3A La Prensa Panamá, domingo 10 de agosto de 2025 La ruta está trazada para las entidades públicas destinadas a desaparecer, y el presupuesto general del Estado proyecta un panorama claro en esa dirección. Recortes en el Ministerio de la Mujer, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN) evidencian que no hay suficiencia de fondos ni interés gubernamental en que continúen con sus estructuras. Si en algo ha dado pasos firmes la administración del presidente José Raúl Mulino, es en encaminar estas entidades hacia la desaparición. Ya en mayo lo había adelantado: “La reducción del Estado avanza, pero no con la rapidez que yo quisiera. Esto es una maraña de legislación que lo impide. Sin embargo, estoy avanzando hacia allá”, dijo el octavo día de aquel mes. La principal oposición la han puesto los propios funcionarios de las entidades y, en el caso del Ministerio de la Mujer, una veintena de organizaciones feministas y defensoras de la igualdad de género. La reducción no es tarea fácil: requiere una nueva ley de carrera administrativa que debe ir a la Asamblea Nacional, aunque el Ejecutivo tiene experiencia, enlaces y asesores expertos en cabildeo en ese órgano. Los bancos Lo primero que debe discutirse en el Legislativo es el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia 2026, que ya fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En él se registran importantes señales del rumbo del BHN. El estatal banco hipotecario fue dejado sin fondos para la inversión en el proyecto presupuestario de 2026. Los $10.3 millones contemplados para el presupuesto de la entidad están destinados al funcionamiento. De ese monto, $7.4 millones estarían asignados para la dirección y administración general; $2.9 millones para operaciones de créditos y $13 mil a “transferencias varias”. En 2025, el BHN sí contó con un presupuesto para inversión, contemplado por la Ley de Presupuesto (N° 454), de $4.7 millones. El 93% de ese monto fue destinado a inversiones del propio banco. Para 2026, el monto sería de $0.00. El recorte da un vistazo de su futuro predestinado: será transformado en un instituto de fomento a viviendas de interés social, con una reducción del 80% de la planta laboral actual, según dijera el presidente Mulino en su discurso a la nación del 1 de julio pasado. El BDA no se queda atrás. Pasará a ser un Instituto de Fomento Agropecuario y su presupuesto ya empezó a reducirse, al tiempo que se cierran oficinas. El monto destinado a los créditos agropecuarios que otorga la entiRecortes en presupuesto 2026 marcan rumbo de entidades que desaparecerán REDUCCIÓN DEL ESTADO dad se redujo en un 75.1%, comparado con el señalado por ley en 2025. La cartera total de este tipo de créditos propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas para el BDA es de $15.9 millones, de cara al 2026. Este 2025, al mismo renglón se destinaron $63.9 millones. La millonaria reducción coincide con los planes del Ejecutivo de cambiar la entidad de banco a instituto. En cuanto al presupuesto de funcionamiento del BDA, pasaría de $31.6 millones en 2025 a $25.3 millones en 2026. Según Mulino, en la entidad se ha dado una operación financiera “irresponsable”. Al mismo tiempo, señaló que “de banco solo tiene el nombre”. ¿Megaministerio? El efímero paso del Ministerio de la Mujer por la estructura gubernamental panameña queda retratado en el proyecto de presupuesto: todo estará destinado al funcionamiento. Son $7.3 millones asignados a ese renglón para 2026, y $0 a inversión. En general, al ministerio se le reduciría el 24.1% de su presupuesto, cuando se compara al presente año. A pesar de que se indicó que el ministerio se transformaría en una Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), esto aún no ha sido establecido formalmente por ley, como sí lo está la cartera desde su creación a través de la Ley 375 de 2023. El propio Mides enfrenta recortes en el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de cara a la vigencia fiscal 2026. Son $29.3 millones menos que recibirá dicha cartera en comparación con el año anterior. El recorte está en la inversión. Mientras en 2025 el Mides tuvo un presupuesto de $220 millones para inversión, en 2026 este número se reduciría a $194 millones. En tanto, el presupuesto de funcionamiento pasaría de $46 a $43 millones. La estrategia oficial apunta a un Estado más pequeño y, en teoría, más eficiente. Sin embargo, el proyecto presupuestario debe pasar por el escrutinio del Legislativo; cuya Comisión de Presupuesto será instalada mañana. La inestabilidad económica del país y el desempleo causaron la migración de miles de studiantes de la escuela privada hacia el sistema público. Archivo Educación privada: 536 colegios, pese a pérdida de 35,919 alumnos Yaritza Mojica [email protected] Mario De Gracia [email protected] SISTEMA EDUCATIVO En 2019, el país tenía registrados 496 colegios particulares en el Subsistema Regular, Modalidad Formal. En 2020, a inicios del año escolar, sumaban 553. Poco después llegó la pandemia de covid-19. El número de centros educativos particulares en Panamá alcanzó en 2025 su cifra más alta desde 2019, con 536 registros, según datos del Ministerio de Educación (Meduca). Sin embargo, el sector todavía afronta las secuelas de la pandemia de covid-19, que provocó el cierre de escuelas y una migración masiva de estudiantes hacia el sistema oficial. Muchas escuelas particulares pequeñas, luego de la pandemia de 2020, registraron bajas en sus matrículas debido a la crisis económica que afectó a muchos países y de la cual Panamá no escapó, producto del desempleo. Para ese momento, en Panamá, al menos 284,209 contratos fueron suspendidos y había unas 225,450 personas desempleadas, según reportes emitidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá se mantiene aproximadamente en el 9.5%, lo que representa no menos de 202 mil personas sin una plaza de trabajo. En 2019, el país tenía registrados 496 colegios particulares en el Subsistema Regular, Modalidad Formal. En 2020, a inicios del año escolar, el Meduca contabilizaba 553 escuelas; esta cifra descendió para finales de ese año y, para 2021, se reportó el cierre de 24 planteles, quedando en 529, en medio de un contexto marcado por clases virtuales, dificultades económicas y el cierre definitivo de varios centros. En 2022, cuando las escuelas nuevamente abrieron sus puertas, la cifra de colegios privados bajó a 513. La recuperación comenzó en 2023 (507) y continuó en 2024 (531), hasta llegar a 536 en 2025. Sin embargo, aún no se ha alcanzado la cantidad de escuelas particulares que operaban en 2012 y 2013, cuando la cifra reportada por el Meduca era de 740 colegios. Estas estadísticas reflejan un escenario educativo en el sector particular con variaciones asociadas a factores como la migración de estudiantes hacia el sistema oficial, cambios en la economía y ajustes en la oferta académica. Actualmente, entre las regiones educativas con mayor concentración de colegios particulares está Panamá Centro, con 184 en 2025, seguida por Panamá Oeste, con 132, y Panamá Este, con 37. En contraste, las regiones con menor cantidad son las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala, ambas con solo cuatro centros educativos. Migración al sistema oficial En los últimos cinco años —2019 al cierre de 2024–, 35,919 estudiantes se trasladaron de colegios particulares a escuelas oficiales debido al impacto de la pandemia y la inestabilidad económica de las familias a causa del desempleo. Las cifras anuales revelan el alcance del fenómeno: 5,201 alumnos en 2020, 13,111 en 2021, 14,700 en 2022, 1,507 en 2023 y 1,400 en 2024. Durante 2024, el Meduca reportó unos 140 mil estudiantes en el sistema particular (12%) y 944 mil en el sistema oficial (88%). Especialistas advierten que, aunque el sector muestra signos de recuperación en infraestructura, la pérdida de estudiantes y la presión económica podrían seguir marcando la evolución de la educación privada en los próximos años. A esta situación se suma la preocupación de los padres de familia por un posible incremento exagerado en los costos de matrícula o mensualidades, con el fin de que las escuelas existentes sigan operando. Javier Lombardo, coordinador de la Unión Nacional de Padres de Familia de Colegios Particulares (Unaedpa), recordó que el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación exige que los cambios en matrícula, uniformes y útiles en escuelas privadas se coordinen con el Meduca y las asociaciones de padres, siguiendo el procedimiento del Decreto Ejecutivo 601 de 2015. Aunque el reglamento permite a los padres oponerse a los aumentos, la decisión final recae enteramente en el colegio, lo que genera frustración entre las familias. Lombardo añadió que muchos padres hacen un gran sacrificio económico para brindar educación particular a sus hijos, a pesar de que es responsabilidad del Estado garantizar educación gratuita hasta noveno grado. Denunció que, aunque este reglamento obliga a las escuelas a justificar aumentos y consultar a los padres, en la práctica la decisión final siempre recae en el colegio. Según Lombardo, el Meduca debe ejercer una mayor fiscalización en estos temas. Los padres sostienen que la normativa actual permite que se apliquen aumentos incluso con su oposición, vaciando de sentido el proceso de consulta. Recientemente, la diputada independiente Alexandra Brenes hizo un llamado a los centros educativos particulares para que notifiquen con tiempo a los padres de familia si prevén un aumento en las matrículas para el próximo año escolar. “Ya estamos a mitad de año y las escuelas que prevénhacerunaumentoensus matrículas para el próximo año están en la obligación de convocar a los padres de familia para informarles sobre este incremento”, indicó Brenes. La diputada señaló que, hasta el momento, no existe un porcentaje tope o limitante para el aumento de matrícula, por lo que analizan revisar la normativa. Se intentó conocer la posición de la Asociación de Colegios Particulares, pero al cierre de esta nota no se logró concretar la comunicación. El presidente José Raúl Mulino y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Cortesía/MEF
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