2A La Prensa Panamá, miércoles 20 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Eliana Morales Gil [email protected] Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno. Elysée Fernández Legislativo vs. Judicial: diputados denuncian silencio de la Corte en los proyectos de justicia COMISIÓN DE GOBIERNO La primera sesión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional del nuevo periodo legislativo comenzó con un fuerte reclamo: la ausencia del Órgano Judicial en los debates legislativos. Varios de los diputados de esta instancia denunciaron que desde hace más de un año, la Corte Suprema de Justicia no ha respondido a las solicitudes de concepto que esta comisión envía para analizar proyectos de ley relacionados con la administración de justicia. El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), cuestionó directamente a la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, por no atender las solicitudes formales. “Con la actual presidenta nunca hemos recibido respuesta. Entiendo que no simpatizamos, pero debe comprender que las solicitudes no son de Camacho, sino de la Comisión de Gobierno, para beneficio de la discusión democrática”, declaró. A pesar de la falta de colaboración, aseguró que seguirán enviando las peticiones tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público. En el mismo sentido, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), calificó de “inaceptable” que durante todo un año la Corte no haya enviado “una sola emisión de concepto o representación”. A su juicio, esta ausencia limita el debate y debilita el trabajo parlamentario. El independiente Luis Duke fue otro de los que expuso su crítica. Consideró “totalmente inaceptable” que la Corte guarde silencio frente a proyectos que incluso plantean reformas a su propia estructura. “Es intolerable que busquen aumentarse los salarios, pero no trabajar para el país”, afirmó. Mediante un acuerdo interno, el órgano Judicial aprobó un fondo especial de jubilación que les permitiría retirarse con el 100% de su salario, equivalente a $14 mil. Los jueces municipales recibirían su jubilación de la Caja de Seguro Social más el 40% de la diferencia con su último salario en el Órgano Judicial. Los jueces de circuito obtendrían su jubilación de la CSS más el 50% de la diferencia con su último salario recibido. En el caso de los magistrados de los Tribunales Superiores recibirían su jubilación de la CSS más el 60% de la diferencia con su último salario. Ante las críticas masivas, el acuerdo fue suspendido respecto a los magistrados de la Corte, aunque algunos sectores consideran que la medida aún resulta insuficiente. La diputada Patsy Lee Rentería, del Partido Popular, proponente de una de las iniciativas en discusión, añadió que, aunque enviaron cartas tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público, solo este último respondió. En tanto que el diputado Roberto Zúñiga, de Vamos, por su parte, insistió en que la participación de la Corte en los debates es indispensable para garantizar decisiones legislativas de calidad. Ante esta situación, los miembros de la comisión plantearon enviar una carta conjunta a la presidenta de la Corte, para reiterar que la solicitud de conceptos no es un asunto político individual, sino una exigencia institucional amparada en la ley. ¿Por qué es importante? La emisión de conceptos por parte del Órgano Judicial es un insumo técnico que permite al Legislativo evaluar las implicaciones jurídicas y constitucionales de los proyectos, en especial aquellos vinculados a la administración de justicia. La Ley 49 de 1984, que le da vida al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional respalda esta práctica, pues establece la obligación de las entidades estatales de responder a las solicitudes de las comisiones legislativas. En el caso de la Comisión de Gobierno, la participación del Órgano Judicial resulta crucial porque muchos de sus proyectos inciden directamente en el funcionamiento de los tribunales, el acceso a la justicia y los recursos que requiere este poder del Estado. Juan Manuel Díaz [email protected] Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en la operación Jericó INVESTIGACIÓN La Fiscalía de Drogas solicitó una asistencia judicial a Colombia para obtener información sobre las actividades de Juan Pablo Morales, presunto contacto en ese país de la red desmantelada en la operación Jericó. Juan Pablo Morales es señalado por la fiscalía como presunto contacto en Colombia del grupo criminal desmantelado en la operación Jericó, por lo que se ha pedido información sobre sus actividades en ese país. En la investigación de la fiscalía, Morales es señalado como un asiduo visitante del apartamento 3B del PH Greengarden, ubicado en Santa María, residencia de Jorge Néstor Sánchez, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red criminal. Sánchez fue detenido en Colombia y extraditado a Panamá, tras una petición realizada por el Ministerio Público, que lo vincula directamente con la estructura criminal de la operación Jericó. La fiscalía está interesada en las actividades que realizaba Sánchez en Colombia, los grupos con los que sostenía reuniones y si poseía bienes en ese país. Según la fiscalía, en el apartamento ocupado por Sánchez, en Santa María, se coordinaban importantes reuniones para mover droga. En los estacionamientos de ese inmueble, valorado en $780 mil y ahora cautelado, frecuentemente se observaban vehículos que también quedaron en manos de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, entre ellos una camioneta Mercedes Benz, propiedad de Sánchez, y una Honda CR-V de Gregorio Miller, investigado en esta causa. Morales es señalado por las autoridades como la persona que recibiría $90 mil que transportaba el también colombiano Jhonatan Parra. Según la fiscalía, ese dinero tenía procedencia ilícita. Sin embargo, la defensa de Abraham Rico Pineda, quien supuestamente enviaba el dinero a Morales, sostiene que esos fondos eran para la compra de materiales destinados a la remodelación de una residencia. Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) detenido por esta causa, fue vinculado como parte de la estructura para el blanqueo de capitales. Jorge Herrera, diputado presidente de la Asamblea Nacional. Elysée Fernández MEF: Propuesta de incrementar fondos a municipios no tiene presupuesto Eliana Morales Gil [email protected] DESCENTRALIZACIÓN El viceministro de Finanzas , Fausto Fernández, dijo que los ajustes planteados en la iniciativa no podrán implementarse en el corto plazo debido a que no están contemplados en los presupuestos vigentes ni futuros inmediatos. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, impulsa un anteproyecto de ley que multiplica por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización y eleva la inversión municipal, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, advirtió que la propuesta carece de respaldo presupuestario. Según Fernández, los ajustes planteados en la iniciativa no podrán implementarse en el corto plazo debido a que no están contemplados en los presupuestos vigentes ni futuros inmediatos. “Entiendo que ese anteproyecto de ley es el resultado de una serie de consultas con autoridades locales y demás. Sin embargo, no tiene viabilidad financiera validada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ni se ha recibido solicitud de evaluación de viabilidad para estos aumentos propuestos a conocimiento mío”, sustentó. Consultado sobre si los incrementos de los fondos chocarían con los proyectos para la contención del gasto público, Fernández añadió: “Por supuesto que sí, pero igualmente dichos ajustes, si acaso fueran aprobados y sancionados, no entrarían en el 2025 dado que no están presupuestados. Cabe de más decir que tampoco están considerados en el proyecto de presupuesto de 2026 que será discutido mañana”. “Al final, no hemos sido consultados sobre el impacto financiero de esta iniciativa legislativa, y pensamos que este es el momento oportuno para ser parte de esa conversación, considerando la situación fiscal actual del país”, advirtió. Más dinero para gobiernos locales El anteproyecto de Herrera, quien ha sido electo en varias ocasiones como alcalde de Aguadulce, propone un conjunto de cambios orientados a la norma de descentralización. Entre los principales puntos se encuentra el incremento de las $110,000 a $250,000 a partir de 2026. También se contempla la creación de una Unidad Gestora de Inversión en cada alcaldía, con apoyo financiero del Gobierno Central a los municipios no metropolitanos y subsidiados. Herrera respaldo su propuesta Mientras tanto, el presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, defendió su propuesta legislativa y aseguró que responde a un análisis económico y práctico sobre la gestión de recursos en los corregimientos. Durante una gira de trabajo en Panamá Oeste, el diputado del Partido Panameñista fue consultado por periodistas sobre el tema. “Un representante de corregimiento no puede manejar apenas 76 mil dólares para desarrollar un proyecto de inversión cuando el costo de la mano de obra está alto y los materiales han subido”, señaló. Herrera también cuestionó el sobreprecio de los insumos adquiridos a través del portal Panamá Compra. “Los productos para obras están más caros en la plataforma que en los propios comercios de los municipios, que además no pagan impuestos, no generan empleomanía ni impulsan el desarrollo local, y, sobre todo, terminan costando más”, advirtió. El anteproyecto será discutido en la Comisión de Asuntos Municipales, que preside Medín Jiménez, también del Partido Panameñista. dietas de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que pasarían de $100 a $500 por reunión. En materia de financiamiento, la propuesta establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera a los municipios la totalidad de lo recaudado por impuesto de inmuebles, incluyendo recargos y multas. Además, se ajusta la fórmula de solidaridad intermunicipal, elevando de $500,000 a $1,000,000 el monto mínimo para aplicar dicho mecanismo. La distribución de los fondos se basará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% de acuerdo con el nivel de desempleo y 50% por densidad poblacional. Los recursos podrán destinarse a áreas más amplias, incluyendo programas de protección integral de la niñez y la adolescencia. Otro de los cambios destacados es el aumento progresivo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM), que pasaría de
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