5A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. LP Bancada Vamos propone frenar privilegios de los magistrados Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO La agrupación junto a Patsy Lee presentaron el anteproyecto 120 que limita a $10,000 el salario de magistrados, elimina privilegios y cuestiona jubilaciones especiales; Rigoberto González advierte que no aplica retroactivamente. Una propuesta legislativa que establece un monto máximo al salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y elimina “privilegios” como exoneraciones y jubilaciones especiales en el Órgano Judicial fue presentada por todos los miembros de la bancada Vamos y la diputada Patsy Lee, del Partido Popular. Los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Electoral (TE) se aumentaron los emolumentos de $10,000 a $14,000 mensuales, el doble de lo que gana el presidente de la República, “lo que crea una distorsión inaceptable entre los altos funcionarios y la realidad económica”, señalan los proponentes. El anteproyecto fija nuevamente el salario mensual en $10,000 (influyendo gastos de representación fijos, sin incluir los viáticos), con la particularidad de que ese ajuste entraría en vigencia a partir del próximo año. “Los salarios de los magistrados que actualmente superen el monto establecido en esta ley, se ajustarán a partir del 1 de enero de 2026, señala el artículo séptimo (de un total de nueve) del anteproyecto de ley 120, que está a la espera de ser prohijado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. No obstante, el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que si el anteproyecto 120 avanza y se convierte en ley de la República, no sería aplicable a los actuales magistrados que ya ganan $14,000. Por tanto, el artículo 7 del anteproyecto sería inviable. González sostiene que no se puede desmejorar el salario de ningún funcionario que ya ejerce un cargo. Cualquier iniciativa en ese sentido debería aprobarse a través de una ley que tendría efectos a futuro; es decir, aplicaría a aquellos magistrados que sean nombrados posterior a la aprobación de esta norma. El anteproyecto también busca prohibir que los magistrados reciban sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías y cualquier otro tipo de incremento que tenga por objeto o resultado superar el límite de $10,000. La Constitución solo les permite ejercer como docentes de Derecho en universidades. La propuesta también aplicaría a todos los magistrados de tribunales inferiores y especializados. También plantea que todas las disposiciones relacionadas a los aspectos de retiro, jubilaciones o pensiones para los magistrados de la República de Panamá y el resto de los funcionarios judiciales tendrá que ser aprobado por ley y no a través de una resolución u acto administrativo. El tema de las jubilaciones ha creado un debate luego de que la CSJ emitiera un acuerdo (el número 407 del 18 de julio de 2024) para crear un “fondo de retiro complementario” que alimentaba unas jubilaciones especiales a favor de magistrados y jueces: del 100% del último salario ($14,000) para los miembros del pleno; de 60% para los magistrados de tribunales inferiores; de 50% para los jueces de circuito, y de 40% para los jueces municipales. Esta iniciativa fue repudiada por el presidente José Raúl Mulino; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el contralor Anel Flores, y gremios y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el martes 12 de agosto (cuatro días después de su divulgación en Gaceta Oficial), el Órgano Judicial anunció la suspensión del Acuerdo 407 de 2024, pero únicamente en lo que respecta a los miembros del pleno de la CSJ. Sigue vigente para los magistrados de tribunales inferiores y jueces de circuito y municipales. No hay plata En la exposición de motivos que acompaña el anteproyecto 120, se reconoce que el país atraviesa una coyuntura fiscal sumamente compleja, caracterizada por un creciente déficit presupuestario, el aumento sostenido de la planilla estatal y la acumulación de deuda pública sin las previsiones técnicas necesarias para su sostenibilidad. Además, admite que hay limitaciones en la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía en áreas fundamentales como la educación, la salud y el acceso al agua potable. A su vez, detalla que la estabilidad financiera del Estado requiere la adopción de medidas fiscales responsables, que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas sin comprometer el cumplimiento de sus funciones esenciales. Al mismo tiempo, sostiene que la si bien la contención del gasto es una obligación ineludible, han sido testigos de incrementos salariales sustanciales por parte de los magistrados de la Corte, quienes han adoptado regímenes especiales con beneficios adicionales y que estos aumentos en el contexto de la grave crisis existente son “irresponsables e injustificados”.
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