2A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Construcción del puerto y el patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Fincas en isla Margarita avivan la disputa entre sus inversionistas Mónica Palm [email protected] Un juez embargó 50 fincas vinculadas al puerto de isla Margarita, en disputa entre PCCP y Landbridge Port, ubicadas en estratégica área logística del Atlántico canalero, junto a terminales de Colón y rompeolas. Los terrenos adyacentes al proyecto portuario de isla Margarita, que están embargados por orden de un juez civil, tendrían un valor millonario y ocupan una vasta extensión en una de las áreas de mayor potencial logístico del país: se encuentran en la entrada del sector Atlántico del Canal, junto a un rompeolas y cerca de las terminales de Coco Solo, Manzanillo y Colón 2000. La titularidad de las fincas está en entredicho debido a un litigio entre los inversionistas de Panama Colon Container Port (PCCP), la fallida concesionaria del puerto de contenedores en isla Margarita. El pasado 26 de junio, 50 fincas de PCCP fueron embargadas por orden del juez Arnold Nathaniel Guerra Moreno, del Juzgado Undécimo de Circuito Civil, como parte de la demanda interpuesta por Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited, propiedad de Ye Cheng, un empresario chino que alega haber sido despojado del 51 % de las acciones de PCCP. El embargo fue solicitado por Landbridge Port como medida conservatoria, hasta que se resuelva la demanda civil presentada contra PCCP y otras sociedades vinculadas. El de Landbridge no es el único: estas fincas registran un extenso historial de secuestros y embargos. De hecho, las 50 están actualmente secuestradas por mandato del juez Guillermo Ballesteros, de Juzgado Séptimo del Circuito Civil, quien dirime la demanda que contra PCCP presentó la sociedad Slatan Panama Construction, S.A., por la concurrencia de $1.4 millones en concepto de capital, costas y gastos. Se desconoce el origen del conflicto con Slatan. La compraventa De las 50 fincas embargadas a requerimiento de Landbridge Port, 43 ocupan poco más de 67 hectáreas. ¿Cómo logró PCCP acumular tantas tierras? ¿Cuánto pagó por ellas? El 23 de abril de 2010 se celebró un contrato mediante el cual PCCP adquirió 34 fincas, por las que habría pagado poco más de $151.7 millones. La más grande de ellas ocupa 17 hectáreas y se le asignó un valor de $86.79 millones en el contrato de compraventa. Las 34 fincas fueron vendidas por United Crown Construction Inc., una sociedad que pertenece al mismo grupo económico que PCCP. De hecho, a su nombre está el contrato de concesión para un patio de contenedores, anexo al puerto que debía desarrollar PCCP. Ambas concesiones penden de un hilo: el presidente José Raúl Mulino ha expresado en múltiples ocasiones su intención de recuperar la concesión (se ha referido al proyecto de PCCP como una “chimba”) y, en abril pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió los contratos por incumplimientos en el cronograma de ejecución, morosidad y fianzas vencidas. United Crown Construction Inc. también figura entre las sociedades demandadas por Landbridge Port en el litigio que se ventila en el Juzgado Undécimo de Circuito Civil. No es la única acción legal emprendida por la empresa de Ye Cheng para recuperar las acciones de PCCP. En Delaware, Estados Unidos, presentó una demanda similar en febrero de 2023, poco después de descubrir que, sin su conocimiento ni aval, sus acciones fueron “anuladas” y su participación —hasta entonces mayoritaria— quedó diluida y prácticamente inexistente. El proceso está actualmente en suspenso, debido a apelaciones interpuestas por los demandados. United Crown —que en ese entonces tenía licencia para operar como zona procesadora para la exportación— había comprado las fincas en 2007 a una sociedad denominada Gold King Investment Inc., representada en la transacción por un ciudadano chino llamado Xian Wu Meng. En total, habría pagado $37.3 millones. Otra de las fincas embargadas por orden del juez Guerra era propiedad del Municipio de Colón, que la vendió a Isla Margarita Resources, S.A. por $830,943 ($100 por metro cuadrado). El contrato fue firmado el 28 de junio de 2017 por el das están a nombre de Central America Shopping Mall, una sociedad que forma parte del mismo grupo económico que PCCP. De hecho, PCCP, Central America Shopping Mall, United Crown Construction Inc. e Isla Margarita Development Inc. (bajo la cual supuestamente se desarrollaría un centro comercial adyacente al puerto de isla Margarita) comparten dignatarios y directores: el bahameño Dion Bowe y el colombiano Jorge Alejandro Serrano Evers ocupan los cargos de presidente y secretario, respectivamente, en las cuatro sociedades. Colin Michael Martínez figura como tesorero. Las 10 fincas registradas a nombre de Central America Shopping Mall aparecen en el Registro Público con un valor catastral de 29.1 millones de dólares. Se ha intentado obtener una reacción de PCCP en relación con este conflicto, pero no se ha recibido respuesta de sus abogados Diego de la Guardia y Juan Felipe Pitty. La Prensa también contactó a Melquisedec Sánchez, abogado de Landbridge Port, quien no quiso ampliar sobre el tema. A las demandas en Panamá y Delaware se suma un arbitraje promovido por PCCP ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap). Además, PCCP presentó cuatro amparos de garantías constitucionales para impedir que la AMP suspenda sus contratos de concesión. Hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emita un fallo sobre estos recursos, la AMP no puede tomar decisiones respecto a isla Margarita. Entretanto, el proyecto continúa paralizado y el Estado no recibe un solo centavo por la ocupación de esa concesión. entonces alcalde de Colón, Federico Policani, y Liang Zhang, en representación de isla Margarita Resources. Al año siguiente, esta sociedad se fusionó con PCCP. Poco después, el 17 de octubre de 2018, Policani entregó las llaves de la sociedad de Colón a Liang Zhang. En esa ceremonia protocolar, Zhang fue presentado como gerente de la empresa Sinolam Energy LNG Power (que hasta ese año se llamaba Martano Inc.), la cual supuestamente construiría una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón. El 26 de abril de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le retiró la licencia de construcción y operación de dicha planta. Mismo grupo económico Otro dato relevante es que 10 de las fincas embargaAl grano Flor Mizrachi [email protected] Un diputado en Panamá gana $7 mil al mes solo por sentarse y decir “presente”. Si llega. Si no, también cobra. Le pagamos por existir. Por respirar. El salario base es de $1,800. Súmele $3,200 en “gastos de representación” (¿representar qué?, no sé), $1,000 en dietas (como si llegaran en ayuno a hacerse un hemograma) y $1,000 más en gasolina. ¿En qué casilla del formulario de renta se mete semejante estafa? No es chiste: $1,800 + $3,200 + $1,000 + $1,000 = $7,000. Redondos. Y eso sin contar los $20 mil mensuales que manejan en planillas: asesores, choferes, activistas, amigos, parientes o botellas. Usted paga impuestos para sostener ese aparato clientelista. Esos pagos tienen descuentos, como cualquier ingreso formal. Y sí, la ley dice que los diputados no pueden ganar menos que un ministro. Pero que sea legal no lo hace sensato. Aun así, tras deducciones, los “honorables” — como habría que dejar de llamarlos— se llevan unos $5,400 al mes. Según la Contraloría, el panameño promedio vive con $734, y más del 60% gana menos de $800. Un diputado gana entre 6 y 9 veces más. Y trabaja la mitad del tiempo. ¿Todos son mediocres? No. Hay quienes trabajan, asumen riesgos y presentan proyectos importantes. Pero son la minoría. El sistema premia la mediocridad, no el mérito. Sesionan entre 160 y 180 días al año. Usted trabaja 240 o más. Ellos no trabajan viernes, sábados ni domingos. Y los jueves salen temprano para ir a sus circuitos a politiquear. El calendario tiene dos legislaturas ordinarias de cuatro meses: enero a abril, y julio a octubre. El resto es receso. Hay sesiones extraordinarias, pero no son la regla. Según el reglamento, el Usted madruga en el Seguro; ellos viajan con viáticos a “eventos” y ni entregan informes. Van es a pasear. Las botellas no caben en las oficinas. La Asamblea tiene 4 mil 719 funcionarios. Eso da 66 por diputado. Muchos tienen más de 100. Varios también tienen empresas que contratan con el Estado. Negocio redondo. Y para acabar, tienen el privilegio inconstitucional de investigar a los magistrados que los investigan a ellos. Todo queda en casa. Nadie quiere entrar al servicio público por dos reales. Todos buscamos ganar dignamente. Lo cuestionable es que el salario no tenga relación con la productividad. El problema no es lo que se paga. Es a quién se le paga: a políticos que están ahí por ellos, no por el país. por ejemplo, dijeron haber terminado a las 8:32 p. m., cuando fue a las 5:51. Cobran dietas incluso en los cuatro meses sin sesiones. Aunque no haya comisiones ni extraordinarias. Cobran por recesos, ausencias, excusas y hasta puentes inventados. Usted trabaja 22 días al mes. Ellos, 16. Con boquitas y café. O Macallan. En julio, por ejemplo, se lo pasaron matraqueando la repartición de comisiones, no legislando. Pero cobraron como si hubieran sacado las leyes del siglo. Con casi $65 mil netos al año y solo 170 días de trabajo, ganan más de $380 por día efectivo. Usted gana eso en una semana. Con suerte. Tienen pasaporte diplomático, franquicia postal (sí), exoneración de autos (que muchos venden), inmunidad para decir lo que sea (difamaciones incluidas), y placas especiales. pleno debe sesionar lunes a miércoles de 3:30 p. m. a 7:30 p. m., y jueves de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. En la práctica tienen actividades que no son parte de sus funciones, pero que venden como un trabajo 24/7. Terminan un cóctel —entiéndase chupata— a medianoche y sienten que dieron la milla extra. Y para colmo, alteran las actas. El miércoles pasado, UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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