2A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Del total de implicados, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— están afiliados al oficialista PRD. Archivo 73% de los ediles y alcaldes requeridos por presunto peculado son del PRD DESCENTRALIZACIÓN PARALELA La Fiscalía Anticorrupción requirió ubicar a 70 alcaldes y representantes de corregimiento por posibles irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización, también conocido como descentralización paralela, tras detectar indicios de la comisión del delito de peculado. Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos. Del total de implicados, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— están afiliados al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha encendido alarmas sobre el uso clientelista de programas sociales financiados con fondos públicos. El peso del PRD en esta lista refuerza las críticas sobre la forma en que se han distribuido recursos estatales desde los gobiernos locales, en algunos casos sin la fiscalización suficiente y bajo la sombra de posibles actos de corrupción. Lo anterior implica que, al menos, el 73% de los políticos investigados forman parte de las filas del PRD. La orden fue impartida por la Fiscalía luego de practicar una serie de diligencias en el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se identificaron los nombres de las personas que recibieron cheques del programa PDIS. La información requerida al BNP busca identificar a las personas naturales y jurídicas que recibieron fondos provenientes de la descentralización a través del PDIS. Otros partidos Aparte del PRD, Cambio Democrático (CD), con 14 ediles y alcaldes señalados, también figura de forma relevante en el expediente. A pesar de ser una fuerza en oposición, varios de sus miembros han manejado fondos de la descentralización paralela durante el mismo período (2019-2024) y ahora están bajo la lupa judicial. El Partido Panameñista, por su parte, suma cuatro representantes implicados, lo que muestra que el posible uso indebido de fondos públicos no ha estado limitado a una sola corriente política. Este programa, concebido como una herramienta para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables, fue usado como botín político, aunque fue cerrado por la Autoridad Nacional de Descentralización, mientras el Ministerio Público avanza en la identificación de responsables y la eventual formulación de cargos. Hasta el momento, la AND ha presentado un total de 294 denuncias que involucran irregularidades en el manejo de 213 millones de dólares, de un total de 320 millones que se presume se asignaron en este programa. La Fiscalía Anticorrupción calificó como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela. El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron. Mulino reacciona El presidente José Raúl Mulino defendió ayer las acciones emprendidas por su administración frente al escándalo de la descentralización paralela, asegurando que se han presentado 294 denuncias penales por el presunto mal manejo de más de 213 millones de dólares. “Estas denuncias involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios. El Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, afirmó Mulino, quien reiteró que las actuaciones de la Autoridad Nacional de Descentralización se han apegado a la ley. “Las denuncias fueron interpuestas donde deben presentarse, en el Ministerio Público”, añadió. El mandatario subrayó que el proceso ha incluido una revisión exhaustiva de los informes de rendición de cuentas y que, en los casos en que la información fue insuficiente o inexistente, se procedió a presentar las respectivas denuncias. “Se ha revisado el 65% de los informes recibidos y 53 funcionarios han demostrado un uso adecuado de los recursos”, precisó. Mulino enfatizó que el papel de la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, es “auxiliar” pero esencial en este proceso. “Créanmelo y se los digo a todos: yo no tengo absolutamente nada que ver con estos procesos ni me voy a meter en ninguno de ellos”, recalcó, al insistir en que será la justicia quien decida conforme a derecho. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto. Isaac Ortega MEF propone elevar a $1 millón el tope para traslados sin aval del Legislativo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Se trata de un monto mucho mayor al establecido en el proyecto de presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso elevar a un millón de dólares el tope para autorizar directamente traslados de partidas sin necesidad de llevarlos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, según lo contempla el proyecto de presupuesto para el año 2026. Se trata de un monto mucho mayor al establecido en el proyecto de presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares. A simple vista, la medida intenta agilizar los procesos y reducir la carga legislativa en la aprobación de reasignaciones internas de fondos, al tiempo que otorga mayor margen de maniobra al Ejecutivo en la gestión del gasto. Según el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuando las solicitudes de traslado de las entidades públicas no superen los 100 mil dólares, el MEF podrá evaluarlas, tramitarlas y autorizarlas, siempre que se remitan a la Comisión dentro de los primeros veinte días del mes, solo para su conocimiento. En los casos en que los montos oscilen entre 100 mil y un millón de dólares, también será el MEF quien decida si da curso o no a la solicitud, tras verificar la disponibilidad de fondos no comprometidos. Esta información deberá enviarse a la Comisión de Presupuesto dentro de los primeros quince días del mes, también solo para su conocimiento. Ninguna institución podrá solicitar nuevos traslados si no ha remitido el informe correspondiente sobre los anteriores. La Comisión de Presupuesto mantiene la facultad de citar a los funcionarios responsables cuando lo considere necesario. En situaciones de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete, el Ejecutivo podrá autorizar traslados de hasta dos millones de dólares, a través del MEF, para atender la crisis. En este caso, se trata de un monto similar al establecido en el presupuesto de 2025. Las razones Consultado al respecto, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que el aumento en el tope de los traslados de partidas presupuestarias responde a la necesidad de agilizar la ejecución financiera del Estado. Según detalló, el nuevo límite propuesto —que pasa de 300 mil a un millón de que el cambio requiere aprobación legislativa. Más controles El diputado independiente Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, expresó su preocupación ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar a un millón de dólares el tope para autorizar traslados de partidas sin necesidad de llevarlos al escrutinio legislativo. Recordó que la ley de presupuesto de 2025 ya obligaba al MEF a enviar informes sobre traslados menores a 300 mil dólares, pero —según dijo— nunca recibieron esa documentación. “Cuando entremos en la discusión, trataremos el tema”, advirtió. Richards señaló que, con el límite vigente de 300 mil dólares, lograron frenar traslados por 400 mil y 500 mil dólares destinados a alquileres y compras que, en su criterio, carecían de justificación. Por ello, cuestionó que se pretenda flexibilizar aún más los controles y sostuvo que lo que el país necesita es mayor rigurosidad en el manejo de los fondos públicos. “Yo esperaría que, más que flexibilizar, hay que ser más rigurosos”, concluyó. Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024), el tope que obligaba a llevar los traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto no fue uniforme: en algunos años se exigía que superaran los $200 mil; en otros, los $300 mil. Ya en las administraciones de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), las leyes de presupuesto fijaban en $300 mil el umbral a partir del cual se requería la aprobación del legislativo. dólares— busca reducir la carga operativa que implica someter cada modificación presupuestaria a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “Se vuelve algo muy engorroso”, dijo, al referirse a los retrasos generados por la programación de sesiones y la espera de la aprobación legislativa. Durante el último año, el Ejecutivo enfrentó complicaciones por tener que llevar múltiples solicitudes menores a la Asamblea, lo que Fernández calificó como “demasiado intrusivo” para la dinámica administrativa del gobierno. A su juicio, el exceso de intermediación legislativa dificulta responder a situaciones urgentes, como necesidades operativas de las instituciones o eventos imprevistos. Por eso, señaló, la propuesta eleva el umbral para permitir una mayor fluidez en las finanzas públicas. Aunque la medida fue sugerida por el Ministerio de Economía y Finanzas, su implementación no depende únicamente del Ejecutivo. Fernández aclaró que el nuevo límite debe quedar establecido por ley a través del proyecto de presupuesto anual. “Eso está en la ley; tiene que pasar la ley de presupuesto para poder terminar con ese límite”, indicó el viceministro, subrayando
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