4A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] POSE. La diputada de RM, Shirley Castañedas, sostuvo una reunión con el contralor Anel Flores, en la que se abordaron “temas varios”. ¿Qué debemos pensar cuando vemos a la abogada de un convicto prófugo sonriendo junto al contralor? ¿Acaso se despidieron con un “me saludas a tu cliente”? ¿O estaban acordando cómo se va a pagar la multa de $19.2 millones que se le debe al Estado por el blanqueo de capitales en el caso New Business? Ojalá ese haya sido el propósito de la reunión. CÁSCARA. Francisco Smith, dirigente de Sitraibana, comunicó que se presentarán “demandas” para obligar a Chiquita a “retornar a labores”. ¿Todavía cree que este problema se resuelve con exigencias y amenazas? Por eso la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, le acusó de destruir 5,000 empleos en Bocas del Toro “por segunda vez”. Parece que lo que busca el sindicato es sacar todo lo que pueda de la empresa antes de que se marche definitivamente del país. GARAJE. Raúl Pineda se quejó de que el personal de la Asamblea no tiene dónde estacionar sus vehículos. Algunos llegan a las 4:00 a.m. para ocupar un puesto y ni así lo encuentran. Por eso, ha solicitado al diputado presidente Jorge Herrera que incluya el alquiler de un lote de estacionamientos en el presupuesto de la Asamblea para 2026. ¿Por qué mejor no propone una reducción de la planilla? Eso resuelve dos problemas en lugar de uno. PIQUERA. Por cierto, en la Asamblea hay 141 conductores. ¿Para qué necesitan tantos? ¿Para andar cirJosé Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional; Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela; y Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Panamá. LP TI: Sector inmobiliario facilitó el lavado de dinero en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] LUCHA ANTICORRUPCIÓN Transparencia Internacional Venezuela ha identificado 178 investigaciones judiciales activas en 30 países relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. Varias de ellas salpican a Panamá. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, y José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, advirtieron en Panamá sobre la magnitud de las tramas de corrupción transnacional vinculadas al régimen venezolano y su impacto directo en el país. En la sede de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, los referentes anticorrupción expusieron un panorama inquietante: la corrupción venezolana no solo desangra a Venezuela, sino que también permea sistemas financieros y estructuras económicas en al menos 30 países, incluido Panamá. Transparencia Internacional Venezuela ha identificado 178 investigaciones judiciales activas en 30 países relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. Más del 60% de los casos involucran montos superiores a los 68,805 millones de dólares, una cifra equiparable a las reservas internacionales de Venezuela. Según Ugaz, esa cantidad representa 11 veces el PIB del país petrolero. Una red con alcance global El patrón comenzó a gestarse en 2004, aunque desde 2012 se multiplicaron los indicios de operaciones en el exterior. Actualmente, 41 personas prófugas de la justicia internacional se esconden en Venezuela, mientras fiscales de otros países han debido cerrar procesos por la falta de respuesta a solicitudes de cooperación judicial. Los esquemas se extendieron a plazas financieras como Hong Kong, Delaware y Panamá, entre otros. De Freitas advirtió que Panamá también fue utilizado para lavar dinero a través del sector inmobiliario, lo que convirtió al país en un engranaje clave en la red. De acuerdo con los representantes de TI, este fenómeno contribuye a la formación de burbujas especulativas que distorsionan precios y afectan el acceso a la vivienda. Estos flujos, advierten, no solo alteran dinámicas económicas, sino que también debilitan la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas internacionales. Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde 2013, cuando asumió la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez. Fue reelegido en 2018 en unos comicios ampliamente cuestionados por la oposición, la comunidad internacional y organismos multilaterales, que denunciaron irregularidades en el proceso. Bajo su gestión, el país ha atravesado la crisis económica y humanitaria más profunda de su historia reciente, con denuncias persistentes de corrupción, represión política y violaciones a los derechos humanos que han provocado la migración de millones de venezolanos. Impacto en derechos humanos y responsabilidad local Ugaz subrayó que la gran corrupción no es un asunto meramente económico: “Tiene un impacto directo en los derechos humanos”. Panamá, dijo, es “un lugar preferente por la magnitud de capitales que circulan y porque existe un sistema judicial independiente”. Desde aquí, pidió impulsar investigaciones que respondan tanto al interés venezolano como al panameño. Recordaron que Panamá cuenta con ventajas únicas para colaborar con la lucha contra la corrupción transnacional de origen venezolano. Casos emblemáticos Entre los episodios más graves figura el escándalo de All Bank, en la que se investiga a un empresario que defraudó a miles de ahorristas y cuya operativa conecta a empresarios venezolanos con bancos en Panamá, República Dominicana y Curazao. También mencionaron la operación Money Flight, investigado en Estados Unidos, España, Argentina y Panamá. Se trata de una trama de lavado de dinero y corrupción entre la estatal petrolera venezolana Pdvsa, contratistas y poderosos políticos allegados al gobierno. En apenas cinco meses, sus promotores obtuvieron ganancias ilícitas por 1,200 millones de dólares mediante operaciones cambiarias diseñadas para favorecer a allegados al poder venezolano. De Freitas recordó además el mecanismo de dólar preferencial, que permitió a empresarios cercanos al régimen importar alimentos y mercancías con divisas subsidiadas. Entre los beneficiarios figura Alex Saab, hoy ministro de Industria en Venezuela, señalado de utilizar incluso la Zona Libre de Colón para triangular operaciones. Panamá en la mira La directora de TI Venezuela reconoció que hay al menos dos investigaciones en Panamá relacionadas con estos esquemas, aunque desconoce su estado actual. “Una de las preguntas claves es cuántos casos están abiertos o procesados en Panamá. Esa información debería conocerse a nivel de fiscalía”, dijo. De Freitas también recordó una investigación conjunta de La Prensa, Armando. Info, el grupo CLIP y Transparencia Venezuela, que reveló cómo un empresario panameño, en sociedad con los sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, obtuvo contratos millonarios a dedo. Los pagos, según la pesquisa, se canalizaron a través de bancos vinculados a Víctor Vargas y entidades hoy cerradas. A pesar del panorama, los expertos ven un espacio para la acción. “Este puede ser un momento para que la institucionalidad panameña demuestre fortaleza”, afirmó De Freitas, destacando los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera y los ajustes en fiscalías especializadas en corrupción y blanqueo. Ugaz cerró con un llamado enfático: “Panamá debe impulsar las investigaciones. No solo por Venezuela, también por su propio interés, porque estos capitales contaminan y afectan directamente las condiciones en las que ustedes viven aquí”. Yaritza Mojica [email protected] Meduca gasta más de $2 millones al año en alquiler de escuelas en todo el país EDUCACIÓN El Ministerio de Educación (Meduca) destina anualmente $2,099,208.00 en concepto de alquiler de locales o edificios donde se reubican temporalmente centros educativos que presentan deterioro en sus infraestructuras o que están en proceso de construcción. Actualmente, son 10 las escuelas que se encuentran en esta situación de alquiler, ubicadas en las regiones educativas de San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Norte y algunas en el interior del país, confirmó el viceministro administrativo del Meduca, Roberto Sevillano. El funcionario explicó que, en algunos casos, los planteles están en licitación o ya iniciaron obras de construcción, lo que obliga a trasladar a los estudiantes a locales arrendados. Entre los ejemplos más relevantes figura el Centro de Educación Básica General Gran Bretaña, en Pedregal, donde unos 1,500 alumnos fueron reubicados en el centro comercial Cristal Plaza tras las recomendaciones de Sinaproc, debido al deterioro de la estructura. El alquiler supera los $421,000 anuales. Una situación parecida enfrenta el Instituto Dr. Alfredo Cantón, en Paraíso, San Miguelito. Allí, los estudiantes de octavo a duodécimo grado reciben clases en el antiguo Colegio Oxford, cuyo alquiler rebasa los $400,000 anuales. En tanto, la escuela República de Venezuela fue trasladada al edificio Poli de Calidonia, con un arrendamiento de $27,000 mensuales ($324,000 al año). De forma similar, el Instituto Comercial Bolívar paga $417,000 anuales por un local contiguo, mientras ambos centros esperan que el Meduca entregue un nuevo edificio compartido. En el interior del país también se alquila un local para el Colegio Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas, aunque el costo no fue detallado. La directora de Ingeniería del Meduca, María Pineda, explicó que muchos de estos proyectos llevan años en ejecución y otros aún están en proceso de adjudicación, como el caso del Dr. Alfredo Cantón, donde seis empresas participaron en la licitación. Añadió que, con estudios técnicos en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá, se determinó qué estructuras debían demolerse y cuáles podían rehabilitarse. El problema no se limita a los centros educativos. Según la directora nacional de Finanzas, Antonia Pérez, el Meduca también paga alquileres de regionales educativas. En 2024, la cifra total en arrendamientos fue de $21.3 millones. Este gasto recurrente ha sido duramente criticado por gremios docentes. Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), señaló que con esos fondos se pudieron construir nuevas escuelas y eliminar al menos la mitad de las 1,400 aulas ranchos existentes. Calificó el sistema de arrendamientos como un “gran negocio” sostenido por la mala gestión de sucesivas administraciones. culando con una tarjeta de presentación con el logo del Legislativo y así evitar que les pongan una multa por mal estacionamiento? ALTO. El diputado Ernesto Cedeño ha presentado una propuesta legislativa para eximir a la Contraloría de otorgar el refrendo por insistencia. Al fin. Ojalá la aprueben antes de que la Corte exija los fondos para alimentar sus jubilaciones especiales. Escuela República de Venezuela. Archivo
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