1A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Hoy por hoy El Pacto de Estado por la Justicia nació en 2005 como respuesta a la crisis provocada por las denuncias del exmagistrado Adán Arnulfo Arjona sobre corrupción y fallos que beneficiaron a narcotraficantes. Fue un acuerdo histórico que dio origen a reformas como la carrera judicial, el Sistema Penal Acusatorio, la reorganización del Órgano Judicial y el fortalecimiento de la defensa pública. En sus mejores años, el Pacto transparentó la selección de magistrados, evitando que la Corte se llenara de “compadres” y “amigos”. Sin embargo, su credibilidad se debilitó con recomendaciones cuestionadas, como la de Hernán De León, protagonista del bochornoso “me grabaron, me grabaron”. También hubo periodos de parálisis, especialmente bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando el hoy presidente José Raúl Mulino era ministro. Hoy, Mulino ha decidido excluir al Pacto de la escogencia de dos nuevos magistrados. La Constitución da al Gabinete la facultad de nombrar y a la Asamblea de ratificar, pero si los diputados avalan sin escrutinio y la ciudadanía calla, no será omisión: será complicidad. La justicia de la próxima década está en juego. Japón pierde casi 1 millón de habitantes 9A Un salto en la lucha contra la corrupción 4A Análisis MEF quiere más margen para mover fondos Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso aumentar de $300 mil a $1 millón el tope para autorizar directamente traslados de partidas presupuestarias sin la aprobaLEY DE PRESUPUESTO Proyecto de ley del Ejecutivo plantea elevar hasta $1 millón el tope que no requiere el aval de la Comisión de Presupuesto. Actualmente es de $300 mil. ción previa de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La medida, incluida en el proyecto de presupuesto para 2026, busca agilizar la ejecución financiera del Estado y reducir la carga legislativa en la tramitación de reasignaciones internas de fondos. Según el MEF, las demoras en la programación de sesiones y la espera de aprobación han entorpecido el funcionamiento de muchas entidades públicas. El nuevo esquema permitiría al Ejecutivo procesar traslados menores a un millón de dólares, aunque deberá notificar a la Asamblea para su conocimiento. Sin embargo, diputados como Betserai Richards advierten que esta flexibilización podría abrir la puerta a abusos. Recordó que, con el límite actual, lograron frenar gastos injustificados, y que el MEF ni siquiera ha remitido los informes requeridos sobre traslados menores. El cambio propuesto requiere aprobación legislativa. VEA 2A El Pacto de Estado por la Justicia fue creado en 2005 como mecanismo de concertación entre órganos del Estado y la sociedad civil, tras denuncias de corrupción en la Corte Suprema. Desde entonces, ha participado en procesos de evaluación de candidatos a magistrados y ha impulsado reformas como la carrera judicial, el sistema penal acusatorio y el fortalecimiento de la defensa pública. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, influyeron en nombramientos clave. Este año, el presidente José Raúl Mulino decidió no convocarlo para el proceso de selección de nuevos magistrados. VEA 8A NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS Los claroscuros del Pacto de Estado por la Justicia La selección Sub-15 de Panamá logró una importante victoria 3-2 ante México y clasificó a las semifinales del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, que se juega en Alajuela, Costa Rica. Alfredo Maduro fue la figura del encuentro con dos goles (4’ y 14’), mientras que Alexander Tull marcó el tercero (11’). México descontó con tantos de Juan Carlos Martínez (23’) y Daavian Kimbrough (70’). Ambos equipos terminaron con nueve puntos, pero México fue primero por diferencia de CONCACAF Panamá Sub-15 sorprende a México con un doblete de AlfredoMaduro goles. Panamá enfrentará a Estados Unidos este sábado 9 de agosto a las 12:00 p.m. en busca del pase a la final. VEA 7B José Raúl Mulino LP Alfredo Maduro se quita la marca de un defensor. Cortesía/Fepafut La descentralización paralela, impulsada durante el gobierno de Laurentino Cortizo, canalizó fondos públicos a juntas comunales y municipios con poca fiscalización. La Fiscalía investiga a 70 alcaldes y representantes por posibles delitos con recursos del Programa de Interés Social (PDIS). De ellos, 51 pertenecen al PRD, lo que refuerza las denuncias sobre clientelismo y uso político del presupuesto. Las irregularidades detectadas rondan los $213 millones. Aunque el gobierno de José Raúl Mulino asegura haber presentado 294 denuncias, será la justicia la que determine si hubo responsabilidad penal y política en este esquema de gestión descentralizada. VEA 2A INVESTIGACIONES Descentralización: PRD encabeza casos de peculado 75¢ Viernes 8 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15102
2A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Del total de implicados, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— están afiliados al oficialista PRD. Archivo 73% de los ediles y alcaldes requeridos por presunto peculado son del PRD DESCENTRALIZACIÓN PARALELA La Fiscalía Anticorrupción requirió ubicar a 70 alcaldes y representantes de corregimiento por posibles irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización, también conocido como descentralización paralela, tras detectar indicios de la comisión del delito de peculado. Como parte del proceso, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos. Del total de implicados, la mayoría absoluta —51 representantes y alcaldes— están afiliados al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha encendido alarmas sobre el uso clientelista de programas sociales financiados con fondos públicos. El peso del PRD en esta lista refuerza las críticas sobre la forma en que se han distribuido recursos estatales desde los gobiernos locales, en algunos casos sin la fiscalización suficiente y bajo la sombra de posibles actos de corrupción. Lo anterior implica que, al menos, el 73% de los políticos investigados forman parte de las filas del PRD. La orden fue impartida por la Fiscalía luego de practicar una serie de diligencias en el Banco Nacional de Panamá (BNP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Descentralización, donde se identificaron los nombres de las personas que recibieron cheques del programa PDIS. La información requerida al BNP busca identificar a las personas naturales y jurídicas que recibieron fondos provenientes de la descentralización a través del PDIS. Otros partidos Aparte del PRD, Cambio Democrático (CD), con 14 ediles y alcaldes señalados, también figura de forma relevante en el expediente. A pesar de ser una fuerza en oposición, varios de sus miembros han manejado fondos de la descentralización paralela durante el mismo período (2019-2024) y ahora están bajo la lupa judicial. El Partido Panameñista, por su parte, suma cuatro representantes implicados, lo que muestra que el posible uso indebido de fondos públicos no ha estado limitado a una sola corriente política. Este programa, concebido como una herramienta para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables, fue usado como botín político, aunque fue cerrado por la Autoridad Nacional de Descentralización, mientras el Ministerio Público avanza en la identificación de responsables y la eventual formulación de cargos. Hasta el momento, la AND ha presentado un total de 294 denuncias que involucran irregularidades en el manejo de 213 millones de dólares, de un total de 320 millones que se presume se asignaron en este programa. La Fiscalía Anticorrupción calificó como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela. El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron. Mulino reacciona El presidente José Raúl Mulino defendió ayer las acciones emprendidas por su administración frente al escándalo de la descentralización paralela, asegurando que se han presentado 294 denuncias penales por el presunto mal manejo de más de 213 millones de dólares. “Estas denuncias involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios. El Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, afirmó Mulino, quien reiteró que las actuaciones de la Autoridad Nacional de Descentralización se han apegado a la ley. “Las denuncias fueron interpuestas donde deben presentarse, en el Ministerio Público”, añadió. El mandatario subrayó que el proceso ha incluido una revisión exhaustiva de los informes de rendición de cuentas y que, en los casos en que la información fue insuficiente o inexistente, se procedió a presentar las respectivas denuncias. “Se ha revisado el 65% de los informes recibidos y 53 funcionarios han demostrado un uso adecuado de los recursos”, precisó. Mulino enfatizó que el papel de la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, es “auxiliar” pero esencial en este proceso. “Créanmelo y se los digo a todos: yo no tengo absolutamente nada que ver con estos procesos ni me voy a meter en ninguno de ellos”, recalcó, al insistir en que será la justicia quien decida conforme a derecho. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto. Isaac Ortega MEF propone elevar a $1 millón el tope para traslados sin aval del Legislativo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Se trata de un monto mucho mayor al establecido en el proyecto de presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso elevar a un millón de dólares el tope para autorizar directamente traslados de partidas sin necesidad de llevarlos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, según lo contempla el proyecto de presupuesto para el año 2026. Se trata de un monto mucho mayor al establecido en el proyecto de presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares. A simple vista, la medida intenta agilizar los procesos y reducir la carga legislativa en la aprobación de reasignaciones internas de fondos, al tiempo que otorga mayor margen de maniobra al Ejecutivo en la gestión del gasto. Según el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuando las solicitudes de traslado de las entidades públicas no superen los 100 mil dólares, el MEF podrá evaluarlas, tramitarlas y autorizarlas, siempre que se remitan a la Comisión dentro de los primeros veinte días del mes, solo para su conocimiento. En los casos en que los montos oscilen entre 100 mil y un millón de dólares, también será el MEF quien decida si da curso o no a la solicitud, tras verificar la disponibilidad de fondos no comprometidos. Esta información deberá enviarse a la Comisión de Presupuesto dentro de los primeros quince días del mes, también solo para su conocimiento. Ninguna institución podrá solicitar nuevos traslados si no ha remitido el informe correspondiente sobre los anteriores. La Comisión de Presupuesto mantiene la facultad de citar a los funcionarios responsables cuando lo considere necesario. En situaciones de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete, el Ejecutivo podrá autorizar traslados de hasta dos millones de dólares, a través del MEF, para atender la crisis. En este caso, se trata de un monto similar al establecido en el presupuesto de 2025. Las razones Consultado al respecto, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que el aumento en el tope de los traslados de partidas presupuestarias responde a la necesidad de agilizar la ejecución financiera del Estado. Según detalló, el nuevo límite propuesto —que pasa de 300 mil a un millón de que el cambio requiere aprobación legislativa. Más controles El diputado independiente Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, expresó su preocupación ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar a un millón de dólares el tope para autorizar traslados de partidas sin necesidad de llevarlos al escrutinio legislativo. Recordó que la ley de presupuesto de 2025 ya obligaba al MEF a enviar informes sobre traslados menores a 300 mil dólares, pero —según dijo— nunca recibieron esa documentación. “Cuando entremos en la discusión, trataremos el tema”, advirtió. Richards señaló que, con el límite vigente de 300 mil dólares, lograron frenar traslados por 400 mil y 500 mil dólares destinados a alquileres y compras que, en su criterio, carecían de justificación. Por ello, cuestionó que se pretenda flexibilizar aún más los controles y sostuvo que lo que el país necesita es mayor rigurosidad en el manejo de los fondos públicos. “Yo esperaría que, más que flexibilizar, hay que ser más rigurosos”, concluyó. Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (20192024), el tope que obligaba a llevar los traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto no fue uniforme: en algunos años se exigía que superaran los $200 mil; en otros, los $300 mil. Ya en las administraciones de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), las leyes de presupuesto fijaban en $300 mil el umbral a partir del cual se requería la aprobación del legislativo. dólares— busca reducir la carga operativa que implica someter cada modificación presupuestaria a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “Se vuelve algo muy engorroso”, dijo, al referirse a los retrasos generados por la programación de sesiones y la espera de la aprobación legislativa. Durante el último año, el Ejecutivo enfrentó complicaciones por tener que llevar múltiples solicitudes menores a la Asamblea, lo que Fernández calificó como “demasiado intrusivo” para la dinámica administrativa del gobierno. A su juicio, el exceso de intermediación legislativa dificulta responder a situaciones urgentes, como necesidades operativas de las instituciones o eventos imprevistos. Por eso, señaló, la propuesta eleva el umbral para permitir una mayor fluidez en las finanzas públicas. Aunque la medida fue sugerida por el Ministerio de Economía y Finanzas, su implementación no depende únicamente del Ejecutivo. Fernández aclaró que el nuevo límite debe quedar establecido por ley a través del proyecto de presupuesto anual. “Eso está en la ley; tiene que pasar la ley de presupuesto para poder terminar con ese límite”, indicó el viceministro, subrayando
3A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Panorama Jorge Fábrega, asesor presidencial, y José Raúl Mulino, presidente de la República. LP Mulino confirma que Ricky Fábrega ‘opera’ en la Asamblea Mario De Gracia [email protected] POLÉMICA El mandatario afirmó que ‘no es ningún pecado’ que Ricky Fábrega, su asesor, sea un enlace con la Asamblea Nacional, ente con el que necesita tener coordinación. E l presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó ayer que su asesor presidencial, Jorge Ricky Fábrega, “opera” en la Asamblea Nacional, lo que considera “no es ningún pecado”. Fábrega fue visto por diferentes fuentes legislativas consultadas por La Prensa el pasado lunes 4 de agosto en la Asamblea Nacional, quienes señalaron que sostuvo reuniones con diferentes diputados a lo largo de la tarde, en vísperas de la definición de 13 comisiones legislativas por consenso y 2 por votación secreta. Particularmente, el líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, señaló a Fábrega directa y públicamente, tras la conformación de las comisiones. Luego de las declaraciones de Mulino, Vásquez señaló: “A confesión de partes, relevo de pruebas (...)”, en su cuenta de ‘X’, Tanto Vásquez, como otros testigos en el Palacio Legislativo, coincidieron en que Fábrega buscaba votos para la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, ahora comisionada de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea. Mulino rechazó que se tratara de una búsqueda de votos en el Legislativo. “Jorge Ricardo Fábrega es mi asesor presidencial, coordinación y enlace con la Asamblea, que es un órgano político con el que yo necesito tener coordinación. No para buscar votos (...)”, dijo. “Jorge Ricardo Fábrega tiene una misión encomendada por mí. Ese es mí contacto en la Asamblea, político”, enfatizó. Mulino trabajaría con el PRD Tras el espaldarazo del presidente Mulino a Fábrega, señaló que trabajará con cualquiera que sea la fracción política que termine presidiendo la Comisión de Credenciales. “Yo no soy [Laurentino] Nito Cortizo”, dijo. Al tiempo que aseguró que trabajaría con el diputado Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), si le toca hacerlo. Robinson también fue electo miembro de Credenciales. Indignación en Vamos Las reacciones no tardaron en llegar desde Vamos, que perdió mayoría en la comisión de Credenciales con sospechas de traiciones. “A nosotros nos parece inaceptable. El Presidente de la República bien puede tener un enlace con la Asamblea, más no puede estar teniendo un tipo de injerencia en la conformación de las comisiones”, dijo el subjefe de bancada de Vamos, Luis Duke, al referirse a lo dicho por el presidente. Se esperaba que el colectivo de libre postulación lograra mayoría en Credenciales junto a sus aliados del partido Panameñista, Cambio Democrático (CD), el Partido Popular y la bancada Seguimos, pero esto no terminó ocurriendo. Cambios imprevistos en los votos para elegir a los comisionados terminaron logrando una mayoría que Mulino reconoció ayer. Benicio Robinson y Arquesio Arias, del PRD; Dana Castañeda y Ariel Vallarino, de RM, y Joan Guevara, del partido Alianza y la bancada mixta, aseguraron las cinco sillas que otorgan mayoría en Credenciales. Las sospechas siguen en pie y la definición de la directiva de la comisión no será hasta el miércoles 13 de agosto, según el calendario preliminar de instalación que difundió la Asamblea Nacional. “Yo creo que en estos momentos no podemos aceptar que exista un asesor tan cercano al Presidente dentro de los pasillos de la Asamblea, intentando convencer a algún diputado que vote de alguna u otra forma”, dijo, por su parte, el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards. El resto de las sillas de la comisión de Credenciales las ocupan Augusto Tuto Palacios y Yamireliz Chong, de Vamos; José Luis Popi Varela, del partido Panameñista y Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’. Yessica Romero, del partido Cambio Democrático (CD), finalmente quedó sin silla en Credenciales, luego de que no recibiera todos los votos previstos desde el bloque de Vamos, Seguimos, CD y panameñistas. La presencia de Romero habría representado el control del bloque en la Comisión, pero las proyecciones tendrán que reconfigurarse para la elección interna.
4A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] DILEMA. Benicio exclamó que, ahora que forma parte de cuatro comisiones legislativas, no sabe cómo repartirá su horario para poder participar en todas. Que se salga de la de Presupuesto y el problema queda resuelto. Seguramente hasta le sobrará tiempo. DÚO. Los diputados Crispiano Adames y Jairo Salazar impulsan una amnistía para todos aquellos “detenidos, implicados, sindicados, procesados y/o judicializados” por protestar contra la Ley 462, de reformas a la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿quién responde por los comercios vandalizados, los dos meses de clases perdidas y los pequeños negocios que no facturaron un solo dólar por los cierres de calles? ¿O es que Adames y Salazar solo abogan por quienes quebrantaron la ley? ENVIADO. Si Jorge Ricardo Fábrega es el “coordinador y enlace con la Asamblea” del presidente Mulino, ¿por qué solo se le ha visto reunido con los diputados de RM y algunos de CD? ¿Por qué hay bancadas enteras que desconocían el rol institucional de Fábrega y se enteraron ayer, cuando el presidente lo dijo en su conferencia de prensa semanal? Además, cada vez que a Fábrega se le ha visto ingresando al edificio principal del Legislativo, lo hace por una puerta lateral, cerca de la clínica parlamentaria, y no por el ‘lobby’ principal. Como si no quisiera que lo reconozcan o tuviera algo muy tétrico que tratar. PROVECHO. El año pasado, el entonces director del Ifarhu, Jaime Díaz, informó al país que la entidad estaba “totalmente quebrada”, endeudada y sin recursos ni tecnología. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto que el MEF acaba de preLuis Carlos Manuel Gómez Rudy, procurador general de la Nación. Cortesía Un salto en la lucha contra la corrupción Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS El procurador general presentó dos proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción, agilizar procesos, ampliar facultades del Ministerio Público y endurecer sanciones. La propuesta incluye cambios clave al Código Penal y Procesal. El pasado 24 de julio, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, presentó a la Asamblea Nacional dos iniciativas legislativas que, de ser aprobadas, fortalecerían significativamente las herramientas con que dispone el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y aumentarían las sanciones por estos delitos. Las propuestas contenidas en los proyectos de ley 291 y 292 representan el intento más completo de actualizar la legislación panameña para enfrentar el flagelo de la corrupción de los servidores públicos y el latrocinio de los bienes del Estado. Lo que propone cada proyecto es importante para el debate nacional sobre la transparencia de la gestión pública. El proyecto de ley 291 Este proyecto de ley, “Por la cual se adopta la Ley General Anticorrupción, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, consta de 71 artículos que, en su mayoría, se refieren a las herramientas de investigación, métodos y tácticas operativas, y a las reglas procesales con las cuales el Ministerio Público pudiera adquirir igualdad de armas con los corruptos y sus redes de criminalidad. El documento contiene importantes novedades en materia procesal. La iniciativa permitiría aplicar los mecanismos de lucha contra el crimen organizado, como los agentes encubiertos, operaciones encubiertas, pagos controlados, interceptaciones de telecomunicaciones, entre otros. Curiosamente, una de las medidas más relevantes que propone el proyecto es romper el nudo gordiano que representa la espera de las auditorías de la Contraloría General de la República. Como es conocido, la Contraloría puede ser un importante aliado en la lucha contra la corrupción, pero también puede convertirse en un obstáculo si retrasa las auditorías que el actual sistema procesal exige como evidencia necesaria para probar delitos como peculado y enriquecimiento injustificado. El proyecto, en su artículo 7, dice: “Peritajes y auditorías. Los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos de los que trata la presente Ley podrán ser practicados por los servidores públicos que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, así como los miembros de los entes policiales o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, así como a la urgencia, necesidad del caso o a la naturaleza de la diligencia técnico-científica que se requiera. Estas actuaciones no estarán sujetas a prejudicialidad ni requerirán la validación de otra entidad pública. En particular, no será necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General de la República para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal, que por otros medios de prueba se puedan deducir.” Esta propuesta normativa no entra en conflicto con la Constitución Política. Otros nudos gordianos En el artículo 31 se pretende romper otra barrera que perjudica la lucha contra la corrupción: la prohibición de la prueba trasladada. Estas son pruebas válidas obtenidas en un proceso que podrían ser usadas en otro con el debido control judicial, lo cual actualmente no es posible. Esto no solo favorece la economía procesal, sino que también facilita la investigación, ya que, si por ejemplo un mismo banco lava dinero para dos funcionarios corruptos no vinculados, la evidencia obtenida para el primero serviría para el segundo. En los artículos 38 y 39 se desarrolla la figura del “acuerdo reparatorio de persona jurídica”. Este es un mecanismo procesal que facilitaría que las personas jurídicas realicen acuerdos de pena o de colaboración eficaz, a cambio de obligaciones muy estrictas garantizadas por fianzas, hipotecas o bonos. Si la persona jurídica no cumple, existiría una severa indemnización. Otro nudo gordiano que enfrenta la lucha contra la corrupción es el breve término de prescripción que tienen algunos de estos delitos. En el artículo 60 se propone duplicar el término de prescripción “...para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”. Otra barrera que se busca superar es la que impide la investigación del delito de enriquecimiento injustificado. En el artículo 69 del proyecto se propone que el Ministerio Público pueda investigar de oficio este delito, posibilidad que no existe actualmente y que fomenta la impunidad. Proyecto de ley 292 Esta iniciativa propone modificar 10 artículos del Código Penal y agregar uno adicional, para cerrar el círculo en materia de los delitos de corrupción. Dos son los principios orientadores de esta propuesta de reforma: por una parte, se aumentan las penas de algunos delitos, y por la otra, se complementa el esfuerzo del proyecto de ley 291, proponiendo las reformas al Código Penal que facilitan los cambios procesales presentados por el procurador general de la Nación. Este proyecto de ley aspira a modificar los artículos 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 365, y a adicionar el artículo 365-A al Código Penal. Se trata de modificaciones pertinentes a delitos de corrupción, peculado, concusión, enriquecimiento injustificado y sus agravantes. Los aumentos de pena propuestos no son tan significativos como se pudiera esperar, pero colocan a esta familia de delitos en un rango de penas de entre 4 y 12 años de prisión, lo que — en comparación con el narJosé González Pinilla [email protected] Dos empresas están interesadas en el alumbrado navideño 2025 de la ciudad CONTRATACIÓN Dos empresas presentaron ofertas durante el acto de licitación realizado por la Alcaldía de Panamá para el alumbrado navideño en parques y en las principales avenidas de los corresentar a la Asamblea, al Ifarhu se le asignan $500.1 millones para el próximo año. La cifra es muy similar a la de 2025 ($501.9 millones), pero bastante superior a los $400 millones de hace cinco años. Cuesta creer que estamos hablando de una entidad que nació con un presupuesto de apenas $17.3 millones, hace 35 años. Ya todos sabemos qué pasó de ahí en adelante... cotráfico— resulta insuficiente. Surge la pregunta de si hace más daño al bienestar de la ciudadanía la banda que trafica 10 kilos de cocaína para venderla en las esquinas, o la banda que se roba el dinero destinado a construir hospitales. Las perspectivas Dado que existe un nuevo balance de fuerzas en la Asamblea Nacional, parece viable que los proyectos de ley 291 y 292 sean debatidos y aprobados con su contenido actual. Esta no era la realidad hace menos de dos meses. Con la posibilidad de que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales les dé el primer debate a estas y otras iniciativas contra la corrupción, es probable que el aprendizaje y las frustraciones del Ministerio Público y de la ciudadanía en relación con los últimos diez años de actividad procesal contra la corrupción sirvan de fundamento para una nueva realidad jurídica menos favorable a la impunidad. En ambos proyectos de ley faltó generar el desincentivo más importante para las empresas que participan en actos de corrupción. Si no se declara nula de forma absoluta toda contratación pública o adquisición de un bien o servicio por parte del Estado o los gobiernos locales que haya sido obtenida mediante acciones corruptas, se mantendrá el incentivo perverso de corromper lo más posible y de encontrar a los más corruptos en el servicio público para hacer negocios. Si esas empresas tuvieran la certeza de que su transacción sería anulada y tendrían que devolver todo lo que el Estado o los gobiernos locales les hayan pagado, entonces cambiarían la forma de hacer negocios. Mientras esa puerta esté abierta, la corrupción seguirá siendo rentable. gimientos que conforman la capital. El precio de referencia del contrato es de $2.8 millones. Las empresas son: Daroca Group, S.A., que presentó una propuesta por $2.8 millones, y Optinework Inc., que ofertó el mismo monto. La empresa que resulte ganadora deberá encargarse del servicio de alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones de iluminación navideña. Ahora, una comisión evaluará si las propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de cargos. El 3 de junio, el Consejo Municipal dio luz verde al alcalde Mayer Mizrachi para que procediera con la licitación. La Alcaldía realizó estudios de mercado para determinar el costo estimado del alumbrado y tratar de reducirlo. Solo Disaroca, S.A., envió al municipio —vía correo electrónico— un detalle pormenorizado de los costos, incluyendo el ITBMS. Esta empresa propuso un monto de $3.2 millones. El municipio recordó que, administraciones pasadas firmaron contratos similares. Según archivos revisados, Contraseñas Production, S.A. cobró $2.9 millones en 2022, mientras que Disaroca Group, S.A. facturó $3.2 millones en 2023. La Alcaldía ha identificado 24 espacios públicos —entre parques y avenidas— que serán intervenidos con iluminación decorativa. De estos, 18 espacios recibirán decoraciones exclusivamente con temática navideña, mediante la instalación de elementos luminosos LED, así como iluminación en follajes y troncos de árboles. Los seis espacios restantes contarán con una iluminación fija con temáticas específicas durante un período de doce meses, además de ser decorados durante la temporada navideña con luces en árboles. Los pagos al contratista se realizarán a crédito, previa validación de la Unidad Gestora del Proyecto: 20% de anticipo, 60% el 7 de enero de 2026, 10% por mantenimiento tras los primeros seis meses de 2026 y 10% final el 31 de diciembre de 2026
5A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025
6A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 Panorama Traición de película Sabrina Sin Censura Sabrina Bacal [email protected] se había recurrido en la historia reciente: la votación secreta en el pleno y el azar para desempatar. El bloque de 37 votos que dio la victoria a Jorge Herrera, se redujo a 33 en Credenciales y a 34 en Gobierno. La matemática no miente: la torcedura de brazos fue más fuerte que la lealtad. Esto se había advertido. Una votación a espaldas del escrutinio público abrió las puertas a presiones y ofrecimientos. Del Ejecutivo por supuesto, pero no exclusivamente. Hay otras agendas particulares que llegan de afuera y dentro del país. Mientras siguen las distintas versiones sobre quiénes fueron los traidores, conviene sacar algunas lecciones de lo ocurrido. La primera es la fragilidad de la coalición “opositora”. La segunda es que el ‘matraqueo’ existe y funciona, sobretodo para un Ejecutivo que está metido hasta el cuello en el Legislativo. La tercera es que una votación secreta en un órgano donde los debates son públicos, es un despropósito que debe ser modificado en el Reglamento Interno. ¿Cómo quedaron estas comisiones y por qué importan? La de Credenciales tiene mayoría oficialista. Allí se ratifican altos funcionarios, incluyendo dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este período. Se inician procesos para enjuiciar al presidente o a los propios magistrados. Es una fuente de poder y hasta de extorsión. De ahí la obsesión del mandatario por controlarla. Ante preguntas sobre la injerencia del Ejecutivo, José Raúl Mulino dijo exaltado que Ricky Fábrega es su enlace con la Asamblea y que eso no es ningún pecado. Su ficha es Dana Castañeda pero quedó claro que se entenderá con quien la presida. En la comisión de Gobierno, el bloque de los 37 retuvo la mayoría… raspando. Allí podría revivir la ley de amnistía que beneficiaría tanto a Martinelli como a Varela. Los dos expresidentes dejaron de pelear entre ellos para pelear juntos por esa aberración ética y jurídica. Una imagen retrata la impúdica alianza: Martinelli con la botella de Ron Abuelo en Colombia. Como no faltan las paradojas, es en esta comisión donde se deben discutir las leyes anticorrupción y los cambios al Reglamento Interno. El duelo está entre Janine Prado de Vamos y Luis Eduardo Camacho de RM. Ella tiene ventaja numérica, pero es tal la amalgama de intereses, que es mejor no descartar otro desenlace. Y en esta jornada de presiones y traiciones, no puede quedar por fuera una escena de película. Mientras Jorge Bloise de Vamos (que se había reunido con Mulino hace semanas) era electo como presidente de la comisión de Educación, los diputados oficialistas se ausentaron porque estaban en el Ministerio de Educación. ¿Boicot ordenado por Lenacapavir es un antirretroviral de acción prolongada que se administra cada seis meses para la prevención del VIH. iStock Lenacapavir: Panamá negocia acceso a antirretroviral de $28,000 al año Aleida Samaniego C. [email protected] SALUD PÚBLICA Para acceder al innovador antirretroviral de aplicación semestral, aprobado como PrEP, el Gobierno explora alianzas, compras globales y negociaciones multilaterales. El acceso a tratamientos de última generación no siempre depende de la ciencia, sino de la capacidad de pago. Ese es el caso del lenacapavir, un medicamento innovador para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cuya eficacia ha sido ampliamente validada a nivel internacional, pero cuyo precio lo mantiene fuera del alcance de la mayoría de los países de ingresos medios. Panamá no es la excepción, pero busca opciones. Ante el potencial de este antirretroviral inyectable, que solo requiere dos aplicaciones al año, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) han iniciado gestiones a múltiples niveles para hacerlo accesible. Desde negociaciones con organismos multilaterales hasta conversaciones con la propia farmacéutica, Panamá explora alternativas que permitan sortear las barreras de costo y lograr que esta herramienta forme parte de su estrategia nacional de prevención del VIH. El jefe de la Sección de ITS, VIH/Sida del Minsa, Carlos Chávez, confirmó que el país explora alianzas con entidades como el Fondo Mundial, el Plan del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (Pepfar), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ Sida (Onusida) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es claro: encontrar mecanismos de financiamiento que permitan integrar el lenacapavir a las opciones disponibles en el sistema de salud pública. Además, Chávez mencionó que se mantienen conversaciones con Gilead Sciences, fabricante del medicamento, para evaluar precios adaptados a la realidad panameña y explorar fórmulas de cooperación público-privada que favorezcan su adquisición a mediano plazo. ¿Qué hace diferente al lenacapavir? Este medicamento marca una nueva era en la prevención del VIH. Pertenece a una clase distinta de antirretrovirales que actúan directamente sobre la cápside del virus, interfiriendo en etapas clave de su ciclo de vida. Su aplicación semestral reduce significativamente los desafíos de adherencia que enfrentan muchas personas en tratamientos diarios, y su eficacia supera el 99.9 % en prevención, según datos clínicos recientes. La OMS ya lo ha incluido en sus recomendaciones oficiales de prevención combinada, junto con otros métodos como la PrEP oral y el cabotegravir. Su inclusión en estas guías refuerza la urgencia de encontrar vías para facilitar su acceso en contextos como el panameño. El lenacapavir se comercializa actualmente en Estados Unidos por más de 28 mil dólares al año por paciente como PrEP (profilaxis pre-exposición), y supera los $40,000 cuando se utiliza como tratamiento. Aunque Gilead ha establecido acuerdos con el Fondo Mundial para donaciones y precios reducidos en ciertas regiones, Panamá no está incluida en esas licencias voluntarias, lo que impide acceder a versiones genéricas más económicas. Sin embargo, Chávez explicó que Panamá está participando en espacios regionales de renegociación y diálogo con la industria para buscar esquemas de acceso más equitativos. Una de las rutas en evaluación es el uso del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que permite a los países miembros adquirir medicamentos esenciales a menor costo mediante compras conjuntas. Para Natasha Dormoi, coordinadora de Aids Healthcare Foundation (AHF) en Panamá, el lenacapavir representa un cambio de paradigma en la prevención del VIH, pues “es lo más cercano a una vacuna que hemos tenido hasta hoy. Una sola inyección, dos veces al año, puede cambiar el rumbo de la epidemia”, afirmó. No obstante, advirtió que este avance corre el riesgo de beneficiar únicamente a quienes puedan pagar más de $28,000 al año cuando se utiliza como profilaxis preexposición, a pesar de que, según estimaciones, su costo de producción es inferior a $100. Dormoi subrayó que el Estado panameño debe explorar mecanismos legales y diplomáticos para garantizar el acceso al medicamento a través del sistema público de salud. Panamá tiene ante sí la oportunidad de liderar en la región un modelo de acceso justo e innovador. La decisión que tome marcará el rumbo de su respuesta frente al VIH en la próxima década. En Panamá, 21,034 personas reciben tratamiento con terapia antirretroviral (TARV), una herramienta fundamental para controlar la carga viral, evitar complicaciones y reducir la transmisión, según datos del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Además, los datos preliminares del Minsa de 2024 evidencian que el año pasado se registraron 1,120 casos de VIH. A pesar de los avances prometedores del medicamento, su elevado costo y la falta de acceso en muchas regiones del mundo subrayan la necesidad urgente de políticas más inclusivas y acuerdos internacionales que garanticen que esta herramienta crucial llegue a quienes más lo necesitan. La prevención y el tratamiento efectivo del VIH deben ser una prioridad global, y para lograrlo, el acceso a tecnologías como el lenacapavir debe estar garantizado para todas las poblaciones, sin importar su nivel socioeconómico o ubicación geográfica. La decisión que tome Panamá marcará el rumbo de su respuesta frente al VIH en la próxima década. Cortesía Lucy? No se sabe, pero ¡qué falta de educación… y de cálculo político! La coalición del 1 de julio está pegada con chicle. No aguantó el matraqueo que permitió la votación secreta. Está por verse si tal fragilidad permitirá al Legislativo jugar un verdadero rol de contrapeso. Con la ley de Presupuesto 2026, hay 34 mil millones de razones para hacerlo. ¿Cambió algo en la Asamblea? Su junta directiva está en manos de la coalición “opositora” y por primera vez diputados de la libre postulación presiden comisiones. Sin duda hay un cambio en parte del elenco, pero en el guion se repiten las viejas mañas. Solo el tiempo dirá si estamos o no ante la misma película de siempre. Cuchillos largos, ‘matraqueo’ y traición. Palabras que describieron la dramática definición de las comisiones de Credenciales y Gobierno en la Asamblea Nacional. Mientras las otras 13 se acordaron por consenso, en estas dos la negociación se trabó, forzando un método al que no Primera etapa del ferrocarril llegará hasta Divisa Henry Faarup, secretario del Ferrocarril que se construirá entre las provincias de Panamá y Chiriquí, adelantó que la primera etapa del proyecto contemplará un tramo de 205 kilómetros, desde el sector de Albrook hasta Divisa. Faarup dio los detalles en un conversatorio ante miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) el miércoles. A la actividad también asistieron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Esta primera etapa abarca 8 de las 14 estaciones que tendrá. La principal, por su componente de nodo logístico y agroindustrial de carga, sería Divisa; informó Presidencia, ministerio al que está adscrita la Secretaría. “La construcción del ferrocarril va a incrementar el estándar de vida de todos los panameños y generar confianza en la empresa privada, a pesar de que el modelo económico y estructural está en constante revisión. Los cambios se pueden generar, como por ejemplo, variar por dónde iniciaremos la obra”, acotó Faarup. El secretario del ferrocarril explicó que existirá un ramal hacia Panamá Pacífico, que se realizará en otra fase por medio de una vía de acercamiento. Lo anterior, detalla, generaría ahorros en la inversión. En total, la megaobra recorrerá 486 kilómetros para conectar Panamá – David- Frontera. Además de Divisa, en el tramo completo se abarcan estaciones de alta relevancia, como las de Ciudad de la Salud, David y Paso Canoas en Chiriquí. La construcción de la primera fase podría iniciar en el año 2026. PROYECTO Mario De Gracia [email protected] Henry Faarup, secretario del Ferrocarril de Panamá. Cortesía
7A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025
8A La Prensa Panamá, viernes 8 de agosto de 2025 El Gabinete de José Raúl Mulino debe designar a los nuevos magistrados. Cortesía El Pacto de Estado por la Justicia: logros, retrocesos y omisiones Juan Manuel Díaz [email protected] SELECCIÓN DE MAGISTRADOS El acuerdo político logrado en 2005 tras una crisis institucional permitía un proceso adicional para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La exclusión del Pacto de Estado por la Justicia por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el proceso de selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión desafortunada que podría afectar negativamente la percepción del país en los índices internacionales de corrupción. Así lo manifestó María Soledad Carbonell, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, quien aseguró que las acciones del Pacto de Estado por la Justicia han sido fundamentales para el mejoramiento de la administración de justicia, en especial con la implementación de la carrera judicial, reformas al Código de Procedimiento Penal y la participación ciudadana. Aseguró que el Pacto de Estado por la Justicia ha sido una herramienta que logró transparentar la selección de magistrados a la Corte y dotar al ciudadano de un mayor acceso a la administración de justicia. Carbonell coincidió con la expresidenta de dicha instancia, Magaly Castillo, quien plantea que desde su creación, en 2005, los aportes del Pacto de Estado han sido importantes. De acuerdo con Castillo la participación del Pacto en la selección de los magistrados de la Corte evitó la escogencia de “compadres” y “amigos” para estos cargos. Además, dice, se convirtió en un ejercicio para escoger a los mejores calificados. Ambas reconocen que el Pacto se convirtió en un espacio público para las organizaciones de la sociedad civil, Órgano Judicial, el Ministerio Público y representantes del Ejecutivo tuviesen un punto de encuentro para debatir cómo mejorar la administración de justicia y que existiera consenso antes de que los proyectos llegaran a la Asamblea Nacional. Mulino anunció que su Gabinete en los próximos días hará uso de su derecho constitucional de designar los nombres de los magistrados que reemplazarán a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera de la Corte y de Ángela Russo en la Sala Civil para que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, considere su ratificación. No usará el mecanismo del Pacto de Estado como lo hicieron varios de sus antecesores. Además, señaló que ese acuerdo nació muerto. El expresidente Martín Torrijos (2004-2009) lanzó duras críticas a esta decisión. “Presidente Mulino: El Pacto de Estado por la Justicia no nació muerto. Que usted quiera enterrarlo… es otra cosa. En vez de buscar pleitos, busque soluciones. Para eso lo eligieron”, dijo en un video colgado en sus redes sociales. Origen del Pacto de Estado por la Justicia El Pacto de Estado por la Justicia fue un acuerdo judicial firmado el 14 de marzo de 2005. Su principal objetivo era fortalecer la administración de justicia del país, haciéndola más ágil, eficiente, transparente, confiable y accesible para los ciudadanos. La meta era restaurar la credibilidad en el sistema judicial y garantizar el cumplimiento del debido proceso, un pilar fundamental de la democracia. Ese acuerdo se formalizó mediante Resolución de Gabinete N.º107 del 7 de septiembre de 2005 durante el gobierno de Torrijos, que creó un mecanismo permanente de seguimiento de ese acuerdo llamado Comisión de Estado por la Justicia. El Pacto de Estado surgió tras las escandalosas declaraciones del magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien acusó a sus homológos Arturo Hoyos, Winston Spadafora y Aníbal Salas de emitir polémicos fallos que beneficiaron a personas procesadas por delitos de narcotráfico. Según Arjona, estos tres magistrados permitieron la liberación en 2004 de Lorena Henao Montoya, requerida por las autoridades colombianas por ser miembro del Cartel del Norte del Valle y estar implicada en delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y la liberación del narcotraficante Fernando Requena Duval, requerido por Estados Unidos. Arjona también denunció el cierre de una investigación relacionada con el tráfico de 3,000 fusiles AK-47 de la Policía de Nicaragua, que terminaron en manos de paramilitares colombianos. Las declaraciones de Arjona provocaron una tormenta política con una serie de reacciones en la sociedad, que desembocaron en una petición para que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Credenciales, investigara las actuaciones de los tres magistrados. En ese momento, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó la renuncia de los nueve magistrados de la Corte. Sin embargo, la Comisión de Credenciales desestimó las acusaciones de Arjona alegando que hacía falta la llamada “prueba sumaria”. Principales logros del Pacto de Estado por la Justicia El Pacto logró consolidar cambios como la creación y posterior implementación del Código Procesal Penal (Ley 63 de 2008). Este código reemplazó el sistema inquisitivo por el Sistema Penal Acusatorio, un cambio radical que transformó la forma en que se llevaban a cabo los procesos penales. En este nuevo sistema se separan las funciones de investigación (Ministerio Público) y de juzgamiento (jueces), se garantiza el derecho a un juicio justo y se promueve la oralidad y la celeridad en los juicios. Otro de los logros alcanzados fue la reorganización del Órgano Judicial. El Pacto impulsó una reorganización profunda de su estructura. Se crearon nuevas fiscalías y despachos judiciales, y se promovió la especialización de los jueces en áreas específicas del derecho. Con esto, se agilizó la tramitación de los casos y se redujo la carga de trabajo de los funcionarios judiciales. La creación de la carrera judicial y administrativa dentro del Órgano Judicial fue otro logro alcanzado, a través de la promulgación de la Ley 53 de 2005. Esta ley profesionalizó la función judicial, estableciendo un sistema de méritos para el nombramiento, ascenso y permanencia de jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales. El objetivo era asegurar que los puestos fueran ocupados por personal calificado y honesto, reduciendo la influencia de factores políticos o clientelistas. También se fomentó la transparencia y la participación ciudadana a través de la creación del Tribunal de Integridad y Transparencia, que permite investigar las actuaciones de jueces y magistrados por medio de un cuerpo independiente. A la vez, el Pacto promovió la modernización tecnológica mediante la implementación de sistemas informáticos para el registro y seguimiento de casos, así como la digitalización de expedientes. Estas medidas se establecieron para mejorar la transparencia, facilitar el acceso a la información y agilizar los trámites judiciales. Puntos oscuros del Pacto Entre 2009 y 2014, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli y con José Raúl Mulino como miembro de su gabinete, el Pacto de Estado por la Justicia quedó paralizado, luego de que no se asignaran presupuestos para la implementación del Sistema Penal Acusatorio y la Carrera Judicial. Magaly Castillo recordó que en una reunión el entonces ministro Mulino aseguró que el Pacto sería un “zapato que Martinelli no se calzaría”. También quedó en evidencia que el tamiz del Pacto de Estado por la Justicia no es infalible, especialmente tras la selección de algunos magistrados cuyas actuaciones posteriores fueron cuestionadas. Tal es el caso del magistrado Hernán De León, quien, en una conversación con la exprocuradora Kenia Porcell, aseguró que el caso de los pinchazos telefónicos, seguido al expresidente Ricardo Martinelli, “se iba a caer”. De León le confió a Porcell que había sido grabado y que, por esa razón, el caso sería anulado. “Me repetía: ¡Me grabaron!, ¡me grabaron!”, contó Porcell. Los gremios magisteriales alertan que tanto el Ministerio de Educación (Meduca) como la Contraloría General de la República han descontado a los docentes. de forma “ilegal”, más de 200 millones de dólares, entre salarios y la segunda partida del décimo tercer mes, al tiempo que las autoridades alegan que no había sustento legal para pagar por días no laborados, tras una reciente paralización de labores. Según la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), estos descuentos son “ilegales”, y cuestionan el destino de los fondos retenidos. El anuncio de los gremios se da luego de que el Meduca informara que el pago realizado hoy, correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes para los docentes que participaron en la reciente huelga y no asistieron a impartir clases, será proporcional a los días efectivamente trabajados. En ese sentido, el contralor general, Anel Flores, informó que la deducción aplicada a los docentes que se mantuvieron en paro representa entre 72 y 73 días que no fueron devengados en dicha partida del décimo. Armando Espinosa, representante de AMIA, explicó que más de 15 mil docentes panameños han sido afectados por la retención de sus salarios durante la huelga educativa, acumulando al menos cinco quincenas no pagadas. Con un salario promedio de 2 mil dólares por educador, el monto asciende a más de 150 millones de dólares que el Meduca y la Contraloría no han desembolsado. A esta cifra se suman más de 20 millones de dólares adeudados por conceptos como vigencias expiradas, viáticos por difícil acceso y ascensos de categoría no reconocidos. Además, se denuncia un recorte superior al 50 % del décimo tercer mes, lo que representa otros 50 millones de dólares retenidos. Espinosa señaló que más de 700 docentes, entre ellos instructores vocacionales y docentes con nombramientos por licencia de gravidez, no han recibido su salario desde hace meses. El total de fondos no pagados supeDocentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones SECUELAS DEL PARO raría los 200 millones de dólares, y el gremio educativo exige explicaciones sobre el destino de ese dinero. Por su parte, el Meduca explicó en un comunicado que “en el caso de los docentes que no asistieron a sus puestos de trabajo por su participación en la reciente paralización, este desembolso se hará de manera proporcional a los días efectivamente laborados”. El pasado 23 de abril, diversas organizaciones de educadores iniciaron un paro de labores en rechazo a la Ley 462, que modificó el sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. La huelga se prolongó durante 81 días, y los docentes retomaron sus funciones en las aulas el 14 de julio. Destituyen a director del Colegio José Remón Cantera. AMIA también denunció la destitución de Luis Mosquera, director del Colegio José Remón Cantera, ubicado en Paitilla. El educador explicó que fue destituido por el Meduca por no procesar los docentes en huelga. Se conoció que en ese centro educativo archivaron 17 expedientes de docentes que debían ser procesados administrativamente. Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó que tras recibir señalamientos por parte de personal administrativo del Centro Educativo José Antonio Remón Cantera, y luego de un análisis detallado de la documentación relacionada con actuaciones administrativas de la dirección del mencionado centro educativo, se ha tomado la decisión de iniciar una investigación formal, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación y otras normativas vigentes. Yaritza Mojica [email protected] Dirigencia docente que apoyó la paralización de la educación.. Archivo Panorama
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