2A La Prensa Panamá, jueves 7 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Yasser Yánez García [email protected] Anati redefine áreas de titulación en la cuenca de río Indio CANAL DE PANAMÁ La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) emitió la Resolución N° ADMG-450-2025 del 16 de julio de 2025 que redefine los procesos de regularización y titulación masiva de tierras en varias comunidades rurales ubicadas dentro de la cuenca de río Indio, en las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste. La medida, publicada en la Gaceta Oficial de ayer, excluye del proceso de titulación a las comunidades de Cirí Grande, corregimiento de Capira; río Indio, Chiguirí Arriba y El Valle, en la provincia de Coclé; así como a La Encantada, establecidas como zonas de regularización catastral y titulación dentro de la Región Occidental de la Cuenca del Canal de Panamá (ROCC) mediante el acuerdo N° 7 del 8 de agosto de 2002. De igual forma, excluye al corregimiento de Salud, en Colón, como parte de zona de regularización catastral dentro del ROCC, mediante la Resolución ADMG-068-2017 del 16 de marzo de 2017. Se mantiene como parte de esta zona de regularización a los corregimientos de Santa Rosa y Cirí de Los Sotos, en la provincia de Panamá Oeste; La Encantada, en Colón; río Indio, del distrito de Donoso, también en Colón, y la zona de río Indio, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. Ante esto, la institución autorizó a la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) a continuar con los trámites de regularización y titulación masiva en las áreas comprendidas dentro de la cuenca de río Indio y la instalación de una Oficina Operativa de Adjudicación para expeditar los procesos, sin que “el pago no sea un impedimento”. De acuerdo con la resolución, se calcula que 10,360 personas que hoy viven en tierras no tituladas en la cuenca del río Indio podrán convertirse en propietarios legales, lo que les brindaría seguridad jurídica ante el proyecto de la construcción de un embalse en río Indio por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que permitiría mejorar la seguridad hídrica del país y del Canal. Presupuesto de la Caja de Seguro Social sube 12% y supera los $8 mil millones Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FINANZAS PÚBLICAS La CSS administrará $8,211 millones en 2026, impulsada por la reciente reforma a pensiones y mayores aportes estatales. La Caja de Seguro Social (CSS) manejará en 2026 un presupuesto total de $8,211 millones, una cifra superior a los $7,321 millones asignados en 2025. El aumento presupuestario refleja no solo las crecientes demandas del sistema, sino también los efectos de la reciente reforma estructural del sistema de pensiones, que dio origen a la Ley 462, aprobada en medio de un debate nacional marcado por tensiones sociales y advertencias sobre la sostenibilidad del programa que financia el pago a los jubilados del país. De hecho, este nuevo escenario financiero se configura como una prueba clave para medir la viabilidad de los ajustes y la capacidad institucional de la CSS para responder a las expectativas ciudadanas. Antes de detallar el presupuesto de la entidad más grande del engranaje estatal panameño, es vital entender que la CSS es, en muchos sentidos, el termómetro de la economía panameña. Cuando la economía anda bien, hay más trabajadores formales, y con ellos llegan más cuotas que alimentan las finanzas de la institución. Si esas entradas se enfrían, es porque hay menos empleo, menos cotizantes y, por tanto, menos ingresos. La entidad administra tres pilares clave del sistema de protección social: el programa público de pensiones, que garantiza los ingresos de los jubilados; el programa de enfermedad y maternidad, que cubre la atención médica de los trabajadores formales; y el programa de riesgos profesionales, que atiende accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo. Todos estos componentes están directamente ligados al dinamismo del empleo y a la salud financiera del país. En resumen, mirar las cuentas de la CSS es tener una radiografía de cómo se está moviendo el país, tanto en lo laboral como en lo social. El desglose Según el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a la Asamblea Nacional, el gasto operativo de la CSS para el próximo año será de $5,429 millones, con la mayor carga asignada al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que desembolsará $2,930 millones, reflejando la presión que ejercen las pensiones sobre las finanzas de la institución. Le siguen los programas de Enfermedad y Maternidad, con gastos programados por $1,896 millones, y el de Administración, con casi $200 millones; cifras que evidencian el peso estructural del sistema de salud pública y su burocracia. En el desglose, otros rubros como Riesgos Profesionales ($367 millones) y el Plan de Retiro Anticipado ($1.3 millones) tienen asignaciones menores, al igual que el Fondo Complementario y el SIACAP. En materia de inversión, la CSS proyecta $2,782 millones, de los cuales $2,477 millones estarán destinados a inversiones financieras. Solo $158 millones se utilizarán en remodelación y construcción de estaciones de salud, y $147 millones en adquisición de maquinaria y equipos. Los ingresos Para el año 2026, la CSS proyecta ingresos por $8,211 millones, de los cuales $6,802 millones provendrán de ingresos corrientes. La principal fuente de financiamiento sigue siendo las contribuciones a la seguridad social, clasificadas como impuestos directos, que representarán $4,427 mi- $260 mil. El análisis de estos números cobra especial relevancia en un momento en que la institución enfrenta presiones para mejorar servicios, ampliar coberturas y responder a las reformas establecidas en la recién promulgada Ley 462. Aportes y planilla El presupuesto de 2026 también contempla un aporte de $1,167 millones a la CSS, una inyección financiera que busca reforzar la estabilidad del sistema tras años de advertencias sobre su fragilidad fiscal. Este respaldo estatal se da en el contexto de la implementación de la Ley 462, aprobada como parte de la reciente reforma al régimen de pensiones, y representa el plan por aliviar la presión sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el más comprometido dentro de la estructura financiera de la institución. Uno de los temas más cuestionados dentro de la entidad es el manejo de su planilla. La institución cuenta actualmente con más de 35,000 empleados, lo que representa un costo anual de aproximadamente 1,100 millones de dólares. Este gasto ha generado críticas recurrentes sobre la eficiencia administrativa de la CSS, especialmente en momentos en que se exige una mayor calidad en los servicios de salud y se advierte sobre la sostenibilidad financiera del sistema. llones. Dentro de esta categoría, la mayor parte corresponde a las cuotas del Seguro Social regular y especiales, con $4,110 millones, seguidas por las primas de seguros por riesgos profesionales, que aportarán $317 millones. Esta estructura confirma la dependencia del sistema de los aportes laborales, mientras persiste el desafío de asegurar su sostenibilidad ante el envejecimiento de la población y la creciente informalidad. El resto de los ingresos corrientes proviene de fuentes no tributarias, principalmente rentas de activos, con un estimado de $1,677 millones, aunque dentro de esta categoría los arrendamientos apenas aportan Tal Cual Mónica Palm [email protected] ADIÓS. Ahora resulta que la bancada opositora ya sabía que había perdido a dos de los 37 diputados, incluso antes que iniciara la votación para conformar las comisiones de Gobierno y de Credenciales. Se trata de Julio de la Guardia (CD) y de Eliécer Castrellón (PP). El primero actuó en represalia por haber sido excluido de la Comisión de Presupuesto (incluso, hace un mes se decía que la presidiría) y Castrellón —quien fue electo segundo vicepresidente del Legislativo con los votos del bloque opositor— alegó, en el último minuto, que había adquirido el compromiso de apoyar a su copartidario Joan Guevara. Después de todo, ¿por qué una votación como esa fue secreta? No solo se trata de un tema que interesa a todo el país, sino que además se habrían evitado muchas recriminaciones y acusaciones (supuestamente...) falsas. DISPARATE. El despecho ha llevado a algunos diputados al desvarío. Camacho ha presentado una propuesta que impone un requisito obligatorio a todo aquel que quiera reformar el reglamento interno de la Asamblea: aprobar un curso sobre “técnica legislativa”, que sería impartido por la Dirección de Asesoría Legal del Legislativo. Ahora resulta que, de repente, quiere hacer docencia. Pues muy bien. ¿Para cuándo las clases sobre cómo no presentar anteproyectos ajustados a las necesidades de conocidos delincuentes? SENTIDO. Ayer, Neftalí Zamora fue elegido secretario de la Comisión de Asuntos Municipales, con ocho votos a favor. El único que se abstuvo fue Javier Sucre, porque —según él— Zamora no se le acercó a pedirle el voto. Es mejor parecer tonto y estar callado que abrir la boca y confirmarlo. ESCOBA. Dicen que esta semana empezó el recorte de personal en la Asamblea. Las más afectadas son las planillas de los diputados del PRD, lo cual es lógico, dado que esas son las más abultadas. ¿Será por eso que Sucre andaba ayer de mal talante? ¡A TRABAJAR! El próximo lunes será la juramentación de los integrantes de la Comisión de Presupuesto. En tanto, la instalación de las comisiones de Credenciales y de Gobierno fue agendada para el miércoles. ¿Por qué han tardado tanto? ¿Acaso no pueden tomar posesión hasta acordar quién va a dirigir cada comisión?
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