1A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 75¢ Miércoles 6 de agosto de 2025 - Año 45 - Nº 15100 Hoy por hoy Panamá tiene el potencial de convertirse en un destino turístico de clase mundial. Nuestra ubicación estratégica, el Canal, la biodiversidad, las playas y la historia nos colocan en una vitrina privilegiada. Pero el reloj avanza, y no hay tiempo que perder. El aeropuerto de Tocumen, principal puerta de entrada al país, alcanzará su máxima capacidad en 2028. Si no invertimos hoy en ampliaciones, accesos, conectividad y promoción, perderemos competitividad frente a los más de 180 países que compiten por atraer visitantes. La empresa privada está lista para invertir y crecer, pero necesita condiciones claras: seguridad jurídica, infraestructura y una hoja de ruta definida. El turismo no puede seguir en pausa ni depender solo del gobierno. Requiere acción conjunta, visión compartida y compromiso inmediato. Postergar decisiones estratégicas hoy significa frenar uno de los motores más potentes de desarrollo y empleo del país. Y eso, simplemente, no es una opción. Plaza domina, San Francisco lidera y el Árabe Unido cae 6B Deportes Ausencias calculadas y votos perdidos agitan la AN José González Pinilla Mario De Gracia [email protected] La instalación de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional estuvo marcada por la ausencia de cuatro diputados: Osman Gómez (bancada mixta), Lilia Batista y Yuzaida Marín (Realizando Metas), y Nixon Andrade (PRD). Todos coincidieron en una reunión en la sede del Ministerio de Educación, lo que fue interpretado por el bloque de 37 como un boicot desde el oficialismo para alLEGISLATIVO El lunes, la disputa por Credenciales dejó sabor a traición; ayer, la instalación de Educación registró cuatro ausencias y denuncias de boicot desde el oficialismo. terar el quórum. Pese a ello, la comisión se instaló con cinco miembros presentes y bajo la presidencia de Jorge Bloise (Vamos). El episodio ocurrió horas Mónica Palm [email protected] El proyecto Panama Colon Container Port, concebido para desarrollar un puerto de contenedores en isla Margarita, se encuentra atrapado en una maraña de demandas y embargos que afectan 50 fincas ubicadas en una de las áreas logísticas más estratégicas del Atlántico canalero. Los procesos enfrentan a inversionistas locales y extranjeros, con casos activos en Panamá, Estados Unidos y arbitraje privado. Las sociedades vinculadas comparten directivos y un historial de operaciones cuestionadas. La Autoridad Marítima de Panamá ya rescindió las concesiones, aunque estas permanecen congeladas por recursos judiciales. Mientras los tribunales deciden, el puerto sigue paralizado, sin generar ingresos al Estado. VEA 2A Litigios cruzados asfixian estratégico proyecto portuario en Colón El diputado Ósman Gómez llegando al Meduca. Foto tomada de X Fuerte recorte a las universidades del Estado El gobierno de José Raúl Mulino propone reducir en al menos $156 millones los fondos para universidades estatales para 2026. La Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá encabezan los recortes, mientras que la Universidad Autónoma de Chiriquí, que recibió recortes en esta vigencia, es la única que registra un ligero aumento en su asignación. VEA 4A Yaritza Mojica [email protected] La Asociación de Vecinos de La Cresta solicitó suspender el Estudio de Impacto Ambiental del PH Zima, alegando incumplimiento de la densidad permitida, falta de consulta ciudadana y riesgos a los servicios básicos por la construcción de 59 apartamentos en menos de una hectárea. VEA 8A URBANISMO La Cresta exige frenar construcción de edificio después de la llamada “noche de las traiciones”, durante la elección de la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria. El bloque de 37, que impulsaba a Augusto Tuto Palacios para presidirla, perdió votos clave, lo que permitió que Realizando Metas, el PRD y la bancada mixta obtuvieran la mayoría de puestos. Las hojas de cálculo internas revelaron votos “perdidos” para Yessica Romero y Ernesto Cedeño, desatando sospechas de que algunos diputados no respetaron los acuerdos. También se denunció la presencia de emisarios del Ejecutivo en reuniones de última hora. VEA 6A Turismo en Panamá: del diagnóstico a la acción en el Café con La Prensa En el foro Café con La Prensa, Pedro Heilbron y Gloria De León analizaron el potencial turístico de Panamá, resaltando la necesidad de infraestructura, alianzas público-privadas y promoción continua para competir globalmente y aprovechar sus ventajas naturales y culturales. VEA 1B UI UNIDAD INVESTIGATIVA El reportaje de un periodista sobre Hiroshima que burló la censura y reveló al mundo el verdadero horror de la bomba atómica www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama Construcción del puerto y el patio de contenedores en isla Margarita, Colón. Cortesía Fincas en isla Margarita avivan la disputa entre sus inversionistas Mónica Palm [email protected] Un juez embargó 50 fincas vinculadas al puerto de isla Margarita, en disputa entre PCCP y Landbridge Port, ubicadas en estratégica área logística del Atlántico canalero, junto a terminales de Colón y rompeolas. Los terrenos adyacentes al proyecto portuario de isla Margarita, que están embargados por orden de un juez civil, tendrían un valor millonario y ocupan una vasta extensión en una de las áreas de mayor potencial logístico del país: se encuentran en la entrada del sector Atlántico del Canal, junto a un rompeolas y cerca de las terminales de Coco Solo, Manzanillo y Colón 2000. La titularidad de las fincas está en entredicho debido a un litigio entre los inversionistas de Panama Colon Container Port (PCCP), la fallida concesionaria del puerto de contenedores en isla Margarita. El pasado 26 de junio, 50 fincas de PCCP fueron embargadas por orden del juez Arnold Nathaniel Guerra Moreno, del Juzgado Undécimo de Circuito Civil, como parte de la demanda interpuesta por Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited, propiedad de Ye Cheng, un empresario chino que alega haber sido despojado del 51 % de las acciones de PCCP. El embargo fue solicitado por Landbridge Port como medida conservatoria, hasta que se resuelva la demanda civil presentada contra PCCP y otras sociedades vinculadas. El de Landbridge no es el único: estas fincas registran un extenso historial de secuestros y embargos. De hecho, las 50 están actualmente secuestradas por mandato del juez Guillermo Ballesteros, de Juzgado Séptimo del Circuito Civil, quien dirime la demanda que contra PCCP presentó la sociedad Slatan Panama Construction, S.A., por la concurrencia de $1.4 millones en concepto de capital, costas y gastos. Se desconoce el origen del conflicto con Slatan. La compraventa De las 50 fincas embargadas a requerimiento de Landbridge Port, 43 ocupan poco más de 67 hectáreas. ¿Cómo logró PCCP acumular tantas tierras? ¿Cuánto pagó por ellas? El 23 de abril de 2010 se celebró un contrato mediante el cual PCCP adquirió 34 fincas, por las que habría pagado poco más de $151.7 millones. La más grande de ellas ocupa 17 hectáreas y se le asignó un valor de $86.79 millones en el contrato de compraventa. Las 34 fincas fueron vendidas por United Crown Construction Inc., una sociedad que pertenece al mismo grupo económico que PCCP. De hecho, a su nombre está el contrato de concesión para un patio de contenedores, anexo al puerto que debía desarrollar PCCP. Ambas concesiones penden de un hilo: el presidente José Raúl Mulino ha expresado en múltiples ocasiones su intención de recuperar la concesión (se ha referido al proyecto de PCCP como una “chimba”) y, en abril pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió los contratos por incumplimientos en el cronograma de ejecución, morosidad y fianzas vencidas. United Crown Construction Inc. también figura entre las sociedades demandadas por Landbridge Port en el litigio que se ventila en el Juzgado Undécimo de Circuito Civil. No es la única acción legal emprendida por la empresa de Ye Cheng para recuperar las acciones de PCCP. En Delaware, Estados Unidos, presentó una demanda similar en febrero de 2023, poco después de descubrir que, sin su conocimiento ni aval, sus acciones fueron “anuladas” y su participación —hasta entonces mayoritaria— quedó diluida y prácticamente inexistente. El proceso está actualmente en suspenso, debido a apelaciones interpuestas por los demandados. United Crown —que en ese entonces tenía licencia para operar como zona procesadora para la exportación— había comprado las fincas en 2007 a una sociedad denominada Gold King Investment Inc., representada en la transacción por un ciudadano chino llamado Xian Wu Meng. En total, habría pagado $37.3 millones. Otra de las fincas embargadas por orden del juez Guerra era propiedad del Municipio de Colón, que la vendió a Isla Margarita Resources, S.A. por $830,943 ($100 por metro cuadrado). El contrato fue firmado el 28 de junio de 2017 por el das están a nombre de Central America Shopping Mall, una sociedad que forma parte del mismo grupo económico que PCCP. De hecho, PCCP, Central America Shopping Mall, United Crown Construction Inc. e Isla Margarita Development Inc. (bajo la cual supuestamente se desarrollaría un centro comercial adyacente al puerto de isla Margarita) comparten dignatarios y directores: el bahameño Dion Bowe y el colombiano Jorge Alejandro Serrano Evers ocupan los cargos de presidente y secretario, respectivamente, en las cuatro sociedades. Colin Michael Martínez figura como tesorero. Las 10 fincas registradas a nombre de Central America Shopping Mall aparecen en el Registro Público con un valor catastral de 29.1 millones de dólares. Se ha intentado obtener una reacción de PCCP en relación con este conflicto, pero no se ha recibido respuesta de sus abogados Diego de la Guardia y Juan Felipe Pitty. La Prensa también contactó a Melquisedec Sánchez, abogado de Landbridge Port, quien no quiso ampliar sobre el tema. A las demandas en Panamá y Delaware se suma un arbitraje promovido por PCCP ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (Cecap). Además, PCCP presentó cuatro amparos de garantías constitucionales para impedir que la AMP suspenda sus contratos de concesión. Hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no emita un fallo sobre estos recursos, la AMP no puede tomar decisiones respecto a isla Margarita. Entretanto, el proyecto continúa paralizado y el Estado no recibe un solo centavo por la ocupación de esa concesión. entonces alcalde de Colón, Federico Policani, y Liang Zhang, en representación de isla Margarita Resources. Al año siguiente, esta sociedad se fusionó con PCCP. Poco después, el 17 de octubre de 2018, Policani entregó las llaves de la sociedad de Colón a Liang Zhang. En esa ceremonia protocolar, Zhang fue presentado como gerente de la empresa Sinolam Energy LNG Power (que hasta ese año se llamaba Martano Inc.), la cual supuestamente construiría una planta termoeléctrica de gas natural licuado en Puerto Pilón, Colón. El 26 de abril de 2024, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) le retiró la licencia de construcción y operación de dicha planta. Mismo grupo económico Otro dato relevante es que 10 de las fincas embargaAl grano Flor Mizrachi [email protected] Un diputado en Panamá gana $7 mil al mes solo por sentarse y decir “presente”. Si llega. Si no, también cobra. Le pagamos por existir. Por respirar. El salario base es de $1,800. Súmele $3,200 en “gastos de representación” (¿representar qué?, no sé), $1,000 en dietas (como si llegaran en ayuno a hacerse un hemograma) y $1,000 más en gasolina. ¿En qué casilla del formulario de renta se mete semejante estafa? No es chiste: $1,800 + $3,200 + $1,000 + $1,000 = $7,000. Redondos. Y eso sin contar los $20 mil mensuales que manejan en planillas: asesores, choferes, activistas, amigos, parientes o botellas. Usted paga impuestos para sostener ese aparato clientelista. Esos pagos tienen descuentos, como cualquier ingreso formal. Y sí, la ley dice que los diputados no pueden ganar menos que un ministro. Pero que sea legal no lo hace sensato. Aun así, tras deducciones, los “honorables” — como habría que dejar de llamarlos— se llevan unos $5,400 al mes. Según la Contraloría, el panameño promedio vive con $734, y más del 60% gana menos de $800. Un diputado gana entre 6 y 9 veces más. Y trabaja la mitad del tiempo. ¿Todos son mediocres? No. Hay quienes trabajan, asumen riesgos y presentan proyectos importantes. Pero son la minoría. El sistema premia la mediocridad, no el mérito. Sesionan entre 160 y 180 días al año. Usted trabaja 240 o más. Ellos no trabajan viernes, sábados ni domingos. Y los jueves salen temprano para ir a sus circuitos a politiquear. El calendario tiene dos legislaturas ordinarias de cuatro meses: enero a abril, y julio a octubre. El resto es receso. Hay sesiones extraordinarias, pero no son la regla. Según el reglamento, el Usted madruga en el Seguro; ellos viajan con viáticos a “eventos” y ni entregan informes. Van es a pasear. Las botellas no caben en las oficinas. La Asamblea tiene 4 mil 719 funcionarios. Eso da 66 por diputado. Muchos tienen más de 100. Varios también tienen empresas que contratan con el Estado. Negocio redondo. Y para acabar, tienen el privilegio inconstitucional de investigar a los magistrados que los investigan a ellos. Todo queda en casa. Nadie quiere entrar al servicio público por dos reales. Todos buscamos ganar dignamente. Lo cuestionable es que el salario no tenga relación con la productividad. El problema no es lo que se paga. Es a quién se le paga: a políticos que están ahí por ellos, no por el país. por ejemplo, dijeron haber terminado a las 8:32 p. m., cuando fue a las 5:51. Cobran dietas incluso en los cuatro meses sin sesiones. Aunque no haya comisiones ni extraordinarias. Cobran por recesos, ausencias, excusas y hasta puentes inventados. Usted trabaja 22 días al mes. Ellos, 16. Con boquitas y café. O Macallan. En julio, por ejemplo, se lo pasaron matraqueando la repartición de comisiones, no legislando. Pero cobraron como si hubieran sacado las leyes del siglo. Con casi $65 mil netos al año y solo 170 días de trabajo, ganan más de $380 por día efectivo. Usted gana eso en una semana. Con suerte. Tienen pasaporte diplomático, franquicia postal (sí), exoneración de autos (que muchos venden), inmunidad para decir lo que sea (difamaciones incluidas), y placas especiales. pleno debe sesionar lunes a miércoles de 3:30 p. m. a 7:30 p. m., y jueves de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. En la práctica tienen actividades que no son parte de sus funciones, pero que venden como un trabajo 24/7. Terminan un cóctel —entiéndase chupata— a medianoche y sienten que dieron la milla extra. Y para colmo, alteran las actas. El miércoles pasado, UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Panorama Durante los enfrentamientos varios miembros de la policía fueron heridos con objetos contundentes. Isaac Ortega Fiscalía pide que se declare causa compleja caso Suntracs Juan Manuel Díaz [email protected] INVESTIGACIÓN Se trata de un proceso contra 83 obreros imputados por lesiones personales, daños y contra la seguridad colectiva, tras enfrentamientos con la Policía cerca del Hospital del Niño el 12 de febrero. La fiscal Jenibeth Barraza solicitó una prórroga de un año para concluir la investigación a 83 obreros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), imputados por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales, daños y contra la seguridad colectiva, en perjuicio de funcionarios de la Policía, durante una serie de enfrentamientos registrados el 12 de febrero pasado en las inmediaciones del Hospital del Niño. Durante una audiencia celebrada ayer en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Ágora, la fiscal Barraza solicitó a la jueza de garantías, Kris Silva, que declare causa compleja la investigación contra losobrerosdelSuntracs,alseñalar que existe una multiplicidad de diligencias que no se han podido efectuar debido al gran número de personas imputadas. Silva explicó que entre las diligencias pendientes se encuentran un análisis morfológico forense de los videos obtenidos el día de los hechos, para establecer la participación exacta de cada uno de los imputados. También la Fiscalía solicitó la revisión de las conversaciones contenidas en 33 celulares que fueron incautados durante las aprehensiones realizadas por la Policía. La Fiscalía también ha pedido incluir en la investigación un informe de auditoría hecho a la empresa Acciona Construcción, responsable de la construcción del nuevo Hospital del Niño, que reportó daños por la suma de $2 millones. Durante la celebración de la audiencia, la Fiscalía informó a la jueza haber recibido nuevas víctimas afectadas por acciones de los obreros del Suntracs, por lo que la juez Silva dictó un receso hasta el día de mañana miércoles. El 16 de febrero pasado, un juez de garantías imputó cargos e impuso medidas cautelares de notificación periódica para los 83 obreros por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, daños a la propiedad privada y lesiones personales, en perjuicio de agentes de la Policía Nacional que intentaban reabrir la circulación vial. En la audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares, las fiscales Elizabeth Carrión, Jenibeth Barraza y Yina Díaz solicitaron la detención preventiva de los obreros, tras alegar que las conductas desplegadas generaron una situación de peligro generalizado para la sociedad y ocasionaron graves daños a las instalaciones del nuevo Hospital del Niño. También detallaron que los obreros utilizaron objetos contundentes, como pedazos de hierro y bloques, para atacar a los miembros de la Policía, lesionando gravemente a varios de ellos. Dirigentes del Suntracs también enfrentan procesos En tanto, los dirigentes del Suntracs Genaro López, Jaime Caballero, Erasmo Cerrud, Saúl Méndez también enfrentan procesos penales por la presunta comisión de hechos delictivos. López se encuentra con una medida cautelar de casa por cárcel y Jaime Caballero se encuentra detenido en la cárcel, La Nueva Joya. En tanto, Méndez salió del país tras permanecer refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá, y de ese país se trasladó a Venezuela. Mientras que Erasmo Cerrud se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Estos dirigentes enfrentan cargos por delitos que van desde el blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos relacionados con manejos de fondos de la cuota sindical y apropiación de terrenos en Bocas del Toro.
4A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Panorama Tal Cual Mónica Palm [email protected] GANADORA. Dana Castañeda debe estar acicalándose para tomar posesión como presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea. En su discurso de agradecimiento, debería incluir a los cuatro diputados traidores que, en la elección del pasado lunes, favorecieron a la bancada del mal e impulsaron su triunfo, a costa de Tuto Palacios. ¿Lo habrán hecho gratis, o piensan que esta es una forma retorcida de diversión? GAFE. Osman Gómez bloqueó la conformación de las comisiones vía consenso, pero la suerte le dio la espalda. Al final, la silla que tanto ansiaba en la Comisión de Gobierno será ocupada por José Pérez Barboni. El loco puede terminar de desempacar: le queda al menos un año de vacaciones en Colombia. DESPLANTE I. Otra que aparentemente ha decidido no guardar más las apariencias es Lucy Molinar. La ministra no solo se ausentó de la instalación de la Comisión de Educación, sino que además metió en su despacho a cuatro diputados de la bancada del mal que supuestamente forman parte de esa instancia. Si lo que buscaba era sabotear la juramentación de Jorge Bloise como presidente de esa comisión, sepa que no lo logró. DESPLANTE II. Bloise habría reclamado a la ministra por semejante desaire. Ojalá que ahora, en represalia, no se le ocurra ignorar el trabajo de la comisión durante los próximos once meses. S.O.S. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social está a punto de convertirse en zona roja. A ella pertenece ahora Jairo Salazar. Súmele a eso que ahí también estará Betserai Richards, su última víctima conocida. Si existiera una comisión legislativa de asuntos criminales y patanerías, nadie le podría disputar la presidencia. MALA NOTA. El diputado Néstor Guardia prePresupuesto 2026: fuerte ajuste golpea universidades del Estado Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] FINANZAS PÚBLICAS En total, se prevé asignar $590 millones a seis instituciones de educación superior, lo que representa una disminución de al menos $156 millones con respecto a los $746.3 millones aprobados para el año 2025. El proyecto de presupuesto para 2026, presentado la semana pasada ante el pleno de la Asamblea Nacional, envía un mensaje claro a las universidades oficiales: deberán hacer más con menos. De hecho, la propuesta contempla un recorte sustancial para la mayoría de las universidades estatales. En total, se prevé asignar $590 millones a estas instituciones, lo que representa una disminución de unos $156 millones con respecto a los $746.3 millones aprobados para el año 2025. La Universidad de Panamá (UP), la más grande del país, será una de las más afectadas, con una reducción de casi $78 millones: pasará de $395.3 millones en 2025 a $317.5 millones en 2026. También sufrirá un recorte importante la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuyo presupuesto proyectado bajará de $198 millones a $144 millones, una disminución del 27%. Las críticas El contralor general de la República, Anel Flores, lanzó este año duras críticas contra la Universidad de Panamá, al cuestionar la eficiencia en el uso de su presupuesto anual, que ronda los $300 millones. “La Universidad cuesta $300 millones al año, y usted va a las instalaciones […] dan desvergüenza, los baños cayéndose. Es una desgracia”, afirmó ante medios de comunicación. Para Flores, no es aceptable que una institución con semejante asignación de recursos exhiba un nivel de deterioro tan evidente en su infraestructura. Además de los señalamientos sobre la administración presupuestaria, Flores denunció la existencia de lo que llamó “clanes familiares” dentro de la institución. “La universidad se ha convertido en una finca de alguien o de varias [personas]. Hay varias familias que heredan los puestos y tienen a todos los parientes ahí: los yernos, las nueras, los hijos, las hijas. Eso no puede ser”, aseguró, en un mensaje que apunta directamente a las prácticas de nepotismo y clientelismo que, según él, persisten en la universidad pública más grande del país. Como consecuencia de estas observaciones, la Contraloría emitió la Resolución No. 1510-DNFG, del 23 de abril de 2025, que dejó sin efecto una normativa anterior que permitía a supervisores y coordinadores refrendar compras de hasta $50,000 dentro de la Universidad de Panamá. Desde entonces, todos los gastos deben ser aprobados por la Dirección Nacional de Fiscalización General, lo que ha duplicado los tiempos de gestión administrativa. En respuesta, la universidad, que dirige Eduardo Flores, ha solicitado el restablecimiento de la Oficina de Control Fiscal en el campus, el aumento del tope de refrendo directo y una mayor agilidad en la validación de trámites, ante el riesgo de una parálisis operativa. Otras universidades Otras universidades estatales también verán mermados sus recursos. La Universidad Marítima pasará de $23.2 millones a $18.1 millones, mientras que la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) enfrentará una reducción aún más severa: de $54 millones en 2025 a solo $36.2 millones en 2026. En el caso de la Universidad de los Pueblos Indígenas, el recorte es del 60%, con una asignación de apenas $1.5 millones frente a los $3.8 millones del año anterior. La única institución que registra un ligero aumento es la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuyo presupuesto subirá de $72 millones a $72.7 millones. La gestión de Etelvina Medianero de Bonagas al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí ha estado marcada por una creciente ola de críticas e investigaciones por presuntas irregularidades administrativas. En los últimos años, se han denunciado casos de nepotismo, salarios elevados para funcionarios cercanos a su círculo y pagos cuestionables en concepto de primas y bonificaciones. La Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) investiga actualmente a 90 personas vinculadas a la universidad por posibles conflictos de interés. Además, la comunidad académica ha advertido sobre intentos de silenciar voces críticas, como ocurrió con la sanción impuesta a un exdecano que denunció públicamente la gestión de Bonagas. EFE. SANTIAGO DE CHILE El secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. EFE Cepal proyecta que Argentina y Panamá serán los países de la región que más crecerán PREVISIONES 2025 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró ayer en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año y elevó su estimación al 2.2% pese a la guerra comercial. “América Latina y el Caribe atraviesa en 2025 una nueva fasededesaceleracióneconómica. Después de un repunte en los primeros trimestres de 2024, el crecimiento del PIB regional perdió dinamismo hacia fines de ese año, y se espera que se modere del 2.3% registrado en 2024 al 2.2% en 2025”, alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago. Esta tendencia, agregó la Cepal en el ‘Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025’, confirma un decenio de bajo crecimiento, en que la expansión promedio del PIB ha sido de solo un 1.2% en el período 20162025, incluso inferior a la registrada en los años ochenta. Se trata de la segunda actualización que hace la Cepal desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, inició la una guerra comercial contra la mayoría de sus socios comerciales, incluido Latinoamérica. Para 2026, el organismo internacional estima que la región se expandirá un 2.3%. Argentina y Panamá, a la cabeza Argentina (5%), Panamá (4.2%), Paraguay (4%) y República Dominicana (3.7%), Guatemala (3.6%) y Costa Rica (3.5%) liderarán el crecimiento económico este año, según las nuevas cifras de Cepal. “Con estos resultados, la Cepal reafirma el papel protagónico de Panamá en la recuperación económica regional, a pesar de los desafíos estructurales y coyunturales que persisten”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. En el medio de la tabla se encuentran Honduras (3.2%), Nicaragua (3.1%), Perú (3.1%), Uruguay (2.8%), Colombia (2.5%), Chile (2.4%), El Salvador (2.4%), Brasil (2.3%) y Venezuela (2%). En la cola, pero aún con cifras positivas, están las islas del Caribe (1.8%) –sin contar Guyana–, Bolivia (1.5%), Ecuador (1.5%) y México (0.3%), mientras que Cuba (- 1.5%) y Haití (-2.3%) son los únicos que decrecerán este año, de acuerdo al organismo de Naciones Unidas. “El desempeño económico seguirá condicionado por la debilidad de la demanda externa, condiciones financieras restrictivas y la fragilidad derivada de factores internos como un menor dinamismo del consumo, una baja inversión, una elevada informalidad laboral y las persistentes desigualdades estructurales”, explicó la Cepal. El panorama global y regional para 2025 y 2026, agregó, “está sujeto a una elevada incertidumbre. La dinámica de crecimiento de las economías de la región podría deteriorarse a causa de un aumento de los riesgos globales”. Latinoamérica, la región más desigual del mundo, cerró tanto 2023 como 2024 con un crecimiento del 2.3%. sentó una propuesta para establecer un programa de tutorías extracurriculares dirigido a alumnos con bajo rendimiento académico. Los docentes que impartan estas tutorías — que serán obligatorias en los planteles oficiales— recibirían una “compensación” o “incentivo”. Solo eso faltaba. Seguramente esas deficiencias académicas se exacerbaron durante las protestas. Además, ¿por qué hay que pagarles? Ya cobran todo el año, incluso en verano.
5A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025
6A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Panorama Diputados de diferentes bloques discutían previo a la conformación de las comisiones el pasado 4 de agosto. Se puede ver al diputado Luis Duke, de Vamos, con su ‘laptop’, plagada de hojas de cálculo que preveían alternativas en el periodo de votación. Isaac Ortega ¿Qué pasó en la votación secreta por Credenciales? Mario De Gracia [email protected] ASAMBLEA NACIONAL Los cálculos del bloque de 37 para la votación de la Comisión de Credenciales reflejan fisuras. Sospechas, señalamientos y ruidos de ‘matraqueo’ rodean al colectivo, que perdió el control de la comisión frente al bloque de RM, PRD y la bancada mixta. En la penumbra nocturna se definieron dos comisiones fuertemente codiciadas por los diferentes bloques de la Asamblea Nacional, pero sobre una se centraron las suspicacias de traición: la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria. Las sospechas de un “Judas” en el llamado bloque de 37 diputados que se aliaron para lograr la presidencia del Legislativo en la figura del panameñista Jorge Herrera, se basan en cálculos internos sobre los votos esperados en el bloque, a los que La Prensa tuvo acceso. Al mismo tiempo surgen nombres de sospechosos de ‘traición’, también hay testimonios de fuentes que vieron a funcionarios cercanos al Palacio de las Garzas en reuniones de última hora en el Legislativo. El resultado de la votación por Credenciales fue abrumador: Realizando Metas (RM), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la bancada mixta lograron la mayoría de sillas que ofrece la comisión, en contra del pronóstico que anticipó el bloque de 37. Lo anterior hizo que saltaran los primeros señalamientos. Al ser consultada por este medio, la diputada Patsy Lee (por la libre postulación y el Partido Popular) puso bajo sospecha a los diputados de la coalición Vamos, Walkiria Chandler y Carlos Saldaña. Otras fuentes legislativas, del bloque de 37, también señalaron a Carlos Tito Afú, del Partido Cambio Democrático (CD), y Eliecer Castrellón, del Partido Popular, de haber empeñado sus votos. A pesar de los señalamientos, el líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, evitó acreditar traiciones y señaló abiertamente al asesor presidencial para asuntos legislativos, Ricky Fábrega, y a otros “emisarios” del Ejecutivo de haber interferido en las votaciones sobre Credenciales, señalando que cualquier presunta traición sería “difícil de acreditar”. El señalamiento de Vásquez coincide con el de otras fuentes legislativas que informaron sobre la presencia de Fábrega en el Legislativo. Por su parte, en entrevista con este medio, tanto Chandler como Saldaña negaron cualquier cambio en su voto para desfavorecer al bloque de 37 diputados, que buscaba en la figura de Augusto Tuto Palacios la presidencia de Credenciales. El cálculo para buscar traidores La diputada Lee, asesores legislativos y otros diputados que pidieron reserva de su nombre al compartir información, afirman que las sospechas de traición las sustentan al analizar cómo estaban instruidos a votar los diputados del bloque de 37. Para lograr la mayoría en Credenciales, el bloque de 37 decidió dirigir sus votos a los diputados Augusto Tuto Palacios, de la coalición Vamos; José Luis Popi Varela, del partido Panameñista; Yessica Romero, de Cambio Democrático (CD); Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos. En este sentido, en una hoja de cálculo, el bloque de 37 estableció cinco grupos de ocho diputados para votar por los candidatos del bloque. Pero hubo votos que se perdieron en el camino para dos nominados: Yessica Romero y Ernesto Cedeño. En la hoja de cálculo compartida por miembros del bloque, se evidencia la falta de dos votos para Romero, y uno para Cedeño, en la elección de los comisionados de Credenciales. Fue entonces cuando surgieron las sospechas. Para Lee, la suspicacia sobre Chandler y Saldaña radica en que también se habrían perdido dos votos en el cálculo que se tenía sobre la ComisióndeGobierno,Justicia y Asuntos Constitucionales. Para esa comisión el bloque utilizó el mismo mecanismo de cinco grupos de ocho. A la pregunta: ¿por qué la duda recae 100% sobre Chandler y Saldaña y no sobre otros diputados de los respectivos grupos de votación?, Lee señaló: “Es que también hay otros votos que le faltaron al diputado Barboni, por ejemplo, y al diputado Roberto Zúñiga en la comisión de Gobierno”, y siguió: “Barboni obtuvo un voto menos, que era el de Carlos Saldaña, presuntamente, y el diputado Roberto Zúñiga, también le faltó otro voto que entiendo es de la colega de Vamos [Chandler]”. Chandler, por su parte, se defendió y reafirmó su fidelidad al proyecto colectivo de la bancada Vamos, señalando que su voto fue “en apego a la visión de los 37”. Asimismo, hizo alusión a que “hubo emisarios del Ejecutivo para que una diputada afín al gobierno pueda obtener la presidencia [de Credenciales]”. Saldaña, por su lado, dijo: “A mí me correspondía votar por Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, y así lo hice. Yo di mi palabra y la cumplí a cabalidad”, sostuvo. En tanto, Lee dijo no tener certezas de que los votos empeñados fueran los de Chandler y Saldaña. Pero sí sustentó sus sospechas, que basa en una supuesta intención de Saldaña de lograr una presidencia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Chandler en la de Relaciones Exteriores. “Creemos que, de que hubo traición, hubo traición. Pero también que pudo ser uno de ellos que no dieron el voto, ya que ambos van a conformar o suenan como presidentes de algunas comisiones, como, por ejemplo, Walkiria Chandler como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Carlos Saldaña que está peleando ser presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios”, dijo Lee. Ruido de traición ¿y matraqueo? Por otra parte, al ser consultada al respecto, la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, señaló que es “irresponsable” hacer acusaciones, y que, sin ánimo de buscar culpables, la votación era secreta y también había figuras contempladas dentro del conteo, como Castrellón, Afú y Didiano Pinilla. “No solamente estaban los de Vamos conformando esa lista [de votación], sino personas de otros partidos y de otros movimientos”, dijo Brenes, democratizando la duda. El propio bloque de 37 apunta, en las hojas de cálculo a las que hace referencia este medio, a la pérdida de los votos de Castrellón — afín a la bancada mixta— y de Afú, quien dio su voto a RM el pasado 1 de julio. Desde esa fecha, el rol de los diputados del CD dentro del bloque 37 ha sido motivo de debate, tras la evidente fragmentación del voto en la elección de la presidencia del Legislativo. A pesar de que el CD garantizó su apoyo al bloque de 37, también pesaron las sospechas en su contra dentro del Legislativo. Didiano Pinilla, diputado de ese partido, estuvo contemplado por el bloque de 37 para votar por Romero. No obstante, Pinilla fue primer vicepresidente de Dana Castañeda, de RM, durante el periodo legislativo 2024-2025. En medio de los señalamientos cruzados, diversas fuentes señalaron que hubo reuniones entre el asesor Ricky Fábrega, del Ejecutivo, y miembros de RM y el CD durante la tarde del lunes 4 de agosto, previo a la votación por las comisiones. Los ruidos de “matraqueo” que rodearon la visita han sido vinculados al presunto beneficio de Castañeda para lograr la presidencia en Credenciales, de acuerdo a figuras como Juan Diego Vásquez. Para Lee, por su parte, las pistas que conduzcan a “los traidores” podrían llegar con la conformación de las presidencias de las comisiones, mientras el secreto de los “Judas” lo guardan aún las urnas y el hilo que une al bloque de 37 empieza a tensarse. José González Pinilla [email protected] Momento en que la Comisión de Educación se instaló y su directiva tomó posesión. Elysée Fernández Cuatro diputados se ausentan de instalación de comisión: estaban en el Meduca Cuatro diputados que integran la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional no asistieron a la instalación de dicha instancia legislativa ayer. En su lugar, optaron por acudir a una reunión en la sede del Ministerio de Educación (Meduca). Se trata de los diputados Osman Gómez, de la bancada Mixta; Lilia Batista y Yuzaida Marín, del oficialista Realizando Metas; y Nixon Andrade, del PRD. ¿Se trató de un boicot? “¿No que no se iban a meter? Ayer se metieron con Ricky Fábrega para incidir en la elección de Credenciales, y hoy, descarada e innegablemente, en la elección de la directiva de Educación”, denunció a través de su cuenta en la red social X. A su juicio, el país atraviesa un mal momento porque el Ejecutivo, en lugar de poner orden en sus instituciones, “está más preocupado en que sus diputados amigos queden en la buena.”. Se intentó obtener una versión oficial del Ministerio de Educación, pero hasta el cierre de esta edición no habían respondido. Por su parte, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho alegó que los diputados ausentes no fueron notificados a tiempo sobre la reunión de instalación. Pero el presidente del legislativo, Jorge Herrera, le respondió que el lunes fueron informados que desde este martes comenzarían con el proceso, luego de un mes de negociaciones y pulseo para la integración de la comisiones. Pese a la ausencia de los cuatro diputados, la Comisión de Educación se instaló con la presencia de cinco comisionados, quienes procedieron a elegir a Jorge Bloise, de la bancada Vamos, como presidente. Bloise se refirió a la polémica. Dijo que, horas antes de la sesión, vio imágenes de los diputados llegando a la sede del Meduca. “No estuve allí. Para mí, esto es lamentable”, comentó. Sin embargo, aclaró que el asunto ya no es prioritario, ya que se logró instalar la comisión y su directiva. Como vicepresidente fue electo el diputado Gertrudis Rodríguez, y como secretaria, Grace Hernández. “Lo importante es que estuvo la mayoría. De esta forma se envía un mensaje al país de que, como comisionados, tenemos la voluntad de impulsar una agenda legislativa”, expresó Bloise. Reveló que, al iniciar la sesión, esperaron unos 20 minutos para que llegaran los diputados ausentes, pero nunca aparecieron. Casi una hora después, durante el período de incidencias, reapareció la diputada Lilia Batista. No se refirió a su visita al Meduca, pero felicitó a su colega Bloise y sostuvo que la comisión no debe limitarse a señalar deficiencias del sector educativo, sino también “ser parte de la solución. No solo es criticar. El Gobierno está haciendo lo mejor”. La jornada del lunes se prolongó por al menos 10 horas. Elysée Fernández
7A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Panorama Ronny Rodríguez laboró en el Consejo de Seguridad Nacional entre los años 2009-2014. Archivo Jueza niega fianza a Ronny Rodríguez, ex miembro del CSN Juan Manuel Díaz [email protected] JUSTICIA El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó la solicitud de fianza presentada por Ronny Rodríguez, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional, prófugo desde 2015. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó el beneficio de fianza para evitar la detención de Ronny Rodríguez, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional, investigado por los delitos de interceptaciones telefónicas ilegales y contra la administración pública, cometidos durante el periodo gubernamental 20092014. En el edicto No. 71, con fecha del 29 de julio pasado, se informa de la decisión asumida por la jueza Águeda Rentería de no acoger la petición presentada por Rodríguez para que se le concediera una fianza. Rodríguez está llamado a juicio dentro del proceso por las presuntas escuchas telefónicas ilegales cometidas entre 2009 y 2014. Se encuentra prófugo desde el año 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria en su contra. Desde entonces, su paradero es desconocido, aunque en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) constan órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Decimosexto Penal. En este caso, un testigo protegido del Ministerio Público declaró que desde el Consejo de Seguridad Nacional se interceptaron comunicaciones de al menos 150 personas, y señaló como responsables a los exdirectores del Consejo, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Ambos fueron condenados a 50 meses de prisión por el Juzgado Decimosexto Penal, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El testigo también afirmó que Rodríguez y William Pittí, otro funcionario del Consejo de Seguridad y también prófugo, eran los encargados del equipo “Pegasus”, adquirido a la empresa israelí NSO Group e instalado en las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional. Desde allí se realizaban escuchas a dirigentes políticos, gremiales e incluso magistrados de la Corte Suprema. El testigo añadió que ambos recibieron entrenamiento especializado y redactaban los reportes sobre la información obtenida. El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también fue investigado por este caso, pero fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Inicialmente, su proceso fue tramitado en la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero, tras renunciar a ese cargo, su causa fue remitida a la justicia ordinaria. La investigación reveló que, desde el Consejo de Seguridad Nacional, operaba un sistema de interceptaciones telefónicas contra opositores políticos, dirigentes sindicales y gremiales. Esta es la segunda ocasión en que el Juzgado Primero Liquidador rechaza una solicitud de fianza presentada por la defensa de Rodríguez. En mayo pasado, el juzgado ya había rechazado una primera solicitud de fianza presentada por Rodríguez y Pittí para evitar ser detenidos por este caso. MOP anuncia licitaciones por $474 millones El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que se convocarán 20 licitaciones públicas por 474 millones 822 mil dólares antes del 30 de septiembre de 2025. El anuncio llegó ayer, tras la reunión del Consejo de Gabinete en la Presidencia de la República. Se tata de tres grandes proyectos que abarcan la intervención de diversas carreteras en todo el territorio nacional. En la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito se intervendrán hasta 11 puentes metálicos tipo mabey, mismos que tendrían un costo de intervención de 11 millones de dólares y tres años de mantenimiento, según informó Edwin Lewis, director de estudios y diseños del MOP. Por otro lado, entre las 20 licitaciones también se abarcan algunas destinadas al proyecto denominado “Ruta del Café de Chiriquí” y también a diversas vías del país. La modalidad de las licitaciones sería de “llave en mano”, de acuerdo al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Al tiempo, Andrade indicó que con todos los proyectos se espera generar cerca de 10,000 empleos directos para la próxima temporada seca, que inicia en diciembre próximo y que va hasta marzo de 2026. CARRETERAS Mario De Gracia [email protected]
8A La Prensa Panamá, miércoles 6 de agosto de 2025 Panorama El próximo 11 de agosto vence el plazo que dio la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. (MPSA) a unos 14 buhoneros que se ubican en los alrededores de la estación 5 de Mayo del metro, para que desocupen el espacio peatonal que por años ha estado invadido por vendedores informales. En una nota entregada a los buhoneros el pasado 28 de julio, la empresa estatal MPSA informó que, con base en el Decreto Ejecutivo 261 del 4 de abril de 2014 —que establece el Reglamento del Viajero y que fue modificado por el Decreto 82 del 21 de marzo de 2023—, “no será permitido ningún tipo de ocupación o actividad en los predios externos o internos, zonas aledañas de las estaciones e instalaciones del Sistema Metro o áreas en custodia, sin previa autorización expresa por parte del Metro de Panamá, S.A.”. La fecha límite para desocupar la servidumbre que es custodiada por MPSA es el lunes 11 de agosto, a las 4:30 p. m. La misiva indica que “una vez vencido este plazo y de permanecer aún en el sector, se iniciará con los procedimientos legales necesarios para salvaguardar el patrimonio del área”. En el lugar hay vendedores informales en ambos lados de los accesos de la estación 5 de Mayo, que se dedican a la venta de frutas, sodas, agua embotellada, gorras, correas, medias, zapatillas, chicheros, cartuchos y billeteras. Los vendedores informales, que se ubican en ambos lados de la estación, denunciaron que fueron notificados con apenas una semana de anticipación para desalojar, a pesar de haber realizado inversiones significativas tras recibir instrucciones para adecuar sus puestos. Jonathan Ávila, uno de los comerciantes afectados, relató que, hace dos meses, representantes del MPSA les pidieron cambiar sus mesas por carpas de 3x3 metros para “mejorar la estética del lugar”. Muchos de los vendedores acataron la solicitud, Buhoneros de la estación 5 de Mayo solicitan prórroga tras orden de desalojo INFORMALIDAD LABORAL invirtiendo más de 2 mil dólares en carpas, rejillas y mercancía. Sin embargo, recientemente fueron notificados de que deben desalojar antes del 11 de agosto. De no hacerlo, les advierten que perderán toda su mercancía, según se detalla en la carta enviada por el MPSA. “Son ocho negocios y cuatro billeteros de este lado. Cada uno representa el sustento de al menos tres familias que trabajan por turnos de día, noche y días libres”, explicó Ávila. Los comerciantes sostienen que no se les ha ofrecido ninguna alternativa de reubicación. Aunque hubo conversaciones iniciales con la Alcaldía de Panamá para la instalación de módulos, estas no prosperaron. Por el momento, los vendedores informales esperan un acercamiento con la directiva del MPSA, previsto para hoy, donde esperan que se les conceda una prórroga hasta diciembre o que se les permita adquirir módulos por cuenta propia para continuar operando legalmente. Ávila expresó que, de concretarse el desalojo sin alternativas, podría aumentar la informalidad en la zona: “El desempleo está alto, y nadie va a quedarse en su casa esperando comida. Llegarán más vendedores informales, sin control ni permisos”. Los comerciantes hacen un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida, respeten las inversiones realizadas y busquen una solución que no implique la pérdida del sustento de múltiples familias. Representantes de la comunidad de La Cresta participaron de una cortesía de sala en la comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá. Yaritza Mojica Piden suspender y revocar EIA de proyecto en La Cresta Yaritza Mojica [email protected] Yaritza Mojica [email protected] URBANISMO La petición hecha a Miambiente se fundamenta en que la consulta ciudadana requerida por ley no se efectuó con los residentes de La Cresta, sino con comunidades aledañas y, además, porque no se contemplaron varias servidumbres existentes. Una solicitud de suspensión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto residencial PH Zima, ubicado en La Cresta, corregimiento de Bella Vista, fue presentada por la Asociación de Vecinos de La Cresta (Avelac). Los residentes argumentan que el edificio proyectado no cumple con la normativa vigente sobre la densidad permitida en la zonificación del área. La abogada de los residentes, Belquis Sáez, explicó que recientemente “se presentó ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente) una solicitud de suspensión y revocatoria del acto que aprobó el EIA categoría I del proyecto PH Zima”. La petición se fundamenta en que la consulta ciudadana requerida por ley no se realizó con los residentes de La Cresta, sino con comunidades aledañas. Además, se denuncia que el estudio no contempla varias servidumbres existentes en la zona. La Resolución N.º 15-92 del 24 de febrero de 1992 del Ministerio de Vivienda, que aprobó la rezonificación y las normas de desarrollo urbano especial para La Cresta, establece que la densidad neta permitida es de hasta 300 personas por hectárea, lo que equivale a 60 unidades de vivienda por hectárea. No obstante, la Junta de Desarrollo Local (JDL) de La Cresta informó que el proyecto PH Zima contempla la construcción de 59 apartamentos en un terreno de solo 3,481 metros cuadrados, es decir, en menos de una hectárea, por lo que consideran que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa. En su sustentación, la abogada Sáez subrayó que el control de la densidad es clave en La Cresta, ya que permite calcular la carga que un terreno puede soportar, determinar los requisitos de cimentación y evaluar la resistencia estructural. Sáez también cuestionó que Miambiente haya aprobado el EIA el 16 de junio de 2025, a pesar de que aún existían recursos pendientes por resolver en el Municipio de Panamá, relacionados con decisiones de ordenamiento territorial. “Mientras esté en trámite la solicitud de revocatoria, el proyecto no debería avanzar legalmente”, enfatizó. Avelac continúa a la espera de una respuesta del Miambiente, que, según la ley, debería emitirse en un plazo de 30 días hábiles. Hasta ahora, no se ha recibido ningún pronunciamiento oficial. El pasado 9 de junio, los residentes participaron en una reunión informativa convocada por la Dirección Regional Metropolitana de Miambiente para tratar el EIA del proyecto PH Zima. Durante el encuentro, los vecinos manifestaron su rechazo a la obra por considerar que incumple la zonificación vigente y podría afectar su calidad de vida. También señalaron la existencia de información falsa sobre la encuesta comunitaria y deficiencias en la presentación de aspectos técnicos del proyecto. Cortesía sin respuesta Paralelamente, ayer, la presidente de la JDL de La Cresta, Michelle Zarak, y la abogada de Avelac recibieron cortesía de sala en la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá para abordar el tema, sin embargo, no participó la Dirección de Planificación Urbana (DPU). Durante su intervención, Zarak reiteró a los comisionados que esta comunidad, fundada en 1930, enfrenta múltiples problemas derivados del aumento de la densidad: falta de agua, sistema de alcantarillado obsoleto, calles estrechas, ausencia de hidrantes nuevos, entre otros. Ante esta situación, la comunidad de La Cresta ha sido muy celosa del tema de la densidad y considera que con este proyecto habitacional incumple porque pretende construir 59 apartamentos, en dos lotes de terreno que suman 3,481 metros muy por debajo de una hectárea. “Con los 3,481 metros la densidad sería de 104,5 personas es decir unos 20 apartamentos”, explicó Zarak a los comisionados. Además, solicitó la creación de una comisión con la participación de diversas instituciones para que realice un estudio técnico integral sobre La Cresta, orientado a mejorar los servicios públicos. Indicó también que la comunidad no cuenta con un parque, y que en la administración pasada se había prometido destinar ese terreno a espacio recreativo. Por su parte, el encargado de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Transporte Urbano y Suburbano, Luis Constante, propuso reprogramar la reunión para el próximo martes 12 de agosto. Asimismo, solicitó a a arquitecta Adelaida Barahona, subdirectora de Obras y Construcciones, que se presente en la próxima reunión con una respuesta concreta para los residentes. Se intentó obtener una reacción de la promotora del proyecto PH Zima vía correo electrónico, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. El plazo para salir vence el 11 de agosto; los comerciantes informales piden una alternativa de reubicación. Yaritza Mojica Información sobre el proyecto habitacional que se pretende desarrollar en La Cresta. Alexander Arosemena
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