6A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 De izquierda a derecha: Luis Guerra, Narciso Arellano, y Alfredo Juncá. Cortesía Tribunal Electoral Magistrados del TE también reciben 14 mil dólares al mes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EFECTO CASCADA Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, Los magistrados del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, Luis Guerra y Narciso Arellano, ahora reciben salarios y gastos de representación idénticos a los de sus pares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): 14 mil dólares mensuales. Esta equiparación salarial se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la austeridad y el uso de recursos públicos. Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares. Este ajuste salarial ocurre luego de que, a principios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aumentaron sus ingresos en 4 mil dólares, quedando igualmente en 14 mil dólares. De hecho, los críticos de la medida pronosticaron en su momento que esto podría generar un efecto cascada, ya que otros funcionarios, por ley, podrían hacer el mismo reclamo, es decir, ganar lo mismo que los magistrados del Órgano Judicial. Tal parece que así ocurrió con este nuevo caso del Tribunal Electoral. Hasta el momento, ninguno de los magistrados del Tribunal Electoral se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la propia entidad. Tampoco se ha pronunciado el contralor, Anel Flores, pese a que este medio le consultó en dos ocasiones si el aumento se había hecho efectivo. Incluso, Flores se mostró enérgico contra el aumento de los magistrados de la Corte Suprema en su momento. Sin embargo, en el sitio web de la Contraloría General de la República ya se puede apreciar el nuevo salario de los magistrados del Tribunal Electoral. Las normas Al menos ocho funcionarios tendrían argumentos legales para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ a principios de año. Este escenario plantea una posible escalada de incrementos salariales dentro del sector público, en un contexto en el que las finanzas estatales enfrentan presiones y la sostenibilidad fiscal se ha convertido en una preocupación central. Además de los magistrados del Tribunal Electoral, entre los posibles beneficiados estarían el procurador de la Nación, el procurador de la Administración y magistrados del Tribunal de Cuentas, así como otros funcionarios que podrían reclamar incrementos salariales bajo el mismo argumento. Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma La Corte Suprema de Justicia (CSJ), llamada a ser garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los panameños, enfrenta duras críticas por lo que algunos consideran un viraje hacia intereses económicos propios. Así lo planteó Magaly Castillo, expresidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al señalar que la reciente aprobación de aumentos salariales desproporcionados y de una jubilación especial para los magistrados resulta escandalosa en un país donde miles de jubilados sobreviven con pensiones mínimas. Como se recordará, la semana pasada apareció en la Gaceta Oficial un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que permite la creación de un fondo de compensación por retiro para que sus magistrados puedan jubilarse con el 100 % de su último salario, lo que ha generado una serie de reacciones. Recursos públicos Castillo subrayó que este tipo de decisiones no solo son éticamente cuestionables, sino que revelan una preocupante insensibilidad ante la realidad social del país. “El presupuesto del Órgano Judicial proviene de fondos públicos; no se trata únicamente de un uso inadecuado de los recursos del Estado, sino de una afectación directa a la legitimidad de la Corte Suprema”, advirtió. La activista también alertó sobre el daño a la confianza ciudadana, recordando que la credibilidad institucional es un recurso difícil de recuperar. “La pérdida de confianza es alarmante, especialmente en el contexto que vive Panamá, marcado por la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad”, se- ‘Urgente que recapaciten y deroguen acuerdo’: el clamor contra las jubilaciones especiales FONDOS PÚBLICOS ñaló. Para Castillo, la solución pasa por un acto de autocrítica por parte de los propios magistrados. “Es urgente que recapaciten y deroguen este acuerdo, por el bien de la imagen de la Corte”, sostuvo, insistiendo en que la justicia no puede permitirse el lujo de aparecer desconectada de la realidad que viven los ciudadanos a quienes debe servir. Castas privilegiadas Por su parte, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño advirtió que la reciente aprobación de jubilaciones especiales se da en un contexto “muy complejo”, marcado por la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) y por el rechazo ciudadano a leyes que amplían privilegios para altos funcionarios. Mientras tanto, Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que la creación de “castas” privilegiadas dentro del Estado, ahora replicada por la Corte Suprema de Justicia, constituye una amenaza directa para la estabilidad democrática. En un país marcado por profundas desigualdades, afirmó, este tipo de prácticas fomenta la polarización, erosiona la legitimidad del sistema, genera inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo. Efecto cascada La aprobación de una jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenaza con generar un “efecto cascada”. Entre los potenciales beneficiarios figurarían los magistrados del Tribunal Electoral, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración y los magistrados del Tribunal de Cuentas, todos amparados por normas que les otorgan remuneraciones y prerrogativas equivalentes a las de la Corte. De acuerdo con el polémico Acuerdo N.407, aprobado el 18 de julio de 2024, todo juez o magistrado que alcance la edad de jubilación tendrá derecho a recibir una compensación económica equivalente a la totalidad o a un porcentaje de su último salario, según su nivel de responsabilidad. El mecanismo establece que la Caja de Seguro Social cubrirá el monto que le corresponda según la ley, mientras que la Corte Suprema de Justicia asumirá la diferencia. Incluso, la norma abre la puerta a que magistrados cuyo periodo haya vencido o que se retiren antes de cumplir la edad de jubilación establecida por la CSS puedan reclamar este beneficio como un “derecho adquirido”, ampliando así el alcance de estas prerrogativas más allá de lo previsto en el régimen general. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Miembros del pleno de la Corte. Cortesía del Órgano Judicial categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ. A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidas a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores. Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”. Los cuestionamientos Uno de los que se ha pronunciado sobre el tema es el diputado del partido Movimiento Otro Camino y abogado Ernesto Cedeño, quien advirtió sobre las posibles repercusiones del aumento a los magistrados en otras instancias del poder judicial y el Ejecutivo. En palabras del diputado, magistrados del Tribunal Superior, que actualmente perciben un salario y gastos de representación de 7 mil dólares, podrían exigir ajustes similares bajo el argumento de equidad con los magistrados de la Corte, cuyo salario y gastos de representación ascienden ahora a 14 mil dólares. Incluso, mencionó que los ministros podrían sumarse a esta tendencia, lo que, a su juicio, ha desatado una “ola de ambición” dentro del aparato estatal, en un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas. Y aunque el ajuste a los magistrados del Tribunal Electoral representa un costo adicional de 144 mil dólares anuales para el Estado, la principal crítica surge por el momento en que se implementa. Diputados y organismos de la sociedad civil han mencionado que este tipo de aumentos, en un contexto de dificultades económicas y necesidad de contención del gasto, envían un mensaje contradictorio. Panorama
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