1A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 El medio libre de Panamá 75¢ Domingo 3 de agosto de 2025 - Año 44 - Nº 15097 Hoy por hoy El 16 de mayo de 2023, La Prensa destapó uno de los escándalos más indignantes de los últimos años: al menos $200 millones distribuidos a dedo a juntas comunales, fuera del marco legal de la descentralización. De ese monto, $119 millones fueron dirigidos a juntas del PRD en plena campaña electoral. Un desfalco descarado que le robó al país oportunidades de desarrollo, sobre todo a las comunidades más pobres. Hoy, a más de dos años, empiezan a surgir algunas investigaciones, auditorías y detenciones. Pero los verdaderos artífices del latrocinio —los que diseñaron y se beneficiaron de este esquema desde las alturas del poder— siguen intocables. La ciudadanía exige justicia. No basta con cerrar cuentas o capacitar representantes. Se necesita voluntad política y firmeza institucional para llegar al fondo del entramado y recuperar cada centavo posible. El mensaje debe ser claro: ningún cargo político da derecho a saquear el erario. Es hora de que caigan los peces gordos. Sin justicia, no habrá descentralización digna. Ellas.pa ‘Sunkissed’: maquillaje efecto bronceado 5B San Francisco se impone en el derbi de La Chorrera 1B Deportes ‘Sin inversión, no hay empleo. Y sin empleo, no hay chen chen’ Si no educamos hoy para los empleos del futuro, en 20 años Panamá podría enfrentar una crisis de competitividad, advierte el economista Ernesto Bazán. En el Knockout, Bazán alerta que el país perdería atractivo para la inversión, ya golpeada por la desconfianza. Y sin confianza —recalca— no hay inversión. A esto se suma el peso creciente de la deuda pública. VEA 4A Descentralización: $213 millones sin justificar Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La investigación por el escándalo de la “descentralización paralela” avanza con 294 denuncias presentadas ante el Ministerio Público y al menos $213 millones por preFONDOS PÚBLICOS Se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios. sunto mal uso de fondos. El caso involucra a 257 juntas comunales y 37 municipios, y motivó el cierre de la cuenta utilizada para estos desembolsos. El denominado Programa de Interés Social, conocido como “la descentralización paralela”, dejó un rastro de unos 320 millones de dólares sin sustento, según datos oficiales. Frente a este panorama, la Autoridad Nacional de la Descentralización, bajo la dirección de Roxana Méndez, impulsa un modelo basado en transparencia, planificación y proyectos con impacto real, en un esfuerzo por recuperar la confianza pública. Según Méndez, estos reEl presupuesto del Estado fue presentado en la Asamblea por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Cortesía Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Entre todas las entidades del sector público, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas sobresalen como los grandes favorecidos en la propuesta presupuestaria para 2026. Salud recibirá $3,445.8 millones, lo que representa un incremento de 38.4% con respecto al año anterior, mientras que Obras Públicas contará con $1,185.1 millones, casi 30% más que en 2025. Estos aumentos, que figuran entre los más altos del nuevo presupuesto, apuntan a fortalecer el sistema sanitario y reactivar la infraestructura vial del país. VEA 2A PROYECTO DE LEY Salud y Obras Públicas lideran presupuesto 2026 Cincomesesque pueden cambiar el rumbo de AL América Latina (AL) atraviesa un periodo marcado por elecciones clave, tensiones geopolíticas y oportunidades diplomáticas. En análisis, Daniel Zovatto desmenuza los factores que configurarán los próximos cinco meses en el tema electoral en América Latina: desde los riesgos de retrocesos democráticos hasta el impacto del “factor Trump” en la economía y la política continental. ¿Qué estáenjuegoenlospróximoscomicios de Bolivia, Argentina, ChileyHonduras? VEA 7A A pesar de las proyecciones optimistas al inicio del año, que anticipaban un aumento del 10% en la demanda en la industria hotelera para mediados de 2025, apenas ha logrado un crecimiento cercano al 3%. Con una ocupación estimada del 61%, solo un 1% por encima del año anterior, el sector enfrenta un panorama limitado por factores internos y externos, como las protestas recientes y la desaceleración económica en Estados Unidos, su principal mercado emisor. VEA 6A TURISMO Sector hotelero se estanca con solo 3% de crecimiento cursos públicos, que provienen del impuesto de bienes inmuebles y del presupuesto general del Estado, deben utilizarse en obras de agua potable, electrificación, conectividad, recolección de desechos y caminos de producción, entre otras necesidades de las comunidades. VEA 2A Entre tejidos y sabores Atlapa se despide hoy de la feria artesanal La Feria Nacional de Artesanías 2025 culmina hoy domingo en el Centro de Convenciones Atlapa, donde unos de 600 artesanos panameños exponen y venden sus creaciones bajo el lema “Herencia: Saberes Ancestrales”. Desde cerámica, tallas en madera, polleras y calzado típico, hasta delicadas piezas como el sombrero pintado, el público puede disfrutar también de presentaciones folclóricas. Elysée Fernández AVE: cómo España se convirtió en líder mundial del tren de alta velocidad y qué dudas genera su apuesta www.prensa.com/bbc/
2A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El rostro del presupuesto 2026: entre números récord y viejas ataduras Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] PROYECTO DE LEY ‘La Prensa’ tuvo acceso al documento entregado por el ministro Felipe Chapman al Legislativo y, tras su revisión, se pudo observar cuáles serán las apuestas del Gobierno el próximo año. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, acudió a la Asamblea Nacional con un proyecto de presupuesto para 2026 que promete “disciplina fiscal” e “inversión social”, pero que presenta un aumento de más de $4,000 millones respecto al año anterior. En el fondo, sin embargo, mantiene el mismo peso muerto: una planilla casi intacta, deuda creciente y gastos rígidos que limitan el margen de acción. En medio de este complejo escenario, algunas entidades salieron mejor libradas que otras en la asignación de fondos para el próximo año. La Prensa tuvo acceso al documento entregado por el ministro Chapman al Legislativo, y tras su revisión se pudo observar cuáles serán las principales apuestas de la actual administración el próximo año. El Ministerio de Salud recibirá $3,445.8 millones, un aumento de 38.4 % con respecto al año anterior, mientras que el Ministerio de Obras Públicas experimentará un salto de casi 30%, al pasar de $912.5 millones en 2025 a $1,185.1 millones en 2026. Ambas alzas, entre las más altas del nuevo presupuesto, revelan de alguna manera las prioridades del Ejecutivo. En contraste, áreas tradicionalmente sensibles como educación, vivienda y desarrollo agropecuario sufrieron recortes. El Ministerio de Educación pierde más de $200 millones frente a 2025, quedando con $4,861.7 millones, mientras que el Ministerio de Vivienda ve reducida su asignación en más del 40%, cayendo a $79.8 millones. El agro también sufrió un revés: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario pierde una cuarta parte de su presupuesto. Hay que mencionar que uno de los principales cuestionamientos al Ministerio de Educación es su baja ejecución presupuestaria en el área de inversiones, la cual, este año, entre enero y junio, ha sido de solo un 7 % pese a recibir cientos de millones. Mientras tanto, la Asamblea Nacional y la Contraloría General conservarán exactamente los mismos fondos de este año: $98.7 millones y $127.9 millones, respectivamente. El Ministerio de la Presidencia recibe un leve aumento y el Ministerio de Cultura obtiene una inyección significativa del 28.5%. Sin embargo, el mensaje general del presupuesto es claro: el gobierno apuesta por la salud y la infraestructura como ejes de su estrategia. Los proyectos Precisamente, durante la presentación del presupuesto, el secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza, presentó algunos de los proyectos clave incluidos en el documento. Por ejemplo, el MOP manejará $674.8 millones distribuidos en 150 proyectos, entre ellos el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y nuevas licitaciones como la rehabilitación de la carretera Panamericana entre Campana y Santiago. El Metro de Panamá contará con $470 millones, de los cuales $416 millones serán destinados a continuar la construcción de la Línea 3 hacia Panamá Oeste. Icaza informó que la tuneladora ya se encuentra debajo del cauce del Canal. Por su parte, el Ministerio de Salud invertirá $303 millones en 63 proyectos, mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ejecutará 75 obras por $202 millones. En tanto, la Caja de Seguro Social administrará $305 millones en inversiones para infraestructura y equipamiento médico. Datos claves Uno de los mayores pesos que arrastra el nuevo presupuesto es el servicio de la deuda pública. Solo en patras año, lo que incrementa el gasto de funcionamiento y reduce significativamente la capacidad del Estado para reasignar recursos según las prioridades del momento. Según el MEF, estas presiones subrayan la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal y avanzar en una estrategia de manejo de deuda más eficiente. Mientras se proyectan mejoras en inversión pública, el presupuesto sigue condicionado por gastos fijos que limitan su capacidad transformadora y exigen un ajuste estructural más profundo. Servicios personales y subsidios El presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 tiene previsto en el renglón de servicios personales $7,460.5 millones. Esto contempla el pago de salarios, gastos de representación, decimotercer mes y las contribuciones correspondientes a la Caja de Seguro Social (CSS). En el presupuesto de 2025 se había asignado a esta misma línea una partida de $7,312.5 millones, lo que indica que en este renglón se experimentará un alza de $148 millones. Con esta cifra, la partida de los servicios personales se erige como líder indiscutible dentro del gasto corriente del Sector Público No Financiero (SPNF), que no es más que el presupuesto destinado a las operaciones o al funcionamiento del Estado. En lo que respecta a los subsidios, se tiene programado para 2026 un monto cercano a los $2,486.6 millones, mayor al de 2025, cuando fue de $1,747.4 millones. Así las cosas, y aunque el presupuesto de 2026 crece como nunca antes, su flexibilidad sigue limitada por deudas, una planilla abultada y leyes especiales. Más que cifras récord, el desafío real será ejecutar con transparencia y responsabilidad en medio de tensiones fiscales aún sin resolver. gos de amortización se prevén $4,399 millones, es decir, $1,987 millones más que el año anterior. A eso se suman $3,661 millones en intereses, con un alza proyectada de $469 millones, lo que refleja el impacto acumulado del endeudamiento y el incremento de las tasas internacionales. Además, se contempla un aporte extraordinario de $1,167 millones a la Caja de Seguro Social, en un intento por sostener el sistema de pensiones como parte de la Ley 462. Por otra parte, se prevén $306 millones en aumentos automáticos de salarios derivados de leyes especiales. En Panamá, las llamadas leyes especiales imponen una carga fija sobre el presupuesto estatal al establecer aumentos salariales, primas y escalas exclusivas para ciertos grupos de funcionarios, entre ellos jueces, médicos, docentes y miembros de los estamentos de seguridad. Estos beneficios son de cumplimiento obligatorio y se actualizan año Yaritza Mojica [email protected] Farmacia de la JJ Vallarino. Cortesía/CSS JJ Vallarino abre nueva farmacia para despachar recetas de otras policlínicas y centros privados CAJA DE SEGURO SOCIAL Los asegurados siguen reclamando un mejor servicio en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en momentos en que la entidad anunció una estrategia para mejorar el servicio de despacho de medicamentos en la policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, conocida como la “JJ Vallarino”. Desde el 31 de julio se habilitó una farmacia adicional para los asegurados, que está ubicada fuera de la policlínica (en el centro comercial El Cruce). En esta farmacia se recibirán las recetas expedidas en otras policlínicas o en centros privados, mientras que en la farmacia que está dentro de la JJ Vallarino se recibirán las recetas que expiden los médicos que atienden en esta instalación de la CSS. Esta medida tiene como objetivo reducir el tiempo de espera en la entrega de medicamentos y aliviar la alta demanda de los asegurados que acuden en busca de medicinas a esta instalación. Sin embargo, para jubilados como Mauricio Cabrera, reducir el tiempo de espera y contar con medicamentos disponibles en las policlínicas cercanas a sus comunidades debería ser el modelo ideal de atención en cada centro. Y esto, añade, no es la realidad, por lo que muchos deben peregrinar en busca de sus medicinas. Por ejemplo, Cabrera explicó que siempre encuentra dificultades para conseguir las gotas oftálmicas necesarias para controlar la presión ocular. “Unas gotas las debo comprar, como las Vastarel, que son caras, y las otras como la dorzolamida y latanoprost las consigo en el seguro, pero son difíciles de encontrar en San Miguelito”, relató. Pacientes que se atienden en el Hospital de Día de la CSS también denunciaron que no cuentan con infliximab, un antiinflamatorio para tratar enfermedades como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la enfermedad de Crohn. Germán Lawson solicitó a la CSS que abastezca la farmacia de la Sala de Hemodiálisis en Metro II, ubicada en San Cristóbal, ya que actualmente no cuenta con hierro, un medicamento indispensable para los pacientes de hemodiálisis. El colágeno, necesario para pacientes con desgaste óseo y problemas de osteoporosis, es otro de los medicamentos difíciles de conseguir. Además, los asegurados no pueden buscarlos en otras policlínicas, ya que solo se aceptan recetas de pacientes que se atienden en cada instalación. CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y acceda a más información de este tema en prensa.com
3A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 Panorama Milena Gómez, rectora del Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). Alexander Arosemena ITSE: carreras cortas para el futuro en alianza con el sector privado Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] EDUCACIÓN Según la rectora del ITSE, Milena Gómez: De cada diez estudiantes egresados, ocho consiguen empleo con hasta tres veces el salario mínimo. Con al menos 4,300 estudiantes activos y una inserción laboral del 80%, el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE) se perfila como uno de los proyectos educativos más ambiciosos del país. Así lo afirma en entrevista con La Prensa su rectora, Milena Gómez, quien subraya que el modelo educativo que impulsa la institución está diseñado para responder a las demandas reales del mercado laboral panameño. “De cada 10 estudiantes, ocho consiguen empleo con hasta tres veces más del salario mínimo, uno emprende y otro sigue estudiando. Es el 10 de 10 de Panamá”, asegura. La clave de este éxito, según Gómez, radica en la creación de carreras junto al sector privado. “Esta semana lanzamos una nueva carrera técnica construida con empresas que conocen sus propias necesidades. Todas nuestras 16 carreras están pensadas para el sector productivo”, explicó. La estrategia ha permitido que el ITSE se convierta en un puente entrelaformaciónacadémica y las oportunidades reales de empleo. En solo dos años —o tres en el caso de programas más especializados—, los estudiantes del ITSE pueden obtener un título técnico de nivel superior con enfoque práctico, lo que facilita su ingreso inmediato al mercado laboral. Gómez menciona como ejemplo la recién lanzada carrera de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, creada con el respaldo de empresas como Copa Airlines, DHL y Grupo Azuero. “Panamá es un hub aéreo, y ese hub necesita personal calificado”, dijo. El enfoque de formación dual, inspirado en el modelo alemán, también es parte de la fórmula. Los estudiantes no solo reciben formación teórica, sino que realizan prácticas reales en empresas. “Eso hace la diferencia”, sostiene la rectora. “No estamos formando para un mundo que ya no existe, sino para el que está emergiendo con nuevas tecnologías y transformaciones digitales”. Escuela de Innovación Gómez destaca que el ITSE cuenta con una Escuela de Innovación Digital, con más de 800 estudiantes, además de programas en logística, negocios y gestión ejecutiva bilingüe. Las carreras de tecnología son la gran apuesta: big data, inteligencia artificial, desarrollo de software y transformación digital. Un estudio de la CAF indica que Panamá necesita al menos 6,000 profesionales al año en estas áreas, pero solo se están formando 3,500. “Ahí están las oportunidades”, enfatiza. El Foro Económico Mundial, en su más reciente reporte, advierte sobre la deslocalización de 92 millones de empleos en los próximos cinco años, pero también anticipa la creación de 170 millones de nuevos puestos que requerirán competencias distintas. “Hay que reimaginar la educación. Hoy, el 40% de nuestras competencias deberán actualizarse en menos de cuatro años”, advierte Gómez, quien apuesta por habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad. Frente a la oferta tradicional de carreras universitarias, el ITSE representa una alternativa accesible y enfocada. “Estudiar en el ITSE cuesta menos de un dólar al día. Es una inversión del Estado panameño para que los jóvenes tengan oportunidades reales”, indica. La institución funciona por cuatrimestres, lo que permite que los estudiantes se incorporen en diferentes momentos del año, con admisiones abiertas en agosto, noviembre y enero. Aunque el ITSE inició operaciones en 2019 con apenas 100 estudiantes, ha crecido de forma constante, acompañando su expansión con mejoras en infraestructura y alianzas estratégicas. La empresa Gallup, en un estudio financiado por la CAF, ha dado seguimiento a los egresados y comprobado su inserción en empleos formales y su crecimiento salarial. “Tenemos casos de éxito con salarios de hasta 2,500 dólares mensuales”, comenta la rectora. El perfil Entre los estudiantes que hoy ingresan al ITSE hay un perfil claro: jóvenes que buscan innovación, carreras diferentes y oportunidades reales. Gómez hace un llamado a romper con la presión social de seguir carreras tradicionales. “El 75 % de los empleos en 2040 estarán en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Eso es lo que debemos impulsar”, dice. Además de formar empleados calificados, el ITSE también fomenta el emprendimiento. “Queremos que nuestros egresados tengan la opción de crear sus propios negocios. No se trata solo de empleabilidad, sino de generar oportunidades sostenibles”, insiste la rectora. Para Milena Gómez, el camino hacia una economía más inclusiva y moderna pasa por una educación técnica de calidad, pertinente y accesible. “Poner a los panameños en el centro de la estrategia nacional implica repensar qué enseñamos, cómo lo hacemos y hacia dónde apuntamos. Si algo debe estar en la agenda del país, es una educación que conecte con el empleo y con el futuro”, concluyó.
4A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 No hay maquillaje que oculte el desastre fiscal. Lo dice sin rodeos el economista Ernesto Bazán: lo que hacemos con la deuda es quemar dinero y la nueva ley de pensiones es una expropiación. Advierte, además, que si no hacemos ajustes ya, no llegamos a ocho años sin estrellarnos. ¿Cuánto tiempo más puede Panamá vivir del endeudamiento sin estrellarse? Sin decisiones drásticas, austeras e impopulares, no creo que duremos ocho años. ¿Quién fue el dealer de nuestra ‘adicción’ a la deuda? ¿Los gobiernos o la gente que exige sin pagar? Los que han permitido la irresponsabilidad fiscal en todas las administraciones desde Martinelli. Pensé que Chapman implementaría una política de austeridad, pero no ha querido pisar callos y los intereses siguen creciendo. Este año podríamos pagar $4 mil millones en intereses que podrían usarse en salud, educación y otros. Eso es como quemar dinero. Solo se benefician los que nos prestaron. Pero detrás están la deuda y el déficit fiscal. Ese es el monstruo al que hay que destruir. ¿Por cuánto tiempo más será válida la justificación de la deuda? Chapman no tiene la culpa de la deuda que adquirieron antes, pero debe reducir el déficit fiscal con políticas de austeridad y no lo está haciendo. ¿Cómo pasaría usted del “hay que” a tres cosas concretas? Suspender temporalmente el aumento de salarios automáticos, los escoltas, vehículos, viáticos, viajes, gastos de representación, y la publicidad estatal. Y si es por ley, mejor. Ley mata ley. Solo así consigues austeridad. El presupuesto de 2026 sube a casi $35 mil millones. ¿Herramienta de disciplina fiscal o plan de gasto desbordado? No hay inconveniente en que aumente si lo financian fuentes sostenibles. La deuda no lo es. ¿El superávit primario anunciado es real o un espejismo contable? Parece más una jugada contable, porque no he visto que hayan hecho cambios para que pasemos de déficit a superávit. Panamá se está endeudando en euros y francos suizos. ¿Estrategia o riesgo? Panamá tiene que endeudarse en la moneda en la que tiene sus ingresos. El dólar se ha desvalorizado 10% este año. No es posible, entonces, comparar las tasas de interés. Ahí no hay ahorro: ahí hay mayor riesgo. Sacaron a 2 mil empleados temporales. ¿Ahorro o maquillaje? La planilla va a bordear los $6 mil 700 millones y entre todos los impuestos el país recauda $5 mil 600 millones. Es claro que la reducción no es real ni sostenible. ¿Qué tanto pesan las leyes especiales en esa distorsión? Serían $306 millones para 2026, pero más significativo es el clientelismo. ¿Es realista eliminar esas leyes especiales? Sí. Y legítimo. La Constitución dice que no hay fueros ni privilegios. ¿Cómo manejaría usted las protestas de quienes se opondrían a estos cambios? Las medidas deben ir acompañadas de credibilidad y los primeros que deberían reducirse sus privilegios son las autoridades. La población apoyaría esos cambios. ¿Qué va a pasar en 20 años si no educamos a la gente para los empleos del futuro? Le daremos una razón más a aquellos que prefieren Costa Rica o Dominicana antes que Panamá. Hay que recuperar la confianza. Sin confianza, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Y sin empleo, no hay “chen chen”. ¿Cómo crear empleo sin reforma educativa ni inversión privada fuerte? Es imposible. Punto. Hemos perdido más de 44 mil empleos formales desde 2019. ¿Qué falló? Llenamos el país de subsidios, privilegios y mal manejo, y eso contribuyó a una gran desconfianza potenciada por el altísimo nivel de corrupción. ¿Cómo reactivar el crédito al sector productivo si los bancos han recortado más de $2 mil millones en financiamiento? Cuando la economía crece, los créditos crecen. Pero al revés no funciona. Que haya más línea de Knockout Flor Mizrachi Angel [email protected] Cortesía Ernesto Bazán ‘Estamos pagando intereses como si estuviéramos quemando dinero’ Yo no tocaría 120 a los 65, pero sí le pondría el ojo al [subsidio] de la vivienda. Estamos subsidiando a personas con capacidad económica. Le pondría controles fuertes al subsidio al tanque de gas y al de la electricidad. crédito no significa que la economía va a crecer, porque si no hay confianza, no va a haber inversión por mucho crédito que haya. ¿La crisis laboral panameña es estructural o solo mal manejada? Ambas. En la prueba PISA salimos como uno de los peores, y eso es estructural. Y además no hemos sabido mantener la inversión privada que llegó entre 2005 y 2015. ¿Cuál es su lectura de Chapman? Sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace. El problema es ético. O te adhieres al sistema perverso o renuncias para no contaminarte. Ni Alexander ni Chapman lo hicieron. Yo respeto a Chapman y por eso me siento tan decepcionado. ¿Cómo manejaría usted a las mafias de la Asamblea enquistadas en Presupuesto? Convocando a una constituyente donde la mayoría estaría conformada por los que están en contra de la Asamblea actual. ¿Ha fracasado la tecnocracia? Ha sucumbido frente al nefasto poder de la corrupción, aunque hay honrosas excepciones como Eduardo Ortega Barría y Carlos Barsallo. ¿Por qué usted dice que la Ley 462 es peor que la Ley 51? Porque nos devuelve a 2004, al sistema que teníamos antes de la ley 51. Esta precisamente se creó porque se sabía que no era sostenible un sistema de beneficio definido. Hemos vuelto a un sistema de reparto donde hay un fondo común y no hay fondos para pagar las pensiones de ese sistema. No hay sostenibilidad. Encima hemos perdido seguridad jurídica porque se le ha expropiado fondos en cuentas individuales a personas del subsistema mixto. Antes de esta ley, todos decían que el sistema de beneficio definido no era sostenible. Muchos economistas terminaron sucumbiendo al sistema perverso... ¿Es un salvavidas temporal o una bomba de tiempo? Un salvavidas temporal, pero para el gobierno, porque usará fondos que pertenecían a otro sistema de pensiones para cubrir pensiones que no tenían fondos. Pero antes el problema era solo del subsistema de beneficio definido antiguo. En 10 años será para todas las pensiones. ¿Por qué no se ha aprobado aún una verdadera ley de austeridad? Comenzaría preguntándome por qué no se ha presentado, porque no depende de Chapman que eso se apruebe, pero sí que se presente. Y creo que hay personas enquistadas en sus privilegios. ¿Cómo ha cambiado su discurso a partir de su participación en la política? Estoy agradecido con Lombana por la oportunidad de coordinar un grupo de trabajo. No me gusta decir “de esta agua no beberé”, pero veo muy improbable participar en política. No es lo mío. Prefiero la independencia. ¿Una reforma tributaria es inevitable o aún hay margen para evitarla? Podemos salvarnos si hacemos lo que tenemos que hacer: reducir los gastos, eliminar exoneraciones innecesarias, reducir subsidios innecesarios y reforzar la recaudación tributaria. Si después sigue faltando recursos, se podría pensar. La presión fiscal de Panamá es de las más bajas en el mundo… Sí, y eso es un argumento de algunas entidades internacionales para ejercer presión, pero hay que sabernos defender. Nosotros tenemos aportes del Canal y un régimen de impuestos territorial. Por eso no somos comparables con Colombia, Perú o Ecuador, que tienen un régimen tributario mundial. Lo justo para que no haya una distorsión sería calcular los impuestos sobre el PIB solo sobre lo que corresponde a las actividades internas. ¿Cómo reorganizaría los subsidios? Por ejemplo, yo no tocaría 120 a los 65, pero sí le pondría el ojo al de la vivienda. Estamos subsidiando a personas con capacidad económica. Le pondría controles fuertes al subsidio al tanque de gas y al de la electricidad. Y los incentivos se los dejaría de dar a las personas por el seguro médico privado, a los que hacen aportaciones a su jubilación privada y a los que deducen los intereses tributarios e hipotecarios de su impuesto sobre la renta. El Estado tiene que priorizar. Aquí el 75% de las personas no tiene agua las 24 horas. ¿Y si hubiera, al final, que elevar impuestos? Comenzaría por el impuesto a las empresas. Y no tocaría el ITBMS, porque eso no lo pagan empresas, sino las personas naturales. ¿Qué papel debe jugar la minería tras el fallo de inconstitucionalidad? Yo viví hasta los nueve años en un campamento minero. Panamá no está preparada para llevar a cabo esa actividad, primero por la falta de licencia social… ¿Qué se hace? Que se decida en las urnas. Pero se tiene que advertir que, sin actividad minera, habrá que pagar más ITBMS. Y si la respuesta es positiva, se necesita tener un regulador con grado constitucional y todos los candados para evitar la intromisión política o gremial, y o hacer un contrato sustancialmente distinto… o indemnizar y nacionalizar la operación. ¿Cómo ve el rol de la logística en un país con crecimiento bajo y presión fiscal alta? Nos quedamos dormidos en nuestros laureles. Hay muchos proyectos, algunos ya materializados, que nos van a quitar mercado. ¿Cómo mejoraría usted el futuro logístico de Panamá? Revisaría el contrato de Panamá Ports, buscaría mejorar la competitividad (que es un poco en lo que se están enfocando los puertos) y estudiaría la posibilidad de mejorar los corredores terrestres entre los dos lados del litoral. CONTENIDO EXTRA Escanee el código QR y acceda a la entrevista completa en prensa.com Panorama
5A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 Panorama “Se le hizo mucho daño a la descentralización[...] La clave está en demostrar con resultados que este modelo sí puede transformar al país”, afirma Méndez. Isaac Ortega Descentralización: 294 denuncias, $213 millones sin justificar Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] GOBIERNOS LOCALES El total de denunciaspresentadas hasta ahora por presunto mal uso del dinero abarca 257 juntas comunales y 37 municipios. Luego de un año de haber asumido la dirección de la Autoridad Nacional de la Descentralización(AND),RoxanaMéndez camina con la convicción de quien carga sobre los hombros la tarea de limpiar una casa en ruinas. Méndez repite como un mantra la urgencia de imponer una nueva cultura de eficiencia y transparencia, en la que alcaldes y representantes no sean meros receptores de dinero, sino piezas activas de un engranaje que priorice el bien común sobre la costumbre del descontrol. Los datos oficiales precisan que se detectaron al menos $320 millones sin sustento en el denominado Programa de Interés Social, conocido como “la descentralización paralela”. La cuenta fue inhabilitada y, hasta esta semana, se han presentado 294 denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos en 257 juntas comunales y 37 municipios, con un monto investigado que supera los $213 millones. Además, se completaron otras 54 auditorías con resultados positivos; es decir, se validó la correcta ejecución de los recursos. Los proyectos Uno de los avances ha sido la planificación participativa. La improvisación quedó atrás, afirman desde la institución, con la aprobación de 82 Planes Estratégicos de Desarrollo Distrital, que ahora guían la inversión pública en cada distrito. Esta estrategia busca asegurar que los recursos se destinen a proyectos con impacto, en función de los diagnósticos locales. Según Méndez, estos recursos públicos, provenientes del impuesto de bienes inmuebles y del presupuesto general del Estado, deben traducirse en obras de agua potable, electrificación, conectividad, recolección de desechos y caminos de producción, entre otras necesidades esenciales. “Antes no había mucha rigurosidad con los requisitos. Ahora exigimos especificaciones claras”, explicó. Esta nueva postura busca evitar que los fondos terminen en proyectos irrelevantes o mal ejecutados. Tras un año en funciones, la directora ha podido diagnosticar las fortalezas y carencias de las autoridades locales. Mientras algunos municipios urbanos cuentan con equipos técnicos sólidos, otros — sobre todo en zonas rurales— carecen incluso de internet o de personal calificado. En el caso de las juntas comunales, la disparidad es aún más marcada. Por eso, uno de los grandes retos es garantizar conectividad en todos los rincones del país. “Estamos trabajando para que todas puedan hacer trámites en línea”, dice. Cierre de cuenta Una de las primeras acciones que tomó Méndez fue cerrar la cuenta conocida como “descentralización paralela”, un mecanismo cuestionado por la falta de controles y documentos. “Ese programa —en realidad de interés social— se manejaba sin expediente formal. Lo cerramos por resolución y solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inhabilitación de la cuenta”, explicó. Para 2025, la entidad tenía presupuestado recibir $180 millones —producto de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles y fondos del gobierno central— para distribuir entre municipios y juntas comunales. A la fecha, ya se ha desembolsado el 50%, correspondiente al primer semestre. “Estamos gestionando el primer tramo del segundo semestre”, indicó. Para 2026, Méndez espera que se entregue el 100% de lo estimado en recaudación, aunque reconoce que depende de la disponibilidad del MEF. Según el presupuesto de 2026, la AND tendrá $192.1 millones, de los cuales $43.5 millones corresponden a funcionamiento y $148.6 millones a inversión. Es un presupuesto muy parecido al de 2025, cuando fue de $197.5 millones. Los reclamos Consultada sobre los reclamos de representantes en Chiriquí para subsanar informes financieros en medio de las investigaciones, Méndez fue enfática: “Hemos remitido al Ministerio Público los casos en los que faltaba sustento en el uso de fondos. Luego, corresponde a la Contraloría auditar y al Ministerio Público investigar”. La autoridad que dirige no tiene incidencia en los procesos judiciales, aclara. “Buscamos dejar atrás el asistencialismo”, dice. Para ella, invertir en una vía de producción tiene más impacto que construir una acera o levantar una casa comunal.
6A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 Tu opinión nos interesa [email protected] &Negocios @PRENSAECONOMIA Crecimiento hotelero se quedó corto: solo 3% La presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles advierte que, sin reglas claras para los hospedajes turísticos informales, la industria seguirá en desventaja y podrían cerrar hoteles en la ciudad. La industria hotelera proyectaba un repunte en la llegada de visitantes, pero las protestas locales y las tensiones internacionales frenaron el crecimiento en el primer semestre. Archivo Alex E. Hernández V. ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La industria hotelera proyectaba que para mediados de 2025 la demanda estaría un 10% por encima de los datos del año pasado, pero la realidad ha sido otra, con un crecimiento cercano al 3%. Los datos extraoficiales apuntan a una ocupación del 61%, lo que representaría una ligera variación del 1% frente a 2024. La Prensa conversó con Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), para conocer el panorama actual del sector y los retos que enfrenta esta industria en el corto y mediano plazo. Segarra dijo que, sin duda, las protestas de mayo y junio tuvieron un impacto negativo sobre el turismo panameño, sumadas a un entorno internacional más agitado, principalmente por la situación económica en Estados Unidos, que sigue siendo el principal emisor de turistas hacia Panamá. “Un turista buscará otros destinos si percibe que no existe un ambiente de seguridad. Los frutos del trabajo que se había hecho en el sector para captar más visitantes no se lograron producto del ambiente que existía en el país”, comentó Segarra. El sector ve con buenos ojos la cantidad de congresos y convenciones que se realizarán en el corto y mediano plazo, lo que impulsará la demanda de habitaciones. Sin embargo, la presidenta de Apatel señala que hay otros factores, como la “marca país”, que son clave para lograr un mayor impacto en la economía. El Fondo de Promoción Internacional (Promtur) destinará 6.5 millones de dólares para cubrir todo el proceso de diseño, desarrollo e implementación de la marca país. Para Segarra, la marca país permite ofrecer una economía integral a los inversionistas porque mejora la promoción de todos los atractivos del país, no solo los turísticos, y por eso considera fundamental consolidarla. También señaló que será positiva la implementación de la plataforma STR, que permitirá contar con datos actualizados sobre la ocupación hotelera en el país. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, informó que la Contraloría General ya refrendó el contrato para la adquisición del sistema, donde los hoteles podrán incluir sus datos en tiempo real. Los hoteles de cadenas internacionales ya utilizaban este sistema, pero ahora será gratuito para todos los centros de hospedaje del país, lo que permitirá a las entidades involucradas en la toma de decisiones contar con información actualizada para mejorar el posicionamiento de Panamá. Esto cobra relevancia considerando que los datos oficiales más recientes sobre la actividad turística corresponden al mes de abril. Más presupuesto Segarra es directa al señalar que el turismo ha demostrado tener la capacidad de impulsar la economía cuando se invierte en su promoción. Actualmente, Promtur cuenta con un presupuesto anual de 20 millones de dólares, pero la presidenta de Apatel indica que República Dominicana destina 60 millones de dólares al año en promoción. “Panamá tiene uno de los niveles de ocupación más bajos de la región. Tenemos la infraestructura y atractivos; lo que se necesita es más presupuesto para promoción. Aunque este año se destinó un poco más, aún es insuficiente, y por eso nuestra propuesta recomienda fijar un impuesto del 15% a las plataformas de hospedaje de corta estancia”, comentó. Recientemente, Apatel emitió un comunicado en el que recomendaba que, en las propuestas que se discutirán en la Asamblea Nacional —ya sea la presentada por el diputado Nestalí Zamora o la que enviará la ATP—, se establezca un impuesto a plataformas como Airbnb, Expedia, Booking, entre otras, que ofrecen propiedades privadas como millones de dólares”, dijo la presidenta de Apatel, gremio que también propone que la ATP cree un registro de todas las propiedades que se destinan al hospedaje, con la finalidad de llevar un mejor control y evitar la saturación, como ha ocurrido en otros países. “Si continúa la proliferación de estas propiedades en la ciudad de Panamá, van a empezar a cerrar hoteles, porque estamos en una competencia desigual. No tienen la misma carga de obligaciones que los hoteles. Hay edificios donde un propietario tiene múltiples propiedades que se ofrecen como hospedajes turísticos”, manifestó. Hasta mediados de 2024, los datos preliminares apuntaban a que en el país había 12,584 propiedades que se ofrecían como hospedajes turísticos. La presidenta de Apatel indica que las recomendaciones del gremio buscan establecer reglas claras que permitan una competencia menos desigual, donde las plataformas que ofrecen hospedajes de corta duración generen impuestos a favor del país y los transfieran de forma directa al Estado. Indica que hay inversionistas que adquirieron propiedades para participar en ese nicho de negocio, pero sostiene que es importante establecer pautas para que operen dentro de la ley. Además del registro de estas propiedades, Apatel también sugiere involucrar a las juntas directivas de los PH para que se fortalezcan las normas internas y se garantice la convivencia entre residentes y visitantes. Igualmente, el gremio aboga por establecer exigencias mínimas para todos los inmuebles que ofrezcan servicios turísticos. TURISMO hospedajes turísticos. La presidenta de Apatel recordó que hace una década el gremio había recomendado un impuesto del 25% debido a que no existía una regulación sobre los hospedajes de corta duración. Sin embargo, asegura que el sector está en desventaja frente al alquiler de propiedades privadas con fines turísticos, ya que estas no asumen la carga de gastos e impuestos que enfrentan los hoteleros. “Ni con el 25% ni con el 15% que se propone ahora estaríamos bajo las mismas condiciones, pero el gremio propone que un 5% del impuesto se destine a la promoción del país. Debemos proteger la inversión que se ha realizado en el sector, porque un hotel que cierra significa la pérdida de empleos y menos ingresos para el Estado”, acotó Segarra. Añadió que, además del 10% del impuesto de hospedaje, los hoteles generan tributos a través de sus otros servicios, como restaurantes, mientras que los hospedajes de corta estancia solo generan réditos para sus propietarios, sin aportes al Estado. Sobre las pérdidas económicas derivadas del incremento de propiedades privadas (apartamentos y casas) alquiladas con fines turísticos, Segarra explicó que, aunque en 2024 el número de visitantes aumentó 13%, eso no se tradujo en una mayor ocupación. En su opinión, tomando en cuenta el flujo de turistas reportado el año pasado, la ocupación debió haber estado 8% por encima de los datos registrados. “Estamos hablando de ¿Choque de normasyel1% en el medio? Ventana fiscal Adolfo J. Campos Barranco economí[email protected] El uno por ciento (1%), para lo cual se crea el Fondo de Gestión Tributaria, es el sistema de bonificación y una herramienta de fidelización del funcionario de la Dirección General de Ingresos (DGI). Con la Ley 31 de 1991 se creó el 1% y se incorporó el artículo 21-A al Decreto de Gabinete (DG) 109 de 1970 (que rige a la DGI), y fue modificado por las leyes 8 y 33 de 2010. El artículo 21-A fue reglamentado por el Decreto Ejecutivo (DE) 33 de 1993 y modificado por el DE 16 de 2011. La Ley 8 de 2010 aumentó del 50% al 100% como tope la suma correspondiente que cada funcionario podrá alcanzar respecto del total de su remuneración anual. La Ley 33 de 2010 incluyó un cambio importante en relación con cómo determinar el 1% del excedente de los ingresos tributarios que administra la DGI y que constituirá el Fondo de Gestión Tributaria. Este será el resultado de comparar los ingresos tributarios del período fiscal respectivo con los del año fiscal inmediatamente anterior. Al inicio de la creación del fondo, el artículo 21-A del DG 109 de 1970 indicaba que la base del 1% se obtenía al comparar los ingresos tributarios del período fiscal actual con los del Presupuesto General del Estado de ese mismo año. Se ha venido señalando en el texto de las leyes del Presupuesto General del Estado (incluyendo el artículo 313 del actual proyecto de ley del presupuesto para 2026) que las instituciones públicas cuya función sea recaudar ingresos para la Hacienda Pública y tengan el incentivo de bonificación reconocido por ley, cobrarán el bono correspondiente cuando las recaudaciones del período fiscal sean superiores a lo presupuestado en el año fiscal vigente.Además,todabonificación debe ser registrada en el Presupuesto General del Estado. Frente a esta situación de posible choque normativo, la DGI solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría de la Administración. Fue a través de la Nota C-101-23, de 10 de julio de 2023, que el procurador indicó que debe aplicarse el método para determinar el Fondo de Gestión Tributaria establecido en el artículo 21-A del DG 109 de 1970, luego de la reforma de la Ley 33 de 2010. Es decir, que al final de cada ejercicio fiscal se debe acreCONTENIDO EXTRA Escanea el código QR y mira la información completa en prensa.com ditar a la cuenta bancaria administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República el 1% del excedente de los ingresos tributarios administrados por la DGI, sobre los ingresos tributarios recaudados del año anterior, incluyendo en ese monto los pagos con documentos de crédito. Se concluyó, además, que la ley del presupuesto no reforma el artículo 21-A del DG 109 de 1970, sino que, al contrario, lo complementa, resaltando el hecho de que toda bonificación debe ser registrada en el Presupuesto General del Estado. En todo caso, el artículo 21-A tiene una condición de especialidad y, por tanto, de preferencia en cuanto a su aplicación respecto de las normas genéricas que contempla el Presupuesto General del Estado, resultando lo anterior acorde con el numeral 2 del artículo 14 del Código Civil (que trata el principio de especialidad como una de las reglas de interpretación de la ley). Cápsula fiscal: El talento profesional no resulta de la improvisación: se descubre, se forma, se incentiva y se conserva, máxime en una organización tan técnica e importante para el Estado como la DGI. El autor es abogado especializado en materia tributaria. EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 86.15 pies 243.14 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal
7A La Prensa Panamá, domingo 3 de agosto de 2025 Simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales participan en un evento con el exmandatario y delegaciones del Runasur el pasado sábado, en Ivirgarzama (Bolivia). Todo indica que la elección de Bolivia se definirá en un balotaje el 19 de octubre. EFE Cinco meses intensos y decisivos: elecciones de alto voltaje y diplomacia estratégica Daniel Zovatto ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] ANÁLISIS América Latina entra en un semestre decisivo, marcado por elecciones clave, cumbres estratégicas y tensiones geopolíticas crecientes. América Latina ingresó, el pasado 1 de agosto, en un periodo de cinco meses intenso y decisivo, caracterizado por la convergencia de tres grandes tendencias: un escenario internacional desafiante —marcado por una reconfiguración geopolítica y un resurgimiento del proteccionismo comercial encabezados por Trump—, una agenda electoral regional de alto voltaje, y una serie de cumbres diplomáticas que -de ser bien aprovechadas- podrían ayudarla a redefinir su posicionamiento global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar una leve revisión al alza de sus proyecciones de crecimiento para Latinoamérica en 2025, elevándolas del 2.0% al 2.2%. Sin embargo, el propio organismo advierte que aunque la región muestra cierta resiliencia, este repunte es limitado y se produce en un marco de fragilidad estructural persistente. En este tablero, será crucial monitorear la implementación y los efectos concretos de los nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca el pasado jueves 31 de julio (cuya fecha de entrada en vigor es el 7 de agosto), tanto sobre la economía regional en su conjunto como sobre los países más expuestos, entre ellos México (a quien se le ha concedido un nuevo plazo de prórroga de 90 días) y Brasil (penalizado con aranceles del 50% si bien con numerosas excepciones), dado el riesgo de impactos asimétricos en un escenario con capacidad de maniobra limitada y variable entre los países latinoamericanos. Un clima político crispado y polarizado América Latina enfrenta este segundo semestre con claros signos de fatiga o estancamiento democrático en varios países. Un segundo grupo profundiza los rasgos híbridos o autoritarios de sus regímenes, mientras que un tercer grupo, pese a las adversidades, mantiene una destacable resiliencia democrática. Más allá de estas diferencias, observamos ciertas tendencias preocupantes: elevada polarización, el descrédito de los partidos tradicionales, el debilitamiento de las instituciones republicanas, una corrupción sistémica, crecientes niveles de inseguridad, serias dificultades de gobernanza y una esfera digital contaminada por la desinformación, la manipulación y los discursos de odio, que degradan la deliberación pública. Lo que está en juego trasciende la simple elección de nuevos liderazgos: se trata de contener una deriva autoritaria que ya se manifiesta, en varios países, a través de populismos punitivos, lógicas de confrontación permanente y pulsiones iliberales. La región necesita con urgencia reconstruir puentes de diálogo, restaurar la confianza ciudadana en la política y las instituciones, y blindar las reglas del juego democrático, hoy gravemente erosionadas. Cuatro elecciones clave, un patrón por descifrar En este escenario regional complejo, volátil e incierto, cuatro elecciones de gran trascendencia concentrarán buena parte de la atención: •Bolivia celebrará elecciones generales el 17 de agosto en un contexto de polarización extrema, deterioro institucional y crisis económica. La exclusión de Evo Morales de la contienda —avalada judicialmente— y su llamado a votar nulo han fracturado al oficialismo, mientras la oposición también llega dividida. Según la última encuesta de Ciesmori, los opositores Samuel Doria Medina (21.5%) y Jorge “Tuto” Quiroga (19.6%) lideran la intención de voto, seguidos a distancia por el oficialista Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado. Todo indica que la elección se definirá en un balotaje el 19 de octubre, en un proceso con alta probabilidad de conflictividad poselectoral. La sombra del fraude y las narrativas de ilegitimidad ya empañan el ambiente electoral, reflejándose en que un 34% de los votantes afirma que sufragará en blanco, nulo o aún se mantiene indeciso. •Argentina (27 de octubre) vivirá unas legislativas de medio término que serán un referéndum sobre la gestión de Javier Milei. Si el presidente logra traducir sus recientes logros macroeconómicos —inflación en descenso, superávit fiscal y crecimiento económico— en respaldo electoral, podrá consolidar su proyecto de reformas estructurales de cara a la segunda parte de su mandato. Pero los márgenes son estrechos: los costos sociales de su ajuste pesan, y la percepción ciudadana sobre la economía real sigue siendo ambivalente. •Chile celebrará elecciones generales el 16 de noviembre en un escenario marcado por la polarización y la creciente fragmentación del sistema político. El oficialismo postula a Jeannette Jara, ex ministra de Trabajo y figura del Partido Comunista, mientras la derecha se divide entre la candidatura ultraconservadora de José Antonio Kast y la opción de centroderecha de Evelyn Matthei. Sin embargo, crecen las presiones para que Matthei decline su postulación si Kast consolida su ventaja en las encuestas. De persistir esta fragmentación, todo apunta a una segunda vuelta el 14 de diciembre. La elección se desarrolla en un contexto de fuerte demanda ciudadana por certezas, tras años marcados por las secuelas del fallido proceso constitucional, una creciente inseguridad y un crecimiento económico débil. •Honduras celebrará elecciones presidenciales el 28 de noviembre en un clima de creciente desconfianza ciudadana. Aunque la presidenta Xiomara Castro no puede optar a la reelección, estos comicios funcionarán como un referéndum sobre la continuidad de su proyecto político. La oposición ha denunciado falta de transparencia y teme un posible fraude, en un país marcado por el narcotráfico, la inseguridad crónicayladebilidadinstitucional. Las encuestas posicionan como principales contendientes a la oficialista Rixi Moncada (Partido Libre) y a los opositores Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional), en una competencia abierta y potencialmente conflictiva. Resumiendo: En todas las elecciones presidenciales arriba mencionadas persiste una pregunta clave: ¿continuará la dinámica del voto de castigo hacia los oficialismos, dominante en los últimos años —aunque parcialmente moderada en 2024—, o veremos la capacidad de los gobiernos actuales para proyectar continuidad a través de nuevas candidaturas o narrativas de renovación? En ninguno de los tres países los presidentes en funciones continuarán, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre sobre la continuidad de sus proyectos políticos. Al mismo tiempo, resulta clave observar el inicio del desarrollo del escenario político en los países que celebrarán elecciones presidenciales en 2026 —Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil—. En los cuatro, el ambiente electoral ya está en marcha de facto, con una creciente intensificación del debate público. En los próximos cinco meses, será fundamental observar de cerca cómo evolucionan estos procesos y qué impacto puede tener, en algunos casos como por ejemplo en Brasil y Colombia, la influencia del “factor Trump” tanto en la campaña como en los resultados electorales. Tres cumbres estratégicas: una diplomacia a prueba En paralelo a las elecciones, la región será anfitriona de tres cumbres clave que, bien aprovechadas, podrían marcar un punto de inflexión para el reposicionamiento internacional de América Latina. •La Cumbre CELAC– Unión Europea, que se celebrará en Colombia el 9 y 10 de noviembre, buscará revitalizar una relación birregional largamente postergada. La cita también podría ser determinante para destrabar la ratificación del Acuerdo Mercosur–UE, estancado desde hace más de dos décadas. Para Gustavo Petro, anfitrión del encuentro, la cumbre representa una oportunidad para proyectar liderazgo regional y estrechar lazos con Europa en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. •La COP30 en Belém do Pará (Brasil), del 6 al 17 de noviembre, será la primera conferencia climática de la ONU celebrada en plena Amazonía. Lula da Silva aspira a convertirla en la “COP de la acción”, reclamando mayor financiamiento climático para el Sur Global y compromisos reales para proteger los bosques tropicales. En un momento de emergencia ambiental global, Brasil se presenta como líder del Sur climático, pero necesita respaldo internacional para convertir su discurso en políticas concretas. • La V Cumbre de las Américas, organizada por la OEA y con el gobierno de la República Dominicana como anfitrión, tendrá lugar en la primera semana de diciembre y se desarrollará bajo la sombra del retorno de Donald Trump. Su participación —aún no confirmada— podría tensar las relaciones hemisféricas, especialmente con los gobiernos progresistas de la región. Pero también podría abrir una ventana de oportunidad para restablecer canales de diálogo y acordar una agenda común que incluya seguridad, migración, inversión y minerales críticos. ¿Irrelevancia o reposicionamiento? América Latina enfrenta un escenario global cada vez más competitivo y fragmentado, donde la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China redefine alianzas y mercados. En este contexto, la región no debe seguir actuando como un espacio periférico, sin estrategia común ni capacidad real de incidencia. Persistir en esa lógica aumentará su vulnerabilidad, tanto económica como geopolítica, y limitará su margen de maniobra ante decisiones tomadas por otros actores. El desafío central no es solo resistir presiones externas, sino construir una posición autónoma y proactiva. La región debe priorizar la construcción de consensos básicos que permitan coordinar posiciones frente a temas críticos en los cuales tiene ventaja competitiva. La mejora proyectada por el FMI es un dato positivo, pero no resuelve los problemas estructurales que frenan el desarrollo ni la tendencia al crecimiento mediocre. Sin políticas innovadoras de desarrollo productivo, sistemas fiscales progresivos, capacidad estatal y gobernanza efectiva y mecanismos de integración funcional, ese crecimiento será inestable y desigual y no permitirá a la región -como bien advierte la CEPAL- escapar de las tres trampas del desarrollo. Por todo ello, América Latina necesita actuar con rapidez y decisión. La inacción o la falta de posicionamiento estratégico dejarán a la región expuesta a dinámicas externas que no controla y cuyas reglas no define. En vez de ser un terreno de disputa entre potencias, debe posicionarse como un actor que ofrece soluciones concretas a los desafíos globales. Y para el logro de este objetivo no se requiere unanimidad ideológica, sino apertura para el diálogo y voluntad política para cooperar en torno a intereses compartidos. El tiempo para esa reconfiguración es limitado. Los próximos meses ofrecerán una ventana de oportunidad para avanzar en esta dirección, en el marco de procesos electorales clave y cumbres regionales e internacionales decisivas. Desaprovechar este momento aumentaría la irrelevancia estratégica. La alternativa es clara: construir una agenda común que refuerce la autonomía política de la región, o resignarse a seguir operando desde la dependencia y la fragmentación. El liderazgo regional tiene la palabra. El autor es director y editor de Radar LATAM 360 Panorama
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