1A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 75¢ Jueves 21 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15114 Hoy por hoy La escena de ayer fue reveladora: el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó solo el presupuesto general del Estado de 2026 ante la Asamblea. Habló de reducir el déficit al 3.4% del PIB y de alcanzar un superávit primario, metas que apuntan a devolver credibilidad a las finanzas públicas. Ese mismo día, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, tuvo que retirar su propuesta de quintuplicar las dietas de la junta directiva de la Autoridad de Descentralización, tras la denuncia periodística de este medio que expuso el despropósito. Se frenó un exceso, pero la mentalidad de privilegios sigue intacta. Lo cierto es que los tres poderes parecen actuar en “armoniosa desconexión” cuando se trata de dinero: la Asamblea con aumentos sin respaldo, la Corte con nombramientos vitalicisos disfrazados de jubilación y un Gabinete centrífugo, donde -con contadas excepciones- cada ministro jala para su lado. Mientras tanto, la disciplina fiscal queda en manos de un par de voces aisladas. Sin un pacto real de responsabilidad, el país seguirá gastando más de lo que puede, y los sacrificios siempre caerán sobre los ciudadanos. Ellas.pa Cuatro días de danza, ritmo y arte en Colón 5B Sporting y Herediano se juegan la clasificación 8A Deportes Felipe Chapman. Cortesía Deuda y CSS definen el rumbo del presupuesto sustentado por Chapman FINANZAS PÚBLICAS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, cifrado en $34,901 millones. Durante unas seis horas, subrayó que buena parte de los recursos están comprometidos en lo que denominó “gastos ineludibles”: el servicio de la deuda pública, el pago de intereses y los aportes estatales a la Caja de Seguro Social (CSS). Estas obligaciones, insistió, reducen el margen de maniobra del Ejecutivo y explican las rigideces presupuestarias que año tras año condicionan las prioridades. Chapman resaltó, sin embargo, que Panamá sigue destacando en la región por el nivel de inversión pública, que alcanzará $11,151 millones, equivalente al 12% del PIB. No obstante, las cifras no disiparon las críticas de los diputados de la Comisión de Presupuesto, que reclamaron recortes en sectores como educación, vivienda y seguridad agropecuaria. VEA 2A Aumento de las dietas para directivos de la AND no va El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció el retiro de la polémica propuesta que quintuplicaba las dietas de la directiva de la AND. Aseguró que el espíritu de la reforma va más allá de las dietas: garantizar transparencia y mayor inversión municipal. VEA 2A Plantean poner fin a los privilegios judiciales Juan Manuel Díaz [email protected] La bancada Vamos y la diputada Patsy Lee presentaron el anteproyecto 120, que fija en $10,000 el salario de los magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, prohíbe sobresueldos, dietas e incentivos, y regula jubilaciones especiales. La propuesta responde al aumento a $14,000 aprobado por los magistrados y a la creación de un fondo de retiro cuestionado. Surge en plena crisis fiscal y con advertencias de inviabilidad constitucional. VEA 5A A.V./1245805 Pista de Albrook albergará la gran estación del tren El aeropuerto Marcos A. Gelabert será reubicado para dar paso a la estación central del tren Panamá–David, nodo multimodal que integrará metro, buses, puertos y desarrollo logístico en Albrook. Carlos Cedeño, director de Ingeniería y Proyectos del Metro de Panamá; Henry Faarup, de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá; Manuel Alvarado, director del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá; y Yolanda Sandoval, moderadora del foro.. Isaac Ortega La información la dio a conocer Henry Faarup, secretario de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, durante el Foro Café con La Prensa sobre movilidad, en el que también participaron Yessica Goti (ENA), Víctor Betancourt (Sonda), Carlos Cedeño (Metro) y Manuel Alvarado (Cuarto Puente). VEA 6A, 1B Y 2B La red global de corrupción vinculada al chavismo La red global de corrupción vinculada al chavismo fue expuesta en Panamá por José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, y Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, quienes advirtieron que estos esquemas afectan a 30 países, incluido Panamá. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Herrera dijo que solicitará que el proyecto sea enviado a una subcomisión para que se hagan los ajustes pertinentes, entre ellos la eliminación del artículo cuestionado. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Presidente de la Asamblea Nacional retira la propuesta de aumento de dietas AUTORIDAD NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció el retiro de la propuesta que aumentaba la dieta a los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Herrera impulsa un anteproyecto de ley que multiplicaba por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la AND y que eleva la inversión municipal. Según el diputado panameñista, los artículos que se refieren a las dietas serán eliminados de la propuesta. La directiva de la AND está conformada por los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas, y Gobierno, o por quienes estos designen; así como por el presidente de la Asamblea, o quien este designe; un representante de la Asociación de Alcaldes de Panamá; un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes; un representante de la Asociación de Municipios de Panamá; un representante de los pueblos originarios de Panamá; y tres representantes de la sociedad civil vinculados con el desarrollo municipal. La polémica El diputado reconoció que el artículo sobre las dietas fue introducido a solicitud de algunos actores técnicos y gremiales que participaron en el debate, bajo el argumento de que otras juntas directivas habían registrado incrementos en ese renglón. No obstante, recalcó que nada está escrito en piedra y que la Asamblea tiene la facultad de corregir el contenido antes de su aprobación final. “El espíritu de la ley va más allá del tema de las dietas”, insistió Herrera. Agregó que la propuesta busca garantizar que los fondos que reciben las alcaldías y juntas comunales se utilicen de manera fiscalizada y con rendición de cuentas al cierre de cada periodo. “Si es 100 o 500, eso no es lo que importa. Lo importante es transparentar el sistema”. Herrera adelantó que solicitará que el proyecto sea enviado a una subcomisión para que se hagan los ajustes pertinentes, entre ellos la eliminación del artículo cuestionado. Al ser consultado sobre un posible conflicto de interés, por formar parte de la junta directiva de la AND y al mismo tiempo promover un proyecto que contemplaba aumentos en las dietas, Herrera respondió que había delegado esa función en el presidente de la comisión legislativa respectiva. Según explicó, actualmente el diputado Medín Jiménez representa a la Asamblea en esa directiva. Otros detalles Herrera indicó que la iniciativa se elaboró en consenso con gremios municipales e instituciones gubernamentales que participaron en la discusión. Entre los puntos abordados, dijo, también se evaluó la necesidad de ampliar las competencias de las juntas comunales y de incrementar la ejecución de proyectos de inversión, tomando en cuenta los costos actuales de materiales y mano de obra. En materia de financiamiento, el anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 a $1,000,000. El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a los municipios toda la recaudación, incluyendo recargos y multas. La distribución a nivel de corregimiento se estructurará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% por índice de desempleo y 50% por densidad de población. Los fondos podrán destinarse a un uso más amplio, incluyendo la protección integral de la niñez y la adolescencia. El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000 a partir de 2026. El ministro de Economía y Finanzas reiteró que el alza del presupuesto responde a compromisos “ineludibles” del Estado, como el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social. Archivo Ministro Chapman sustenta ante los diputados el presupuesto de 2026 Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La jornada se extendió hasta las 6:00 p.m., en un debate que transitó entre cifras, reclamos y advertencias de los diputados sobre los riesgos de la distribución de recursos en áreas sensibles. El reloj marcaba las 11:00 a.m. cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ingresó al salón de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En su portafolio llevaba el documento más esperado de la jornada: el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, calculado en 34,901 millones de dólares, la mayor cifra en la historia del país. Casi siete horas después, al caer la tarde, Chapman aún respondía preguntas y defendía las proyecciones oficiales. La jornada se extendió hasta las 6:00 p.m., en un debate que transitó entre cifras, reclamos y advertencias de los diputados sobre los riesgos de la distribución de recursos en áreas sensibles para la población. El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supone un incremento de 4,181 millones frente al presupuesto modificado de 2025. Según el ministro, la diferencia responde a compromisos “ineludibles” del Estado: pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS), que presionan las finanzas públicas y marcan la ruta del gasto. En materia de inversión, Chapman resaltó que el plan contempla 11,151 millones de dólares, un aumento del 26% respecto al año anterior y equivalente al 12% del PIB. De ese total, 8,604 millones de dólares corresponden a inversión física, mientras que el resto se reparte en programas sociales como 120 a los 65 y Ángel Guardián, así como en proyectos de infraestructura, logística y equidad territorial. El debate Sin embargo, la exposición del ministro no disipó las críticas. El diputado Eliecer Castrellón, del partido Popular, cuestionó que se reduzcan partidas en sectores estratégicos como el agro y la vivienda. “Estamos hablando de 70 millones menos para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 50 millones menos para el Ministerio de Vivienda”, advirtió, al considerar que la propuesta no responde a las necesidades sociales ni productivas del país. La tensión aumentó con la intervención del diputado Osman Gómez, del partido Alianza, quien defendió la presión de los diputados por recursos para sus circuitos. “Le guste a quien le guste, nosotros legislamos y pedimos para nuestros electores”, lanzó, en un mensaje directo sobre el peso político de las negociaciones presupuestarias. La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, fue más allá y señaló que el presupuesto, aunque histórico en monto, deja preguntas sin responder. En particular, cuestionó la modificación planteada en las reglas de los traslados de partida, que permitiría que solo aquellos superiores a un millón de dólares pasen por la comisión. “Con esta propuesta, además, se reduciría de 30 a 15 días el plazo para que un traslado quede aprobado automáticamente, sin debate”, criticó Prado. “No estamos de acuerdo; todos los traslados deben ser discutidos en la comisión, como lo establece la má, la más grande del país, perderá casi 78 millones de balboas, al pasar de 395.3 millones en 2025 a 317.5 millones en 2026. La Universidad Tecnológica también sufrirá un golpe: de 198 millones bajará a 144 millones, una disminución del 27%, que, a juicio de Vega, afectará la capacidad de formación e investigación. Mientras los diputados esgrimían cifras y preocupaciones, Chapman insistía en que el presupuesto de 2026 no solo cubre compromisos financieros, sino que apuesta por grandes proyectos de infraestructura. Mencionó la tercera línea del metro, el cuarto puente sobre el Canal, el túnel que atravesará la vía interoceánica y la expansión del corredor hacia las playas, además de estudios avanzados para el tren Panamá–David. La defensa “Estamos ante uno de los presupuestos de inversión más ambiciosos del país”, aseguró el ministro. “Panamá se coloca dentro del grupo de naciones con mayor proporción de inversión pública y privada respecto a su economía, lo cual nos da un lugar privilegiado en el contexto mundial”. Pero el debate sobre los traslados de partida volvió a escena. Concluida la sesión de la Comisión de Presupuesto, Chapman defendió la propuesta de elevar el tope a un millón de dólares, argumentando que la intención es agilizar trámites, evitar cuellos de botella y dar respuestas más rápidas a la ciudadanía. “No es un capricho”, recalcó, “es producto de medir los tiempos y buscar eficiencia en el ciclo de trámites”. Si algo quedó claro en la comisión es que el presupuesto de 2026 será un campo de batalla política y técnica. Para el Gobierno, es el plan más ambicioso de inversión; para la oposición, un proyecto que esconde recortes sensibles y abre la puerta a prácticas cuestionadas. El debate apenas comienza. ley”. La diputada también expresó el malestar de colegas del interior, quienes denuncian recortes en la inversión provincial pese al aumento global del presupuesto. Recorte en educación El tema educativo ocupó un espacio crucial en la discusión. El diputado Jonathan Vega, también de Vamos, advirtió sobre recortes significativos en las universidades estatales. Según dijo, la asignación total será de 590 millones de dólares, 156 millones menos que en 2025. La Universidad de Pana-
3A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama Durante la reciente huelga por la Ley de la CSS el sector bananero se paralizó. Alexander Arosemena Gobierno apunta a Smith si falla acuerdo con Chiquita Henry Cárdenas [email protected] BANANERA La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, responsabilizó al dirigente Francisco Smith si fracasan las negociaciones para el retorno de Chiquita a Bocas del Toro, señalando que miles de empleos y familias quedarían nuevamente en riesgo. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, afirmó que si fracasan las negociaciones para que la empresa Chiquita reabra las operaciones de producción de banano en Bocas de Toro, la responsabilidad sería del dirigente Francisco Smith. “Increíble cómo un dirigente sindical, después de haber destruido más de 5,000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias. Si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez, de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreñas”, afirmó Muñoz en declaraciones a medios de comunicación y en redes sociales. La reacción de la titular de Trabajo se da luego de que el dirigente anunciara acciones legales contra la empresa por el monto de las compensaciones que estaban recibiendo los trabajadores bananeros tras el cierre de la empresa. “La verdadera lucha no está en discursos incendiarios ni en intereses personales disfrazados de defensa obrera”, agregó Muñoz. Cabe recordar que desde el 28 de abril pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) se unió a las protestas contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social, con la paralización de labores en las fincas en Bocas del Toro y el bloqueo de vías en cerca de 30 puntos. El 19 de mayo, la huelga fue declarada como ilegal por un juzgado laboral en Bocas del Toro, y en ese momento se les pidió a los colaboradores regresar a sus puestos de trabajo, algo que no se dio. Los trabajadores pusieron fin a las protestas el 12 de junio tras una mediación con la Asamblea Nacional. El pasado viernes 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino expresó su confianza en que pronto se concrete el reinicio de las operaciones de la multinacional Chiquita a Panamá. En dos semanas, el presidente Mulino sostendrá una reunión en Brasil con los dueños de la compañía para concretar el acuerdo. Sede del TE. Cortesía Contraloría ordena auditoría en el Tribunal Electoral entre 2019 y 2024 FISCALIZACIÓN Mario De Gracia [email protected] La Contraloría General de la República ordenó ayer el inicio de una auditoría en el Tribunal Electoral (TE) para fiscalizar el uso y administración de fondos entre los años 2019 y 2024. Así lo informó la entidad en un comunicado este miércoles 20 de agosto. “La medida se basa en lo que establece la constitución y la ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada”, detalla el texto de Contraloría para justificar la auditoría. El periodo a auditar abarca desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, cubriendo por completo el quinquenio de administración del expresidente Laurentino Cortizo. Duranteeseperíodolideraron el TE, Heriberto Araúz, Eduardo Valdés, Luis Guerra y Alfredo Juncá. Actualmente el TE es dirigido por los magistrados Narciso Arellano (presidente), Guerra y Juncá. La intención sería revisar cómo se administraron los fondos y bienes públicos en dicho periodo, para “determinar si fueron utilizados de la manera correcta”, señala el comunicado. Asimismo, y por las fechas detalladas por Contraloría, la auditoría abarcaría el periodo de campaña electoral del año 2019, que culminó el 3 de mayo de ese año, dos días antes de la Elección General en la que Cortizo resultó electo. Hasta el momento, no se han dado mayores detalles del procedimiento de la auditoría, pero Contraloría ha asegurado que realizará “todas las diligencias necesarias” y se contará con la colaboración de personal del TE.
4A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] POSE. La diputada de RM, Shirley Castañedas, sostuvo una reunión con el contralor Anel Flores, en la que se abordaron “temas varios”. ¿Qué debemos pensar cuando vemos a la abogada de un convicto prófugo sonriendo junto al contralor? ¿Acaso se despidieron con un “me saludas a tu cliente”? ¿O estaban acordando cómo se va a pagar la multa de $19.2 millones que se le debe al Estado por el blanqueo de capitales en el caso New Business? Ojalá ese haya sido el propósito de la reunión. CÁSCARA. Francisco Smith, dirigente de Sitraibana, comunicó que se presentarán “demandas” para obligar a Chiquita a “retornar a labores”. ¿Todavía cree que este problema se resuelve con exigencias y amenazas? Por eso la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, le acusó de destruir 5,000 empleos en Bocas del Toro “por segunda vez”. Parece que lo que busca el sindicato es sacar todo lo que pueda de la empresa antes de que se marche definitivamente del país. GARAJE. Raúl Pineda se quejó de que el personal de la Asamblea no tiene dónde estacionar sus vehículos. Algunos llegan a las 4:00 a.m. para ocupar un puesto y ni así lo encuentran. Por eso, ha solicitado al diputado presidente Jorge Herrera que incluya el alquiler de un lote de estacionamientos en el presupuesto de la Asamblea para 2026. ¿Por qué mejor no propone una reducción de la planilla? Eso resuelve dos problemas en lugar de uno. PIQUERA. Por cierto, en la Asamblea hay 141 conductores. ¿Para qué necesitan tantos? ¿Para andar cirJosé Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional; Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela; y Olga De Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Panamá. LP TI: Sector inmobiliario facilitó el lavado de dinero en Panamá Eliana Morales Gil [email protected] LUCHA ANTICORRUPCIÓN Transparencia Internacional Venezuela ha identificado 178 investigaciones judiciales activas en 30 países relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. Varias de ellas salpican a Panamá. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional Venezuela, y José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, advirtieron en Panamá sobre la magnitud de las tramas de corrupción transnacional vinculadas al régimen venezolano y su impacto directo en el país. En la sede de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, los referentes anticorrupción expusieron un panorama inquietante: la corrupción venezolana no solo desangra a Venezuela, sino que también permea sistemas financieros y estructuras económicas en al menos 30 países, incluido Panamá. Transparencia Internacional Venezuela ha identificado 178 investigaciones judiciales activas en 30 países relacionadas con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. Más del 60% de los casos involucran montos superiores a los 68,805 millones de dólares, una cifra equiparable a las reservas internacionales de Venezuela. Según Ugaz, esa cantidad representa 11 veces el PIB del país petrolero. Una red con alcance global El patrón comenzó a gestarse en 2004, aunque desde 2012 se multiplicaron los indicios de operaciones en el exterior. Actualmente, 41 personas prófugas de la justicia internacional se esconden en Venezuela, mientras fiscales de otros países han debido cerrar procesos por la falta de respuesta a solicitudes de cooperación judicial. Los esquemas se extendieron a plazas financieras como Hong Kong, Delaware y Panamá, entre otros. De Freitas advirtió que Panamá también fue utilizado para lavar dinero a través del sector inmobiliario, lo que convirtió al país en un engranaje clave en la red. De acuerdo con los representantes de TI, este fenómeno contribuye a la formación de burbujas especulativas que distorsionan precios y afectan el acceso a la vivienda. Estos flujos, advierten, no solo alteran dinámicas económicas, sino que también debilitan la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas internacionales. Nicolás Maduro gobierna Venezuela desde 2013, cuando asumió la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez. Fue reelegido en 2018 en unos comicios ampliamente cuestionados por la oposición, la comunidad internacional y organismos multilaterales, que denunciaron irregularidades en el proceso. Bajo su gestión, el país ha atravesado la crisis económica y humanitaria más profunda de su historia reciente, con denuncias persistentes de corrupción, represión política y violaciones a los derechos humanos que han provocado la migración de millones de venezolanos. Impacto en derechos humanos y responsabilidad local Ugaz subrayó que la gran corrupción no es un asunto meramente económico: “Tiene un impacto directo en los derechos humanos”. Panamá, dijo, es “un lugar preferente por la magnitud de capitales que circulan y porque existe un sistema judicial independiente”. Desde aquí, pidió impulsar investigaciones que respondan tanto al interés venezolano como al panameño. Recordaron que Panamá cuenta con ventajas únicas para colaborar con la lucha contra la corrupción transnacional de origen venezolano. Casos emblemáticos Entre los episodios más graves figura el escándalo de All Bank, en la que se investiga a un empresario que defraudó a miles de ahorristas y cuya operativa conecta a empresarios venezolanos con bancos en Panamá, República Dominicana y Curazao. También mencionaron la operación Money Flight, investigado en Estados Unidos, España, Argentina y Panamá. Se trata de una trama de lavado de dinero y corrupción entre la estatal petrolera venezolana Pdvsa, contratistas y poderosos políticos allegados al gobierno. En apenas cinco meses, sus promotores obtuvieron ganancias ilícitas por 1,200 millones de dólares mediante operaciones cambiarias diseñadas para favorecer a allegados al poder venezolano. De Freitas recordó además el mecanismo de dólar preferencial, que permitió a empresarios cercanos al régimen importar alimentos y mercancías con divisas subsidiadas. Entre los beneficiarios figura Alex Saab, hoy ministro de Industria en Venezuela, señalado de utilizar incluso la Zona Libre de Colón para triangular operaciones. Panamá en la mira La directora de TI Venezuela reconoció que hay al menos dos investigaciones en Panamá relacionadas con estos esquemas, aunque desconoce su estado actual. “Una de las preguntas claves es cuántos casos están abiertos o procesados en Panamá. Esa información debería conocerse a nivel de fiscalía”, dijo. De Freitas también recordó una investigación conjunta de La Prensa, Armando. Info, el grupo CLIP y Transparencia Venezuela, que reveló cómo un empresario panameño, en sociedad con los sobrinos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, obtuvo contratos millonarios a dedo. Los pagos, según la pesquisa, se canalizaron a través de bancos vinculados a Víctor Vargas y entidades hoy cerradas. A pesar del panorama, los expertos ven un espacio para la acción. “Este puede ser un momento para que la institucionalidad panameña demuestre fortaleza”, afirmó De Freitas, destacando los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera y los ajustes en fiscalías especializadas en corrupción y blanqueo. Ugaz cerró con un llamado enfático: “Panamá debe impulsar las investigaciones. No solo por Venezuela, también por su propio interés, porque estos capitales contaminan y afectan directamente las condiciones en las que ustedes viven aquí”. Yaritza Mojica [email protected] Meduca gasta más de $2 millones al año en alquiler de escuelas en todo el país EDUCACIÓN El Ministerio de Educación (Meduca) destina anualmente $2,099,208.00 en concepto de alquiler de locales o edificios donde se reubican temporalmente centros educativos que presentan deterioro en sus infraestructuras o que están en proceso de construcción. Actualmente, son 10 las escuelas que se encuentran en esta situación de alquiler, ubicadas en las regiones educativas de San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Norte y algunas en el interior del país, confirmó el viceministro administrativo del Meduca, Roberto Sevillano. El funcionario explicó que, en algunos casos, los planteles están en licitación o ya iniciaron obras de construcción, lo que obliga a trasladar a los estudiantes a locales arrendados. Entre los ejemplos más relevantes figura el Centro de Educación Básica General Gran Bretaña, en Pedregal, donde unos 1,500 alumnos fueron reubicados en el centro comercial Cristal Plaza tras las recomendaciones de Sinaproc, debido al deterioro de la estructura. El alquiler supera los $421,000 anuales. Una situación parecida enfrenta el Instituto Dr. Alfredo Cantón, en Paraíso, San Miguelito. Allí, los estudiantes de octavo a duodécimo grado reciben clases en el antiguo Colegio Oxford, cuyo alquiler rebasa los $400,000 anuales. En tanto, la escuela República de Venezuela fue trasladada al edificio Poli de Calidonia, con un arrendamiento de $27,000 mensuales ($324,000 al año). De forma similar, el Instituto Comercial Bolívar paga $417,000 anuales por un local contiguo, mientras ambos centros esperan que el Meduca entregue un nuevo edificio compartido. En el interior del país también se alquila un local para el Colegio Manuel María Tejada Roca, en Las Tablas, aunque el costo no fue detallado. La directora de Ingeniería del Meduca, María Pineda, explicó que muchos de estos proyectos llevan años en ejecución y otros aún están en proceso de adjudicación, como el caso del Dr. Alfredo Cantón, donde seis empresas participaron en la licitación. Añadió que, con estudios técnicos en conjunto con la Universidad Tecnológica de Panamá, se determinó qué estructuras debían demolerse y cuáles podían rehabilitarse. El problema no se limita a los centros educativos. Según la directora nacional de Finanzas, Antonia Pérez, el Meduca también paga alquileres de regionales educativas. En 2024, la cifra total en arrendamientos fue de $21.3 millones. Este gasto recurrente ha sido duramente criticado por gremios docentes. Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), señaló que con esos fondos se pudieron construir nuevas escuelas y eliminar al menos la mitad de las 1,400 aulas ranchos existentes. Calificó el sistema de arrendamientos como un “gran negocio” sostenido por la mala gestión de sucesivas administraciones. culando con una tarjeta de presentación con el logo del Legislativo y así evitar que les pongan una multa por mal estacionamiento? ALTO. El diputado Ernesto Cedeño ha presentado una propuesta legislativa para eximir a la Contraloría de otorgar el refrendo por insistencia. Al fin. Ojalá la aprueben antes de que la Corte exija los fondos para alimentar sus jubilaciones especiales. Escuela República de Venezuela. Archivo
5A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. LP Bancada Vamos propone frenar privilegios de los magistrados Juan Manuel Díaz [email protected] LEGISLATIVO La agrupación junto a Patsy Lee presentaron el anteproyecto 120 que limita a $10,000 el salario de magistrados, elimina privilegios y cuestiona jubilaciones especiales; Rigoberto González advierte que no aplica retroactivamente. Una propuesta legislativa que establece un monto máximo al salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y elimina “privilegios” como exoneraciones y jubilaciones especiales en el Órgano Judicial fue presentada por todos los miembros de la bancada Vamos y la diputada Patsy Lee, del Partido Popular. Los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Electoral (TE) se aumentaron los emolumentos de $10,000 a $14,000 mensuales, el doble de lo que gana el presidente de la República, “lo que crea una distorsión inaceptable entre los altos funcionarios y la realidad económica”, señalan los proponentes. El anteproyecto fija nuevamente el salario mensual en $10,000 (influyendo gastos de representación fijos, sin incluir los viáticos), con la particularidad de que ese ajuste entraría en vigencia a partir del próximo año. “Los salarios de los magistrados que actualmente superen el monto establecido en esta ley, se ajustarán a partir del 1 de enero de 2026, señala el artículo séptimo (de un total de nueve) del anteproyecto de ley 120, que está a la espera de ser prohijado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. No obstante, el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que si el anteproyecto 120 avanza y se convierte en ley de la República, no sería aplicable a los actuales magistrados que ya ganan $14,000. Por tanto, el artículo 7 del anteproyecto sería inviable. González sostiene que no se puede desmejorar el salario de ningún funcionario que ya ejerce un cargo. Cualquier iniciativa en ese sentido debería aprobarse a través de una ley que tendría efectos a futuro; es decir, aplicaría a aquellos magistrados que sean nombrados posterior a la aprobación de esta norma. El anteproyecto también busca prohibir que los magistrados reciban sobresueldos, dietas, incentivos, pagos por asesorías y cualquier otro tipo de incremento que tenga por objeto o resultado superar el límite de $10,000. La Constitución solo les permite ejercer como docentes de Derecho en universidades. La propuesta también aplicaría a todos los magistrados de tribunales inferiores y especializados. También plantea que todas las disposiciones relacionadas a los aspectos de retiro, jubilaciones o pensiones para los magistrados de la República de Panamá y el resto de los funcionarios judiciales tendrá que ser aprobado por ley y no a través de una resolución u acto administrativo. El tema de las jubilaciones ha creado un debate luego de que la CSJ emitiera un acuerdo (el número 407 del 18 de julio de 2024) para crear un “fondo de retiro complementario” que alimentaba unas jubilaciones especiales a favor de magistrados y jueces: del 100% del último salario ($14,000) para los miembros del pleno; de 60% para los magistrados de tribunales inferiores; de 50% para los jueces de circuito, y de 40% para los jueces municipales. Esta iniciativa fue repudiada por el presidente José Raúl Mulino; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el contralor Anel Flores, y gremios y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el martes 12 de agosto (cuatro días después de su divulgación en Gaceta Oficial), el Órgano Judicial anunció la suspensión del Acuerdo 407 de 2024, pero únicamente en lo que respecta a los miembros del pleno de la CSJ. Sigue vigente para los magistrados de tribunales inferiores y jueces de circuito y municipales. No hay plata En la exposición de motivos que acompaña el anteproyecto 120, se reconoce que el país atraviesa una coyuntura fiscal sumamente compleja, caracterizada por un creciente déficit presupuestario, el aumento sostenido de la planilla estatal y la acumulación de deuda pública sin las previsiones técnicas necesarias para su sostenibilidad. Además, admite que hay limitaciones en la capacidad del Estado para dar respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía en áreas fundamentales como la educación, la salud y el acceso al agua potable. A su vez, detalla que la estabilidad financiera del Estado requiere la adopción de medidas fiscales responsables, que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas sin comprometer el cumplimiento de sus funciones esenciales. Al mismo tiempo, sostiene que la si bien la contención del gasto es una obligación ineludible, han sido testigos de incrementos salariales sustanciales por parte de los magistrados de la Corte, quienes han adoptado regímenes especiales con beneficios adicionales y que estos aumentos en el contexto de la grave crisis existente son “irresponsables e injustificados”.
6A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Panorama El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance del 24.3% e incluye 23 frentes de trabajo distribuidos entre el lado oeste y este del Canal, informó Manuel Alvarado, director del proyecto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Alvarado destacó que este proyecto contempla obras adicionales necesarias para su correcto funcionamiento, como un intercambiador en el lado oeste, que unirá los ocho carriles para completar la conectividad entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. Mientras tanto, el intercambiador del este abarcará toda el área de Albrook hasta el Tribunal Electoral. La importancia de esta obra de infraestructura vial, que será una alternativa de movilidad para los residentes de Panamá Oeste, fue uno de los temas abordados en el foro Café con La Prensa, donde se analizó el tema: “Transformando la Movilidad: Conectividad y oportunidades en el transporte público de Panamá”. El Cuarto Puente sobre el Canal será un puente atirantado de acero y concreto de tres tramos, con una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá una anchura de 36.87 metros y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación. La fundación incluye pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura. En el área de los viaductos, se utilizan segmentos prefabricados que van de 32 a 60 metros de luz. El viaducto este alcanzará 1,483 metros de longitud, mientras que el oeste tendrá 1,123 metros. En el sector de Cerro Sosa, las columnas ya comienzan a levantarse, algunas con alturas superiores a 70 metros, explicó el director del proyecto del MOP. Alvarado también informó que los intercambiadores avanzan: el oeste, conectado a la carretera Panamericana, registra un 45% de progreso en la estabilización de columnas de grava; mientras que el este, que enlazará con la red vial de Albrook, contempla cuatro pasos subterráneos. Como parte del proceso constructivo, en septiembre se realizará el primer vaciado de cabezal de fundación en el lado este, con más de 1,600 metros cúbicos de Progresos y retos del Cuarto Puente, obra clave para la conectividad nacional concreto en una operación continua de 24 horas. El diseño del puente contempla rigurosos estudios de tránsito, viento, sismos e impacto de embarcaciones, con el fin de garantizar la seguridad estructural y la movilidad hasta el año 2045, subrayó Alvarado. El MOP proyecta entregar la obra completa en 2028, destacando que se trata de una de las infraestructuras más estratégicas y complejas de la región. En relación con el sector del Cerro Sosa, Alvarado manifestó que las columnas del viaducto alcanzarán alturas de hasta 70 metros. “Dado que se trata de un cerro rocoso, se realizará un corte controlado del talud para permitir el apoyo de la estructura, combinando soportes en tierra y sobre la falda del cerro”. El costo total del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a 2,137 millones de dólares, de los cuales 640 millones corresponden a financiamiento, explicó Alvarado. En materia laboral, la obra genera actualmente mil empleos, con proyecciones de alcanzar hasta tres mil plazas en los próximos años. Los perfiles requeridos incluyen reforzadores, carpinteros, albañiles, operadores de equipo, así como personal administrativo y de ingeniería. El proceso de selección se realiza a través de una plataforma gestionada en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), donde los interesados deben registrar sus datos y postularse a las vacantes. El Cuarto Puente se perfila como una obra estratégica para mejorar la conectividad, movilidad y desarrollo urbano, reforzando la infraestructura vial sobre el Canal de Panamá. Hasta el momento, el túnel, que tendrá una extensión de 4.5 kilómetros, registra un 38% de avance (1,800 metros excavados). Isaac Ortega El túnel bajo el Canal tiene 38% de avance Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] La máquina alcanzó ya el punto más profundo, a unos 65 metros, e inició el ascenso hacia el pozo de Balboa, ubicado en el lado este de la ciudad de Panamá. El proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá registra avances significativos en la construcción del túnel subterráneo, que ya cruza por debajo del Canal de Panamá, y que es considerado uno de los tramos más complejos e innovadores de la obra. Los trabajos de excavación se iniciaron en el lado oeste, en el área de Farfán, y actualmente la tuneladora “Panamá” continúa su recorrido bajo el cauce de navegación del Canal. La máquina alcanzó ya el punto más profundo, a unos 65 metros, e inició el ascenso hacia el pozo de Balboa, ubicado en el lado este de la ciudad de Panamá. Hasta el momento, el túnel, que tendrá una extensión de 4.5 kilómetros, registra un 38% de avance (1,800 metros excavados), informó Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, S.A. (MPSA), durante una edición especial de Café con La Prensa, donde expertos en transporte analizaron el tema “Transformando la Movilidad: Conectividad y oportunidades en el transporte público de Panamá”. Cedeño, quien fue uno de los expositores en el conversatorio, explicó que “el túnel que conecta Panamá Oeste con la ciudad capital se convertirá en un hito de ingeniería para el país y la región. Además, se complementa con secciones construidas mediante métodos tradicionales y trincheras”. Se estima que la excavación concluirá en 2026, para luego iniciar la instalación de sistemas y las pruebas integradas. El directivo subrayó que “la excavación y el revestimiento del túnel deben terminar el próximo año, pero después hay que instalar todos los elementos interiores, tanto civiles como electromecánicos, y posteriormente realizar las pruebas de funcionamiento del sistema”. En cuanto al tramo elevado, la Línea 3 tendrá 24.6 kilómetros de recorrido y 11 estaciones, desde Ciudad del Futuro en Arraiján hasta Albrook, donde se enlazará con la Línea 1. En hora pico, se estima que podrá transportar hasta 30,000 pasajeros por hora por sentido, reduciendo el tiempo de viaje desde Panamá Oeste hasta la capital a unos 37 minutos, señaló Cedeño. El gerente de Proyecto del MPSA explicó que la Fase 1 (Ciudad del Futuro – Panamá Pacífico) registra un 79.2% de avance, mientras que la Fase 2, que incluye el túnel bajo el Canal, alcanza el 38%. Según el cronograma, la primera fase debe culminar en abril de 2027 y la segunda en octubre de 2028. Respecto al sistema ferroviario, Cedeño indicó que “ya están en Panamá los 26 trenes monorriel que prestarán el servicio. Cada uno cuenta con seis vagones y capacidad para 1,000 pasajeros, lo que equivale a 16 buses de 60 personas”. Estos equipos están siendo ensamblados y sometidos a pruebas estáticas y dinámicas en los talleres de Ciudad del Futuro. Entre las innovaciones de la nueva flota destacan las subestaciones con baterías, que permiten el movimiento de los trenes en caso de apagón, así como puertas frontales y laterales que facilitan la evacuación de un tren a otro. Otro aspecto que resaltó de esta megaobra es la generación de al menos 3,900 empleos directos, lo que la consolida como una de las infraestructuras más estratégicas para la movilidad, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano del país, apuntó Cedeño. Financiamiento del túnel El proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y ejecutado por el consorcio coreano HPH, integrado por Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd. Sobre los costos, Cedeño explicó que “mantener la opción inicial de cruzar la Línea 3 por el Cuarto Puente habría tenido serias implicaciones, por lo que en su momento los proyectos se separaron”. Recordó que hasta la Adenda 6 del contrato —ya firmada y refrendada y que permitió los avances visibles hoy— el costo de la obra se incrementó no solo por la incorporación del tramo soterrado, sino también por ajustes en la línea principal y los efectos de huelgas y otras contingencias. Todo esto elevó el presupuesto de 2,800 millones a 3,900 millones de dólares. “Lo que falta ahora es concretar el financiamiento de ese monto adicional. Durante los últimos meses hemos sostenido reuniones casi permanentes con el Ministerio de Economía y Finanzas y, en este momento, estamos afinando los detalles finales. En los próximos días se dará a conocer oficialmente el cierre de ese financiamiento”, aseguró Cedeño. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló este miércoles 20 de agosto en un noticiero local que aún espera la certificación del costo real del financiamiento del túnel por parte del MPSA, pero estima que podría superar los 3,000 millones de dólares. Andrade cuestionó decisiones de la administración pasada en el Ministerio de Obras Públicas-a cargo de Rafael Sabonge-, donde presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto sobrecosto en los proyectos del Cuarto Puente y el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, ocurridos durante la administración pasada. La denuncia fue puesta el pasado 11 de junio y admitida el 11 de agosto de 2025. “El país tendrá que pagar cerca de 3,000 millones por esa mala administración. Nunca debió haberse cambiado el paso del monorriel por el Cuarto Puente; no era necesario construir el túnel. El Metro terminará al mismo tiempo que el puente, ¿Qué necesidad había de hacer ese túnel?”, cuestionó el titular del MOP. Carlos Cedeño; Henry Faarup; Manuel Alvarado; y Yolanda Sandoval. Isaac Ortega CAFÉ CON LA PRENSA Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, S.A. Isaac Ortega
7A La Prensa Panamá, jueves 21 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. cio. Y algo bueno hizo, porque se comprueba lo que todos sabíamos hace muchísimos años y es el primer contralor que se atreve a enfrentar esta realidad y otras. Pero de repente todo cambió. Durante los días de pago con cheques llegaron personas que no caben en ese enorme edificio, pero todo indica que siguen allí, no trabajando sino cobrando desde casa u otro sitio. Los que no pueden comprobar que trabajan tienen la defensa de sus diputados de que no necesitan ponchar, por lo que, según el contralor, es difícil probar que incumplen. Allí están los exdiputados eternos cobrando, aunque hace años perdieron y nunca fueron electos; allí está el número de choferes que rebasan los 71 diputados, para manejarle quién sabe a quién; allí están todos esos promotores deportivos y culturales que ni puesto de trabajo tienen, pero se les permite cobrar desde los sitios donde residen sus amos diputados, mientras otros no se ven nunca. Si bien llegó una buena e importante camada de diputados jóvenes e independientes en la última elección, en algunos asuntos se han plegado y, en otros, han sido incapaces y hasta estériles sus quejas. Denuncian y se lamentan, pero todo sigue igual. ¿Y qué hace el Órgano Ejecutivo? En este tema, tristemente, parece que le gusta el relajo.NosolamenteenvíaasuasesorEstrella (por cierto, una persona muy seria y de positivas cualidades humanas, porque lo conozco) a servir como enlace. Y parece ser que va más allá de eso, porque siempreaparececonmásvehemenciacuando Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ‘Esto no es un plan de paz. Es una capitulación’ Encuentro Trump-Putin Así lo define el periodista Timothy L. O’Brien al encuentro que tuvo Trump en Anchorage, Alaska, con Putin. Este último, que estaba siendo tratado como un paria por la comunidad internacional desde que iniciara una guerra de expansión contra Ucrania en febrero de 2022, fue recibido con alfombra roja. Ese año, lo que pensaba que iba a ser un paseo hasta Kiev de pocas semanas se convirtió en una guerra de desgaste en la que el Instituto de Defensa Británico asegura que el ejército ruso ha sufrido más de un millón de bajas. El conflicto ya lleva casi cuatro años. Sin embargo, no se puede subestimar al oso ruso y su capacidad de recuperación. Para Putin, Ucrania fue parte importante “de la desintegración de la Rusia histórica”. En un artículo llamado “Por qué Putin tiene las de ganar”, los periodistas Kumanaev, Holder, Sonne y Matsnev sostienen que el líder ruso quiere —y ha logrado— conquistar gran parte de las regiones del Donbás (ricas en carbón, acero, litio y titanio), que pertenecen a las provincias de Donetsk y Luhansk. Esto se convertiría en una clara ganancia para Rusia, porque todavía no ha podido retenerlas del todo; los ucranianos mantienen defensas fortificadas. También codicia las regiones de Zaporizhzhia y Jersón. El costo de la guerra en Ucrania para el ejército ruso ha sido muy alto. El salario básico en Rusia es de 900 dólares. Un soldado gana 2,450. Como incentivos para enrolarse, se les ofrece 30,000 dólares, con pensiones aseguradas y ayuda incluso para la hipoteca de su casa. Por ejemplo, en junio un sargento llamado Miroslau perdió una pierna: va a recibir 6,400 dólares del gobierno local, además de 23,800 por la aseguradora estatal y 47,000 dólares del Ministerio de Defensa. El ataque de 2022 diezmó al ejército ruso. Ahora Putin ha emprendido la primera movilización desde la Segunda Guerra Mundial, llamando a 300,000 ciudadanos. Otorgó perdones presidenciales a más de 100,000 convictos para ir al frente. Hoy Rusia recluta 1,000 soldados al día, el doble que Ucrania. Tiene sustanciales ingresos, pese a las sanciones, con exportaciones de petróleo, gas natural, carbón y oro. Además, ha logrado producir su propio dron explosivo, copiado del de Irán, llamado Lancet Geran-2. Ucrania ha recibido hasta el momento 70 mil millones en ayuda; el presupuesto de defensa de Rusia es de 170 mil millones. Hasta el momento Rusia ocupa un quinto de Ucrania y el frente de batalla abarca 1,000 kilómetros. Si Ucrania cediera las regiones que Putin exige, estaría entregando su “corredor de fortalezas”, imprescindible para contener un ataque ruso. Ahora viajemos a Washington D. C., a la Casa Blanca, donde se celebró el encuentro entre Zelensky, de Ucrania, acompañado por más de cinco líderes europeos, y el presidente Trump. Con justa razón, Ucrania y los europeos exigen primero un cese al fuego (porque mientras tanto Rusia sigue conquistando territorio ucraniano), pero Putin insiste en negociar un comprensivo plan de paz. Resultado: ideas inconcretas y posibles promesas futuras. Ucrania no entraría en la OTAN, pero estaría amparada en el famoso Artículo 5, que establece una defensa mutua si alguno de sus Estados miembros es atacado. Tal vez Estados Unidos también ofrecería sus garantías. A cambio, está implícito que Ucrania tendría que ceder parte de su territorio, conquistado o no. En 1994, en el llamado Memorando de Budapest, Ucrania cedió su arsenal nuclear soviético a cambio de garantías para su seguridad de parte de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Francamente, soy bastante pesimista sobre un pronto arreglo de paz entre estas dos naciones. Por un lado, no se puede premiar con territorio —conquistado o no— al Estado que, sin razón, iniciara la agresión. Por el otro, están las llamadas “nuevas realidades sobre el terreno”. En un mensaje a los ucranianos, Putin anunció: “sigan, sigan, sigan, y les irá peor”. Zelensky, sobre todo, sabe que a la larga no cuenta con los recursos para combatir con la potencia rusa. Pero si Putin se sale con la suya, su apetito aumentará… Están los países bálticos, Polonia, etc. El agua: derecho, no abandono Azuero mos no es suficiente. Mientras tanto, nuestra gente sigue enfermando. Cada día que pasa sin acción efectiva del Gobierno y sin el inicio de este saneamiento es un día más en que herreranos y santeños consumen agua no apta para el consumo humano, exponiéndose a enfermedades gastrointestinales, problemas en la piel y otras afecciones prevenibles. El agua que debería dar vida, en muchas comunidades se ha convertido en un riesgo silencioso que atenta contra la salud y la dignidad. Chitré, donde alguna vez se concentró gran parte de la actividad económica y administrativa de la región, fue también un punto de encuentro cultural y social. Hoy, esa vitalidad se apaga lentamente, no solo por la crisis del agua, sino por la ausencia de planes claros para reactivar la economía,generarempleoyofrecerespacios culturales que retengan a su gente y atraigan visitantes. No hay desarrollo sostenible sin agua segura y suficiente, pero tampoco lo hay sin una visión que impulse a la región hacia adelante. Es imposible proyectar un futuro próspero cuando la población vive pendiente, antes que nada, de si tendrá acceso a agua potable ese día. Pero la historia de Azuero no es solo la de una crisis crónica; también es la de una ciudadanía resiliente que se ha convertido en su propio gestor. En barrios y comunidades, vecinos se organizan para compartir agua, instalar sistemas de almacenamiento comunitario o coordinar turnos de distribución. Comerciantes ajustan horarios y procesos para adaptarse a la disponibilidad del recurso. Escuelas y centros de salud buscan soluciones temporales para no suspender actividades. Esa resiliencia, sin embargo, no debe ser romantizada. La capacidad de adaptarse no exime al Estado de su obligación de garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano reconocido a nivel internacional y consagrado en la dignidad misma de las personas. No se trata de pedir favores ni de agradecer por cisternas ocasioKaitlein Pamela Marciaga Botellas, despilfarro y descontrol legislativo Planillas La llegada del contralor a la Asamblea Nacional fue formidable. Acusó, denunció, señaló, en fin, demostró y confirmó lo que todos sabemos: que se trata de una asamblea de parásitos. Porque trabajan cuatro días a la semana; reciben $1,000 mensuales en gasolina que no usan, pero se quedan con la plata; cada diputado tiene la escandalosa suma de hasta $20,000 mensuales para personal propio; los suplentes tienen el cargo brujo de “asistente técnico parlamentario”, para cobrar por haber salido electos y en contra de lo fallado por la Corte; solo sesionan ocho meses al año; tienen una planilla que supera los 4,000 funcionarios, para un promedio inmisericorde de alrededor de 60 trabajadores por diputado; tienen oficinas en las provincias de “iniciativas ciudadanas” que pagan millones en planillas de gente que no va y alquileres de locales vacíos, porque no se presenta un solo requerimiento; algunos poseen búnkeres y oficinas secretas donde nadie sabe qué hacen. En fin, todos creímos que con la aparición de Súper Bolo al menos iniciaría el principio del fin de este malefihay algún tipo de votación. Pero lo que desenmascara al gobierno en este delicado asunto es que le ha mantenido a la Asamblea Nacional los mismos $98 millones de presupuesto para el 2026 que le otorgó en 2025. Y, ante una situación injustificable, se salen con la excusa de que “la cifra de $98 millones es la más baja en años, pero nadie ve eso”. Una inexcusable narrativa para aceptar y transmitir como viable lo que es imposible justificar. Se demuestra que no importa que se despilfarre el dinero, después que sea menos que lo derrochado por el anterior gobierno. Este derroche sigue siendo inaceptable. El arte de gobernar no es alargar el mal, sino tomar decisiones. Pero la necesidad de cambios se va extendiendo en el tiempo, por el temor al costo político. Por lo tanto, se han mantenido leyes especiales, jubilaciones especiales, aumentos automáticos, exoneraciones e incentivos, planillas abultadas y subsidios. Temas que, a pesar de tener que ventilarse en la Asamblea Nacional frente a la necesidad de iniciativas legislativas presentadas desde el Órgano Ejecutivo, ninguno de los dos actúa y los gastos del Estado crecen. Y, mientras tanto, la Asamblea Nacional, con la nueva cara de esperanza generada el pasado 1 de julio con una junta directiva de oposición, la vemos transformándose desdeesafechacomoelHombreLobo:anteel matraqueo del asesor enlace que solo cumple órdenes basadas en la ilusión, el espejismo, el desatino y la fantasía de la “armónica colaboración” constitucional. Un mes perdido porque, al final del camino, parece importar más la figuración y el dominio legislativos que el crecimiento institucional y democrático. Opinión EL AUTOR es internacionalista. EL AUTOR es abogado. LA AUTORA es abogada. Ezra Homsany nales; se trata de exigir políticas públicas coherentes, inversiones sostenidas y una gestión transparente. Sin embargo, esta exclusión se ve agravada por un círculo vicioso que también nace en las urnas. Una parte de la población, cansada y necesitada, sigue optando por elegir a los mismos políticos que, período tras período, administran el abandono. Lo hacen, muchas veces, por familiaridad, por promesas que apelan más al bolsillo inmediato que a un proyecto de futuro, o por pequeños beneficios económicos que distorsionan el juicio y minimizan la exigencia ciudadana. Frente a este panorama, urge pensar más allá de las respuestas de emergencia. Azuero necesita inversiones sostenidas, pero también creatividad para diversificar su recurso. Algunas alternativas son: aprovechar la captación y almacenamiento de agua de lluvia en comunidades y centros escolares; instalar plantas modulares de tratamiento que puedan reforzar a la potabilizadora existente; y explorar proyectos de reforestación de cuencas para recuperar el caudal del río La Villa. Ninguna de estas medidas sustituye la obligación del Estado de modernizar el sistema, pero sí pueden complementar la solución estructural y dar alivio inmediato a la población. Azuero, y especialmente Chitré, de donde soy, merece más que sobrevivir con estrategias improvisadas. Merece un sistema de abastecimiento moderno, eficiente y sostenible. Merece que su resiliencia sea reconocida no como una excusa para el abandono, sino como una razón para priorizar las inversiones y la planificación. La sed no debería ser costumbre. Y que quede claro: mientras el poder siga viendo en esta crisis una oportunidad de clientelismo y no un deber de Estado, seguiremos llenando botellas, enfermándonos y votando por quienes nos condenan a vivir con la sed como herencia. La crisis del agua en la región de Azuero no es un accidente reciente, sino la consecuencia de décadas de abandono y desatención por parte de las autoridades. Es una cadena de omisiones que ha atravesado gobiernos, banderas políticas y discursos de campaña. Azuero tiene en su memoria colectiva un pasado de lucha, marcado por el Grito de Independencia, pero hoy no se distingue por ser una región de confrontaciones. Por el contrario, hemos demostrado paciencia, una capacidad de adaptación heroica… pero también conformista. Ante la falta de soluciones reales, hemos optado por resolver, no por pelear. No porque no exista indignación, sino porque la experiencia nos ha enseñado que la confrontación rara vez trae cambios. Esa resignación, entendible tras años de abandono, es también una señal de alerta: cuando la costumbre reemplaza a la exigencia y la fiscalización ciudadana, el derecho se convierte en un privilegio condicionado. El problema es estructural. El sistema de abastecimiento, dependiente del río La Villa, arrastra décadas de falta de mantenimiento y modernización. La contaminación del río y la presión creciente por el aumento de la población han agravado el panorama. A esto se suma una gestión pública que responde más a emergencias que a planificación. Las inversiones, cuando se hacen, suelen llegar tarde y sin la magnitud necesaria para revertir el deterioro acumulado. Producto de esa falta de mantenimiento y estrategia, hoy se gestiona un plan estratégico de emergencias por crisis hídrica, con un costo de 10 millones de dólares hasta diciembre. Pero lo que haceJulio Ernesto Linares Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista Presidente y Director Editorial (Encargado) Jorge Molina Mendoza
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==