2A La Prensa Panamá, martes 19 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] Algunos de los detenidos. Cortesía Descentralización: 20 exrepresentantes y extesoreros han sido imputados PRESUNTO PECULADO La Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización delProgramadeInterésSocial (PDIS). Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 50 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares. Entre el 20 y el 25 de agosto se deberán efectuar varias audiencias ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio, en las que la fiscalía busca mantener la detención preventiva de los exrepresentantes de Burunga, Antonio Atencio, y del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, Isaac Figueroa. El próximo 20, el Tribunal de Apelaciones también celebrará una audiencia de apelación solicitada por la fiscalía, en la que se pide decretar la detención provisional del representante de Pacora, Hugo Henríquez, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Henríquez fue imputado por el delito de peculado, pero el juez de garantías le aplicó la medida cautelar de reporte periódico dos veces a la semana. Sin embargo, la fiscalía insiste en que la detención preventiva es la medida más adecuada en este caso para evitar la destrucción de pruebas. Aún el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) deben practicar allanamiento e inspecciones oculares en juntas comunales y alcaldías, en busca de evidencias relacionadas con el uso dado a los fondos del PDIS. El pasado 20 de julio la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del PDIS. La fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS. La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas desarrollados a través de la descentralización, que a la fecha han arrojado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones. La evidencia recogida hasta ahora por la Contraloría y el Ministerio Público reflejan fluctuaciones en el manejo de los fondos de la descentralización dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van de los $300 mil a los $800 mil. La Autoridad Nacional de Descentralización fue creada mediante la Ley 66 de 2015, que reformó la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la Administración Pública. Esta entidad se estableció para garantizar la transferencia de recursos a los gobiernos locales y la coordinación con el gobierno central. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] ¿Sin secretos en el Legislativo? Vamos publicará grabaciones y votaciones COMISIONES PERMANENTES La bancada de la Coalición Vamos anunció una agenda de transparencia y buenas prácticas para las comisiones que lidera en la Asamblea Nacional, con el objetivo de diferenciarse de las prácticas tradicionales que, según su jefe de bancada, Roberto Zúñiga, han erosionado la confianza ciudadana en el Legislativo. Vamos lidera, por primera vez en su historia, alrededor del 33 % de las comisiones permanentes del Parlamento. Estas incluyen: Educación, Cultura y Deporte, presidida por Jorge Bloise; Relaciones Exteriores, por Walkiria Chandler; Población, Ambiente y Desarrollo, por Lenín Ulate; Mujer, Niñez, Juventud y Familia, por Alexandra Brenes; y Economía y Finanzas, por Eduardo Gaitán . Zúñiga enfatizó que las comisiones son el “corazón del trabajo legislativo”, donde se deciden proyectos, se fiscaliza al Ejecutivo y se abre la puerta a la ciudadanía. La bancada estableció siete compromisos obligatorios, ya en vigor, que reemplazan promesas por normas de operación claras • Transparencia y rendición de cuentas. Todas las comisiones deberán publicar actas, grabaciones y registros de votaciones en un plazo máximo de 15 días tras cada sesión. Además, se emitirán informes públicos cada cuatro meses, transmitidos por medios digitales. Se habilitará un canal web para publicar órdenes del día, proyectos, datos del equipo técnico e invitados. • Asistencia, puntualidad y disciplina. Se publicará el orden del día con 24 horas de antelación, se fijarán calendarios regulares de reuniones, y habrá un registro público de asistencia y puntualidad de los diputados. • Participación abierta y equitativa, mediante audiencias públicas, con acceso de ciudadanos, organizaciones y expertos. Se garantizará el uso justo de la palabra: “ninguna voz será excluida, especialmente las críticas”. • Fiscalización con integridad. Las citaciones a ministros u otros funcionarios solo se realizarán basadas en hechos documentados o necesidades institucionales, no como instrumentos de presión política. • Priorización técnica de proyectos y gestión transparente del recurso humano y financiero. Los proyectos se discutirán por orden de llegada, salvo urgencias justificadas; además, se publicará la lista del personal técnico, su rol, e incluso sus remuneraciones, junto con informes del uso presupuestario. • Sin bonificaciones o compensaciones adicionales para los presidentes de comisión. Si surgiera una iniciativa para otorgarlas, sería rechazada por la bancada. El panameñista Jorge Herrera preside la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2025. LP Reforma a la descentralización: más fondos y aumento a las dietas de la AND Eliana Morales Gil [email protected] PROPUESTA LEGISLATIVA El presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, presentó un anteproyecto de ley que duplica la solidaridad municipal y eleva cinco veces las dietas de la directiva de la AND. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, presentó un anteproyecto de ley para reformar la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización de la administración pública en Panamá. La iniciativa propone fortalecer la autonomía de los gobiernos locales mediante un aumento significativo de los recursos municiaples y de las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entre otros cambios. La propuesta de Herrera, quien ha sido electo en varias ocasiones como alcalde de Aguadulce, Coclé, establece el aumento de las dietas de los miembros de la Junta Directiva, que pasarían de $100 a $500 por asistencia a reuniones, un incremento de cinco veces. La directiva de la AND está conformada por los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas, Gobierno, o quien ellos designen; al igual que por el presidente de la Asamblea, o quien este designe; un representante de la Asociación de Alcaldes de Panamá; un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes; un representante de la Asociación de Municipios de Panamá; un representante de los pueblos originarios de Panamá; y tres representantes de la sociedad civil vinculados con el desarrollo municipal. En su propuesta, el presidente de la Asamblea Nacional también plantea incorporar al contralor general de la República en esta directiva. En la actualidad, ese cargo está en manos de Anel Flores. Además, el presidente de la Asamblea busca disminuir el número de representantes de la sociedad civil en la directiva, de tres a dos. Solidaridad municipal se duplica En materia de financiamiento, el anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 $1,000,000. El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a los municipios toda la recaudación, incluyendo recargos y multas. La distribución a nivel de corregimiento se estructurará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% por índice de desempleo y 50% por densidad de población. Los fondos podrán destinarse a un uso más amplio, incluyendo protección integral de la niñez y la adolescencia. El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000 a partir de 2026. La propuesta establece además la creación de una Unidad Gestora de Inversión en cada alcaldía, con apoyo financiero del Gobierno Central a municipios no metropolitanos cursos y proyectos municipales. Igualmente, suspende las transferencias de fondos del Gobierno Central a municipios y juntas comunales si no aprueban su presupuesto anual antes de febrero. Esta medida también se aplicará si los fondos no se ejecutan o comprometen en dos años, o por no rendir cuentas. El anteproyecto del diputado del Partido Panameñista también dice que las decisiones de audiencias públicas, cabildos abiertos y consultas ciudadanas sobre proyectos de inversión serán vinculantes, siempre que participe al menos el 2% de los moradores del área. Se prohíbe que miembros de las juntas de desarrollo local sean funcionarios de la junta comunal o parientes del representante de corregimiento hasta el tercer grado de consanguinidad. El documento también introduce una nueva clasificación de corregimientos basada en población, densidad e índice de pobreza. El anteroyecto de Herrera llega justo cuando el gobierno de José Raúl Mulino acaba de emitir la Resolución N.° 25, imponiendo medidas administrativas y fiscales para frenar el gasto público. Al mismo tiempo, el Ministerio Público investiga a alcaldes y representantes acusados de despilfarrar fondos de la llamada “descentralización paralela”. y subsidiados. Rendición de cuentas La iniciativa también obliga a las autoridades locales a mantener actualizada la información relevante en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al igual que en el Sistema de Información para la Ejecución y Rendición de Cuentas (Sierc), una plataforma electrónica utilizada principalmente por los municipios y el gobierno central para registrar, supervisar y rendir cuentas sobre la ejecución de los re-
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