8A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 El Gabinete de José Raúl Mulino debe designar a los nuevos magistrados. Cortesía El Pacto de Estado por la Justicia: logros, retrocesos y omisiones Juan Manuel Díaz [email protected] SELECCIÓN DE MAGISTRADOS El acuerdo político logrado en 2005 tras una crisis institucional permitía un proceso adicional para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La exclusión del Pacto de Estado por la Justicia por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el proceso de selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión desafortunada que podría afectar negativamente la percepción del país en los índices internacionales de corrupción. Así lo manifestó María Soledad Carbonell, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien aseguró que las acciones del Pacto de Estado por la Justicia han sido fundamentales para el mejoramiento de la administración de justicia, en especial con la implementación de la carrera judicial, reformas al Código de Procedimiento Penal y la participación ciudadana. Aseguró que el Pacto de Estado por la Justicia ha sido una herramienta que logró transparentar la selección de magistrados a la Corte y dotar al ciudadano de un mayor acceso a la administración de justicia. Carbonell coincidió con la expresidenta de dicha instancia, Magaly Castillo, quien plantea que desde su creación, en 2005, los aportes del Pacto de Estado han sido importantes. De acuerdo con Castillo la participación del Pacto en la selección de los magistrados de la Corte evitó la escogencia de “compadres” y “amigos” para estos cargos. Además, dice, se convirtió en un ejercicio para escoger a los mejores calificados. Ambas reconocen que el Pacto se convirtió en un espacio público para las organizaciones de la sociedad civil, Órgano Judicial, el Ministerio Público y representantes del Ejecutivo tuviesen un punto de encuentro para debatir cómo mejorar la administración de justicia y que existiera consenso antes de que los proyectos llegaran a la Asamblea Nacional. Mulino anunció que su Gabinete en los próximos días hará uso de su derecho constitucional de designar los nombres de los magistrados que reemplazarán a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera de la Corte y de Ángela Russo en la Sala Civil para que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, considere su ratificación. No usará el mecanismo del Pacto de Estado como lo hicieron varios de sus antecesores. Además, señaló que ese acuerdo nació muerto. El expresidente Martín Torrijos (2004-2009) lanzó duras críticas a esta decisión. “Presidente Mulino: El Pacto de Estado por la Justicia no nació muerto. Que usted quiera enterrarlo… es otra cosa. En vez de buscar pleitos, busque soluciones. Para eso lo eligieron”, dijo en un video colgado en sus redes sociales. Origen del Pacto de Estado por la Justicia El Pacto de Estado por la Justicia fue un acuerdo judicial firmado el 14 de marzo de 2005. Su principal objetivo era fortalecer la administración de justicia del país, haciéndola más ágil, eficiente, transparente, confiable y accesible para los ciudadanos. La meta era restaurar la credibilidad en el sistema judicial y garantizar el cumplimiento del debido proceso, un pilar fundamental de la democracia. Ese acuerdo se formalizó mediante Resolución de Gabinete N.º107 del 7 de septiembre de 2005 durante el gobierno de Torrijos, que creó un mecanismo permanente de seguimiento de ese acuerdo llamado Comisión de Estado por la Justicia. El Pacto de Estado surgió tras las escandalosas declaraciones del magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien acusó a sus homológos Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas de emitir polémicos fallos que beneficiaron a personas procesadas por delitos de narcotráfico. Según Arjona, estos tres magistrados permitieron la liberación en 2004 de Lorena Henao Montoya, requerida por las autoridades colombianas por ser miembro del Cartel del Norte del Valle y estar implicada en delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y la liberación del narcotraficante Fernando Requena Duval, requerido por Estados Unidos. Arjona también denunció el cierre de una investigación relacionada con el tráfico de 3,000 fusiles AK-47 de la Policía de Nicaragua, que terminaron en manos de paramilitares colombianos. Las declaraciones de Arjona provocaron una tormenta política con una serie de reacciones en la sociedad, que desembocaron en una petición para que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, investigara las actuaciones de los tres magistrados. En ese momento, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó la renuncia de los nueve magistrados de la Corte. Sin embargo, la Comisión de Credenciales desestimó las acusaciones de Arjona alegando que hacía falta la llamada “prueba sumaria”. Principales logros del Pacto de Estado por la Justicia El Pacto logró consolidar cambios como la creación y posterior implementación del Código Procesal Penal (Ley 63 de 2008). Este código reemplazó el sistema inquisitivo por el Sistema Penal Acusatorio, un cambio radical que transformó la forma en que se llevaban a cabo los procesos penales. En este nuevo sistema se separan las funciones de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento (jueces), se garantiza el derecho a un juicio justo y se promueve la oralidad y la celeridad en los juicios. Otro de los logros alcanzados fue la reorganización del Órgano Judicial. El Pacto impulsó una reorganización profunda de su estructura. Se crearon nuevas fiscalías y despachos judiciales, y se promovió la especialización de los jueces en áreas específicas del derecho. Con esto, se agilizó la tramitación de los casos y se redujo la carga de trabajo de los funcionarios judiciales. La creación de la carrera judicial y administrativa dentro del Órgano Judicial fue otro logro alcanzado, a través de la promulgación de la Ley 53 de 2005. Esta ley profesionalizó la función judicial, estableciendo un sistema de méritos para el nombramiento, ascenso y permanencia de jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales. El objetivo era asegurar que los puestos fueran ocupados por personal calificado y honesto, reduciendo la influencia de factores políticos o clientelistas. También se fomentó la transparencia y la participación ciudadana a través de la creación del Tribunal de Integridad y Transparencia, que permite investigar las actuaciones de jueces y magistrados por medio de un cuerpo independiente. A la vez, el Pacto promovió la modernización tecnológica mediante la implementación de sistemas informáticos para el registro y seguimiento de casos, así como la digitalización de expedientes. Estas medidas se establecieron para mejorar la transparencia, facilitar el acceso a la información y agilizar los trámites judiciales. Puntos oscuros del Pacto Entre 2009 y 2014, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli y con José Raúl Mulino como miembro de su gabinete, el Pacto de Estado por la Justicia quedó paralizado, luego de que no se asignaran presupuestos para la implementación del Sistema Penal Acusatorio y la Carrera Judicial. Magaly Castillo recordó que en una reunión el entonces ministro Mulino aseguró que el Pacto sería un “zapato que Martinelli no se calzaría”. También quedó en evidencia que el tamiz del Pacto de Estado por la Justicia no es infalible, especialmente tras la selección de algunos magistrados cuyas actuaciones posteriores fueron cuestionadas. Tal es el caso del magistrado Hernán De León, quien, en una conversación con la exprocuradora Kenia Porcell, aseguró que el caso de los pinchazos telefónicos, seguido al expresidente Ricardo Martinelli, “se iba a caer”. De León le confió a Porcell que había sido grabado y que, por esa razón, el caso sería anulado. “Me repetía: ¡Me grabaron!, ¡me grabaron!”, contó Porcell. Los gremios magisteriales alertan que tanto el Ministerio de Educación (Meduca) como la Contraloría General de la República han descontado a los docentes. de forma “ilegal”, más de 200 millones de dólares, entre salarios y la segunda partida del décimo tercer mes, al tiempo que las autoridades alegan que no había sustento legal para pagar por días no laborados, tras una reciente paralización de labores. Según la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), estos descuentos son “ilegales”, y cuestionan el destino de los fondos retenidos. El anuncio de los gremios se da luego de que el Meduca informara que el pago realizado hoy, correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes para los docentes que participaron en la reciente huelga y no asistieron a impartir clases, será proporcional a los días efectivamente trabajados. En ese sentido, el contralor general, Anel Flores, informó que la deducción aplicada a los docentes que se mantuvieron en paro representa entre 72 y 73 días que no fueron devengados en dicha partida del décimo. Armando Espinosa, representante de AMIA, explicó que más de 15 mil docentes panameños han sido afectados por la retención de sus salarios durante la huelga educativa, acumulando al menos cinco quincenas no pagadas. Con un salario promedio de 2 mil dólares por educador, el monto asciende a más de 150 millones de dólares que el Meduca y la Contraloría no han desembolsado. A esta cifra se suman más de 20 millones de dólares adeudados por conceptos como vigencias expiradas, viáticos por difícil acceso y ascensos de categoría no reconocidos. Además, se denuncia un recorte superior al 50 % del décimo tercer mes, lo que representa otros 50 millones de dólares retenidos. Espinosa señaló que más de 700 docentes, entre ellos instructores vocacionales y docentes con nombramientos por licencia de gravidez, no han recibido su salario desde hace meses. El total de fondos no pagados supeDocentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones SECUELAS DEL PARO raría los 200 millones de dólares, y el gremio educativo exige explicaciones sobre el destino de ese dinero. Por su parte, el Meduca explicó en un comunicado que “en el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados”. El pasado 23 de abril, diversas organizaciones de educadores iniciaron un paro de labores en rechazo a la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. La huelga se prolongó durante 81 días, y los docentes retomaron sus funciones en las aulas el 14 de julio. Destituyen a director del Colegio José Remón Cantera. AMIA también denunció la destitución de Luis Mosquera, director del Colegio José Remón Cantera, ubicado en Paitilla. El educador explicó que fue destituido por el Meduca por no procesar los docentes en huelga. Se conoció que en ese centro educativo archivaron 17 expedientes de docentes que debían ser procesados administrativamente. Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó que tras recibir señalamientos por parte de personal administrativo del Centro Educativo José Antonio Remón Cantera, y luego de un análisis detallado de la documentación relacionada con actuaciones administrativas de la dirección del mencionado centro educativo, se ha tomado la decisión de iniciar una investigación formal, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación y otras normativas vigentes. Yaritza Mojica [email protected] Dirigencia docente que apoyó la paralización de la educación.. Archivo Panorama
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