2A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Herrera dijo que solicitará que el proyecto sea enviado a una subcomisión para que se hagan los ajustes pertinentes, entre ellos la eliminación del artículo cuestionado. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Presidente de la Asamblea Nacional retira la propuesta de aumento de dietas AUTORIDAD NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció el retiro de la propuesta que aumentaba la dieta a los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Herrera impulsa un anteproyecto de ley que multiplicaba por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la AND y que eleva la inversión municipal. Según el diputado panameñista, los artículos que se refieren a las dietas serán eliminados de la propuesta. La directiva de la AND está conformada por los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas, y Gobierno, o por quienes estos designen; así como por el presidente de la Asamblea, o quien este designe; un representante de la Asociación de Alcaldes de Panamá; un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes; un representante de la Asociación de Municipios de Panamá; un representante de los pueblos originarios de Panamá; y tres representantes de la sociedad civil vinculados con el desarrollo municipal. La polémica El diputado reconoció que el artículo sobre las dietas fue introducido a solicitud de algunos actores técnicos y gremiales que participaron en el debate, bajo el argumento de que otras juntas directivas habían registrado incrementos en ese renglón. No obstante, recalcó que nada está escrito en piedra y que la Asamblea tiene la facultad de corregir el contenido antes de su aprobación final. “El espíritu de la ley va más allá del tema de las dietas”, insistió Herrera. Agregó que la propuesta busca garantizar que los fondos que reciben las alcaldías y juntas comunales se utilicen de manera fiscalizada y con rendición de cuentas al cierre de cada periodo. “Si es 100 o 500, eso no es lo que importa. Lo importante es transparentar el sistema”. Herrera adelantó que solicitará que el proyecto sea enviado a una subcomisión para que se hagan los ajustes pertinentes, entre ellos la eliminación del artículo cuestionado. Al ser consultado sobre un posible conflicto de interés, por formar parte de la junta directiva de la AND y al mismo tiempo promover un proyecto que contemplaba aumentos en las dietas, Herrera respondió que había delegado esa función en el presidente de la comisión legislativa respectiva. Según explicó, actualmente el diputado Medín Jiménez representa a la Asamblea en esa directiva. Otros detalles Herrera indicó que la iniciativa se elaboró en consenso con gremios municipales e instituciones gubernamentales que participaron en la discusión. Entre los puntos abordados, dijo, también se evaluó la necesidad de ampliar las competencias de las juntas comunales y de incrementar la ejecución de proyectos de inversión, tomando en cuenta los costos actuales de materiales y mano de obra. En materia de financiamiento, el anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 a $1,000,000. El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a los municipios toda la recaudación, incluyendo recargos y multas. La distribución a nivel de corregimiento se estructurará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% por índice de desempleo y 50% por densidad de población. Los fondos podrán destinarse a un uso más amplio, incluyendo la protección integral de la niñez y la adolescencia. El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000 a partir de 2026. El ministro de Economía y Finanzas reiteró que el alza del presupuesto responde a compromisos “ineludibles” del Estado, como el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social. Archivo Ministro Chapman sustenta ante los diputados el presupuesto de 2026 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La jornada se extendió hasta las 6:00 p.m., en un debate que transitó entre cifras, reclamos y advertencias de los diputados sobre los riesgos de la distribución de recursos en áreas sensibles. El reloj marcaba las 11:00 a.m. cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ingresó al salón de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En su portafolio llevaba el documento más esperado de la jornada: el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, calculado en 34,901 millones de dólares, la mayor cifra en la historia del país. Casi siete horas después, al caer la tarde, Chapman aún respondía preguntas y defendía las proyecciones oficiales. La jornada se extendió hasta las 6:00 p.m., en un debate que transitó entre cifras, reclamos y advertencias de los diputados sobre los riesgos de la distribución de recursos en áreas sensibles para la población. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supone un incremento de 4,181 millones frente al presupuesto modificado de 2025. Según el ministro, la diferencia responde a compromisos “ineludibles” del Estado: pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS), que presionan las finanzas públicas y marcan la ruta del gasto. En materia de inversión, Chapman resaltó que el plan contempla 11,151 millones de dólares, un aumento del 26% respecto al año anterior y equivalente al 12% del PIB. De ese total, 8,604 millones de dólares corresponden a inversión física, mientras que el resto se reparte en programas sociales como 120 a los 65 y Ángel Guardián, así como en proyectos de infraestructura, logística y equidad territorial. El debate Sin embargo, la exposición del ministro no disipó las críticas. El diputado Eliecer Castrellón, del partido Popular, cuestionó que se reduzcan partidas en sectores estratégicos como el agro y la vivienda. “Estamos hablando de 70 millones menos para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 50 millones menos para el Ministerio de Vivienda”, advirtió, al considerar que la propuesta no responde a las necesidades sociales ni productivas del país. La tensión aumentó con la intervención del diputado Osman Gómez, del partido Alianza, quien defendió la presión de los diputados por recursos para sus circuitos. “Le guste a quien le guste, nosotros legislamos y pedimos para nuestros electores”, lanzó, en un mensaje directo sobre el peso político de las negociaciones presupuestarias. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, fue más allá y señaló que el presupuesto, aunque histórico en monto, deja preguntas sin responder. En particular, cuestionó la modificación planteada en las reglas de los traslados de partida, que permitiría que solo aquellos superiores a un millón de dólares pasen por la comisión. “Con esta propuesta, además, se reduciría de 30 a 15 días el plazo para que un traslado quede aprobado automáticamente, sin debate”, criticó Prado. “No estamos de acuerdo; todos los traslados deben ser discutidos en la comisión, como lo establece la má, la más grande del país, perderá casi 78 millones de balboas, al pasar de 395.3 millones en 2025 a 317.5 millones en 2026. La Universidad Tecnológica también sufrirá un golpe: de 198 millones bajará a 144 millones, una disminución del 27%, que, a juicio de Vega, afectará la capacidad de formación e investigación. Mientras los diputados esgrimían cifras y preocupaciones, Chapman insistía en que el presupuesto de 2026 no solo cubre compromisos financieros, sino que apuesta por grandes proyectos de infraestructura. Mencionó la tercera línea del metro, el cuarto puente sobre el Canal, el túnel que atravesará la vía interoceánica y la expansión del corredor hacia las playas, además de estudios avanzados para el tren Panamá–David. La defensa “Estamos ante uno de los presupuestos de inversión más ambiciosos del país”, aseguró el ministro. “Panamá se coloca dentro del grupo de naciones con mayor proporción de inversión pública y privada respecto a su economía, lo cual nos da un lugar privilegiado en el contexto mundial”. Pero el debate sobre los traslados de partida volvió a escena. Concluida la sesión de la Comisión de Presupuesto, Chapman defendió la propuesta de elevar el tope a un millón de dólares, argumentando que la intención es agilizar trámites, evitar cuellos de botella y dar respuestas más rápidas a la ciudadanía. “No es un capricho”, recalcó, “es producto de medir los tiempos y buscar eficiencia en el ciclo de trámites”. Si algo quedó claro en la comisión es que el presupuesto de 2026 será un campo de batalla política y técnica. Para el Gobierno, es el plan más ambicioso de inversión; para la oposición, un proyecto que esconde recortes sensibles y abre la puerta a prácticas cuestionadas. El debate apenas comienza. ley”. La diputada también expresó el malestar de colegas del interior, quienes denuncian recortes en la inversión provincial pese al aumento global del presupuesto. Recorte en educación El tema educativo ocupó un espacio crucial en la discusión. El diputado Jonathan Vega, también de Vamos, advirtió sobre recortes significativos en las universidades estatales. Según dijo, la asignación total será de 590 millones de dólares, 156 millones menos que en 2025. La Universidad de Pana-
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