgo su desarrollo, bienestar y acceso a derechos básicos como salud, educación y alimentación. El estudio conjunto de Miambiente y Unicef revela que fenómenos como inundaciones y sequías, junto con la inseguridad energética y la degradación ambiental, afectan de manera desproporcionada a los menores de edad, especialmente en comarcas indígenas y áreas rurales. Se calcula que Panamá necesitará al menos 11,190 millones de dólares para mitigar los efectos de la crisis climática, ambiental y energética, con lo cual se evidencia la magnitud del desafío. VEA 6A INFORME Asamblea debateproyecto para extender atenciónmédica Bárcenas advierte sobre traslado del aeropuerto Cambio climático y niñez: un desafío urgente La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de ley 19, que busca garantizar atención médica de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días, en centros de salud y puestos similares. VEA 3A Rafael Bárcenas, director de Aeronáutica Civil dijo que mudar hoy el Aeropuerto Marcos A. Gelabert sería un fracaso por falta de infraestructura y coordinación, aunque la reubicación sigue siendo una opción a mediano o largo plazo. VEA 1B El superalimento creado por científicos de Oxford que busca salvar a las abejas de su desaparición www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Fachada del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Archivo Cuando la Corte Suprema es la que abusa del Derecho ANÁLISIS El articulo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá enumera las funciones de la Corte Suprema de Justicia. El numeral 1 empieza con estas 8 palabras: “La guarda de la integridad de la Constitución…”. Todo el asunto del acuerdo 407, su modificación parcial el 12 de agosto para excluir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de recibir esa jubilación y su derogatoria completa el pasado 21 de agosto, demuestran que las magistradas y magistrados que integran el máximo tribunal panameño no estaban comprometidos con la integridad de la Constitución. El acuerdo 407 del 18 de julio de 2024 fue publicado en la Gaceta Oficial 386 días calendario después de haber sido emitido. Cuando la Corte Suprema demora la divulgación de un documento es porque algo se trae. Por ejemplo, el primer contrato minero de Donoso fue declarado inconstitucional en diciembre de 1997, pero el fallo no fue publicado hasta mediados de 2021. Así que los viejos hábitos son duros de eliminar. La creación de un fuero El acuerdo 407 tenía dos grandes debilidades jurídicas que lo hacían inconstitucional. La primera debilidad es que establecía un subterfugio para evitar la calificación de “jubilación especial” por medio de un “fondo de compensación” que en realidad era un “fondo complementario” a la jubilación de magistrados y jueces del Órgano Judicial. Este rejuego de palabras era una burla del artículo 114 de la Constitución Política que obliga a que estos fondos complementarios sean aprobados por una ley. El otro gran defecto jurídico del acuerdo 407 consistía en la creación de un privilegio para un puñado de funcionarios judiciales, mientras los subalternos como jueces municipales, jueces de circuito y magistrados de los tribunales superiores se debían enfrentar al pago del fondo de compensación por un monto de 40%, 50%, y hasta 60% de su último salario. Por su parte, las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia iban a recibir el 100% de su ultimo salario. En contraste las leyes que crearon jubilaciones especiales para la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional le otorgan el 100% de su ultimo salario a todos los agentes que se jubilen sin importar su rango. Es decir, un mismo principio para todo el mundo. El gran conflicto de interés El acuerdo 407 reveló una voluntad de “juega vivo” judicial. Los supremos y supremas entendieron que ellos como poder del Estado son soberanos y que como son los intérpretes de la Constitución y la Ley se podían auto otorgar semejante privilegio. Todas las demandas de inconstitucionalidad o de ilegalidad contra el acuerdo 407 iban a chocarse con el mismo rompeolas: los encargados de decidir la controversia jurídica eran a su vez los causantes de esa controversia. Si los magistrados y magistradas se hubiesen apartado del conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad y de la ilegalidad como manda el Código Judicial, los encargados de decidirlo serían sus suplentes, es decir, 9 magistrados y magistradas de los tribunales superiores. En otras palabras, los 9 suplementes que también eran 9 beneficiarios del acuerdo 407. El pueblo tiene poder En verdad el repudio popular a este gol, mezcla de opacidad con el infame ¿”que hay pa´mi”?, tumbó de un plumazo los últimos cinco años de esfuerzos por levantarle el rostro a la justicia. De un plumazo se desenmascararon, y con otro plumazo han tratado de entongarse nuevamente. Aunque el nuevo acuerdo aprobado el pasado 21 de agosto fue publicado en el portal de la Corte Suprema, todavía falta publicarlo en la Gaceta Oficial para que tenga efectos jurídicos. Si aparece antes del 11 de septiembre de 2026 en la Gaceta, le habrá ganado al acuerdo 407 en tiempo de publicación. Un mérito muy mediocre y poco distinguido para una Corte Suprema que otrora se atrevió a hacer justicia. Los magistrados de la Corte alegan que un fallo de 2021 reconoce su “supremacía” como eje fundamental de autoridad encargada de administrar justicia. Archivo Magistrados de la CSJ mantienen la puerta abierta a fondo de jubilación Juan Manuel Díaz [email protected] ÓRGANO JUDICIAL Los magistrados sostienen que el fondo complementario para magistrados y jueces fue expedido con base a la autonomía financiera y gestionando la administración del presupuesto asignado para brindar el servicio público de justicia. Apesar que la Corte Suprema de Justicia decidió dejar sin efecto la creación de un fondo de compensación para la jubilación de magistrados y jueces, el Acuerdo No.614, fechado el jueves 21 de agosto, en el que se informa dicha decisión, deja abierta la puerta para la implementación futura del citado fondo. Los magistrados de la Corte explicaron en el Acuerdo No.614, que la decisión de dejar sin efecto la creación del fondo de compensación para la jubilación de magistrados y jueces se tomó ante el actual escenario económico, que no es el más idóneo para su implementación, pero que ello no implica la renuncia a los mandatos constitucionales y las previsiones contenidas en el Acuerdo No.407 de 18 de julio de 2024, que creó el fondo, dejando a salvo su implementación futura. Los magistrados de la Corte también sostienen que el fondo complementario para la jubilación de los magistrados y jueces fue expedido con base a la autonomía financiera y gestionando la administración del presupuesto asignado al Órgano Judicial para brindar el servicio público de justicia. Además, remarcan que el Órgano Judicial goza de autonomía presupuestaria según lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución, lo que implica la facultad de administrar y disponer de los ingresos y recursos dispuestos en el Presupuesto General del Estado, lo cual fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de 23 de diciembre de 2021. Alegan que dicha sentencia impone al resto de los Órganos del Estado un tratamiento diferenciado respecto a las instituciones estatales, reconociendo su “supremacía” como eje fundamental de autoridad encargada de administrar justicia. Magistrados no deben disponer del erario como si fuera propio Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte, estimó que la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial no significa disponer del erario como si fuera propio, sino administrar los recursos públicos de manera independiente para garantizar un servicio de justicia eficiente, transparente y accesible. Molino Mola también advirtió que el presupuesto judicial no es botín personal ni institucional, sino un instrumento para cumplir fines constitucionales: impartir justicia en nombre de la República y para beneficio de la ciudadanía. “Pretender que la crítica a privilegios injustificados es atentar contra la independencia presupuestaria, es tergiversar el debate, lo que está en juego no es la autonomía, sino el uso ético de los fondos públicos”, afirmó Molino Mola. jubilaciones a los magistrados de la Corte no es viable. Mientras, la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez calificó como lamentable la decisión de la Corte de dejar la puerta abierta para la adopción del fondo complementario de jubilación para jueces y magistrados. Gómez manifestó que lo anterior deja la incertidumbre del conflicto jurídico, ético y político que plantea el hecho de que la Corte insista en tener la facultad de establecer, por medio de un acuerdo, algo que de acuerdo con la Constitución debe hacerse por medio de una ley. Precisó que los artículos 302 y 303 de la Constitución señalan que en el caso de los servidores públicos todo lo que tenga que ver con jubilaciones será un tema de ley. Y en este caso, sostuvo, los recursos asignados por la Corte para la creación del fondo están vinculados a tres factores: la edad, el cese laboral y un pago vitalicio que se traduce en una jubilación. El acuerdo de la Corte Suprema No.407 de julio de 2024, que creó el fondo de compensación para magistrados y jueces, generó una serie de críticas por parte de organizaciones como la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, diputados y hasta el propio presidente José Raúl Mulino. Un grupo de diputados de la coalición Vamos presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley que aplica un monto máximo salarial de 10 mil dólares para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tribunales superiores y del Tribunal Electoral. Asimismo, establece que cualquier disposición referente a sus jubilaciones deberá ser aprobado mediante una ley. En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, tras conocer la decisión asumida por la Corte, hizo un llamado a la sociedad civil a estar vigilante ante cualquier intento de implementar nuevamente el fondo de compensación para la jubilación de jueces y magistrados. Cedeño consideró que es necesario que se legisle sobre el tema de jubilaciones especiales para jueces y magistrados de la Corte, y advirtió que la asignación de fondos públicos para pagar FE DE ERRORES En la nota titulada “Seis meses, $613 mil: cómo se gastó la partida discrecional del gobierno de Mulino”, publicada en la edición del viernes 22 de agosto de 2025, se indicó de forma incorrecta que la proveedora de artículos protocolares por $124,057.28 era la empresa Hispano América de Servicios S.A., sociedad suspendida. El nombre correcto es Hispano Americana de Servicios S.A., compañía que actualmente se encuentra vigente.
3A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Panorama Fernando Castañeda, dirigente de la Amoaccs, reprochó que se ‘quiera decir ahora que todo está bien y que el problema es que trabajemos 24/7 (...) ¿Creen que el personal de salud es esclavo?’. Cortesía Asociación de médicos rechaza proyecto de ley de atención 24/7 Aleida Samaniego C. [email protected] SERVICIOS DE SALUD La iniciativa del diputado independiente Betserai Richards propone que los centros y puestos de salud operen, como mínimo, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo. La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de ley 19, que busca establecer los servicios de atención de salud 24/7 en todo el país. La propuesta legislativa, presentada por el diputado independiente Betserai Richards, tiene como objetivo que los centros de salud, subcentros, puestos de salud y otros establecimientos similares permanezcan abiertos, como mínimo, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo. Durante ese horario, se deberá contar al menos con el personal necesario para garantizar la adecuada prestación de los servicios de medicina general, enfermería, ambulancia, urgencias, laboratorio y personal administrativo, señala la iniciativa legislativa. En el primer debate, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), expresó su rechazo al proyecto, argumentando la falta de recurso humano, presupuesto, insumos y transporte. Fernando Castañeda, representante de Amoacss, cuestionó la viabilidad de la iniciativa bajo las condiciones actuales, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad, que representan un riesgo tanto para los profesionales como para los pacientes. “Es falso afirmar que se cuenta con el recurso humano. No se tiene el recurso humano, no se tiene el presupuesto, no se tienen los insumos, no se tienen los transportes ni las ambulancias. Se nos muere la gente esperando un traslado. No nos vengan a decir ahora que todo está bien y que el problema es que trabajemos 24/7 (...) ¿Creen que el personal de salud es esclavo?”, expresó Castañeda. La postura del gremio médico generó reacciones inmediatas entre los diputados de la comisión. “En los centros de salud cierran a las 2:00 o 3:00 de la tarde. Este proyecto busca extender los horarios justo en el turno que usted atiende, pero que venga a decirme que ese turno no es necesario, eso es una gran contradicción”, reprochó el diputado Richards. Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez reconoció que el sistema de salud requiere mayor inversión, pero también urgió a poner fin a las largas esperas que enfrentan los pacientes para recibir atención. “Sí necesitamos fondos para mejorar la atención, para tener mejores infraestructuras, para contar con mejores equipos; y es inaceptable lo que está sucediendo, donde personas mueren esperando atención en las salas de urgencias”, señaló Rodríguez. Además, solicitó la participación de representantes del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social en las próximas sesiones, ya que no estuvieron presentes durante el debate. Al finalizar la sesión del jueves, el proyecto fue enviado a una subcomisión para su análisis. Minsa recomienda reubicar el IPT de Capira El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recomendó al Ministerio de Educación (Meduca) reubicar el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, ubicado en Panamá Oeste, tras los múltiples casos de alumnos que han enfermado (alergias, hongos, leptospirosis (cuatro casos) en los últimos meses. Este plantel atiende a 1,600 estudiantes, y el Meduca ha tenido que suspender las clases en varias ocasiones (abril y agosto) debido a afectaciones a la salud. Boyd recomendó que los estudiantes sean reubicados. “Este centro educativo tiene problemas estructurales muy grandes; la ministra de Educación es muy consciente de eso, y van a tener que tomar la decisión de reubicar el colegio”, señaló. El titular de Salud añadió que la situación es “complicada, porque además cuentan con áreas donde se manejan animales que forman parte de la enseñanza. Esto agrava el problema de contaminación y de salud de los alumnos. Hemos logrado resolverlo en ocasiones, pero siempre ocurre lo mismo”. La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que tienen que hacer un análisis detallado antes de tomar una decisión. PROBLEMAS DE SALUD Yaritza Mojica [email protected]
4A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Panorama El tren, ese que era incosteable años atrás, según el entonces “opinólogo” José Raúl Mulino, avanza velozmente. Seguramente porque su nombre sería recordado como el precursor de la obra. Salvo Laurentino Cortizo, todos los presidentes –desde 2009– han tenido un frenético afán de construir trenes. Atrás quedaron los proyectos carreteros, como los de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Hasta parece que se han olvidado de que necesitamos más y mejores calles. En ningún caso, los que pagamos dichas obras hemos tenido acceso –si es que alguna vez los hubo– a sus estudios de factibilidad o cualquier otro estudio. Y este tren –el mayor de todos los proyectos gubernamentales conocidos– no es la excepción. Yo sería de las decenas de miles de personas beneficiadas con esta obra, por lo que en principio no me opongo. No obstante, hay muchas dudas. Para empezar, hace más de tres meses, el responsable de la obra, Henry Faarup, dijo que en dos meses conoceríamos el costo de la obra. Eso, obviamente, no ha ocurrido. Hace ocho años, la empresa china que iba a construir el tren calculó que costaría unos $4 mil 500 millones, luego la cifra fue corregida: $5 mil millones. Pero Faarup calcula que el tren costará miles de millones más: quizás $6 mil millones o $7 mil o hasta $8 mil millones. No hay nada definitivo, pero sea cual fuere el costo, será la obra más ambiciosa que gobierno alguno se haya propuesto en la historia del país. Pero ignoramos su costo total. Para ampliar el Canal de Panamá –que costó unos $5 mil millones y es la mayor obra que hizo el Estado panameño en toda su existencia– fuimos a referéndum para que los ciudadanos lo decidiéramos. Para tomar esa decisión, contábamos con muchísima más información de la que ahora está disponible sobre el proyecto estrella del Gobierno. La del Canal no fue una decisión a ciegas: tuvimos claras muchas cosas, entre ellas, que se autofinanciaría, como ha quedado demostrado. En cambio, la obra gubernamental de mayor envergadura de la historia del país va porque va. Nuestra opinión –la del pueblo panameño– no parece valer un bledo. No hemos visto ni un solo estudio: ni de factibilidad ni de ambiente ni financiero ni de beneficios. En el portal digital de la Secretaría del Ferrocarril solo hay gacetillas que hablan de las maravillas del proyecto, pero no hay un solo estudio que las sustente. Y poca confianza transmite Faarup cuando empieza a gaguear sobre el proyecto, como que, al parecer, todos los estudios se hacen de forma simultánea, sin importar el orden. Es fácil deducir que, sin importar lo que estos informen o adviertan, la decisión del Gobierno está tomada: este tren no lo para nadie. Sabemos que la ruta es de unos 450 kilómetros; que se pagará endeudando al país como nunca se ha hecho; que tendrá, de momento, 14 estaciones, una de ellas en Soná –producto de la promesa que Mulino le hizo en campaña al lavador de dinero– pueblo del que provienen Ricardo Martinelli y su familia. El tren tendrá tres modelos de desplazamiento, dos de ellos, de pasajeros: uno express, “el lechero”, y el de carga. Se desconoce su rentabilidad o si será subsidiado por el Estado; no se sabe cómo se reconvertirá el transporte de carga y de pasajeros que actualmente existe en esa ruta. No sabemos cuál será el impacto de adquirir semejante deuda en la vida de todos, porque sin duda, la habrá, y mucho menos sabemos el costo de transportarse en el tren o de movilizar carga. ¿Qué pasaría si el pasaje fuera tan costoso que no habría suficiente demanda? ¿O qué pasaría si hay que subsidiar la operación del tren? Ni siquiera sabemos qué tan oportuno –o inoportuno– es este proyecto en momentos en que estamos atravesando problemas económicos y sufriendo altos costos de financiamiento por la pérdida casi total de la calificación de riesgo. Este oneroso proyecto no está manejándose de forma transparente. No creo conveniente que los estudios de factibilidad, demanda de transporte de pasajeros y de carga o los estudios ambientales se hagan todos al mismo tiempo que los de diseño, pues este no es un proyecto cualquiera: tiene el potencial de disparar nuestra deuda por encima de los $60 mil millones (lo que me hace preguntar si Panamá podrá realmente bajar su déficit fiscal). Sería una imperdonable irresponsabilidad aceptar a ciegas un sueño que puede convertirse en pesadilla. Sábado Picante Rolando Rodríguez [email protected] Agentes policiales cargan un cuerpo en una manta, entre los escombros que dejó la explosión en Cali, Colombia. Getty Images Violencia en la región activa alertas de seguridad en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] GEOPOLÍTICA El repunte de violencia en Colombia y la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela aumentan la proyección de grupos criminales hacia Panamá, lo que intensifica las rutas de narcotráfico y obliga a reforzar la vigilancia fronteriza y la seguridad de puertos estratégicos. El año 2025 ha marcado un repunte de la violencia en Colombia que podría generar eco en la política de seguridad panameña. Atentados recientes, como el registrado el pasado jueves en Cali, que dejó siete muertos y 80 heridos, y el derribo de un helicóptero militar en Antioquia, con 13 fallecidos, evidencian que los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen capacidad operativa suficiente para controlar amplios territorios. A esto se suma la presión estadounidense sobre Venezuela, donde el gobierno de Donald Trump elevó al Cartel de los Soles a la categoría de organización terrorista extranjera y duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención del gobernante Nicolás Maduro. Narcotráfico a través de Darién Para Panamá, estos eventos no son ajenos. El sociólogo Danilo Toro advierte que “el primer efecto que podemos esperar es un alto riesgo de exposición a la migración de los grupos que están siendo declarados objetivos militares”. En el programa Cuarto Poder, de Telemetro, Toro recordó que el tapón de Darién, históricamente un corredor migratorio, se ha convertido en un espacio donde narcotráfico y violencia se han entrelazado con el flujo de personas. “Estamos ante la onda expansiva y debemos estar alerta porque el narcotráfico se acomoda”, advirtió. El exministro de Seguridad Pública, Juan Pino, amplía esta perspectiva: “Panamá es un país de tránsito de droga. El Clan del Golfo opera muy cerca de nuestra frontera, en un área que siempre ha sido gris para Colombia. Ellos buscan expandir su negocio y utilizan cualquier oportunidad”, dijo en conversación con La Prensa. Pino recordó que la producción de droga en Colombia se ha multiplicado en los últimos años, lo que ha fortalecido el poder económico del crimen organizado y su capacidad de proyectarse más allá de sus fronteras. Protección de puertos y coordinación internacional El pasado jueves, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, dijo que los carteles de la droga, a la vez que utilizan el territorio panameño como puente o paso, impactan en los puertos panameños que a nivel internacional mueven una gran de contenedores. “Hemos creado una fuerza de tarea para la protección de los puertos (...)”, añadió. Recordó que cuando en Panamá se acumulan más de 50 toneladas de droga que no se puede incinerar, se coordina con la DEA para su traslado a Estados Unidos y destruirla. Lecciones históricas y temores regionales El análisis histórico también alerta sobre posibles escenarios si se toma en cuenta el tema de Venezuela. En una nota del pasado 11 de agosto, The New York Times trajo a escena la intervención estadounidense en Panamá en 1989 para deponer al dictador Manuel Noriega, hecho que dejó una huella imborrable: cientos de víctimas y un país marcado por la geopolítica externa. El rotativo citó a Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, quien argumentó que movimientos de este tipo “tocan fibras históricas y profundamente sentidas sobre las intervenciones estadounidenses en América Latina”. Cualquier acción de Washington en la región revive temores históricos sobre soberanía y consecuencias militares inesperadas, manifestó. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, dijo tener poca información sobre los movimientos de Estados Unidos en las aguas del Caribe. Consultada por este medio sobre el asunto, dijo que entiende que el narcotráfico es un gran problema en Venezuela, pues por esa nación transita el 24% de la droga que circula en el mundo. “Estamos hablando de cifras extraordinarias. Los grupos criminales que manejan esa droga tienen, según organismos internacionales, relación con los órganos de seguridad y defensa de Venezuela, y se haCasas afectadas por la explosión de un camión bomba en inmediaciones de una base aérea de Cali. EFE bla del Cartel de los Soles, formado por generales que tienen ‘los soles’ en las carreteras”, sustentó. “Es un problema gravísimo. Ahora, la lucha del nuevo gobierno de Estados Unidos incorporando la fuerza armada nos da bastante miedo. No sabemos hasta dónde puede llegar ese tipo de acciones”, añadió. Escenario complejo para Panamá Toro y Pino coinciden en que la combinación de violencia en Colombia, presión militar sobre Venezuela y la proyección de grupos criminales hacia Panamá genera un escenario complejo: el país podría enfrentar aumentos de migración irregular, la intensificación de rutas de tráfico ilícito y desafíos constantes para sus fuerzas de seguridad. Darién se convierte en un espejo de los conflictos de los vecinos, asunto que obliga a Panamá a mantener políticas de contención y vigilancia, incluso frente a amenazas que exceden su control directo. Toro alerta que “el narcotráfico no espera; se adapta a la presión militar y a las rutas que se abren con la migración forzada. Esto significa que Panamá debe ser proactivo, porque el tapón de Darién puede convertirse en un punto crítico de tránsito de drogas y de violencia organizada”. Pino agrega: “El problema no es solo la presencia del Clan del Golfo. Las redes de tráfico se conectan con actores locales, y cualquier desestabilización en Colombia o Venezuela se refleja aquí casi de inmediato”. The New York Times también resalta la dimensión internacional del fenómeno: “La estrategia de Estados Unidos para golpear los carteles en Venezuela tiene repercusiones directas en países vecinos, que deben prepararse para un aumento de la violencia transfronteriza y la migración irregular”. Para los expertos, el mensaje es claro: Panamá debe equilibrar la vigilancia fronteriza con medidas preventivas en seguridad ciudadana, mientras observa de cerca cómo la geopolítica regional influye directamente en su territorio. En síntesis, Panamá enfrenta un riesgo creciente, marcado por la proximidad de actores armados, la expansión de rutas de narcotráfico y la sombra de intervenciones externas. Ofrenda floral en un área afectada por el atentado terrorista del jueves que, además de 20 muertos, también causó unos 80 heridos. EFE
5A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Panorama Un juez de garantías validó un acuerdo de pena de 84 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. Cortesía 84 meses de prisión por blanqueo a imputado en Operación Jericó Juan Manuel Díaz [email protected] SISTEMA PENAL ACUSATORIO Eduardo Martínez también quedó imputado por un homicidio perpetrado en el PH Coral Tower en 2024. Eduardo Martínez, alias Ameba, último detenido en la operación Jericó, alcanzó un acuerdo de pena de 84 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales; también quedó imputado por un homicidio perpetrado en el PH Coral Tower, ubicado en Carrasquilla, el 10 de junio de 2024. En dos audiencias separadas realizadas ayer en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, la Fiscalía de Drogas reveló que Martínez era un estrecho colaborador de Francisco Serrano, señalado como uno de los cabecillas de la red desmantelada en la operación Jericó. Entre las pruebas que llevaron a Martínez a buscar un acuerdo de pena están los registros de al menos 100 interceptaciones de conversaciones telefónicas sostenidas entre él y Serrano, que presentó la fiscalía. Según la fiscalía, Martínez tenía una participación activa en la estructura de la red manejada por Serrano, ya que incluso tiene evidencias de que viajaba a la provincia de Darién para recoger droga que llegaba de Colombia por las montañas y luego la transportaba por tierra hasta la ciudad de Panamá. La fiscalía lo vincula con cinco de los eventos relacionados con decomisos de droga realizados en la operación Jericó, entre ellos el decomiso de 600 kilos de drogas y tres armas de fuego, y que produjeron la imputación de cargos junto a otras 38 personas. Martínez, quien fue deportado de República Dominicana el pasado miércoles por mantener un alerta de Interpol, tenía al menos dos direcciones en las que residía, una en calle 21 El Chorrillo y la otra en Brisas del Golf, en San Miguelito. Imputación por homicidio En una segunda audiencia, la Fiscalía de Homicidio y Femicidio logró la imputación de Martínez por el asesinato de Carlos González, muerto a balazos en el cuarto piso del edificio Coral Tower, en el barrio de Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. De acuerdo con la investigación, Martínez y otras dos personas ingresaron a los estacionamientos del edificio y atacaron a su víctima cuando se aprestaba a abordar su vehículo. En la escena del crimen las autoridades recuperaron 33 casquillos de bala y una cámara de seguridad registró la salida a toda velocidad del auto utilizado por los delincuentes, que fue abandonado en las inmediaciones del restaurante Waikiki, lugar en donde abordaron un segundo carro. La fiscalía reveló que el segundo vehículo usado por los delincuentes fue alquilado por Martínez a una empresa arrendadora y que el GPS del auto lo ubicaba en las inmediaciones del PH Coral Tower. Un testigo protegido que ese día se dirigía al Parque Omar a hacer ejercicios, relató que pudo observar a los sospechosos cuando cambiaban de vehículo y se dieron a la fuga cerca del restaurante Waikiki. Durante la audiencia la fiscalía relató que la víctima del crimen mantenía dos negocios de venta de pescado y estaba relacionado con el manejo de botes que realizaban labores de pesca. La operación Jericó dejó al descubierto una intrincada red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la ya están imputadas 38 personas, entre ellas Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, también mencionado dentro de esta investigación. El segundo simulacro de evacuación será el 13 de octubre Los organismos de emergencia y otras instituciones gubernamentales se preparan para llevar a cabo, el próximo 13 de octubre, el segundo simulacro nacional de evacuación, el cual tiene el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención ante posibles desastres. Esta acción es coordinada por el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil. En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró que la finalidad de estos ejercicios es que cada institución y ciudadano conozca cómo actuar ante posibles amenazas y riesgos. Esto conlleva evaluar planes de evacuación y medidas de seguridad en sus lugares de trabajo, estudio y residencia. En su labor de capacitar a las instituciones y empresa privada, el Cuerpo de Bomberos insta a contar con un plan de evacuación estructurado y a realizar capacitaciones de desalojo y manejo de emergencias. En las próximas semanas se estarán brindando más detalles del segundo simulacro nacional de evacuación. PREVENCIÓN Henry Cárdenas P. [email protected]
6A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 Son los hogares más pobres y excluidos los más expuestos y vulnerables ante la crisis climática, ambiental y energética. Cortesía Uno de cada cuatro niños vive en zonas de alta vulnerabilidad Aleida Samaniego C. [email protected] CLIMA El cambio climático está agravando las desigualdades que afectan a la niñez en Panamá, especialmente en zonas rurales e indígenas. Un nuevo estudio de Miambiente y Unicef evidencia la urgencia de incluir a la infancia en las políticas ambientales y energéticas del país. Uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en Panamá vive en zonas de alta vulnerabilidad climática, una situación que refleja el impacto creciente y cada vez más tangible de los fenómenos naturales sobre la infancia en el país. Esta realidad no solo afecta la calidad de vida presentedeestosmenores,sinoque pone en riesgo su desarrollo, bienestar y futuro, evidenciando la urgencia de actuar con medidas integrales y enfocadas en sus necesidades específicas. Así lo indica el estudio Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Panamá, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La investigación se convierte en un llamado a la acción para reconocer y atender las particularidades que enfrenta esta población vulnerable frente al cambio climático y sus múltiples efectos. El estudio detalla cómo la crisis climática afecta de manera desproporcionada a la niñez y adolescencia panameña, sobre todo a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social y geográfica, profundizando las brechas existentes y dificultando su acceso a derechos fundamentales. Impacto desproporcionado de la crisis climática Según los datos publicados, los desastres naturales relacionados con el clima y la degradación ambiental se han multiplicado por 2.4 en los últimos 50 años en Panamá, reflejando un patrón de creciente inestabilidad ambiental que repercute directamente en la vida de miles de familias. Actualmente, Panamá ocupa el decimocuarto lugar a nivel mundial entre los países más vulnerables al cambio climático. Su particular ubicación geográfica lo expone a múltiples amenazas, entre las que destacan los fenómenos hidrometeorológicos, tales como inundaciones y sequías, plantea el estudio. Estos dos eventos representan el 93% de los desastres registrados en el país, consolidándose como los riesgos más frecuentes y peligrosos para la población, especialmente para la niñez. Las inundaciones y sequías no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que afectan con mayor severidad a los niños, niñas y adolescentes. En situaciones extremas, las inundaciones pueden impactar hasta al 18% de la población panameña, interrumpiendo el acceso de miles de menores a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, atención médica y educación, afectando su bienestar inmediato y sus oportunidades de desarrollo a largo plazo. Esta realidad es aún más crítica para los menores que viven en situación de pobreza, en comarcas indígenas o en zonas rurales, quienes enfrentan obstáculos adicionales para recuperarse tras eventos climáticos extremos. La falta de recursos, infraestructura limitada y el aislamiento geográfico dificultan la respuesta y mitigación de los impactos. El estudio identifica que las regiones con mayor riesgo climático en Panamá son Bocas del Toro, Darién, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala. En estos territorios, los desafíos son múltiples y complejos: se observan altas tasas de desnutrición, abandono escolar, inseguridad alimentaria y un creciente riesgo de violencia vinculado a la escasez de recursos. Además, se estima que más del 50% de la población rural infantil enfrenta dificultades severas para acceder a una alimentación adecuada, lo que compromete su salud y desarrollo. Los datos históricos y científicos evidencian una tendencia alarmante: desde 1971, la temperatura media en Panamá ha aumentado en 0.23 °C por década, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado en los últimos 20 años. Esta combinación agrava los efectos del cambio climático y contribuye a la degradación ambiental. Cada año, al menos 102,000 toneladas de residuos terminan en los océanos que bañan las costas panameñas, contaminando ecosistemas vitales y afectando la salud de las comunidades costeras. Por otro lado, el acceso a servicios básicos como la electricidad también es limitado: el 10% de los hogares con niños, niñas y adolescentes carece de este servicio, mientras que el 18% de las escuelas de premedia no cuenta con electricidad, dificultando las condiciones de aprendizaje y desarrollo. Desafíos energéticos y urgencia de políticas inclusivas para la niñez Esta inseguridad energética es especialmente crítica en las comarcas indígenas. Por ejemplo, en la comarca Ngäbe-Buglé, solo el 44% de los hogares tiene acceso a electricidad, concentrando así el 55% de los niños sin este servicio en el país. La falta de energía eléctrica afecta directamente infraestructuras esenciales como centros médicos y escuelas, limitando el acceso a servicios de salud y educación de calidad. Además, los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por la crisis climática, amenazan la estabilidad del suministro eléctrico. Las sequías y el aumento de las temperaturas elevan la demanda energética, mientras que reducen la capacidad de generación hidroeléctrica, que representa el 49 % de la matriz energética del país. Esta situación provoca incrementos en los costos de la electricidad; por ejemplo, en 2023, un año marcado por condiciones climáticas especialmente secas y calurosas, el precio de la electricidad aumentó un 40%. Frente a este panorama, el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, afirmó con contundencia: “El cambio climático no es solo una amenaza ambiental: es una emergencia social que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra niñez. Este estudio nos muestra claramente dónde debemos actuar, cómo y con qué urgencia”. Por su parte, Sandie Blanchet, representante de Unicef en Panamá, destacó que “la crisis climática, ambiental y energética afecta de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes. La infancia y la adolescencia deben estar en el centro de las soluciones, no solo como beneficiarios, sino como agentes activos de cambio”. Blanchet añadió que “invertir en adaptación climática no solo es justo, también es inteligente. Cuando esas inversiones se hacen con un enfoque en infancia, su impacto se multiplica”. Sin embargo, el estudio advierte que únicamente el 40 % de las políticas climáticas, ambientales y energéticas en Panamá incluyen explícitamente a la niñez, lo que limita la efectividad y sostenibilidad de las acciones a largo plazo. Además, se estima que para mitigar los efectos de la crisis climática, ambiental y energética en el país se requerirán inversiones superiores a los 11,190 millones de dólares, una cifra que pone en evidencia la magnitud y complejidad del desafío que enfrenta Panamá. Entre las recomendaciones que plantea el informe, se destaca la necesidad de mejorar la coordinación institucional con un enfoque centrado en la niñez, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial incorporando criterios de riesgo climático y promover mecanismos efectivos de participación comunitaria. También se insta a garantizar la inclusión de la infancia en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y en las políticas de protección social, asegurando que los derechos y necesidades de este grupo sean prioridad en la agenda nacional. En definitiva, proteger a la niñez panameña frente al cambio climático es una responsabilidad urgente y compartida, que requiere compromiso, recursos y acciones coordinadas para asegurar un presente y futuro más justo, saludable y sostenible para las generaciones venideras. Una mesa técnica de trabajo para las modificaciones y adecuaciones al Decreto Ejecutivo 316 de 1994, que regula el servicio de transporte escolar especial, se mantiene activa con representantes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), autoridades locales, usuarios del transporte y la Cámara Panameña de Transporte Colegial. Hasta el momento, se han hecho cuatro reuniones de trabajo y entre los temas abordados están: un transporte colegial seguro y eficiente, la creación de un permiso de reemplazo ante desperfectos mecánicos, estacionamientos escolares exclusivos, uso de papel de protección en ventanas. Durante estas sesiones se han analizado 20 de los 48 artículos propuestos en el proyecto original, y se apira a que la abor normativa culmine, como máximo, en octubre. Entre las instituciones que participan en la revisión del decreto están: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Policía de Tránsito, la Policía de Menores, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, así como transportistas y sus asesores legales. Además, se extendió una inviAvanza revisión del decreto que regula el transporte escolar SEGURIDAD tación a las federaciones de padres de familia. Los representantes de los transportistas argumentan que el Decreto 316 tiene más de 20 años, por lo que amerita una revisión integral en beneficio de los estudiantes, padres de familia y dueños de buses colegiales. Luis Torres, representante de la Asociación de Usuarios del Transporte Público afirma que es importante garantizar la seguridad de los estudiantes, que son los usuarios del sistema. Indicó que debe normarse y regularse el uso excesivo de bocinas, así como de pantallas en los vehículos. Debe prevalecer la seguridad tanto de los estudiantes como de los conductores —añadió Torres—, además de garantizar el acompañamiento de los niños dentro del busito. También hizo énfasis en que los conductores deben dejar a los estudiantes dentro de las instalaciones escolares y no permitir que crucen las calles al momento de descender. Con la aprobación y publicación de la nueva normativa en la Gaceta Oficial se impactará a unos 8,000 transportistas escolares en todo el país, tanto de escuelas oficiales como particulares. Gloria de Ávila, secretaria general de la Cámara Panameña de Transporte Colegial, informó que entre las propuestas discutidas está la inclusión de un protocolo que permita a los transportistas contar con permisos temporales en caso de desperfectos mecánicos, para evitar sanciones por “piratería” cuando deban alquilar buses de reemplazo. También se plantea el uso de películas protectoras transparentes contra rayos ultravioleta en las ventanas de los autobuses, como medida de salud para conductores y estudiantes, frente a los altos niveles de calor y radiación solar en el país. Asimismo, la creación de espacios exclusivos en las escuelas para el ascenso y descenso de estudiantes, coordinados con el Meduca, alcaldías y gobernaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La próxima reunión se hará el 25 de agosto. Posteriormente, la propuesta deberá pasar por la junta directiva de la entidad y luego por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Yaritza Mojica [email protected] Panorama
7A La Prensa Panamá, sábado 23 de agosto de 2025 La opinión de Hilde Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Más de medio siglo después, a mi parecer, la opinión del Dr. Robles tristemente se confirma sin desperdicio alguno. En cuanto al desenfoque del sindicalismo panameño, hoy se puede advertir que el sindicato de mayor peso específico en el país, el Suntracs, lleva décadas teniendo como principal objetivo hacerse sentir como grupo de presión política y, más aún, como actor de participación política. Esto último, a pesar de que desde su primera incursión, ya hace décadas, ha tropezado de forma reiterada con el mismo obstáculo: el rechazo del electorado a todos los candidatos que ha Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La poesía como territorio y resistencia Encuentro hispanoamericano de libros, conferencias y actividades de integración que abordaron la poesía como vehículo de identidad, memoria y unidad de los pueblos. El convivio demostró que la poesía es un concierto de voces que conecta la geografía de los territorios de nuestros países. La poesía es el hilo que vincula la ciudadanía con el recuerdo íntimo, la denuncia social, el reclamo personal, la identidad cultural y la memoria. En un continente marcado por fricciones sociales, la construcción de identidad a través de la palabra poética es un acto político de resistencia. Permite decir “nosotros” sin borrar las singularidades y encontrar una cartografía común en la diversidad. La iniciativa de premiar a figuras nacionales como Héctor Miguel Collado, Rubén Contreras, Indira Moreno, Juan A. Gómez, Margarita Vásquez, Mario García Hudson o Ernesto Neco Endara constituye un acto que va más allá del reconocimiento individual, porque Panamá es visibilizada desde sus escritores y artistas. Estas distinciones, incluyendo la Medalla de Paz en homenaje a Jorge Mario Bergoglio, señalan un camiCarlos Fong Lo que Winston Robles vio venir hace 50 años Sindicalismo panameño Hace más de cincuenta años, cuando cursaba el tercer año de Derecho en la Universidad de Panamá, al margen de la clase de Filosofía del Derecho que impartía el Dr. Winston Robles (q.e.p.d.), en una ocasión nos compartió su opinión sobre el sindicalismo panameño. Concluyó que la dirigencia sindical de ese entonces parecía no comprender cuál era el objetivo fundamental del sindicalismo, su propósito teleológico. Lo decía porque lo que observaba en la acción de los sindicatos parecía orientarse, palabras más, palabras menos, hacia la destrucción del tejido empresarial, en lugar de propiciar la optimización de la relación laboral en beneficio de todos: empleadores y trabajadores. empresa? ¿Acaso nada les enseñó el caso de Puerto Armuelles, ni siquiera su propia experiencia reciente? Para mí, nunca puede ser justo tratar de igual manera a quienes son desiguales. No debe ser la misma la carga laboral para el dueño de un quiosco —economía de subsistencia— que para el dueño de una gran empresa con cientos de trabajadores. De igual forma, si la economía de Bocas del Toro depende hoy fundamentalmente de dos actividades, turismo y producción bananera, ambas deben contar con protección legal especial. Con cada huelga, legítima o no, se amenaza y compromete el presente y el futuro de toda la provincia, afectando no solo a los extrabajadores, sino también a las nuevas generaciones. Espero que el Gobierno Nacional logre que la empresa bananera regrese a Bocas del Toro. Pero si la potencial mano de obra no ayuda en este empeño, al menos que no estorbe. Opinión EL AUTOR es abogado. EL AUTOR es escritor. que intenta transformar al mundo. La poesía devuelve a las palabras su peso y su levedad, su presencia y su ausencia, su ruido y su silencio, su capacidad de construir y destruir. La poesía contiene la historia existencial de la gente. Es un migrante que va de patria en patria. Es una alforja que lleva el dolor de las injusticias y la humanidad de los pueblos. La poesía, como hecho creativo, como obra, constituye una toma de conciencia colectiva, desde una conciencia individual, parafraseando a Lucien Goldmann, para quien el carácter privilegiado de la creación está en el grado de coherencia. Por otra parte, el sentido de la poesía a veces es irracional y este grado de incoherencia, sin embargo, constituye una forma de coherencia que le da sentido a la realidad. El verdadero éxito de este encuentro en Panamá radica en la reafirmación de un pacto tácito: el de seguir creyendo en el poder creativo del lenguaje para sanar, para unir y para imaginar futuros posibles y distintos. Para darle un sentido a la irracional realidad y una respuesta a los problemas del ecosistema. La poesía, en esencia, es el antídoto contra la indiferencia y la banalidad. Nos obliga a detenernos, a escuchar el ritmo de los acontecimientos, a pensar y sentir el corazón del otro. Que la divina gracia acompañe a los poetas en su próximo encuentro. Desde las urgencias sociales comunes de nuestros países; desde las tensiones y contradicciones de la realidad; desde el lenguaje y la imaginación que construyen canales de comunicación, la poesía emerge como un refugio y un escudo contra la indiferencia y la insensibilidad. El reciente Tercer Encuentro de Poesía Hispanoamericana “Mario Alejandro Guíñez”, celebrado en Panamá, entre el 11 y el 14 de agosto, demuestra que el hecho estético es un espacio de convivencia. La poesía se revela como una zona vital, una comarca de artesanos, de tejedores de palabras, una lengua que es una semilla que crece desde la interacción, la cultura, la identidad y la memoria colectiva. El encuentro se realizó en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. Pese a que la cita poética coincidió con la Feria Internacional del Libro, la reunión fue un éxito. Una nota del escritor Luis Carlos Serrano, uno de los organizadores, destaca una asamblea de voces de Sudamérica, España y Panamá, un coro polifónico que trascendió fronteras. No solo hubo lecturas, también el público disfrutó de conversatorios, rondas poéticas, presentaciones En cuanto al desenfoque del sindicalismo panameño, hoy se puede advertir que el sindicato de mayor peso específico en el país, el Suntracs, lleva décadas teniendo como principal objetivo hacerse sentir como grupo de presión política y, más aún, como actor de participación política. Miguel Ángel Fuentes La poesía devuelve a las palabras su peso y su levedad, su presencia y su ausencia, su ruido y su silencio, su capacidad de construir y destruir. La poesía contiene la historia existencial de la gente. Es un migrante que va de patria en patria... no a seguir que se bifurca: el de la persistencia y la solidaridad; porque se honra a quienes han dedicado una vida a cultivar la paz desde las palabras y las acciones. Dedicar el encuentro al poeta chileno Mario Alejandro Guíñez es otro gesto cargado de sentido poético, porque la poesía vive en esa tensión entre el pasado y el presente, heredando las voces de quienes la precedieron para darles nuevo aliento. Es una cadena ininterrumpida de significados que se renueva en cada verso y en cada gesto de humanidad. La decisión de que el próximo encuentro sea en Argentina, bajo el nombre de Samuel Cavero Galimidi, ratifica que este no es un evento efímero. Es el capítulo de un relato que se prolonga de nación en nación. Panamá, como país de tránsito, se robustece como un cruce de caminos para la cultura. La develación de una placa conmemorativa en la Biblioteca Nacional es la materialización de un deseo compartido; el espíritu de un diálogo permanente, impregnado en las paredes y los libros, que recordará que en ese recinto la poesía estará siempre presente. En tiempos de desesperanza y de incertidumbre, cuando los problemas sociales parecen irreductibles y la cultura se reduce a un producto de consumo y espectáculo, la poesía ofrece un tipo de resistencia significativa. La poesía es la raíz telúrica que fortalece el ser latinoamericano. Es un instrumento de cambio social porque cada vez que actúa lo hace desde una situación que nace de una proyección postulado para puestos de elección popular. El accionar más reciente del Suntracs, ocurrido este mismo año, tuvo un propósito tan exclusivamente político que la gran mayoría de sus miembros —me atrevería a decir que el 99.9%— desconocía por completo las razones de la protesta. Solo atinaban a repetir que estaban en contra de un número: la Ley 462. Nada más. Para concluir, y recordando una vez más al Dr. Robles, no puedo dejar de señalar lo que ocurre actualmente en Bocas del Toro, donde el Gobierno Nacional procura con todo empeño que la empresa bananera retome sus operaciones. Resulta incomprensible cómo una dirigencia sindical, si así se le puede llamar, considera oportuno armar un conflicto con la empresa justamente antes de reiniciar labores. A todas luces, el propósito parece ser arrodillar a la empresa para negociar con comodidad y ventaja, mantener la presión política contra el Gobierno, o ambas cosas a la vez. ¿Qué clase de fanatismo ciego transmiten estos supuestos dirigentes a miles de extrabajadores que perdieron sus puestos de trabajo para seguir empeñados en acabar con la Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==