6A La Prensa Panamá, lunes 4 de agosto de 2025 Panorama Construcción del puerto y patio de contenedores en isla Margarita, Colón Cortesía Mónica Palm [email protected] Sin concesión marina… y sin terrenos en tierra firme. Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que promueve un puerto de contenedores en Isla Margarita, provincia de Colón, podría perder sus activos más valiosos debido a diversas acciones administrativas y judiciales emprendidas en los últimos cuatro meses. Como se recordará, en abril pasado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le canceló dos contratos de concesión de fondo de mar (uno para la construcción del puerto y otro para el desarrollo de un patio de contenedores) por incumplimiento en el desarrollo de la obra. Este asunto ha sido seguido personalmente por el presidente José Raúl Mulino, ya que se trata de una inversión paralizada sobre 81.5 hectáreas de la que el gobierno no percibe ingreso alguno. Pero además de los líos con el Estado, también hay conflictos internos, aquellos que nacen de las propias entrañas del proyecto. Y parecen multiplicarse. En junio pasado, un juez civil ordenó el secuestro de 50 fincas propiedad de PCCP y otras sociedades relacionadas, como parte de un reclamo presentado por un inversionista de Hong Kong que alega ser el principal accionista del proyecto portuario. El demandante La sociedad demandante se llama Landbridge Port Services(HongKong)Limited, propiedad de Ye Cheng, un empresario chino residente en Rizhao, provincia de Shandong. Ye Cheng sostiene que le corresponde el 51% de las acciones de PCCP y de la sociedad filial United Crown Construction Inc., titular de la concesión para el desarrollo del patio de contenedores. Por dicha participación, Ye pagó $125 millones el 14 de septiembre de 2017. Hace tres meses, Landbridge Port presentó una demanda civil contra PCCP, United Crown Construction Inc. y otras nueve sociedades (registradas en diversas jurisdicciones, incluyendo Panamá, Estados Unidos, China, Singapur y Barbados), a las que acusa de haberle despojado de su participación accionaria. Landbridge solicitó medidas de protección y, por ello, el 26 de junio pasado, el juez Arnold Nathaniel Guerra Moreno, del Juzgado Undécimo del Circuito Civil, ordenó el embargo de 50 fincas: 40 actualmente a nombre de PCCP y las otras 10, a nombre de Central America Shopping Mall, Inc. La orden del juez Guerra ya fue comunicada al Registro Público. Con esta medida, sería imposible realizar alguna transacción, traspaso, fusión o modificación que pudiera alterar el destino de las fincas o ponerlas fuera del alcance de la sociedad demandante, en caso de que eventualmente el juez falle a su favor. En esa demanda, además, Landbridge solicita que se le reconozca como propietaria del 51% de las acciones de PCCP y que se le pague una indemnización de $1 millón, más costas y gastos. También buscaba separar a Dion Bowe, Jorge Alejandro Serrano Evers y Colin Michael Martínez de los cargos de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, de PCCP, Central America Shopping Mall Inc., United Crown Construction Inc. e Isla Margarita Development Inc. Esta última sociedad supuestamente operaría un centro comercial adyacente al puerto. Sin embargo, el juez Guerra no aceptó esta pretensión por considerar que “equivale en la práctica a dictar un fallo anticipado sobre la responsabilidad o licitud que aún está por determinarse judicialmente”. Además, dicha medida iría en contra del principio de “mínima intervención y menor daño” y podría causar perjuicios irreparables a clientes, trabajadores y proveedores (en caso de que existan). Bowe delegó sus facultades como presidente y representante legal a Miguel Urriola Batista, el 2 de mayo pasado. Ese día, el acta fue protocolizada ante notario, “con arreglo a la minuta debidamente refrendada” por el abogado Diego de la Guardia, de la firma Galindo, Arias y López. La Prensa contactó a De la Guardia para conocer la reacción de PCCP ante los últimos acontecimientos, pero no estaba disponible para entrevistas. Advirtió que su firma es una de varias que representan a PCCP. También se contactó a Juan Felipe Pitty, otro abogado de PCCP, pero no contestó. Embargos acumulados La medida de protección del juez Guerra es la más reciente anotación sobre las 50 fincas en el Registro Público, pero no es la única. Estas propiedades ya han sido embargadas, incluso algunas en más de una ocasión. Sobre esas mismas fincas ya pesa un secuestro adoptado el 3 de octubre de 2024 por el juez Guillermo Ballesteros, del Juzgado Séptimo del Circuito Civil, en el marco de una demanda presentada por la sociedad Slatan Panama Construction, S.A., por la concurrencia de $1.4 millones en concepto de capital, costas y gastos. El secuestro promovido por Slatan también se extiende a cualquier dinero o depósito que PCCP pudiese tener en entidades bancarias en Panamá, así como a cobros pendientes. Se desconoce el origen de este conflicto. En Delaware Las acciones de Landbridge Port Services (Hong Kong) Limited para recuperar su participación en el proyecto de Isla Margarita no se han limitado a los tribunales panameños. En febrero de 2023, presentó un reclamo en Delaware, Estados Unidos, poco después de descubrir que, sin su conocimiento o aval, sus acciones fueron presuntamente “anuladas” y su participación, hasta entonces mayoritaria, quedó diluida hasta volverse prácticamente inexistente. El pleito está en suspenso, por apelaciones presentadas por los demandados. ¿Por qué Delaware? Porque los activos de PCCP están ahora en manos de Notarc Port Investment, una sociedad de responsabilidad limitada creada en ese estado norteamericano, controlada por Dion Bowe y su socio, el también bahamés Leslie Bethel. Bowe y Bethel fueron quienes convencieron a la AMP cuando, en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019–2024), se intentó rescindir la concesión de PCCP debido a una cadena de incumplimientos certificados por la Contraloría General de la República. Aquello ocurrió en junio de 2021. El entonces administrador de la AMP, Noriel Araúz, recibió instrucciones de la junta directiva para terminar el contrato con PCCP por retrasos en el cronograma de ejecución, fianzas vencidas y morosidades. La obra estaba prácticamente paralizada. Cuando los ejecutivos de Notarc se enteraron, intervinieron para impedirlo. Buscaron al entonces presidente Cortizo y lo encontraron en Nueva York, mientras se celebraba la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2021. La suerte cambió y siete meses después, el 19 de abril de 2022, se anunció que el fondo de inversiones Notarc Management Group (NMG), fundado por Bethel en las Bahamas en 1999, había adquirido todas las acciones de PCCP, con la promesa de invertir $1,000 millones y completar las obras en 15 meses. En cuestión de meses, la AMP pasó del intento de rescisión de los contratos a extender su vigencia hasta el año 2042. Ahora, en un nuevo intento de evitar la pérdida de la concesión, Notarc informó a la AMP que había vendido los activos de PCCP a un tal US Infrastructure Fund LLC. Sin embargo, a La Prensa se le informó que el comprador era un fondo distinto: United States Strategic Fund. El actual administrador de la AMP, Luis Roquebert, dijo desconocer tales transacciones. Afirmó no haber escuchado nada sobre US Infrastructure Fund LLC ni sobre United States Strategic Fund. También advirtió que, sin el aval de la AMP, no puede realizarse ninguna transacción, dado que el principal activo es una concesión estatal. ‘Cuento’ Con estos antecedentes, no sorprende que el pasado viernes el presidente Mulino expresara nuevamente su inconformidad con los actuales concesionarios. “Yo no tengo nada que ver con el conflicto que se originó ni con los empresarios que ahora dizque entraron, porque son gringos. Ese cuento a mí no me lo echan, porque yo conozco la historia, yo sé cómo se hizo esa concesión. Si la de los puertos [en aparente referencia a Panama Ports Company] es chimba, esta es más chimba todavía”, dijo el presidente el viernes 1 de agosto, en Colón, durante una gira con su equipo de trabajo. “Chimba” es un término que se utiliza para referirse coloquialmente a algo que es falso o de dudosa legitimidad. Mulino seguramente conoce el “cuento” incluso desde antes de tomar posesión. PCCP obtuvo la concesión para desarrollar isla Margarita durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014). Mulino fue ministro de Seguridad en esa administración y, como parte del Gabinete, firmó la resolución del 28 de febrero de 2012 que autorizó al administrador de la AMP a suscribir el contrato con PCCP, que entonces se llamaba Panama Canal Colon Port, Inc. (el nombre se lo cambiaron después, porque la Autoridad del Canal de Panamá protestó). El administrador de aquel gobierno era Roberto Linares, a quien Mulino designó ahora como su ministro de Desarrollo Agropecuario. Las concesiones fueron finalmente adjudicadas y convertidas en contrato-ley: la del puerto es la Ley 43 de 2013 y la del patio de contenedores, la Ley 42 de 2013, ambas modificadas posteriormente por las leyes 335 y 334 de 2022, respectivamente. Aunque los contratos fueron rescindidos en abril pasado, la orden de la AMP está en suspenso, ya que PCCP presentó cuatro amparos de garantías constitucionales que aún no han sido resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Las concesiones de fondo de mar son adyacentes a las fincas embargadas por orden judicial. ¿Cómo adquirió PCCP esas tierras? La respuesta llegará en una próxima entrega. De izquierda a derecha, Leslie Bethel, CEO de NMG; Romain Simon, CIO de TIL/MSC, y Dion Bowe, CEO de Notarc Port Investment. Detrás (de Izq. a Der.) aparecen José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero para la atracción de inversiones privadas; Noriel Araúz, administrador de la AMP; Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias, y Juan Felipe Pitty, consejero de Notarc Port Investment. Foto: Notarc y AMP UI UNIDAD INVESTIGATIVA Puerto paralizado: 50 fincas embargadas por litigio entre inversionistas El proyecto portuario de Isla Margarita sigue anclado. Un juez ordenó el embargo de 50 fincas ligadas a PCCP, tras la demanda de un inversionista chino que reclama el 51% de las acciones y compensación económica.
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