2A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio. Archivo ‘Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios’: Arias La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se sumó a las críticas contra el Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permite a los magistrados retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. “Nos encontramos en un momento de poner la casa en orden, en el que enfrentamos decisiones difíciles, pero necesarias. Este tipo de acciones no refuerza esa necesidad, sino que la debilita, presentando ante la ciudadanía autoridades que priorizan el bien particular por encima del bien común”, señaló el gremio empresarial en un comunicado. De acuerdo con Juan Arias, presidente de la CCIAP, “el acuerdo viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas del Estado”. Enfatizó que “la justicia sí necesita recursos, pero para fortalecer su accionar. El Sistema de Administración de Justicia debe mejorar sus capacidades y ejecución, y servir de manera más eficiente, imparcial y oportuna a toda la ciudadanía, no para dar beneficios especiales a unos pocos”. Arias advirtió que esta decisión se toma en un momento en que el país exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. “Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, sino recursos para atender las verdaderas necesidades del país”. Instó a las autoridades a dar marcha atrás en esta decisión y a alinear sus acciones con el clamor ciudadano por un manejo responsable y justo de los fondos públicos. “Este tipo de medidas no fortalece un sistema sin privilegios; por el contrario, lo debilita y aleja al país de una justicia que sea realmente igual para todos”, añadió. El pasado lunes, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como sectores políticos y la sociedad civil organizada, también se pronunciaron en contra del acuerdo. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ministro Juan Carlos Orillac: ‘No hay dinero y es una desigualdad’ El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, cuestionó las jubilaciones especiales aprobadas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificándolas de injustas y contrarias a la realidad económica del país. “En lo personal no estoy de acuerdo, en principio, porque creo que hay una desigualdad en este país en cuanto a salarios y, obviamente, el tema de las jubilaciones es aún peor. Muchos panameños no estamos de acuerdo con una situación que denota una desigualdad mucho mayor”, afirmó. Orillac admitió que la medida tomó por sorpresa al Ejecutivo. Recordó que el contralor, Anel Flores, anunció la presentación de una demanda contra el acuerdo, pero advirtió que la decisión final sobre su constitucionalidad recaería en la propia Corte Suprema. “Habría que analizar hasta dónde pudiera cualquier ciudadano presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero, al final, tocaría resolverlo la propia Corte”, señaló. El ministro reconoció que, por ahora, no cuenta con un análisis jurídico suficiente para respaldar una posición oficial. “No tengo todavía las herramientas suficientes ni los análisis de los abogados para poder tener una base al respecto”, dijo, enfatizando que cualquier acción debe ser evaluada con prudencia antes de ser anunciada. En materia fiscal, Orillac fue categórico: “No hay Felipe Chapman. EFE Magistrados suspenden acuerdo de jubilación dorada Juan Manuel Díaz [email protected] Después de aumentarse la remuneración a $14 mil, los magistrados de la Corte se otorgaron una jubilación especial que les permite retirarse con su último salario, mientras que sus colegas del TE decidieron equipararse. Anoche la Corte revocó su decisión. Tras la ola de críticas de gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e incluso de miembros del Ejecutivo contra el fondo de compensación por retiro aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que permitía a los magistrados jubilarse con el 100% de su último salario, los magistrados decidieron anoche revocar la medida en un pleno extraordinario, cuatro días después de que el acuerdo original se conociera mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La decisión se anunció a través del canal oficial de YouTube del Órgano Judicial. En un comunicado leído por la secretaria general de la Corte, Yaritza Yueng, la CSJ afirmó ser consciente de las críticas y aclaró que el Órgano Judicial no cuenta con un régimen especial de jubilación. Sostuvo que el mecanismo empleado en el acuerdo original era respetuoso de la Constitución y buscaba “dignificar la labor de jueces y magistrados”, a quienes — enfatizó— se les debe respeto y mejores condiciones laborales. El texto rechazó “el irrespeto y la injerencia en asuntos que solo competen al Órgano Judicial”, así como “la diatriba, los ataques personales y la burla vacía”. Además, exigió recibir “el mismo trato respetuoso y de altura” que dice dispensar a todos por igual. La medida de suspensión, sin embargo, no abarca a los magistrados de tribunales superiores y jueces de circuito y municipales. El comunicado solo se refirió a magistrados del pleno de la Corte. La petición de Chapman Antes de la rectificación, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había expresado públicamente su rechazo a esta medida. Chapman, quien aseguró haber comunicado por escrito su posición a los magistrados, también envió una nota a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes decidieron equiparar su salario al de los magistrados de la Corte. La equiparación salarial eleva el salario base de los magistrados del TE de 6 mil a 10 mil dólares mensuales, manteniendo 4 mil en gastos de representación, lo que implica un aumento total de 4 mil dólares. Esto beneficia a Alfredo Juncá, Narciso Arellano y Luis Guerra. Chapman dijo que estas decisiones no son cónsonas con el mensaje de prudencia fiscal y manejo riguroso de las finanzas públicas que el Gobierno busca transmitir. “Pienso que eso no es lo que está pidiendo la población, que es el control del gasto público”, señaló, agregando que pidió de manera “respetuosa” que se reconsideren los aumentos y ajustes. El pronunciamiento se dio durante el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025, centrado en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, donde en primera fila estaba la presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias, junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y representantes del sector financiero y de seguridad. Consultada por La Prensa sobre si reconsideraría la medida ante el rechazo generalizado y la petición de Chapman, López evitó responder directamente y se limitó a decir: “No, es que eso no es una circular”. El acuerdo No. 407, del 18 de julio de 2024, suscrito por ocho de los nueve magistrados (la firma de Ángela Russo no aparece), establecía que jueces y magistrados, al cumplir la edad de retiro, recibirían una compensación que les permitiera percibir la totalidad o un porcentaje de su último salario. La Caja de Seguro Social (CSS) cubriría el monto correspondiente a la pensión regular, y el resto sería asumido por el presupuesto del Órgano Judicial, que está blindado. Según el artículo 214 de la Constitución, los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no podrán ser inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. La Corte fundamentaba el fondo en el artículo 208 de la Constitución, que prohíbe a jueces y magistrados desempeñar otros cargos públicos o ejercer el comercio, limitando sus ingresos durante su período constitucional. Entre quienes habían rechazado la jubilación especial figuraban el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el contralor general, Anel Flores; la bancada Seguimos en la Asamblea; la Apede; el Conep y la CCIAP. Chapman también advirtió que este tipo de decisiones envían un mensaje negativo a los mercados, recordando que, días antes, presentó a las principales calificadoras de riesgo el plan del Gobierno para reducir el gasto y el déficit fiscal, metas que —subrayó— son incompatibles con los ajustes adoptados por la CSJ y el TE. JUBILACIONES ESPECIALES Y AUMENTOS Magistrados ganan 20 ó 25 vecesmás que el panameño promedio Eliana Morales Gil [email protected] El contralor general de la República, Anel Flores, expresó su oposición al fondo de jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y calificó el hecho de abuso e inconveniente dadas las circunstancias económicas del país. “Mantengo la misma posición, es inconveniente, todo este tipo de aumentos son inconvenientes, viendo la realidad fiscal del país y la realidad de los panameños”, aseguró. El contralor enfatizó que estas autoridades (magistrados de la Corte) ganan entre 20 y 25 veces más que el panameño promedio. “Nosotros vamos a proceder, en este momento estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad para las medidas que usted menciona”, indicó luego de que un periodista le preguntara sobre los próximos pasos de la Contraloría al respecto. Sin embargo, recordó que dichas demandas serían revisadas por el mismo órgano que se aprobó el beneficio, por lo que hizo un llamado a la reflexión y conciencia: “Espero que ellos reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños”. dinero”. Explicó que el Gobierno Central enfrenta una situación económica complicada y que se han implementado recortes significativos en el gasto público. “Estamos tratando de ser lo más austeros posible, haciendo los ahorros que correspondan a este país bajo la situación en la que estamos. Creo que este tipo de actos, al final de cuentas, es contradictorio”, advirtió. Consultado sobre cómo manejaría el Ejecutivo el eventual impacto de estas jubilaciones en el presupuesto general del Estado, aclaró que la asignación aprobada en el ejercicio anterior solo contemplaba un aumento salarial, no las pensiones especiales. “Lo que existe en el presupuesto del año anterior era lo del aumento, pero el tema de la jubilación no está contemplado. Ese es otro tema que hay que analizar”, indicó. Además, dijo que, llegado el momento, el Gobierno revisará con detalle el alcance legal y financiero de la medida, aunque reiteró que esta contrasta con la actual situación fiscal del país. Juan Carlos Orillac LP María Eugenia López Arias. Cortesía
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