1A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 75¢ Lunes 11 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15105 Proyecto educativo LA PRENSA Y MI DIARIOte traen un proyecto educativo para entender los acuerdos que cambiaron la historia de Panamá. ES UNA COLECCIÓN DE 30 LÁMINAS Y 15 VIDEOS ¡YA DISPONIBLE! Hoy por hoy Tal y como se advirtió, el aumento que se otorgaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendría cola. Ahora, los del Tribunal Electoral siguen el ejemplo. En un país donde miles de panameños hacen malabares para estirar el huidizo “chen chen”, hay una casta que se blinda con fueros y privilegios, sin reparar en que cada ajuste automático presiona un presupuesto ya rígido y endeudado. A las leyes especiales que garantizan aumentos salariales a decenas de gremios, se suman fallos y disposiciones que amarran porcentajes fijos del gasto a instituciones específicas, así como la creación de fondos de jubilación especiales que permiten retirarse con el 100% del último salario, como el aprobado por la Corte. Esto deja cada vez menos espacio para atender emergencias, invertir en infraestructura o impulsar programas sociales. El resultado es un presupuesto que se aprueba más por inercia legal que por planificación estratégica. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas debe cuadrar cuentas con piezas que no se pueden mover, y el país entero paga el costo de estos privilegios disfrazados de derechos adquiridos. Definidos los semifinalistas del Clausura de la Atevo Cup 5B Deportes Panorama Un viaje a Bogotá con 7 dólares en la década de 1950 9A Economía Panamá preside hoy debate en la ONU sobre seguridad marítima 3B TE iguala salarios de magistrados con la CSJ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EFECTO CASCADA Magistrados del Tribunal Electoral pasaron de $10 mil a $14 mil mensuales. Advierten de una “reacción en cadena”. Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) —Alfredo Juncá, Luis Guerra y Narciso Arellano— ya reciben un salario base de $10 mil mensuales, más $4 mil en gastos de representación, equiparándose a los $14 mil que perciben sus pares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Antes, su salario era de $6 mil y los gastos de representación de $4 mil. El ajuste se ampara en el artículo 577 del Código Electoral, que otorga a los magistrados del TE las mismas prerrogativas que a los de la CSJ. Sin embargo, se da en un contexto de presiones fiscales y cuestionamientos sobre la austeridad en el gasto público. La Contraloría General de la República ya registra el nuevo salario en su portal, aunque ni el TE ni el contralor Anel Flores se han pronunciado oficialmente. Abogados como Ernesto Cedeño advierten que la medida podría desatar una “reacción en cadena”, con procuradores, magistrados del Tribunal de Cuentas y otros altos cargos reclamando incrementos amparados en la ley. VEA 6A Día dorado en natación: Emily Santos gana oro y pulveriza dos récords PANAMERICANOS Humberto Cornejo [email protected] La nadadora Emily Santos escribió ayer una página dorada para el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con un tiempo de 1:08.44 minutos, superó la marca que ella misma había establecido horas antes en la fase clasificatoria (1:08.55), rompiendo dos veces en un mismo día el récord de la distancia y dejando atrás la marca de 1:08.74 vigente desde 2021. Desde el primer tramo impuso un ritmo imbatible que ninguna rival pudo igualar, confirmando su condición de favorita. En el podio, la acompañaron la jamaicana Sabrina Lyn (plata, 1:09.00) y la colombiana Stefania Gómez (bronce, 1:09.56). El triunfo de Santos no solo representa la primera medalla de Panamá en esta edición de los Juegos Panamericanos Junior, sino Emily Santos mostró su medalla en el podio mientras sonaban las notas del himno nacional. Cortesía del COP también el primer oro de la historia panameña en estas justas. VEA 5B Déficit, deuda y grado de inversión: las alertas de Barclays y Citi Tanto Barclays como Citi prevén que Panamá crecerá más en 2025 que en 2024, pero advierten que ese avance económico no es suficiente para disipar los riesgos fiscales. Señalan que el déficit y la deuda seguirán elevados, mientras persisten rigideces que limitan la capacidad de maniobra presupuestaria. Coinciden en que una reforma fiscal que incremente ingresos y controle el gasto es urgente para evitar la pérdida del grado de inversión y preservar la confianza de los mercados internacionales en el país. VEA 1B Y 4B El examen de barra delos abogados, enla cuerda floja El examen de barra, requisito indispensable para obtener la idoneidad y ejercer la abogacía en Panamá, enfrenta su mayor controversia tras la aprobación del proyecto de ley que busca eliminarlo, abriendo un debate nacional sobre la calidad educativa, la preparación profesional y la credibilidad del sistema judicial. VEA 4A Aleida Samaniego C. [email protected] iStock Miles de personas protestan en Israel por el plan de ocupación de la ciudad de Gaza www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Aleida Samaniego C. [email protected] Mayer Mizrachi, alcalde de la capital. Archivo Áreas verdes: de $21 millones a más de $79 millones MUNICIPIO DE PANAMÁ El Municipio de Panamá respondió a las críticas por el alto costo del contrato de mantenimiento de áreas verdes que, iniciado en 2016 con un valor de $21.6 millones, hoy supera los $79 millones y se ha mantenido por más de una década con el mismo proveedor. La comuna capitalina negó que el alcalde Mayer Mizrachi haya prorrogado el contrato. Precisó que el Contrato No. 014-2016 mantiene la fecha de finalización establecida en la Adenda No. 4 —aprobada por el Concejo Municipal en mayo de 2023 y refrendada por la Contraloría en noviembre de ese año, durante la administración anterior—, con vencimiento en diciembre de 2026. Según la versión municipal, la más reciente modificación, la Adenda No. 5, no constituye una prórroga, sino una ampliación de cobertura solicitada por 23 juntas comunales, entre ellas Ancón, San Francisco, Betania, Calidonia, Santa Ana, El Chorrillo, Bella Vista, Tocumen y Juan Díaz. Esta adición implica un gasto de B/.3,313,126.76 (incluido ITBMS), financiado con saldos de la viabilidad presupuestaria aprobada en la administración anterior para la Adenda No. 4. El contrato original, firmado el 1 de julio de 2016 con el Consorcio MET para mantenimiento, conservación, limpieza y jardinería en los sectores A, B, C y D de la ciudad, tenía un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogables. Con el paso de los años y sucesivas adendas refrendadas por la Contraloría, la vigencia ha pasado de 3 a 126 meses —más de 10 años—, con un acumulado que asciende a $79,228,127.00. La Adenda No. 5 fue aprobada el 17 de junio de 2025 y destina fondos certificados para las vigencias fiscales 2025 y 2026: $1,104,375.99 este año y $2,208,750.76 el próximo, provenientes del Programa de Descentralización – CUT. La administración Mizrachi sostiene que estas labores buscan “mejorar la imagen urbana y brindar bienestar a las comunidades” y asegura que el Consorcio MET ha cumplido con los servicios contratados. Añade que heredó este compromiso contractual y, en beneficio de la comunidad, asumió la responsabilidad de atender solicitudes de áreas no contempladas en el alcance original. No obstante, la permanencia de un único proveedor por más de una década y la ausencia de procesos públicos recientes de licitación generan cuestionamientos sobre la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos municipales. Eduardo Vásquez, diputado de CD, podría presidir la Comisión de Presupuesto. Isaac Ortega Comisión de Presupuesto estrena directiva con el reto de la transparencia Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FISCALIZACIÓN Hoy se instalará la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, posiblemente presidida por Eduardo Vásquez. El reto será garantizar transparencia, publicar actas y fiscalizar un presupuesto 2026 de más de 34 mil millones, incluido el polémico aumento del tope para traslados. Este lunes está prevista la instalación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y la escogencia de su nueva directiva, que, según fuentes legislativas, sería presidida por el diputado de Cambio Democrático (CD) Eduardo Vásquez. Sin embargo, más allá de quién asuma la conducción, el mayor reto estará en los asuntos que se avecinan, como la transparencia, la fiscalización y la discusión del proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año, que supera los 34 mil millones de dólares y concentrará buena parte del debate político y económico en el Legislativo. El diputado independiente e integrante de la comisión, Betserai Richards, aseguró que la nueva junta directiva tendrá el desafío de reforzar la transparencia. Recordó que, hace algunas semanas, se acordó que el presidente, vicepresidente y secretario de la comisión trabajaran para que las actas y documentos de lo aprobado en este órgano fueran públicos. “Hoy en día las actas de lo que se aprueba en esa comisión no son públicas. Esperaría que la nueva junta directiva pueda establecer algún tipo de portal o, por lo menos, publicarlas en la web”, señaló. Richards, quien en el periodo pasado (2024-2025) integró la comisión, enfatizó que el manejo de los recursos del Estado debe ser completamente visible para la ciudadanía. “Son recursos de todos los panameños y, como potenciales dueños de esos recursos, deben saber cuáles fueron los traslados que pasaron por la comisión y cuáles no”, afirmó. Presupuesto El diputado también expuso que, durante la aprobación del presupuesto de este año 2025, la comisión debió revisar el presupuesto de todas las instituciones como corresponde, pero no fue así. “Casi 100 instituciones debían pasar por la comisión, y esperamos que este año sí lo haga el 100%. Queremos determinar si se cumple con la visión de Estado y con la supuesta austeridad que debemos buscar”, puntualizó. Como se recordará, el año pasado menos de diez entidades acudieron a la Comisión de Presupuesto a sustentar sus recursos para el próximo año. Esto ocurrió luego de que el presupuesto general del Estado fuera presentado de manera tardía, hecho que fue cuestionado por algunos diputados. En cuanto al trámite del presupuesto general 2026, Richards recordó que, una vez el proyecto llegue a la Asamblea, será remitido en primer debate a la Comisión de Presupuesto. “En esa etapa podemos debatir y modificar”, explicó. Uno de los temas que tendrán que tratar los diputados con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el de los traslados de partidas, ya que dicha entidad propuso elevar a un millón de dólares el tope para autorizar directamente estos traslados sin necesidad de llevarlos ante la Comisión de Presupuesto, según lo contempla el proyecto de La directiva Sobre la designación de la nueva directiva, el diputado adelantó que existe un acuerdo dentro del bloque mayoritario de 37 miembros, que integran la coalición Vamos, la bancada de Seguimos y los partidos Panameñista y Cambio Democrático. Según este arreglo, Eduardo Vásquez sería el presidente de la comisión y el diputado Brea ocuparía la secretaría. El puesto de vicepresidente aún no estaba definido al cierre de esta nota. Richards aclaró que no aspirará a ninguno de esos cargos y que respetará los consensos internos del bloque. “Soy una persona que respeta los acuerdos, así que lo que establezcamos, eso se va a cumplir”, dijo. La Comisión de Presupuesto para el periodo 2025-2026 está integrada por 15 diputados. Entre quienes se espera que respalden la candidatura de Eduardo Vásquez (CD) figuran: Francisco Brea (Panameñista), Manuel Samaniego (Vamos), Carlos Saldaña (Vamos), Neftalí Zamora (Vamos), Janine Prado (Vamos), Betserai Richards (Seguimos) y Gertrudis Rodríguez (Cambio Democrático). En el otro bloque se encuentran Sergio Gálvez (Realizando Metas), Ronald De Gracia (Realizando Metas), Víctor Castillo (Realizando Metas), Raphael Buchanan (PRD), Benicio Robinson (PRD), Crispiano Adames (PRD) y Eliécer Castrellón (Partido Popular). presupuesto para el año 2026. Los traslados menores a ese monto solo requieren que el MEF comunique a la Comisión de Presupuesto y le remita el informe del gasto. No obstante, el diputado señaló que, actualmente, ni siquiera los miembros de la comisión recibían de forma regular esos informes, pese a que el tope vigente para que los traslados no vayan a la comisión es de 300 mil dólares. A su juicio, elevar ese límite a un millón de dólares impediría un trabajo de fiscalización eficiente y reforzaría la necesidad de abrir los datos al público.
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4A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] MADRUGONAZO. Parece que en el chat grupal del “fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados” retiraron (valga la redundancia) al MEF, porque en esa entidad nadie sabía de su existencia. Aunque fue creado hace más de un año y está vigente desde el 1 de enero de 2025, el país se enteró cuando fue divulgado en la Gaceta Oficial el pasado viernes. Habría podido estar mucho más tiempo sin ser publicado y aun así estaría operando sin problema. Si ahora deciden presentarlo, seguramente es porque saben que ya es imparable. HURTADILLAS. Por cierto, si el fondo nació con una partida asignada, ¿cómo es que nadie — fuera del Órgano Judicial— conocía su existencia? Fácil: el año pasado no hubo vistas presupuestarias en la Asamblea. Incluso cuando el país se escandalizó, a principios de este año, por el aumento salarial de los magistrados (de $10,000 a $14,000), convenientemente se callaron que venía otro golpe. Parece que todos los factores estaban alineados… o los alinearon. GULA. El mentado fondo fue creado a través de un acuerdo —el número 407 de 2024— del pleno de la Corte Suprema. Por tanto, es un acto administrativo de un órgano del Estado, lo que lo blindaría frente a una demanda de inconstitucionalidad o cualquier recurso que exija su revisión. Lo mismo ocurrió con el aumento salarial. Parece que los magistrados se dieron cuenta de que (al menos dentro de nuestras fronteras) están en la cima de la cadena alimenticia y están aprovechando esa realidad. CRISPI. Como parte de los consensos entre las bancadas, se acordó que el panameñista Edwin Vergara presidirá la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, la cual tiene el importante rol de prohijar y discutir en primer debate cualquier reforma a la CSS. La toma de posesión es hoy. El secretario sería el perredisEl examen de barra en Panamá, requisito para obtener la idoneidad y ejercer la abogacía, enfrenta un intenso debate tras la aprobación en tercer debate del proyecto de ley No. 168, que propone eliminar su obligatoriedad. iStock Examen de barra para derecho: 90% de aprobación en 2024 Aleida Samaniego C. [email protected] EDUCACIÓN SUPERIOR Los datos más recientes del Instituto Superior de la Judicatura muestran que, en 2024, un total de 1,954 graduados participaron en el examen de barra para obtener la idoneidad en derecho. E l examen de barra, requisito indispensable para obtener la idoneidad y ejercer la abogacía en Panamá, se ha convertido en el centro de un intenso debate tras la aprobación, en tercer debate, el pasado 29 de julio, del proyecto de ley No.168 por parte de la Asamblea Nacional, el cual busca eliminar la obligatoriedad de esta prueba que evalúa los conocimientos prácticos y éticos de los abogados. Actualmente, los graduados en derecho deben completar un programa de formación inicial en el Instituto Superior de la Judicatura del Órgano Judicial — conocido como la Escuela Judicial— y, posteriormente, presentar el examen final o de barra, que certifica su capacidad para ejercer la profesión y permite que la Corte Suprema de Justicia les otorgue su idoneidad. En caso de reprobar, tienen la oportunidad de hacerlo en dos ocasiones más. Mediante el acuerdo No.684 del 23 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente, el Órgano Judicial estableció un programa estructurado con un temario específico para el examen, con el objetivo de asegurar una formación integral y rigurosa que permita evaluar los conocimientos prácticos y éticos esenciales para el ejercicio profesional. Posteriormente, en octubre de 2023, mediante el acuerdo No. 1648, se subrogó el primer acuerdo para establecer nuevos parámetros y temarios. Resultados del examen En 2023, durante la primera aplicación del programa, solo 9 de los 150 estudiantes que completaron el curso fueron calificados como aptos para ejercer la abogacía. Esta baja tasa de aprobación generó preocupaciones en sectores académicos y profesionales, que cuestionaron la efectividad del programa y alimentaron el debate sobre el rigor del examen y su pertinencia en el sistema legal panameño. Contrariamente, los datos más recientes del Instituto Superior de la Judicatura muestran que, en 2024, un total de 1,954 graduados de derecho participaron en el examen de barra. De ellos, 1,774 aprobaron, lo que representa una tasa de aprobación del 90.8%, mientras que 180 no superaron la prueba. Esta importante diferencia entre las cifras de 2023 y 2024 ha generado diversas interpretaciones. Expertos señalan que el programa inicial permitió ajustes para mejorar la formación y evaluación, lo que se reflejó en el aumento sustancial de aprobados en 2024. Las cifras oficiales también revelan un panorama detallado por universidades. La casa de estudios con mayor número de inscritos fue la Universidad de Panamá (UP), con 635 participantes y 571 aprobados; seguida por la Universidad ISAE, que reportó 478 estudiantes y 432 aprobados; y la Universidad Latina de Panamá (ULAT), con 177 inscritos y 167 aprobados. Otras universidades que destacaron en el proceso fueron la Universidad Santa María La Antigua (USMA), con 151 inscritos y 134 aprobados; la Universidad del Istmo (UDI), con 122 participantes y 110 aprobados; y la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), que registró 121 inscritos y logró 115 aprobados. En general, la mayoría de las universidades alcanzaron tasas de aprobación superiores al 85%. Por ejemplo, la UIP tuvo un 95% de aprobación, mientras que la Universidad Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chiriquí superaron el 90%. Incluso universidades con menor número de participantes, como la Universidad Americana, la Universidad de Hosanna y Columbus University, reportaron resultados positivos, aunque con menor volumen de estudiantes. Este panorama evidencia el esfuerzo de las casas de estudio y estudiantes por cumplir con los estándares exigidos por el Instituto Superior de la Judicatura, entidad responsable de administrar este examen clave para el ejercicio profesional en Panamá. Según datos oficiales del Órgano Judicial de Panamá, hasta el año 2025 hay al menos 25,000 abogados en el país. No obstante, el proyecto de ley No. 168, que busca eliminar la obligatoriedad del examen, ha generado opiniones divididas en el sector jurídico. Sus defensores argumentan que la prueba representa una barrera burocrática que dificulta la incorporación de nuevos profesionales a la abogacía y cuestionan si realmente mide las competencias prácticas y éticas necesarias para el ejercicio profesional. Por su parte, expertos y académicos advierten que eliminar la obligatoriedad del examen podría debilitar la calidad de la formación jurídica y poner en riesgo la confianza pública en la profesión y en el sistema judicial panameño. La alta tasa de aprobación, del 90.8% en 2024, se interpreta de distintas maneras: para algunos, es señal de que los futuros abogados están mejor preparados; para otros, podría indicar un examen menos riguroso, lo que alimenta la controversia. En este contexto, el Instituto Superior de la Judicatura trabaja para mantener un equilibrio entre la exigencia académica y la accesibilidad, buscando mejorar continuamente el programa de formación y el temario del examen para garantizar que quienes ingresen a la profesión cumplan con los estándares necesarios. La decisión final depende del Presidente Mientras el proyecto de ley No. 168 sigue su trámite correspondiente, la decisión final recae en el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha señalado que aún no ha tomado una postura definitiva sobre la sanción o veto de la iniciativa. “En principio, no conozco esa ley aprobada en tercer debate. Lo voy a evaluar con mucha calma aquí en Presidencia para decidir si se sanciona, se veta total o parcialmente, lo que corresponda tras un análisis con asesores legales”, afirmó el mandatario. La propuesta contempla alternativas para obtener la idoneidad, tales como la realización de una tesis o prácticas profesionales en el sector público o privado, en lugar de presentar el examen de barra. Sin embargo, Mulino expresó preocupación por la calidad de la formación jurídica en el país, criticando la proliferación de centros educativos sin estándares adecuados y poniendo en duda el nivel de preparación de algunos nuevos profesionales. “Ejercer el derecho con títulos de universidades ‘de garaje’ ha sido un relajo y es una verdadera lástima”, afirmó el mandatario, en un llamado a fortalecer la calidad educativa y proteger la credibilidad de la profesión. Con la nueva ley, la Corte Suprema de Justicia solo podrá otorgar el certificado de idoneidad a quienes cumplan con requisitos académicos y prácticos, sin la necesidad de un examen adicional. Este debate se enmarca en un contexto más amplio sobre la calidad de la educación superior en Panamá, la regulación profesional y la necesidad de garantizar que quienes ejercen la abogacía cuenten con las competencias necesarias para defender los derechos de los ciudadanos y garantizar un sistema judicial justo y confiable. ta Crispiano Adames. Si se toma en cuenta que en esa instancia también están Isaac Mosquera y Jairo Salazar, parece que lo que menos habrá ahí será trabajo, salud y desarrollo. Dos diputados de Seguimos estarían al frente de las comisiones de Comercio y de Infraestructura Pública. Se trata de Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, respectivamente. Ahora sí podemos hablar de #UnaNuevaAsamblea, al menos en lo que respecta a estas instancias. Curso para idoneidad Abogados-2024(participación por universidades) Infografía: LP - Fuente: Instituto Superior de la Judicatura de Panamá 32.5% 24.5% 9.1% 7.7% 6.2% 6.2% 3.8% 3.3% 3.2% UNIVERSIDAD DE PANAMÁ UNIVERSIDAD ISAE UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGUA UNIVERSIDAD DEL ISTMO UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ UNIVERSIDAD AMERICANA UMECIT UNACHI UNIVERSIDAD DE HOSANNA COLUMBUS UNIVERSITY UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE PANAMÁ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (OTEIMA) UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES (ULACIT) UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DEL EXTRANJERO INTERNATIONAL UNIVERSITY (INTERUNI) UNIVERSIDAD LA PAZ
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6A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 De izquierda a derecha: Luis Guerra, Narciso Arellano, y Alfredo Juncá. Cortesía Tribunal Electoral Magistrados del TE también reciben 14 mil dólares al mes Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EFECTO CASCADA Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, Los magistrados del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, Luis Guerra y Narciso Arellano, ahora reciben salarios y gastos de representación idénticos a los de sus pares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): 14 mil dólares mensuales. Esta equiparación salarial se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la austeridad y el uso de recursos públicos. Anteriormente, estos magistrados percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares. Este ajuste salarial ocurre luego de que, a principios de año, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aumentaron sus ingresos en 4 mil dólares, quedando igualmente en 14 mil dólares. De hecho, los críticos de la medida pronosticaron en su momento que esto podría generar un efecto cascada, ya que otros funcionarios, por ley, podrían hacer el mismo reclamo, es decir, ganar lo mismo que los magistrados del Órgano Judicial. Tal parece que así ocurrió con este nuevo caso del Tribunal Electoral. Hasta el momento, ninguno de los magistrados del Tribunal Electoral se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la propia entidad. Tampoco se ha pronunciado el contralor, Anel Flores, pese a que este medio le consultó en dos ocasiones si el aumento se había hecho efectivo. Incluso, Flores se mostró enérgico contra el aumento de los magistrados de la Corte Suprema en su momento. Sin embargo, en el sitio web de la Contraloría General de la República ya se puede apreciar el nuevo salario de los magistrados del Tribunal Electoral. Las normas Al menos ocho funcionarios tendrían argumentos legales para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ a principios de año. Este escenario plantea una posible escalada de incrementos salariales dentro del sector público, en un contexto en el que las finanzas estatales enfrentan presiones y la sostenibilidad fiscal se ha convertido en una preocupación central. Además de los magistrados del Tribunal Electoral, entre los posibles beneficiados estarían el procurador de la Nación, el procurador de la Administración y magistrados del Tribunal de Cuentas, así como otros funcionarios que podrían reclamar incrementos salariales bajo el mismo argumento. Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma La Corte Suprema de Justicia (CSJ), llamada a ser garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los panameños, enfrenta duras críticas por lo que algunos consideran un viraje hacia intereses económicos propios. Así lo planteó Magaly Castillo, expresidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al señalar que la reciente aprobación de aumentos salariales desproporcionados y de una jubilación especial para los magistrados resulta escandalosa en un país donde miles de jubilados sobreviven con pensiones mínimas. Como se recordará, la semana pasada apareció en la Gaceta Oficial un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que permite la creación de un fondo de compensación por retiro para que sus magistrados puedan jubilarse con el 100 % de su último salario, lo que ha generado una serie de reacciones. Recursos públicos Castillo subrayó que este tipo de decisiones no solo son éticamente cuestionables, sino que revelan una preocupante insensibilidad ante la realidad social del país. “El presupuesto del Órgano Judicial proviene de fondos públicos; no se trata únicamente de un uso inadecuado de los recursos del Estado, sino de una afectación directa a la legitimidad de la Corte Suprema”, advirtió. La activista también alertó sobre el daño a la confianza ciudadana, recordando que la credibilidad institucional es un recurso difícil de recuperar. “La pérdida de confianza es alarmante, especialmente en el contexto que vive Panamá, marcado por la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad”, se- ‘Urgente que recapaciten y deroguen acuerdo’: el clamor contra las jubilaciones especiales FONDOS PÚBLICOS ñaló. Para Castillo, la solución pasa por un acto de autocrítica por parte de los propios magistrados. “Es urgente que recapaciten y deroguen este acuerdo, por el bien de la imagen de la Corte”, sostuvo, insistiendo en que la justicia no puede permitirse el lujo de aparecer desconectada de la realidad que viven los ciudadanos a quienes debe servir. Castas privilegiadas Por su parte, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño advirtió que la reciente aprobación de jubilaciones especiales se da en un contexto “muy complejo”, marcado por la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) y por el rechazo ciudadano a leyes que amplían privilegios para altos funcionarios. Mientras tanto, Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que la creación de “castas” privilegiadas dentro del Estado, ahora replicada por la Corte Suprema de Justicia, constituye una amenaza directa para la estabilidad democrática. En un país marcado por profundas desigualdades, afirmó, este tipo de prácticas fomenta la polarización, erosiona la legitimidad del sistema, genera inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo. Efecto cascada La aprobación de una jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenaza con generar un “efecto cascada”. Entre los potenciales beneficiarios figurarían los magistrados del Tribunal Electoral, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración y los magistrados del Tribunal de Cuentas, todos amparados por normas que les otorgan remuneraciones y prerrogativas equivalentes a las de la Corte. De acuerdo con el polémico Acuerdo N.407, aprobado el 18 de julio de 2024, todo juez o magistrado que alcance la edad de jubilación tendrá derecho a recibir una compensación económica equivalente a la totalidad o a un porcentaje de su último salario, según su nivel de responsabilidad. El mecanismo establece que la Caja de Seguro Social cubrirá el monto que le corresponda según la ley, mientras que la Corte Suprema de Justicia asumirá la diferencia. Incluso, la norma abre la puerta a que magistrados cuyo periodo haya vencido o que se retiren antes de cumplir la edad de jubilación establecida por la CSS puedan reclamar este beneficio como un “derecho adquirido”, ampliando así el alcance de estas prerrogativas más allá de lo previsto en el régimen general. Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Miembros del pleno de la Corte. Cortesía del Órgano Judicial categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ. A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidas a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores. Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”. Los cuestionamientos Uno de los que se ha pronunciado sobre el tema es el diputado del partido Movimiento Otro Camino y abogado Ernesto Cedeño, quien advirtió sobre las posibles repercusiones del aumento a los magistrados en otras instancias del poder judicial y el Ejecutivo. En palabras del diputado, magistrados del Tribunal Superior, que actualmente perciben un salario y gastos de representación de 7 mil dólares, podrían exigir ajustes similares bajo el argumento de equidad con los magistrados de la Corte, cuyo salario y gastos de representación ascienden ahora a 14 mil dólares. Incluso, mencionó que los ministros podrían sumarse a esta tendencia, lo que, a su juicio, ha desatado una “ola de ambición” dentro del aparato estatal, en un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas. Y aunque el ajuste a los magistrados del Tribunal Electoral representa un costo adicional de 144 mil dólares anuales para el Estado, la principal crítica surge por el momento en que se implementa. Diputados y organismos de la sociedad civil han mencionado que este tipo de aumentos, en un contexto de dificultades económicas y necesidad de contención del gasto, envían un mensaje contradictorio. Panorama
7A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Panorama Avance de los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Elysée Fernández Habrá que pagar peaje para transitar por el Cuarto Puente Yaritza Mojica [email protected] PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA La ampliación de la carretera Panamericana, en el tramo que va desde Los Calderones, en La Chorrera, hasta la subida de Loma Campana, en Capira también implicará el cruce por garitas de peaje. Dos proyectos importantes de construcción y ampliación de carreteras, diseñados para aliviar el pesado tráfico vehicular en Panamá Oeste, contemplarán el cobro de peaje, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y la ampliación de la carretera Panamericana, en el tramo que va desde Los Calderones, en La Chorrera, hasta la subida de Loma Campana, en Capira. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la ampliación de este tramo, que forma parte de la continuación del Corredor de las Playas, incluirá una variante hacia Campana y se extenderá hasta Sajalices, pasando de cuatro a seis carriles. Esta nueva vía tendrá garitas de peaje. “El tramo de la variante hacia Campana será con peaje. El conductor podrá optar por seguir utilizando la vía actual o tomar la variante con cobro una vez esté finalizada la obra. El peaje solo aplicará en ese segmento”, señaló Andrade. El MOP tiene previsto licitar el proyecto a mediados de diciembre. La obra se ejecutará bajo la modalidad de llave en mano, con un costo estimado de 250 millones de dólares y requerirá algunas indemnizaciones. El diseño contempla retornos a desnivel para eliminar giros a la izquierda, y la carretera urbana tiene el ancho suficiente para seis carriles. En cuanto al Cuarto Puente sobre el Canal, el ministro confirmó que también tendrá peaje. La estructura, que registra un avance del 23.73%, será administrada por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) una vez finalizada, tal como ocurre con los corredores. El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, también se refirió al tema en su momento e indicó que el alto costo de construcción y mantenimiento de esta megaobra hace necesario implementar un peaje para garantizar su viabilidad financiera. La construcción del Cuarto Puente representa una inversión total de 2,047 millones de dólares. Por el momento, el MOP no ha definido las tarifas para ninguno de los dos proyectos y será el Estado quien las determine en su momento. Jean Paul Carrera. Cortesía Virólogo panameño ingresa al Comité de Liderazgo Científico CIENCIA Aleida Samaniego C. [email protected] El Global Virus Network (GVN), red internacional dedicada a fortalecer la investigación, la formación y la respuesta frente a patógenos virales emergentes, ha seleccionado al panameño Jean Paul Carrera, del Centro Regional de Investigación de Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP), como integrante de su Comité de Liderazgo Científico (SLC), órgano clave en la estrategia global contra pandemias. El comité está presidido por Robert C. Gallo, investigador biomédico estadounidense reconocido mundialmente por su papel en la identificación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), un hallazgo que también genera debate debido a que el virólogo francés Luc Montagnier lo publicó antes. Integrado por un máximo de 20 expertos internacionales con mandatos renovables de dos años, el SLC definelasprioridadescientíficas del GVN, identifica amenazas virales emergentes, asesora en políticas globales y fortalece la cooperación internacional en virología. Se reúne trimestralmente —de forma presencial durante la Reunión Científica Internacional Anual del GVN y virtualmente el resto del año— para guiar las iniciativas estratégicas de la red. Carrera también formará parte del Subcomité de Revisión Científica, encargado de evaluar la acreditación de centros y afiliados, propuestas de investigación, becas y nominaciones al programa Rising Star, bajo criterios estrictos de mérito, relevancia e innovación científica. “Es un honor para mí integrar este comité, ya que coloca a Panamá en la palestra internacional de la investigación de virus”, dijo. La presencia de Carrera en este foro internacional no solo proyecta a Panamá en la élite científica mundial, sino que también le otorga un papel activo en la construcción de hojas de ruta globales para enfrentar futuras pandemias, alineando los recursos del GVN con las demandas cambiantes de la salud pública internacional.
8A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Lo que nunca te explicaron de los tratados de Panamá José Rodríguez [email protected] PONLE LA FIRMA El aprendizaje de la historia de Panamá y sus tratados con Estados Unidos —como el Hay-Bunau Varilla, Herrán-Hay y Torrijos-Carter— suele percibirse como algo pesado en las escuelas. Este proyecto busca contarla de forma más cercana, como un relato entre amigos, para acercar a estudiantes y ciudadanos a una parte clave de la identidad nacional. Gracias a las luchas derivadas de estos acuerdos, hoy los panameños pueden acceder a lugares como la biblioteca del Canal de Panamá “Roberto F. Chiari”, antes Balboa High School. Un tratado es un compromiso escrito entre países, similar a un contrato, que genera derechos y obligaciones y debe cumplirse según lo pactado. Su proceso incluye: • Negociación del texto. • Adopción de la versión final. • Firma, que expresa voluntad de cumplirlo pero no implica obligación inmediata. • Ratificación, que confirma oficialmente la aceptación, usualmente en la Asamblea Nacional (o Congreso en EUA), y permite la discusión pública y la organización estatal para su implementación. En estos acuerdos aparece con frecuencia el concepto de concesión, cuando un país cede algo —territorio, servicios o recursos— a otro bajo condiciones específicas. Aunque se utilicen términos como tratado, convención, pacto o acuerdo internacional, lo importante no es el nombre, sino que el documento genere obligaciones y derechos claros, además de mecanismos para su cumplimiento. También, en la ratificación, el orden de los nombres de los firmantes puede variar según el país: por ejemplo, el Tratado Alfaro-Kellog se llama así en Panamá, pero en Estados Unidos figura como Kellog-Alfaro. La historia de los tratados entre Panamá y EUA está ligada a lugares emblemáticos: el Parque de los Mil Días, escenario de batallas decisivas para la separación de Colombia; el Parque Remón Cantera, símbolo del expresidente José Antonio Remón y su frase “ni millones, ni limosnas, queremos justicia”; y la Plaza Catedral, donde Manuel Amador Guerrero gestionó apoyo durante la independencia, culminando con la proclamación de la República en el Hotel Central. El estudio de estos tratados también conecta con acuerdos internacionales que moldearon el mundo, como el Tratado de Tordesillas (1494) entre España y Portugal, que dividió América y explica por qué en Brasil se habla portugués y en gran parte de Latinoamérica, español. Los autores reconocen que la historia puede variar según quién la relate y las fuentes empleadas, por lo que proponen un enfoque plural, consultando diversos libros y autores para ofrecer una narración responsable. Su objetivo es abrir el diálogo, invitar a la reflexión y generar un sentido renovado de identidad nacional. Al final, esta es nuestra historia, contada con responsabilidad, a nuestra manera. Porque si queremos hacer historia, tenemos que conocer la nuestra. Después de estas entregas, el ser panameño o panameña, te significará algo completamente diferente, y a eso…le ponemos la firma. Bienvenidos a ¡Ponle la firma!: la historia de Panamá, contada a través de sus tratados y a nuestra manera. Un abrazo y nos vemos en nuestra siguiente entrega con el tratado Herrán-Hay. Nos dimos a la tarea de aportar a la educación panameña, compartiendo parte de la historia de Panamá a través de los tratados que hemos hecho con Estados Unidos. Y la razón por la cual ahora yo, un panameño, puede ir a la biblioteca del Canal de Panamá “Roberto F. Chiari”, antigua Balboa High School, es gracias a la lucha de muchos panameños que dio como resultado varios tratados”. Panorama
9A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Vida cotidiana en la Bogotá de la década de 1950. Foto/captura de pantalla/Leo Matiz (Youtube) Un viaje a Colombia con $7 Stanley Heckadon Moreno ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] MEMORIAS Un joven panameño viajó a Colombia con los scouts del Colegio Javier. Con solo 7 dólares, recorrió ciudades, volcanes y trenes, ampliando su visión del mundo y coleccionando memorias inolvidables. Con los scouts del Colegio Javier hice mis primeros viajes por el país, a las cuevas del río Chilibre, a Chitré y a San Blas en un barremina de la Marina americana. Un día se rumora que haríamos un viaje al exterior. Mi madre, que de día era maestra en El Chorrillo y estudiaba en la Universidad de Panamá de noche, logró reunir los $50 del pasaje. Nos embarcamos en el puerto de Balboa, Zona del Canal, y ella, antes de bajar a tierra, me dio 7 dólares para mis gastos. Zarpamos en el Américo Vespucio, torpedeado en Génova por los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, junto al Cristóforo Colombo y el Usso di Mare. Tras la guerra, Italian Line los reflotó, los chapisteó y los puso a llevar carga e inmigrantes entre Europa y las Américas. Hubiese preferido el Cristóforo, pero el Américo estaba bien, pues nuestro continente llevaba su nombre y él había sido piloto mayor y cartógrafo. Como pasajeros de tercera, dormíamos en el casco cuyo metal absorbía el intenso calor diurno que, de noche, despedía como sofocante radiación. Dormíamos entre la sala de máquinas y la de carga, sin ventanas. Algunos optaron por dormir en cubierta. No lo hice por temor a caer al mar. Comíamos pastas y pan en largas mesas de madera del comedor, con familias campesinas italianas que migraban a Chile. Como vimos que los waiters servían a los niños italianos una chicha que parecía Kool-Aid de uva, les pedimos nos sirvieran. Pero resultó un vino amarguísimo que dejamos. Pedimos vasos de agua y dijeron que el agua solo era para bañarse. De día explorábamos la nave y en la sala de recreación jugábamos dominó con los marineros que no estaban de turno. Perdimos todas las partidas. De lejos admirábamos a las niñas italianas. Entre los scouts mayores apostaban quién sería el primero en hablarles. “Chachi” Quiroz dijo que él iría, pues el italiano y el español eran lenguas hermanas. Fue y les dijo algo que sonaba a español panameño con acento italiano. Ellas rompieron a reír y, con señas, le indicaron que regresara a nuestra tribu. Desembarcamos en Buenaventura. Un bus nos llevó por una carretera de cascajo hasta Cali. Paramos en una tienda y bar con clientela campesina, con ruanas y caballos amarrados afuera. Pedimos sodas. El tiendero preguntó: ¿sodas o gaseovisitarlo comentando lo que haríamos con la nieve. Desoyendo al conductor, quien aconsejó ir despacio por la altitud, corrimos a organizar una guerra con bolas de nieve y pronto el mareo acabó con el conflicto. En Bogotá nos alojó el Colegio San Bartolomé, fundado por los jesuitas en 1604. Recorrimos la ciudad, visitamos la Universidad Javeriana, el Salto de Tequendama y la Catedral de sal en Zipaquirá. De allí traje dos novedades a casa: piedras de sal de mina y piritas de oro. Un DC-6 de la Fuerza Aérea Colombiana nos llevó a Barranquilla. Nos alojamos en Puerto Colombia, en una casa de ejercicios espirituales de los jesuitas frente a la playa, donde al atardecer jugábamos béisbol con una bola de tenis. Hans Svatos fue el pitcher ganador. En el vuelo a Panamá, los pilotos volaron a baja altura y apreciamos el hermoso archipiélago de San Blas. Al aterrizar en Albrook, traía 5 dólares de vuelto. Ya en casa, a orillas del río Chiriquí Viejo, al preguntarme qué traía de bueno de Colombia, además de los cuentos, mostraba la sal de piedra, ya que solo se conocía la sal marina. Como los abuelos habían buscado en vano la famosa mina de oro La Estrella, los primos sufríamos la fiebre del metal. Al mostrarles las piritas de hierro les decía que, cuando diéramos con la famosa mina de igual tamaño, serían las pepitas. Para un niño del río más lejano al poniente de la capital, este viaje hace siete décadas amplió mucho su visión del mundo. El legado de Justo Arosemena HOMENAJE María Fernanda Krienert Rivera El 9 de agosto de cada año se celebra el día del abogado en Panamá en honor al natalicio de Justo Arosemena. Más que celebrar es importante tomar esta fecha para reflexionar. Y, no hay figura más apropiada para hacerlo que la de Arosemena. Más allá del jurista brillante, del político adelantado a su época o del pensador fundamental en nuestra historia republicana, quiero hablar de su legado más íntimo; que los abogados deben practicar el Derecho con conciencia. Hay figuras que trascienden los libros. Arosemena es una de ellas. No fue solo autor de obras como Estudios Constitucionales, sino un abogado con profundo sentido de vocación. Su defensa de la autonomía del Istmo no fue un deseo político, sino una afirmación de identidad sostenida con argumentos jurídicos. Fue capaz de mezclar la técnica y sensibilidad en tiempos de polarización, siempre apostando por el equilibrio, la razón y la legalidad (prevalencia del Estado de Derecho), además, con una ética íntegra. Para quienes ejercemos el Derecho hoy, su legado se manifiesta de muchísimas formas: cuando una abogada se rehúsa a replicar prácticas sin cuestionarlas, cuando un abogado joven prepara una audiencia, cuando alguien explica una norma con rigor, también con humanidad. Su legado vive cada vez que elegimos el Derecho no como un fin en sí, sino como una herramienta para garantizar justicia y dignidad. La mayor enseñanza que nos deja Arosemena es que el Derecho no puede ejercerse sin conciencia. Su vida nos recuerda que no basta con dominar el contenido, hay que tener claridad sobre el propósito. No ser máquinas jurídicas, sino abogados que se detienen, que dudan, que se forman y emiten juicios tomando en cuenta lo anterior. El legado de Justo Arosemena vive cada vez que un abogado se rehúsa a hacer las cosas “porque siempre se han hecho así”. Vive cuando un abogado se para con firmeza frente a un juez. Vive cuando defendemos la ley como herramienta de equilibrio, no como excusa de poder. En otras palabras, vive en cada abogado que analiza con profundidad y actúa de acuerdo con sus principios éticos. Seguir el legado de Justo Arosemena implica no conformarse con ser abogados correctos, sino aspirar a ser abogados íntegros. Abogados que estudian con diligencia, que enseñan con generosidad, principalmente que no temen a la duda ni al debate. Abogados que entienden que servir al Derecho no es un formalismo, sino una herramienta para que el individuo alcance su libertad. Y eso requiere convicción, pero también valentía. Por ende, el tributo a Arosemena no es repetir su nombre cada 9 de agosto, sino ejercer con profundidad, con sentido crítico y con responsabilidad. Finalmente, y en un mundo donde el Derecho puede usarse tanto para expandir como para restringir libertades, el legado de Arosemena nos obliga a escoger con claridad qué defendemos. Ser abogados al estilo de Arosemena es entender que cada vez que defendemos una causa en pro de la libertad, por pequeña que parezca, estamos ampliando el alcance real de la libertad. Y es recordar que la libertad no se sostiene en discursos, sino en estructuras sólidas, en instituciones que funcionen y en profesionales que ejerzan su función con ética, valentía, sentido histórico e integridad. Ese es el legado que de verdad importa y que debemos honrar con hechos, no solo con palabras. sas? Dijimos: sodas y frías. No las bebimos por ser sodas simples usadas en Panamá para highballs. Unos scouts retaron al billar a los campesinos, perdiendo los nuestros. Decidido a defender los colores patrios, mentí y dije que traía de Chiriquí grandes destrezas, pero en vez de darle a la bola con el taco, rasgué la tela verde del tapiz de la mesa. El cantinero, enfurecido, dijo que esa tela era cara y me quitó el taco. En Cali nos albergó el colegio jesuita Berchmans y el Club San Fernando nos dejó usar su piscina. Club que recuerdo al escuchar a Pacho Galán tocar el merecumbé “San Fernando”. Visitamos la Hacienda El Paraíso con su casa de teja y jardines, hecha famosa por Jorge Isaacs en su novela María, que leíamos en clase. Cuando en 1956 leí en los diarios de Panamá que en Cali habían estallado camiones del ejército llenos de dinamita, con muchos muertos y heridos, sentí como si hubiese ocurrido en el Istmo. Un tren jalado por una vieja locomotora quemadora de carbón nos dejó cubiertos de ceniza en Manizales. Emocionados, veíamos el Nevado del Ruiz. Según los meseros de la pensión, era un volcán muerto, con 5,300 metros de altura y nieves perpetuas. Lo comparábamos con el volcán Barú, punto más alto de Panamá, con 3,400 metros y sin nieve. Fuimos en bus a
10A La Prensa Panamá, lunes 11 de agosto de 2025 Contacto [email protected] Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión de La Prensa se expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Edad mínima: 62 años para hombres y 57 años para mujeres. Tiempo mínimo de cotización: 240 cuotas (20 años). Cálculo de la pensión: basado en el promedio salarial y en el número de cuotas cotizadas. Este régimen general se fundamenta en los principios de universalidad y solidaridad, con normas idénticas para todos los asegurados, sin distinción de función, rango o condición laboral, salvo por las diferencias biológicas y sociales que justifican criterios como la edad diferenciada para las mujeres. III. Las excepciones: jubilaciones especiales Las jubilaciones especiales constituyen regímenes con requisitos y beneficios distintos al régimen general. En Panamá, ejemplos incluyen: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: fondo especial de jubilación con condiciones ventajosas respecto a la edad, el monto y el tiempo de servicio. Miembros de la Fuerza Pública: retiro con menos años de servicio y beneficios integrales. Docentes y personal académico: cálculo de pensión más favorable por reconocimiento de la naturaleza de la función. Trabajadores con riesgos especiales: como mineros, controladores aéreos o perLas colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensa se reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Espejismo: constituyente originaria Instituciones do. Lo que debemos buscar es un sosegado diseño de la doctrina, la estructura y, en fin, de los mínimos vitales de un orden de convivencia nacional. Esto es tema a considerar, por cuanto en poco tiempo no podremos cimentar muchedumbres capaces de comprender articuladamente preámbulos, dogmas, órganos y funciones de gobierno. El razonamiento que flota en el ambiente es que el proceso constituyente debe ser democrático, y nadie puede estar en desacuerdo con eso. Aquella era de los dictadores militares ya pasó, y ahora nos merecemos ser libres para decidir nuestro propio destino individual y colectivo. Pero… ¿qué hace que un proceso como el que buscamos sea democrático? La respuesta es una: que la voluntad popular sea lo que se refleje en el documento final. Son varios los caminos que conducen a ello, por lo que no se debe pensar que se llega solamente en una única dirección. En este contexto, lo indispensable es contar claramente con un mandato final proveniente del pueblo, y no asumir que el procedimiento democrático es tan solo un evento de competencia electoral irreflexiva. En otras palabras, como el objetivo de ahora no es implantar una primera Constitución del Estado panameño, y tampoco Ramón Morales Quijano El caso de las jubilaciones especiales Análisis I. Introducción En el derecho, la coexistencia entre reglas generales y excepciones es un fenómeno inherente a la técnica legislativa. La regla general busca establecer un marco normativo uniforme que garantice igualdad, previsibilidad y coherencia en el ordenamiento jurídico. Las excepciones, en cambio, responden a circunstancias específicas que, por razones de justicia, necesidad o política legislativa, justifican un trato distinto. En materia de jubilaciones, la regla general suele consistir en un régimen común de retiro aplicable a la mayoría de los trabajadores, definido por requisitos uniformes de edad, tiempo de servicio y cálculo de beneficios. Sin embargo, diversos ordenamientos —incluido el panameño— han incorporado jubilaciones especiales para determinados sectores, como magistrados, docentes, policías, diplomáticos y otros. Estas excepciones generan debates sobre su legitimidad, proporcionalidad y compatibilidad con los principios constitucionales de igualdad y equidad. II. La regla general en materia de jubilaciones En Panamá, la regla general está consagrada en el sistema de seguridad social administrado por la Caja de Seguro Social (CSS), que establece para los afiliados requisitos como: sonal expuesto a sustancias nocivas, que pueden retirarse antes por razones de salud y seguridad. IV. Fundamentos jurídicos de las excepciones Las excepciones pueden justificarse en: 1. La naturaleza especial del cargo o actividad (riesgo, alta responsabilidad, desgaste físico o mental acelerado). 2. La necesidad de atraer y retener talento en funciones estratégicas para el Estado. 3. La protección reforzada derivada de derechos fundamentales (por ejemplo, la seguridad laboral en cuerpos armados o el principio de estabilidad en la carrera judicial). El problema surge cuando el fundamento no es objetivo ni razonable, transformando la excepción en un privilegio sin sustento, contrario al principio de igualdad del artículo 19 de la Constitución panameña. V. Jurisprudencia y control constitucional La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia han establecido que las excepciones deben: • Tener base legal clara y expresa. • Responder a criterios objetivos y razonables. • No contradecir derechos fundamentales ni el principio de igualdad. En derecho comparado, la Corte Constitucional de Colombia (sentencia C608/2012) ha advertido que los regímenes pensionales especiales son válidos siempre que obedezcan a una finalidad legítima y proporcionada. VI. Riesgos y críticas a las jubilaciones especiales Opinión EL AUTOR es exmagistrado de la Corte Suprema. EL AUTOR fue embajador ante Naciones Unidas. una surgida de circunstancias políticas extraordinarias, no es razonable crear un embudo procedimental como cuestión fundamental del proceso. Por eso, presentar la dicotomía constituyente originaria/constituyente paralela como decisión previa para precalificar lo que pretendemos hacer en esta ocasión es un claro despropósito. Si la ciudadanía no conoce a fondo los mecanismos y posteriores efectos de ambas versiones, no sabrá qué es lo que más le conviene al país ni en qué dirección votarían sus constituyentes personales. Siendo así, es sumamente valioso que se conozca anticipadamente un proyecto preparado por expertos claramente despojados de intereses sectarios; no es tiempo de votar primero y ver qué inventamos después. Esto último convertiría la participación de la ciudadanía en una exaltada, primitiva, fútil y destructiva pugna politiquera. Una nueva Constitución Política necesita normas rigurosas para los derechos individuales y colectivos, y sólidas garantías en aspectos procesales y de protección del patrimonio del Estado; en consecuencia, una contienda popular sin derrotero claro y legítimo sería el camino equivocado para el diseño del poder público y de su posterior ejercicio. No parece que la constituyente paralela, como está diseñada, pueda impedir la participación activa y equitativa de la población. En su curso están presentes el debate público sobre el contenido, la transparencia, la protección de los derechos individuales y la postulación partidaria y libre para la escogencia popular de delegados y de constituyentes. Igualmente, de acuerdo con la actual Constitución, el resultado 1972: Una comisión deliberadamente disfuncional, designada por el general Torrijos, engendró una nueva Constitución Política, y se decidió arbitrariamente que los 505 representantes de corregimientos serían los ‘constituyentes’. A golpe de escritorio, aprobaron a ciegas una nueva Ley Fundamental de la República, y los saberes del derecho constitucional tuvieron que someterse a lo que impuso el poder político de la época. Los comisionados y ‘constituyentes’ de entonces fueron el todo del laberinto institucional dentro del cual funcionó un barullo de ideólogos e inexpertos claramente prejuiciados o manipulados. Lo actuado en aquella ocasión nos ha condicionado durante 53 años, y aún subsisten algunas ideas riesgosas para el futuro sistema político de la nación. Es muy productivo que haya un programa de alfabetización constitucional para todos los ciudadanos sin discriminación. Es así porque, como todos sabemos, al final la educación cívica de la ciudadanía y la comprensión de esta materia son las partes constitutivas del veredicto final. Para lograrlo, es preciso evitar que, en la marcha de este programa, se enquisten favoritismos en una dirección u otra; ello torcería la posibilidad de lograr un resultado apropiaEn materia de jubilaciones especiales, el desafío para el legislador y para el control judicial es evitar que lo que nació como medida de justicia laboral se convierta en un privilegio injustificado. Edgardo Molino Mola Presentar la dicotomía constituyente originaria/constituyente paralela como decisión previa para precalificar lo que pretendemos hacer en esta ocasión es un claro despropósito. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista tiene que someterse a referéndum popular en un tiempo perentorio. Entonces, somos los ciudadanos los obligados a garantizar que el Tribunal Electoral estructure un mecanismo libre de desviaciones o limitaciones que haya sido discutido a plenitud. Esto es indispensable para procurar una fórmula idónea que le dé validez de origen a las decisiones que se tomen. Como he expresado al comienzo, la legitimidad de todo el proceso constituyente depende de la ratificación por el pueblo, sin concesiones, en un referéndum nacional. Las transformaciones económicas y sociales, al igual que la reestructuración de nuestras instituciones y nuestros valores democráticos, no se pueden desconocer en esta nueva aventura. Solo pretendo mencionar aquí unas pocas cosas imposibles de formular en medio de una desordenada y obtusa campaña electoral en la que pugnarán férreos intereses. A título de presentimiento, veo una lucha sin cuartel de personas y organizaciones que intentarán apropiarse del proceso de redacción de la Constitución Política, impulsados por la ambición de dominación social, por la utilización de los codiciados recursos del Estado, por la retención de privilegios e inmunidades, por las reelecciones y por el afán de preservar las existentes válvulas de escape para la impunidad judicial. Ojalá no sea así. 1 Percepción de privilegio: cuando no existe justificación técnica, la ciudadanía interpreta la excepción como un beneficio arbitrario. 2 Impacto financiero: regímenes con condiciones muy favorables pueden generar cargas desproporcionadas para el erario. 3. Erosión de la igualdad: si la excepción se multiplica sin control, la regla general pierde su sentido. VII. La técnica legislativa: la excepción como excepción En teoría, las excepciones deben ser: •Taxativas: enumeradas de manera expresa. •Restrictivas: interpretadas de forma limitada. •Temporales o sujetas a revisión periódica. Cuando una excepción se convierte en la norma de facto, se produce un inverso normativo: la regla pasa a ser lo raro y la excepción lo común, distorsionando el sistema. VIII. Conclusión La regla general en el derecho garantiza uniformidad, seguridad jurídica e igualdad. Las excepciones son necesarias para atender situaciones particulares, pero deben sustentarse en razones objetivas, proporcionales y transparentes. En materia de jubilaciones especiales, el desafío para el legislador y para el control judicial es evitar que lo que nació como medida de justicia laboral se convierta en un privilegio injustificado. Como bien advierte la doctrina, “la excepción injusta es la antesala de la discriminación”.
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