3A La Prensa Panamá, martes 19 de agosto de 2025 Panorama El Tribunal Electoral (TE) informó, a través del Boletín 5880-B, que el movimiento “Los Seiscientos Mil que Cambiarán la Constitución” ya cuenta con la autorización para iniciar la recolección de firmas para impulsar una constituyente con el propósito de reformar la Constitución. El anuncio se dio luego de que el representante legal del movimiento, José Luis Galloway Logan, comunicara a la Dirección Nacional de Organización Electoral que podrán comenzar a recolectar firmas a partir del próximo 22 de agosto. Previamente, el grupo recibió capacitación en el Tribunal Electoral, un requisito indispensable antes de solicitar el respaldo ciudadano. A partir de ahora, dependerá de la capacidad organizativa y del respaldo ciudadano que logre este grupo para alcanzar el umbral requerido y poner en marcha una eventual convocatoria. En Panamá, la Constitución establece que la Carta Magna solo puede ser reformada mediante tres mecanismos: por la Asamblea Nacional actuando como constituyente, por una asamblea constituyente paralela convocada mediante ley o por un acto constitucional aprobado en dos legislaturas distintas. Para que un movimiento ciudadano impulse una constituyente paralela, debe recolectar al menos el 20% de las firmas del padrón electoral, lo que equivale a cerca de 600 mil firmas. El mecanismo del Ejecutivo En campaña, el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, prometió impulsar una constituyente originaria. Como primer paso, creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia que está bajo la dirección del abogado Miguel Antonio Bernal. Recogerán firmas para convocar constituyente PROCESO Eliana Morales Gil [email protected] La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda de indemnización por un millón de dólares por la mala prestación del servicio contra la dirección general de Correos y Telégrafos (Cotel). A través de un edicto con fecha del pasado de agosto y fijado en la secretaría de la Sala Tercera, se informa a las partes de la decisión que tiene la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola. La demanda contra Cotel fue interpuesta por el empresario Ramsés Humberto Paulette Dopeso, quien afirmó haber sufrido pérdidas por $1 millón a causa de los retrasos en los envíos de productos electrónicos que debían recibir sus clientes. La demanda de Dopeso alegaba que el mal servicio que prestaba Cotel había incidido en que cientos de artículos requeridos por su clientes y que les fueron enviados por correo no llegaron a tiempo. El fallo de Sala Tercera detalla que en este caso Cotel ni el Estado panameño son responsables de las pérdidas sufridas por el empresario, luego que las mercancías no llegaron a tiempo a su destino. La demanda sostenía que en 2023 Cotel suspendió los servicios de envíos al caer en morosidad en los pagos con la aerolínea encargada de transportar los correos a Estados Unidos. Según el recurso, esta situación fue hecha pública a través de una noticia del diario La Prensa publicada el 22 de junio de 2023, en su página 6A. La demanda argumentaba que a pesar de esa publicación, esta situación no fue comunicada oportunamente por las autoridades de los correos a los usuarios y que, como resultado, Dopeso realizó más de 102 envíos Sala Tercera desestima demanda de indemnización contra Correos JUSTICIA de artículos que no pudieron ser entregados con puntualidad. En junio de 2023, el exdirector de Cotel, Julio Ramírez, reconoció a La Prensa que mantenían dificultades con la correspondencia de salida para Estados Unidos, ya que se estaba reestructurando el contrato con la línea aérea que tradicionalmente ha manejado estos destinos. En esa ocasión, Ramírez aseguró que dichos inconvenientes tienen que ver con la tramitología del contrato y con la burocracia gubernamental. Algunos usuarios también han manifestado su disconformidad por el servicio que se dispensa Cotel, pero sin llegar a interponer recursos legales ante autoridades administrativas. En 2024, el gobierno aprobó un traslado de partida para hacer frente a los problemas que enfrentaba Cotel, para que se pusiera al día con la morosidad que enfrentaba con la línea aérea encargada de mover el correo. Juan Manuel Díaz [email protected] Archivos de correspondencias de Correos y Telégrafos. Cortesía El diputado Jorge Bloise y Carlos Godoy, director del Ifarhu en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. LP/Elysée Fernández Transparencia versus privacidad: el debate sobre becas estatales Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La primera sesión de la subcomisión de Educación reavivó el debate entre privacidad y transparencia en el Ifarhu. Diputados, Antai y Meduca discutieron reformas para regular becas y auxilios económicos, tras polémicas del pasado gobierno. La primera sesión de la subcomisión de Educación, Cultura y Deportes, convocada ayer lunes 18 de agosto para examinar varios proyectos de ley vinculados al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) —la entidad encargada de gestionar becas, créditos educativos y programas de formación para estudiantes en Panamá— se convirtió en un escenario de intenso debate. La discusión de la subcomisión de Educación enfrentó la protección de los datos personales con el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos. El tema no es nuevo. Durante el gobierno pasado (2019-2024), tanto el exdirector del Ifarhu, Bernardo Menenes —hoy detenido— como el excontralor Gerardo Solís declararon de “acceso restringido” la información de los beneficiarios de los polémicos auxilios económicos, que en su mayoría llegó a familiares y allegados políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El debate en la comisión Durante el debate en la subcomisión, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheyla Castillo, enfatizó que la protección de los datos de los menores de edad es “clave” y subrayó que, bajo ninguna circunstancia, se debe registrar la cédula de los estudiantes que reciben becas, auxilios económicos o préstamos educativos. La diputada del partido Movimiento Otro Camino (Moca) y presidenta de la subcomisión, Grace Hernández, en contraste, puso sobre la mesa la perspectiva histórica y social del tema. “En mi época, ganarse una beca era la envidia de toda la escuela, pero hoy, si eres menor, hay que ocultar quién eres porque nadie puede saber que tienes una beca”, relató, destacando cómo la legislación actual limita la transparencia respecto a los beneficiarios de estos programas. Castillo respondió recordando que “en tu época no había ley de protección de datos”, lo que abrió un cruce de argumentos sobre los límites y alcances de la normativa vigente. Hernández replicó que la ley “es tan relativa, porque se protege hasta lo que se necesita comunicar” y defendió que los panameños tienen derecho a conocer quiénes acceden a recursos públicos por méritos académicos. Danza en Madagascar El debate sumó al diputado de la coalición Vamos y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Bloise, quien respaldó la postura de Hernández y llamó a reforzar la transparencia institucional. “Hay una tarea que nos pone Grace que debemos lograr: enviar un mensaje al país de una ley modificada que pueda transparentar la institución y garantizar que efectivamente el panameño que menos tiene pueda acceder a una beca”, afirmó, destacando la necesidad de un equilibrio entre privacidad y acceso público a la información. Finalmente, Luis Herrera, secretario general del Ministerio de Educación (Meduca), abordó la necesidad de robustecer la reglamentación de participación en estos programas. Señaló que se deben definir claramente quiénes pueden participar, qué tipo de auxilios económicos se otorgan y a qué carreras pueden acceder los estudiantes, recordando que “el hueco que se presentó en el Ifarhu fue de gente estudiando teatro y danza o inglés en Madagascar; no eran carreras necesarias para el desarrollo del país”. Los auxilios económicos Uno de los temas llamativos surgió al concluir el debate. El director del Ifarhu, Carlos Godoy, abordó a los medios y defendió la continuidad del programa de auxilios económicos, aunque aclaró que este ha sido reformado con requisitos más estrictos. Según explicó, ahora se exige una evaluación socioeconómica para determinar a los beneficiarios, un cambio que busca garantizar que los apoyos lleguen a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, además de premiar la excelencia académica. Godoy recordó que los auxilios no fueron eliminados, sino reestructurados. Entre las modalidades que contempla el programa mencionó los apoyos a puestos distinguidos, convenios con universidades y concursos. Subrayó que el objetivo es equilibrar las becas tradicionales con mecanismos que atiendan a jóvenes que no necesariamente tienen el mejor promedio, pero que enfrentan limitaciones económicas. “Antes, no estaba orientada a las poblaciones vulnerables, sino a carreras que el país demandaba. Ahora se busca darle un nombre y un enfoque más acorde con la realidad”, explicó. Como se recordará, entre 2014 y 2024, el Ifarhu gastó $380,833,655.91 en auxilios económicos no reembolsables y otros programas, muchos de ellos asignados con criterios políticos. Ahora, a través de una subcomisión, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte busca transparentar esta información. De hecho, quiere unificar en uno solo cuatro proyectos de ley relacionados con establecer normas mínimas de transparencia en el otorgamiento de becas, así como evitar que funcionarios de alto perfil puedan otorgar auxilios económicos a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Tras la reunión de este lunes, la subcomisión prepara un nuevo encuentro la próxima semana para unificar criterios sobre la transparencia de las becas y auxilios económicos, lo cual debe entregar a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. La pregunta sigue en el aire: ¿se hará pública la información de los beneficiarios?
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