1A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 75¢ Miércoles 13 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15107 Hoy por hoy Tardía, pero correcta. La Corte ha suspendido parcialmente, en reunión extraordinaria de su pleno, una decisión que no solo era impopular, sino también insostenible frente a la realidad fiscal del país. Aprobar un fondo de compensación por retiro que garantizaba a sus magistrados el 100% del último salario fue una irresponsabilidad. En tiempos en que las finanzas públicas atraviesan tensiones y la ciudadanía enfrenta carencias en servicios esenciales, aquel acuerdo enviaba un mensaje de desconexión y privilegio. Peor aún, lo mantuvieron en secreto por más de un año, lo que minó la confianza y la transparencia que deberían guiar a la máxima instancia judicial. En su comunicado, la Corte se quejó de supuesta injerencia e irrespeto y precisó que la suspensión solo aplica a los magistrados del pleno, no a los de tribunales superiores ni a los jueces. Aun así, echar para atrás es un paso en la dirección correcta. No borra el error ni el desgaste causado, pero debería servir de lección sobre la necesidad de actuar con prudencia, empatía y respeto por el interés público. El país no olvida tan rápido. Ellas.pa El cine que rompe muros 6B De frontera a frontera: hoy se inicia el Desafío 777 10A Deportes Corte limita rol de la AN en contención del gasto Eliana Morales Gil [email protected] DECISIÓN CLAVE Un fallo eliminó la facultad de la Comisión de Presupuesto para decidir sobre planes de contención, dejando al Ejecutivo como único responsable de recortes . Actualmente se ejecuta un plan de recortes de $1,900 millones. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase del artículo 339 de la Ley 454 de 2024 que daba a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) la facultad de “determinación” del plan de contención del gasto público. Con este fallo, adoptado el 8 de julio y notificado el 11 de agosto, el Ejecutivo —a través del Consejo de Gabinete— queda como único órgano autorizado para aprobar esos planes cuando los ingresos sean menores a los gastos aprobados. La demanda fue presentada por la abogada Dianis Medina y la ponencia estuvo a cargo de la magistrada Ariadne García Angulo. La Corte mantuvo la validez de disposiciones de los artículos 337 y 340 sobre vistas presupuestarias. La decisión coincide con la instalación de la nueva Comisión de Presupuesto, que deberá revisar el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, y con la polémica por la jubilación especial que los magistrados se aprobaron. En junio pasado, el Gabinete aprobó un plan de ajuste del presupuesto para vigencia fiscal 2025, con una reducción de hasta $1,900 millones, destinada tanto a gastos de funcionamiento como de inversión. VEA 6A Washington Rechazan despliegue de Guardia Nacional Protestas contra la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de federalizar la fuerza policial del Distrito de Columbia y desplegar 800 miembros de la Guardia Nacional, en Dupont Circle, Washington D.C. Trump aseguró, sin precisar detalles, que la tasa de homicidios de Washington es más alta que la de varias capitales latinoamericanas, incluyendo Bogotá, Ciudad de México y Panamá. EFE Anoche, los periodistas aguardaban la decisión de los magistrados, pero estos optaron por anunciarla a través de YouTube. Juan Manuel Díaz Jubilación dorada: Magistrados ceden, pero se quejan de ‘injerencia’ PLENO EXTRAORDINARIO Juan Manuel Díaz [email protected] Luego de que diversos sectores de la sociedad civil, la Asamblea Nacional y el propio Ejecutivo les solicitaran revertir el polémico fondo de compensación por retiro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron suspeder la medida. La decisión fue adoptada en un pleno extraordinario celebrado anoche, cuatro días después de que el acuerdo original se conociera mediante su publicación en la Gaceta Oficial. El anuncio se realizó a través del canal oficial de YouTube del Órgano Judicial. VEA 2A Incidentes en el Metro de Panamá encienden alertas En lo que va del año, caídas a las vías, ingresos no autorizados y otros incidentes han afectado la operación del Metro, encendiendo la preocupación de usuarios y autoridades por la seguridad del sistema. VEA 4A
2A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama José González Pinilla [email protected] Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio. Archivo ‘Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios’: Arias La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se sumó a las críticas contra el Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permite a los magistrados retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad de jubilación. “Nos encontramos en un momento de poner la casa en orden, en el que enfrentamos decisiones difíciles, pero necesarias. Este tipo de acciones no refuerza esa necesidad, sino que la debilita, presentando ante la ciudadanía autoridades que priorizan el bien particular por encima del bien común”, señaló el gremio empresarial en un comunicado. De acuerdo con Juan Arias, presidente de la CCIAP, “el acuerdo viola el principio de igualdad ante la ley y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas del Estado”. Enfatizó que “la justicia sí necesita recursos, pero para fortalecer su accionar. El Sistema de Administración de Justicia debe mejorar sus capacidades y ejecución, y servir de manera más eficiente, imparcial y oportuna a toda la ciudadanía, no para dar beneficios especiales a unos pocos”. Arias advirtió que esta decisión se toma en un momento en que el país exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. “Panamá no aguanta más endeudamiento ni gasto irresponsable. Los impuestos que pagamos los ciudadanos no son para alimentar privilegios, sino recursos para atender las verdaderas necesidades del país”. Instó a las autoridades a dar marcha atrás en esta decisión y a alinear sus acciones con el clamor ciudadano por un manejo responsable y justo de los fondos públicos. “Este tipo de medidas no fortalece un sistema sin privilegios; por el contrario, lo debilita y aleja al país de una justicia que sea realmente igual para todos”, añadió. El pasado lunes, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como sectores políticos y la sociedad civil organizada, también se pronunciaron en contra del acuerdo. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Ministro Juan Carlos Orillac: ‘No hay dinero y es una desigualdad’ El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, cuestionó las jubilaciones especiales aprobadas para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificándolas de injustas y contrarias a la realidad económica del país. “En lo personal no estoy de acuerdo, en principio, porque creo que hay una desigualdad en este país en cuanto a salarios y, obviamente, el tema de las jubilaciones es aún peor. Muchos panameños no estamos de acuerdo con una situación que denota una desigualdad mucho mayor”, afirmó. Orillac admitió que la medida tomó por sorpresa al Ejecutivo. Recordó que el contralor, Anel Flores, anunció la presentación de una demanda contra el acuerdo, pero advirtió que la decisión final sobre su constitucionalidad recaería en la propia Corte Suprema. “Habría que analizar hasta dónde pudiera cualquier ciudadano presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero, al final, tocaría resolverlo la propia Corte”, señaló. El ministro reconoció que, por ahora, no cuenta con un análisis jurídico suficiente para respaldar una posición oficial. “No tengo todavía las herramientas suficientes ni los análisis de los abogados para poder tener una base al respecto”, dijo, enfatizando que cualquier acción debe ser evaluada con prudencia antes de ser anunciada. En materia fiscal, Orillac fue categórico: “No hay Felipe Chapman. EFE Magistrados suspenden acuerdo de jubilación dorada Juan Manuel Díaz [email protected] Después de aumentarse la remuneración a $14 mil, los magistrados de la Corte se otorgaron una jubilación especial que les permite retirarse con su último salario, mientras que sus colegas del TE decidieron equipararse. Anoche la Corte revocó su decisión. Tras la ola de críticas de gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e incluso de miembros del Ejecutivo contra el fondo de compensación por retiro aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que permitía a los magistrados jubilarse con el 100% de su último salario, los magistrados decidieron anoche revocar la medida en un pleno extraordinario, cuatro días después de que el acuerdo original se conociera mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La decisión se anunció a través del canal oficial de YouTube del Órgano Judicial. En un comunicado leído por la secretaria general de la Corte, Yaritza Yueng, la CSJ afirmó ser consciente de las críticas y aclaró que el Órgano Judicial no cuenta con un régimen especial de jubilación. Sostuvo que el mecanismo empleado en el acuerdo original era respetuoso de la Constitución y buscaba “dignificar la labor de jueces y magistrados”, a quienes — enfatizó— se les debe respeto y mejores condiciones laborales. El texto rechazó “el irrespeto y la injerencia en asuntos que solo competen al Órgano Judicial”, así como “la diatriba, los ataques personales y la burla vacía”. Además, exigió recibir “el mismo trato respetuoso y de altura” que dice dispensar a todos por igual. La medida de suspensión, sin embargo, no abarca a los magistrados de tribunales superiores y jueces de circuito y municipales. El comunicado solo se refirió a magistrados del pleno de la Corte. La petición de Chapman Antes de la rectificación, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había expresado públicamente su rechazo a esta medida. Chapman, quien aseguró haber comunicado por escrito su posición a los magistrados, también envió una nota a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes decidieron equiparar su salario al de los magistrados de la Corte. La equiparación salarial eleva el salario base de los magistrados del TE de 6 mil a 10 mil dólares mensuales, manteniendo 4 mil en gastos de representación, lo que implica un aumento total de 4 mil dólares. Esto beneficia a Alfredo Juncá, Narciso Arellano y Luis Guerra. Chapman dijo que estas decisiones no son cónsonas con el mensaje de prudencia fiscal y manejo riguroso de las finanzas públicas que el Gobierno busca transmitir. “Pienso que eso no es lo que está pidiendo la población, que es el control del gasto público”, señaló, agregando que pidió de manera “respetuosa” que se reconsideren los aumentos y ajustes. El pronunciamiento se dio durante el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025, centrado en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, donde en primera fila estaba la presidenta de la CSJ, María Eugenia López Arias, junto al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y representantes del sector financiero y de seguridad. Consultada por La Prensa sobre si reconsideraría la medida ante el rechazo generalizado y la petición de Chapman, López evitó responder directamente y se limitó a decir: “No, es que eso no es una circular”. El acuerdo No. 407, del 18 de julio de 2024, suscrito por ocho de los nueve magistrados (la firma de Ángela Russo no aparece), establecía que jueces y magistrados, al cumplir la edad de retiro, recibirían una compensación que les permitiera percibir la totalidad o un porcentaje de su último salario. La Caja de Seguro Social (CSS) cubriría el monto correspondiente a la pensión regular, y el resto sería asumido por el presupuesto del Órgano Judicial, que está blindado. Según el artículo 214 de la Constitución, los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público no podrán ser inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. La Corte fundamentaba el fondo en el artículo 208 de la Constitución, que prohíbe a jueces y magistrados desempeñar otros cargos públicos o ejercer el comercio, limitando sus ingresos durante su período constitucional. Entre quienes habían rechazado la jubilación especial figuraban el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el contralor general, Anel Flores; la bancada Seguimos en la Asamblea; la Apede; el Conep y la CCIAP. Chapman también advirtió que este tipo de decisiones envían un mensaje negativo a los mercados, recordando que, días antes, presentó a las principales calificadoras de riesgo el plan del Gobierno para reducir el gasto y el déficit fiscal, metas que —subrayó— son incompatibles con los ajustes adoptados por la CSJ y el TE. JUBILACIONES ESPECIALES Y AUMENTOS Magistrados ganan 20 ó 25 vecesmás que el panameño promedio Eliana Morales Gil [email protected] El contralor general de la República, Anel Flores, expresó su oposición al fondo de jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y calificó el hecho de abuso e inconveniente dadas las circunstancias económicas del país. “Mantengo la misma posición, es inconveniente, todo este tipo de aumentos son inconvenientes, viendo la realidad fiscal del país y la realidad de los panameños”, aseguró. El contralor enfatizó que estas autoridades (magistrados de la Corte) ganan entre 20 y 25 veces más que el panameño promedio. “Nosotros vamos a proceder, en este momento estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad para las medidas que usted menciona”, indicó luego de que un periodista le preguntara sobre los próximos pasos de la Contraloría al respecto. Sin embargo, recordó que dichas demandas serían revisadas por el mismo órgano que se aprobó el beneficio, por lo que hizo un llamado a la reflexión y conciencia: “Espero que ellos reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños”. dinero”. Explicó que el Gobierno Central enfrenta una situación económica complicada y que se han implementado recortes significativos en el gasto público. “Estamos tratando de ser lo más austeros posible, haciendo los ahorros que correspondan a este país bajo la situación en la que estamos. Creo que este tipo de actos, al final de cuentas, es contradictorio”, advirtió. Consultado sobre cómo manejaría el Ejecutivo el eventual impacto de estas jubilaciones en el presupuesto general del Estado, aclaró que la asignación aprobada en el ejercicio anterior solo contemplaba un aumento salarial, no las pensiones especiales. “Lo que existe en el presupuesto del año anterior era lo del aumento, pero el tema de la jubilación no está contemplado. Ese es otro tema que hay que analizar”, indicó. Además, dijo que, llegado el momento, el Gobierno revisará con detalle el alcance legal y financiero de la medida, aunque reiteró que esta contrasta con la actual situación fiscal del país. Juan Carlos Orillac LP María Eugenia López Arias. Cortesía
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4A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] IMPASSE . Aunque sostiene que el “método” empleado para crear el “fondo de compensación para el retiro” es “respetuoso” de la Constitución, la Corte decidió “suspender” su aplicación, pero solo para los magistrados del pleno. El resto lo seguirá recibiendo. Pero suspender no es eliminar. ¿Por qué no lo derogan de una vez y ya está? El país no merece esta zozobra. SILENCIO. Parecía que nada hacía más feliz a la magistrada presidenta que restregarle al país todo lo que el pleno de la Corte había logrado en beneficio propio. Pese a que estuvieron maquinando las jubilaciones especiales desde hace más de un año, hasta anoche se resistía a dar alguna explicación y eso que oportunidades hubo: entre el lunes y el martes coincidió con los periodistas en el tributo a Justo Arosemena en la Asamblea, en la toma de posesión del Colegio Nacional de Abogados (CNA), en la feria del libro y en la apertura del congreso hemisférico sobre blanqueo, organizado por la Asociación Bancaria. El código que se impone es el del silencio. PASADO. Pero la presidenta de la Corte Suprema no solo perdió el habla, sino también la memoria. El programa radial de Álvaro Alvarado retransmitió la entrevista que la Comisión de Estado por la Justicia le hizo a María Eugenia López Arias el 23 de noviembre de 2015, cuando era candidata a la Sala Penal. Aquel día, López resaltó que el presupuesto de la Corte era insuficiente y que, a veces, el dinero no alcanzaba para reparar los aires acondicionados o comprar hojas 8.5” x 14”, que son las que se utilizan para imprimir los fallos. Habrá olvidado todo eso tan pronto asumió el cargo, porque ahora se niega a hablar de los gastos del Órgano Judicial y se molesta cuando alguien le pregunta. HOMENAJE. Las jubilaciones especiales de los jueces y magistrados han escandalizado a todo el país, menos al CNA. En medio del repudio generalizado, el gremio entregó unas “medallas honoríficas” a los magistrados María Eugenia López, María Cristina Chen, Maribel Cornejo y Olmedo Arrocha, durante la toma de posesión de la reelecta presidenta del CNA, Maritza Cedeño. Pareciera que, entre colegas, funcionan como una pandilla: respetan su jerarquía, imponen un código de silencio, cuidan su territorio, se jactan de sus hazañas y se unen para ir en contra de todo aquel que se Según el Metro, cada estación cuenta con una Unidad Policial y un sistema de videovigilancia en tiempo real, lo que permite responder de forma rápida ante cualquier eventualidad. Cortesía Aumentan las conductas de riesgo en estaciones del Metro de Panamá Yaritza Mojica [email protected] TRANSPORTE El Metro reporta más casos de ingreso a zonas prohibidas, lo que pone en riesgo vidas y obliga a paralizar el sistema por minutos. En lo que va del año, en algunas estaciones del Metro de Panamá se han registrado varios incidentes y accidentes en sus instalaciones —vagones, estaciones y andenes— relacionados con el ingreso de personas a áreas no autorizadas, situación que mantiene preocupados a los usuarios. El caso más reciente fue el de una mujer de 53 años que fue rescatada con vida después de caer a las vías del metro en la estación Vía Argentina, la mañana del martes 12 de agosto. Según testigos, la habían visto previamente fuera de la estación, descalza y vistiendo un camisón. Dos policías motorizados la detuvieron, pero no la trasladaron a una estación policial. Martín Butcher relató en su red social X: “Apenas la vi abajo en el andén, toqué el botón de emergencia y me contestaron de inmediato. Les dije: ‘Acá abajo hay una señora sin zapatos y en pijama; bajen, no vaya a ser que se tire’. El colaborador del Metro bajó de inmediato, pero el tren ya había llegado”. La mujer ingresó a la estación y bajó hasta el andén, donde “comenzó a rezar y, justo cuando el tren llegó, se dejó caer voluntariamente”, narró otro usuario, Vicente Carrasco,quienpresencióel incidente. En junio pasado también se registró un hecho similar, pero con desenlace fatal. En la estación 5 de Mayo de la Línea 1 del Metro de Panamá, un hombre de 69 años, ciudadano mexicano, falleció en circunstancias aún bajo investigación, tras caer a las vías del tren. Mientras que otro caso se dio en Línea 1 una persona ingresó en el áreas de las vías, lo que detuvo el sistema por 20 minutos, este caso se registró el pasado 25 de abril en la estación Fernández de Córdoba. Activan alerta Las autoridades del Metro han detectado un incremento en estos casos, especialmente de personas que ingresan a áreas no autorizadas de las estaciones, poniendo en riesgo su vida y afectando la operación del sistema, ya que debe ser paralizado por minutos. Entre los casos recientes se incluyen caminar por zonas elevadas, subirse a techos, caer a las vías del tren e incluso el ingreso de perros a los andes y rieles. De acuerdo con datos oficiales reportados a La Prensa, en los últimos dos años se han registrado cuatro casos de este tipo, en su mayoría relacionados con personas que presentan problemas de salud mental o que se encontraban bajo los efectos de sustancias. Esta situación preocupa a las autoridades del Metro de Panamá, dado que el sistema de transporte moviliza, por hora, a más de 15 mil pasajeros en la Línea 1 y a más de 16 mil en la Línea 2. Solo en 2024 se transportaron 117 millones de pasajeros. Una gran cantidad de personas que ingresan y salen de las estaciones a toda hora. Aunque actualmente el Metro no cuenta con una campaña específica para prevenir estas conductas, mantiene conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para abordar el problema. Adicional la empresa estatal destacó que cada estación cuenta con la Unidad Policial del Metro y con un sistema de videovigilancia en tiempo real, lo que permite dar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Ante este panorama el Metro reiteró su compromiso de “reforzar el programa Metrocultura, que promueve el respeto, la convivencia y el cumplimiento del Reglamento del Viajero”. Esta iniciativa busca sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de mantener un comportamiento adecuado dentro de trenes y estaciones, para garantizar la seguridad y el orden. “El uso correcto del sistema es responsabilidad de todos, y evitar conductas peligrosas no solo previene sanciones, sino que salva vidas”, recalcó la administración del Metro de Panamá. En cuanto a sanciones, el Metro informó que las multas por afectar la operación del sistema alcanzan los 700 dólares, según el Reglamento del Usuario, aunque no se precisó la cifra total de las aplicadas. Además, la página web www.datosabierto.gob.pa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) mantiene el registro de accidentes e incidentes de usuarios entre 2017 y 2025 en la Línea 1 del Metro de Panamá. En los últimos 102 meses se han reportado casos como la activación del Botón de Frenado de Emergencia (BFU), atrapamientos en ascensores y tiempos de paro de los trenes. Solo en 2025 se registraron 13 casos de activación del BFU, 146 usuarios accidentados, 114 usuarios indispuestos y 82 atrapamientos en ascensores. Yaritza Mojica [email protected] Panamá refuerza control sobre venta y uso de cigarrillos electrónicos SALUD A partir de hoy miércoles 13 de agosto de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) pondrá en marcha la Resolución N.° 146 del 31 de enero de 2025, que establece nuevas reglas para el uso, comercialización, promoción, publicidad y consumo de los sistemas electrónicos de administración o no de nicotina, productos de tabaco calentado, nicotina oral y sus accesorios en Panamá. La medida busca proteger la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ante los riesgos comprobados por el uso y la exposición a estos productos. Según el Minsa, la normativa responde al principio precautorio de salud pública y a la evidencia de sus efectos adversos. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran: Exhibición restringida: los productos regulados por esta resolución no deben estar al alcance ni a la vista del público. No se permite su exhibición en vitrinas abiertas, mostradores ni en espacios de acceso directo al cliente. Únicamente podrán mantenerse en vitrinas o anaqueles cerrados durante los primeros dos años de vigencia de la norma. La exhibición inadecuada puede conllevar decomisos y sanciones. Prohibición de uso en espacios cerrados: no se podrán utilizar en todos los lugares donde ya está prohibido fumar productos de tabaco, incluyendo oficinas públicas y privadas, escuelas, hospitales, medios de transporte, restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, iglesias, hoteles, discotecas y espacios deportivos, entre otros. Donde no se puede fumar, tampoco se puede vapear o usar estos dispositivos. Restricción de venta a menores: queda prohibida su venta a personas menores de edad. Los puntos de venta deben colocar carteles visibles que adviertan sobre esta prohibición y están obligados a verificar la edad de los compradores mediante identificación oficial válida (cédula de identidad personal, licencia de conducir o pasaporte). Prohibición de publicidad y promoción: no se permite su publicidad ni promoción, de forma directa o indirecta, incluyendo la realizada en empaques, redes sociales, medios tradicionales o digitales. El Minsa advirtió que las autoridades sanitarias y aduaneras fiscalizarán el cumplimiento de estas disposiciones. Las sanciones pueden incluir decomisos, clausuras, multas e incluso la destrucción de productos. La resolución está respaldada por la Ley 13 de 2008, el Decreto Ejecutivo 230 de 2008 y el Código Sanitario, normas que regulan el control del tabaco y ambientes 100 % libres de humo. Con estas acciones, las autoridades de salud busca frenar la promoción y el consumo de dispositivos que pueden provocar adicción y afectar la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones. Es importante que la población tenga en cuenta que la interpretación y aplicación de esta resolución debe hacerse en concordancia con la normativa sanitaria vigente: •Ley 13 de 24 de enero de 2008: adopta medidas para el control del tabaco en Panamá (referida en los artículos 4 y 14 de la resolución). •Decreto Ejecutivo N.° 230 de 6 de mayo de 2008: reglamenta la Ley 13 de 2008 y establece ambientes 100 % libres de humo de tabaco (referido en los artículos 6, 7 y 8 de la resolución). •Código Sanitario (Ley 66 de 1947, con sus modificaciones mediante la Ley 40 de 2006 y la Ley 13 de 2008): especialmente sus artículos 171, 218, 219 y demás concordantes (referido en el artículo 2 de la resolución). oponga a sus intereses. TRAICIÓN. A Jhonathan Vega le ha pasado lo mismo que a Tuto Palacios: tenía semanas afinando su candidatura para la presidencia de una comisión legislativa (en su caso, la de Asuntos Agropecuarios) y, en el último minuto, fue traicionado por Orlando Carrasquilla (de CD), a quien todo el mundo creía parte del cada vez más exiguo grupo “de los 37”. Como premio, Osman Gómez (que se comportó como el jefe de campaña de Carrasquilla) fue escogido como vicepresidente. Ni Judas lo habría podido hacer mejor. La lucha de Panamá en el tema del cigarrillo lo convirtió en el primer país del mundo en sancionar la prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. iStock
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6A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Panorama Al grano Flor Mizrachi [email protected] Lo de la Corte es un escándalo de los más graves… envenenado con más escándalos. Uno más injustificable que el otro. Contexto rápido: el viernes 8 de agosto, la Corte dejó un regalito de fin de semana en la Gaceta Oficial: el Acuerdo N.º 407. Aprobado el 18 de julio de 2024. Guardado bajo llave un año entero. Lo publican ahora, sin conferencia, sin explicación… y sin vergüenza. Ocho de nueve magistrados firmaron el acuerdo: María Eugenia López, Olmedo Arrocha, Ariadne García, María Cristina Chen, Miriam Yadira Cheng, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise. Con nombre y apellido para que no se olvide. Con nombre y apellido para que no se olvide. La novena, Ángela Russo, no lo firmó y no se sabe si es que no estaba presente o qué, pero tampoco ha salido a aclararlo. Se inventaron un “fondo de compensación” que les garantiza jubilarse con el 100 % de su último salario. De por vida. Aunque se retiren antes de la edad legal. Aunque renuncien. Aunque hayan sido magistrados tres días. Es un derecho adquirido. Esa cifra excede todos los topes de jubilaciones especiales vigentes en Panamá y, comparada con la de sus pares en Iberoamérica, es la más alta. No dejaron por fuera de la vuelta a sus subalternos: magistrados de Tribunales Superiores, 60 % de su último salario. Jueces de circuito, 50 %. Jueces municipales, 40 %. ¿Cómo se paga? El Seguro cubre lo que manda la ley y el resto lo pone el Judicial. O sea, nosotros. Beneficiará inicialmente a 133 jueces y magistrados —26 % del personal judicial en edad de retiro— con un costo estimado de 0,26 % del presupuesto judicial. Y encima dicen que no es gran cosa. En un país sin agua, hospitales sin insumos y calles destrozadas, eso es un insulto. En enero, además, se subieron el sueldo a 14 mil dólares mensuales. Esa hoy es la base para su pensión de oro. Es abiertamente inconstitucional. Y viola el artículo 19, que prohíbe fueros y denta de la Corte. Todos son visionarios… con sus bolsillos. Como litigan en la Corte... todo menos incomodar a los que pueden ayudarlos a mover sus casos. Y el efecto cascada ya empezó: los magistrados del Tribunal Electoral ganan 14 mil. Pronto vendrán los del Tribunal de Cuentas… que en teoría tienen las mismas prerrogativas. y luego vendrán los procuradores, contralores, ministros, diputados… y así nos vamos. La propia Corte determinó en 1995 la inconstitucionalidad de las jubilaciones especiales. Esto amerita un frente ciudadano. De verdad. Porque nos están robando. Y sin presión, se van a salir con la suya. El costo no es 0,26% del presupuesto. El costo es la institucionalidad. Si quieren salvar algo de reputación, tendrán que retroceder. Ya son unos sinvergüenzas. Pero hagan algo aunque sea para quedar como menos sinvergüenzas. ¿Pero ante quién? Ante la propia Corte. Si se declaran impedidos, entran los suplentes… que también se benefician de la vuelta. El contralor dice que lo demandará. Ya veremos —si lo hace— cómo funciona la justicia… cuando la revisa el mismo que se dio el beneficio. Jueces y partes. El artículo 163 de la Constitución le prohíbe a la Asamblea reconocer, a cargo del Tesoro jubilaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes. Y esto de las jubilaciones de los magistrados no es una ley sino un acuerdo de sala. O sea que, si quieren y se atreven, podrían rechazar el presupuesto. Otro reto para los diputados. La presidenta de la Corte, por cierto, se apareció en la Asamblea… no dio explicaciones. Hasta respeto pidió. ¿Qué tal? Y el Colegio de Abogados tuvo hasta toma de posesión el lunes, y ni una palabra. Y hasta le dieron una medalla a la presiprivilegios. También se vuelan el artículo 163 y el 302, que establecen que las jubilaciones de los funcionarios serán determinadas por ley. Con, incluye el 303, fundamento en estudios actuariales y proporciones presupuestarias razonables. Todo mal. La Ley 38 de 2000 exige publicar todo acto administrativo para aplicarlo. ¿Por qué lo escondieron un año? Porque, con las protestas, los hubieran linchado. Entonces lo publican ahora. ¿Demandarlo? Claro. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional está conformada por 15 diputados. Archivo Corte recorta el poder de la AN en decisiones del gasto público Eliana Morales Gil [email protected] DECISIÓN Fallo de la Corte declaró inconstitucional la frase del artículo 339 que otorgaba a la Comisión de Presupuesto la facultad de “determinación” del plan de contención del gasto del Ejecutivo. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional una frase de la Ley 454 de 2024, que aprueba el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, en un fallo adoptado el 8 de julio y notificado este lunes 11 de agosto mediante el Edicto N.° 1000. La decisión elimina la frase “...y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su determinación”, contenida en el artículo 339 de la norma. Esa disposición formaba parte del procedimiento que debía seguir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con la Contraloría General de la República, para elaborar un plan de contención del gasto público cuando los ingresos disponibles resultaran inferiores a los gastos autorizados. La redacción original establecía que ese plan se presentaría al Consejo de Gabinete para su aprobación y a la Comisión de Presupuesto para su “determinación”; sin embargo, al anular esta frase, el paso por la comisión legislativa queda eliminado. Conocedores del tema opinan que la omisión de la frase del artículo 339 significa que, en caso de ajustes presupuestarios durante el año, el Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, será el único órgano con la facultad de aprobar el plan de contención, sin la intervención determinante de la Asamblea Nacional y su poderosa Comisión de Presupuesto. Precisamente, en junio pasado, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 25, que establece una serie de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público. En ese momento, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, detalló que esta medida forma parte de una reestructuración del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, por la cual se adoptará un plan de ajuste que contempla una reducción de hasta 1,900 millones de dólares, distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión. La demanda fue presentada por la abogada Dianis Medina, en su propio nombre y representación, contra frases específicas de los artículos 337, 339 y 340 de la Ley 454 de 14 de noviembre de 2024. En consecuencia, el pleno de la Corte, con la ponencia de la magistrada Ariadne García Angulo, resolvió declarar inconstitucional la frase del artículo 339 que otorgaba a la Comisión de Presupuesto la facultad de “determinación” del plan de contención del gasto y declarar constitucionales las frases cuestionadas de los artículos 337 y 340, manteniendo su vigencia. Los magistrados Olmedo Arrocha y María Cristina Chen Stanziola, emitieron un voto razonado. El artículo 337 establece, entre otros aspectos, que antes de la discusión en primer debate del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para cada vigencia fiscal, deberán desarrollarse vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea de forma obligatoria. También obliga a que los titulares de las entidades públicas a que deben acudir a sustentar sus presupuestos durante ese periodo. Estas disposiciones fueron cuestionadas en la demanda, pero la Corte concluyó que no contravienen la Constitución. En cuanto al artículo 340, la frase impugnada hacía referencia a la obligación de atender las vistas presupuestarias correspondientes al presupuesto del año siguiente. Pero la Corte, observó que no son inconstitucionales. Por ahora, el fallo completo no ha sido difundido públicamente; la única información oficial disponible proviene del edicto emitido por la Secretaría General de la Corte. Tiempos revueltos El fallo se conoce en la misma semana en que la Asamblea Nacional instaló la Comisión de Presupuesto, instancia que preside el diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático. En los próximos días, este grupo legislativo deberá abordar una de sus tareas más relevantes: el análisis del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, estimado en 34 mil 901 millones de dólares. La decisión de la Corte también coincide con la polémica generada por la jubilación especial que los magistrados del propio tribunal se aprobaron, la cual les permitiría retirarse con el 100% de su salario. Actualmente, los diez magistrados perciben una remuneración mensual de 14 mil dólares. Reyna Katiuska Hernández [email protected] El MEF aclara que el cierre fiscal se mantiene hasta el 31 de diciembre AGENDA El calendario especial del cierre presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 5 de agosto mediante la circular MEF-2025-5262 , que instruye a los entes públicos a cerrar los compromisos y registrar documentos clave antes del 30 de septiembre, no implica un adelanto del cierre fiscal. Así lo afirma el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al señalar que el objetivo es cambiar el precedente de que queden muchas cuentas por pagar al cierre de 2025 como venía ocurriendo habitualmente. Sostuvo que se trata de una medida para reordenar y cumplir a tiempo con todos lospagosalosproveedoresdel Estado correspondiente a los servicios y bienes que hayan prestado a las entidades públicas este mismo año. “Buscamos que se pague la mayor cantidad de ventas posibles y que se inyecte liquidez en el mercado y los proveedores puedan cobrar por los bienes y servicios prestados”, sostuvo Chapman. El calendario emitido por el MEF fija para el 14 de agosto la fecha límite para la recepción por el Consejo Económico Nacional (CENA) de los contratos, adendas y de contratos y sus subsanaciones. Igualmente, establece que a partir del lunes 25 de agosto es la fecha límite para la recepción por la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, de las órdenes de compra, con tiempo de entrega máximo hasta el 23 de septiembre. Se indica además, que el último día para registrar compromisos presupuestarios será el 29 de septiembre y para el 22 de diciembre se fija la última fecha para el registro de facturas y todos aquellos documentos de servicios básicos como viáticos, cajas menuda, todas las planillas, servicios presiónales y acuerdos interinstitucionales que tienen que devengarse para que puedan ser pagados hasta el último día hábil del mes de abril de 2026. El calendario también establece que el cierre presupuestario contable mensual y anual será el 23 de diciembre de 2025 y a partir del 5 de enero de 2026 se cargará el presupuesto del próximo año en todos los sistemas financieros. Quedan excentos de ese control las gestiones de planillas, alquileres y servicios básicos, deuda, contratos de servicios recurrentes y en ejecución, medicamentos e insumos médicos, combustible u otros que requerirán de aprobación del MEF. Todo esto estará condicionado al flujo operativo. Chapman agregó que el cierre fiscal del país ocurre y se comunica con mucha antelación antes del 31 de diciembre. “Es un proceso en el cual este año hemos emitido una circular más extensa y detallada para comenzar el proceso de cierre con suficiente antelación, pero el cierre fiscal sigue siendo el mismo. Estados en ordenando todo el proceso”, agregó. Reiteró que se trata de aplicar las mejores prácticas contables. “Todo lo que se genere y se devengue este año, se pagará este año tal y como estipula el presupuesto”, agregó. Aunque el MEF no ha mencionado en esa circular los porcentajes de ejecución de este año, la medida aceleraría la asignación de fondos de los ministerios y entidades del sector público. Por ejemplo, al cierre de junio de 2025, se mantenía en 7% la ejecución presupuestaria en inversión del Ministerio de Educación (Meduca) y en un 11% la del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
7A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025
8A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Dos cargamentos que totalizan 335 kilos de cocaína fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en operaciones realizadas cerca del puerto de Mensabé, en la provincia de Los Santos, y en Chepo, al este de la provincia de Panamá. Durante una operación de revisión, realizada por una patrullera del Senan, se detectaron 225 kilos de droga, que estaban oculta en las boyas usadas para sostener las redes y que pretendían ser llevadas a tierra. En la diligencia de inspección, los agentes de la patrullera detectaron que las boyas presentaban algunas alteraciones y que en su interior se encontraban varios paquetes con droga. En la operación se logró la aprehensión de dos personas y una embarcación que fueron puestas a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos para establecer su grado de participación en el ilícito. En tanto, en el distrito de Chepo, el Senafront decoSenan y Senafront decomisan 335 kilos de cocaína en Mensabé y Chepo NARCOTRÁFICO misó 100 kilos de drogas que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo. En esta operación se logró la detención de dos personas, quienes transportaban la droga hacia la ciudad de Panamá. En operaciones realizadas en los últimos seis días, los estamentos de seguridad han decomisado más de cuatro toneladas de drogas en algunos puertos y en islas del archipiélago de Las Perlas. En lo que va del año, las autoridades han decomisado más de 50 toneladas de cocaína y detenido a más de 15 personas relacionadas con redes del narcotráfico. Juramentación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Cortesía Choque entre diputados de Vamos y CD expone la fisura del ‘bloque de 37’ Mario De Gracia [email protected] Juan Manuel Díaz [email protected] ASAMBLEA NACIONAL La grieta del ‘bloque de 37’ se evidenció al perder Vamos la presidencia de Asuntos Agropecuarios ante Orlando Carrasquilla (CD), apoyado por RM y PRD, reflejando divisiones y acuerdos incumplidos en la Asamblea Nacional. Ya se había percibido durante la noche, pero no a la luz del día. No había sido tan evidente como ahora. La fisura en el —ya dispersado y de pocas lealtades— ‘bloque de 37′ quedó expuesta cuando se le escapó la presidencia de una comisión legislativa a la coalición Vamos. Ocurrió durante la instalación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, este martes 12 de agosto. Allí, la confusión se puso en escena. Mientras Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, buscaba la presidencia, también lo hacía el diputado Orlando Carrasquilla, del Cambio Democrático (CD). Ambos habían apoyado la candidatura del panameñista Jorge Herrera a la presidencia del Legislativo; un acuerdo que, en teoría, se extendía a las comisiones y agrupaba a diputados de varios colectivos: Panameñistas, CD, Vamos, la bancada ‘Seguimos’ y el Partido Popular (PP). Carrasquilla ganó una reñida votación con 5 votos a favor, tras ser postulado por Osman Gómez, de la bancada mixta y el Partido Alianza. Sumó además los respaldos de diputados de Realizando Metas (RM) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el supuesto extremo opuesto al otrora ‘bloque de 37′. Aunque Vamos ya había cumplido sus aspiraciones en las otras 10 comisiones instaladas, perdió la de Asuntos Agropecuarios luego de que Vega recibiera únicamente 4 votos. El episodio retrató también al diputado Carlos Saldaña, de Vamos, quien —a pesar de votar por Vega para la presidencia— apoyó con su voto a Gómez para la vicepresidencia. También respaldó a Raúl Pineda, del PRD, que se quedó con la secretaría. “Teníamos un acuerdo con el ‘bloque opositor’ —o ‘bloque de 37′— y no se cumplió. Creo que es la primera comisión que no se respeta el acuerdo“, dijo la diputada Patsy Lee, por el Partido Popular y la libre postulación al ser consultada por La Prensa. A pesar de no ser miembro de la coalición Vamos, Lee fue quien postuló a Vega a la presidencia de Asuntos Agropecuarios. Balance Tras el traspié de Vega, Vamos logró este martes la presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas con el diputado Eduardo Gaitán, cuyo vicepresidente será Isaac Mosquera, de la bancada mixta y el Molirena. Además, el diputado del CD, Manuel Cohen, fue electo secretario. La ambivalencia en las posturas del CD se arrastra desde el 1 de julio, cuando cinco de sus diputados votaron por Jorge Herrera y tres por Shirley Castañedas (de RM). El patrón se ha repetido en las comisiones. Por otro lado, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’, logró la presidencia de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos este martes. Su bancada también logró la presidencia de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, con el diputado José Pérez Barboni. El balance sigue así: cuatro presidencias para Vamos (Educación…, Población…, Mujer…, Economía…); dos para el Panameñista (Trabajo…, Asuntos Indígenas…); dos para el CD (Presupuesto, Asuntos Agropecuarios) y dos para Seguimos. Quedan pendientes las más disputadas: Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; y Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Ambas se definirán este miércoles 13 de agosto, junto con Relaciones Exteriores y Comunicación y Transporte. Será la prueba definitiva para un bloque que se autoproclamó opositor y otro al que se le atribuyen vínculos con el Ejecutivo. Un termómetro de lealtades que ya superó un difícil ensayo en la oscuridad de la noche —al elegir a los comisionados de Credenciales— y que, como en la disputa por Asuntos Agropecuarios, pasará ahora bajo el escrutinio de micrófonos abiertos y de la opinión pública. El representante del corregimiento de Pacora (distrito de Panamá) por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Hugo Henríquez Velásquez, se entregó el pasado lunes ante la Fiscalía Anticorrupción, requerido por la presunta comisión del delito de peculado en el manejo de fondos de la descentralización asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS). Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Henríquez Velásquez acudió en horas de la mañana, acompañado de su abogado Víctor Almengor, luego de conocer que existía una orden de conducción en su contra. La diligencia incluyó una inspección en la Junta Comunal de Pacora. El funcionario quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de que el sistema penal acusatorio fije la fecha para la audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, la fiscalía le atribuye el manejo irregular de $194 mil del PDIS, fondos destinados a la ejecución de obras de interés social en Pacora. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra 70 representantes de correDescentralización: se entregó Hugo Henríquez, representante de Pacora INVESTIGACIÓN gimiento que recibieron fondos del PDIS, tras detectarse irregularidades en una auditoría de la Contraloría General de la República. Hasta el momento, se han imputado cargos a unos 10 exrepresentantes y extesoreros por este caso. La fiscalía también remitió a la Dirección de Investigación Judicial un listado con 70 juntas comunales donde es necesario ubicar a exrepresentantes, tesoreros y exalcaldes responsables del manejo de estos fondos. El pasado 24 de julio, la Contraloría entregó al Ministerio Público 12 nuevos informes de auditoría relacionados con programas financiados con recursos de la descentralización. Juan Manuel Díaz [email protected] Hugo Henríquez, representante de Pacora. LP Droga capturada en Mensabé, provincia de Los Santos. Cortesía Panorama
9A La Prensa Panamá, miércoles 13 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. ucraniana. A cambio de ayuda financiera e incentivos económicos, Ucrania accedió a entregar todo su armamento a Rusia para su desmantelamiento. Cabe aclarar que no tenía mucho sentido conservar ese arsenal sin los códigos de lanzamiento, que estaban bajo resguardo en Moscú. Pese a las promesas de los países occidentales, a partir de 1999 la OTAN inició un agresivo proceso de expansión hacia los países europeos que habían conformado el bloque comunista, acompañado de su ingreso a la Unión Europea. De esta forma, no solo se apartaron de la esfera de influencia rusa en el ámbito militar, sino también en el político y el económico. A inicios de este siglo, Rusia empezó a recuperar su economía tras varios años de recesión, recibiendo inversiones extranjeras directas. Ante este nuevo escenario, se produjeron acercamientos entre Rusia y la OTAN para tratar de solventar tensiones geopolíticas latentes que pudieran derivar en futuros conflictos. Incluso colaboraron en la guerra contra el terrorismo islámico, del que Rusia también era blanco debido al conflicto bélico en Chechenia. Sin embargo, décadas de desconfianza mutua entre rusos y europeos hicieron imposible llegar a consensos en los temas más sensibles. En noviembre de 2004, en Ucrania, y en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral para impedir el triunfo del reformista antirruso Viktor Yushchenko, estalló la serie de protestas masivas conocida como la Revolución Naranja. Como resultado de la intensa presión ciudadana, se convocaron nuevas elecciones en diciembre, en las que Yushchenko obtuvo una clara victoria. Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Formación en ciencias y humanidades Interdisciplinariedad Ante los grandes avances de las inteligencias artificiales en el contexto de la cuarta revolución industrial, se impone una formación integral que abarque los diversos ámbitos del saber humano: la interdisciplinariedad. Como planteó Pablo González Casanova, “en el momento actual, la interdisciplina genera nuevos vínculos entre las ciencias y las humanidades”. Se trata de fortalecer esos vínculos y desarrollar nuevos nodos. La complejidad del mundo exige una formación a la altura, lo que obliga a rehacer las relaciones entre ciencias y humanidades y a evaluar el estado de nuestra formación interdisciplinaria. Esta no implica abandonar el rigor disciplinar, sino potenciarlo mediante el diálogo con otros campos. Nuestras universidades fueron diseñadas en el siglo pasado bajo un carácter monodisciplinario. Aunque ha habido cambios, el salto decisivo para formar en esa relación necesaria entre ciencias y humanidades aún no se ha dado. Como recuerda Edgar Morin, la idea de la complejidad es clave para comprender las contradicciones del mundo y transformarlo en favor del bienestar humano. Urge un proceso riguroso de producción de conocimiento que integre métodos, teorías y perspectivas de múltiples disciplinas para abordar problemas que no pueden resolverse desde un solo campo. El rigor se fortalece con el diálogo crítico entre saberes, generando nuevos marcos conceptuales, herramientas híbridas y soluciones innovadoras. El objetivo: comprender y transformar realidades multidimensionales como el impacto social de la inteligencia artificial o la crisis ambiental, que amenaza la supervivencia humana, superando los límites de los enfoques fragmentarios. La realidad no es un pastel para rebanarlo. Las estructuras educativas del siglo XX, jerárquicas y disciplinarias, resultan insuficientes para preparar profesionales capaces de afrontar retos complejos como las inteligencias artificiales o la crisis climática, que demandan una integración profunda de saberes. El resquebrajamiento de los tres pilares de la democracia Beneficio per saecula saeculorum so de la suma ofrecida. Mencionan como excusa para otorgarse esos beneficios adicionales a expensas de los contribuyentes que la “compensación robusta protege su independencia y evita tentaciones indebidas”, por lo que es prudente analizar la condición de ser independientes para cualquier ser humano. Hay que resaltar que la independencia es una situación mental y no económica, como pretenden disfrazarlo. La independencia mental se refiere a la capacidad de una persona para pensar, sentir y actuar de manera autónoma, sin ser influenciada por factores externos, presiones sociales o económicas, y que le permita expresar opiniones sin comprometer su juicio profesional, actuando con integridad y objetividad. Ahora, como complemento a la independencia, se resalta otro término posiblemente ofensivo para muchos: la integridad. La integridad es personal y aplicable a todo el mundo sin distinción de clases o sexo, ya que se refiere a la coherencia entre los valores, principios y acciones del individuo, y abarca la honestidad, la ética, la rectitud, la decencia, la dignidad, la lealtad y la entereza. Para ser una persona íntegra se requiere actuar, en la vida diaria, de acuerdo con lo que se cree y estar dispuesto a defenderlo. Una persona no puede catalogarse como “medio íntegra”. Una pregunta que deberíamos hacernos y responder individualmente es sobre la independencia e integridad de los miembros de la augusta cámara, quienes dispusieron aumentarse el salario en B/.4,000 mensuales y, poco tiempo después, otorgarse beneficios de por vida que, por su magnitud, al incorporarse al frágil presupuesto, podrían requerir aumentos de impuestos para que los contribuyentes los sufraguen. Resulta muy difícil entender que estos funcionarios, con tal jugosa remuneración, no puedan, de sus emolumentos, hacer su propio plan de jubilación en una de las compañías de fondos, sin que los contribuyentes tengan que pagar esos beneficios. Pero resulta mejor el “juega vivo” tradicional y que otros sean los que paguen. Todo parece indicar que los dos salientes por vencimiento de término se irán bien recompensados, y que los nombramientos de Jorge Obediente La tensión perpetua entre Ucrania y Rusia (III) Geopolítica En el ocaso del bloque comunista en Europa del Este se iniciaron conversaciones diplomáticas entre países de Occidente —Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la República Federal de Alemania— y la Unión Soviética para afrontar los retos de la reunificación de las dos Alemanias. La aprobación de la URSS se obtuvo con la promesa —hoy de conocimiento público por varios documentos desclasificados— de que la OTAN (la alianza militar y política entre Europa y Norteamérica) no se expandiría más allá de las fronteras de una Alemania unificada. Ante este compromiso, se procedió a la reunificación pacífica de Alemania en 1990, aunque las tropas rusas se mantuvieron acantonadas en Alemania Oriental hasta 1994. El siguiente reto, tras la desintegración de la URSS en 1991, fue solucionar el riesgo de que la Ucrania independiente se quedara con el arsenal nuclear soviético en su territorio. Las autoridades ucranianas temían una agresión rusa en el futuro y consideraban que ese arsenal era su único elemento disuasorio. En 1994, Estados Unidos, Inglaterra, Ucrania y Rusia firmaron el Memorando de Budapest, que garantizaba la soberanía En ese contexto, Ucrania solicitó convertirse en miembro de la OTAN. En 2008, en la reunión anual de la alianza celebrada en Bucarest, y a la que asistió Vladimir Putin como invitado especial, varios países europeos —encabezados por Alemania y Francia— se opusieron al ingreso de Ucrania para aplacar a la delegación rusa. Ese mismo año surgió el primer síntoma del resurgir de tensiones entre Rusia y Europa con la breve guerra entre Rusia y Georgia por disputas territoriales en el Cáucaso, conflicto en el que Georgia recibió el apoyo categórico de la Unión Europea. En las elecciones ucranianas de 2010 resultó electo Viktor Yanukóvich, candidato prorruso del hoy proscrito Partido de las Regiones. Bajo presión de Moscú, Yanukóvich se negó a sancionar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ya aprobado por el Parlamento (Consejo Supremo), lo que generó masivas protestas que derivaron en su renuncia y huida a Rusia a inicios de 2014. Tras estos sucesos, las autoridades locales de Crimea —península ucraniana en el mar Negro— celebraron un polémico referéndum en el que se decidió la separación de Ucrania y la unión con Rusia, seguida de su anexión oficial en marzo de 2014. Acto seguido, separatistas prorrusos en la región ucraniana del Donbás —de mayoría étnica rusa y afín a Moscú— declararon la independencia de las provincias de Luhansk y Donetsk, provocando un conflicto bélico con el gobierno ucraniano. En 2015, con la intervención diplomática de Francia y Alemania, se alcanzó un cese al fuego mediante los Acuerdos de Minsk, que comprometieron a ambas partes a llevar a cabo procesos políticos para resolver la situación, como referéndums en los territorios disputados para definir su soberanía, basados en el principio de autodeterminación. Opinión EL AUTOR es profesor e investigador universitario. EL AUTOR es abogado EL AUTOR es ciudadano. Abdiel Rodríguez Reyes los entrantes se conviertan en otro botín político de la Presidencia y el Gabinete, que son quienes designan, acto muy similar a los nombramientos de cónsules y notarios. Hace poco experimentamos algo que pudiera considerarse una falta de independencia e integridad del Ejecutivo hacia el Legislativo, cuando sus representantes deambulaban por los pasillos del edificio de la Asamblea “matraqueando” a favor de ciertos legisladores para ocupar puestos en distintas comisiones. La selección de los reemplazos posiblemente llevaría una negociación que implicaría “favores a repagarse a requerimiento” del Ejecutivo. De los pocos funcionarios que parecían distinguirse de los demás, estaban estos magistrados, cuya honorabilidad queda en duda, ya que ahora se hace difícil diferenciarlos, pues parece que su prioridad es la remuneración económica. No sería extraño que pronto quieran que se les asignen partidas para emplanillar una cuota de “impulsadores judiciales, asesores y asistentes” sin funciones, tal como la tienen los diputados. Hagamos unos cálculos del emolumento salarial de B/.14,000 que, multiplicado por 12 meses, resulta en un total bruto de B/.168,000, sin incluir lo que reciben del décimo tercer mes. Para efectos de impuestos, tendrían derecho a la deducción básica de B/.11,000, más los intereses hipotecarios y gastos médicos, si los tuvieran. Descartemos la porción del Seguro Social, pues en la jubilación se la seguirán cobrando, pero no así el impuesto sobre la renta, que debiera ser una suma importante. Para propósitos ilustrativos, digamos que tienen deducciones de B/.38,000, lo que daría una renta neta gravable de B/.130,000, sujeta a un impuesto sobre la renta de B/.27,500, dejando una paga neta de B/.140,500, que representa B/.11,700 mensuales. Resaltamos que este impuesto sobre la renta de B/.27,500 con la jubilación desaparece, ya que esta está libre de esta carga impositiva, lo que implícitamente les otorga otro aumento en su jubilación de aproximadamente B/.2,300 al mes. Comparen estas cifras con su remuneración o jubilación y juzguen. Los tres pilares que sustentan una democracia son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos tres pilares, en nuestro querido Panamá, están resquebrajados, lo que hace que la democracia se tambalee, tal como lo dice la canción: “Se tambalea… se tambalea…”. ¿Nos merecemos esto? Recientemente se publicó en la Gaceta Oficial que los magistrados de la máxima autoridad del Órgano Judicial se auto-otorgaron un beneficio económico “hasta que la muerte los separe” a expensas de los contribuyentes. Cabe resaltar que una magistrada no firmó el acuerdo de jubilaciones, lo que hace pensar que hay un destello de probidad en uno de sus miembros y que la distingue de los demás. Como justificación de este acto de castigo para los contribuyentes —quienes, a la postre, son los que pagan las cargas económicas de cada una de las arbitrariedades que se aprueban— mencionan que “una compensación robusta protege su independencia y evita tentaciones indebidas”. Parece que estos magistrados tienen un desconocimiento de cómo funcionan las finanzas del Estado al decir que los fondos para estos beneficios nuevos saldrán de la propia Corte. La Corte no produce un centavo, sino que requerirá una mayor asignación presupuestaria, y esos emolumentos serán financiados por los contribuyentes y/o incrementando el déficit fiscal. Si los salarios de B/.14,000 no representan “una compensación robusta”, entonces queda confirmado que la justicia en Panamá ha estado mal parada. Tal como ha sucedido en el pasado, algunos magistrados podrían recurrir a “la venta de fallos” para redondear sus ingresos. No existe y posiblemente no existirá un monto que represente una compensación robusta que proteja a los ciudadanos de actuaciones basadas en tentaciones indebidas. Una “tentación” de B/.10,000 tiene un resultado distinto a una de B/.500,000. Prueba de esto es la recompensa de cincuenta millones de dólares ofrecida por información que conlleve al arresto de Nicolás Maduro, que podría poner en duda la lealtad de su “círculo cero”, cuyos miembros se verían tentados por lo cuantioIván Rogelio Robles Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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