2A La Prensa Panamá, sábado 2 de agosto de 2025 Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Panorama El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, convocó para el lunes a las 11 :00 a.m. al pleno, para conformar las comisiones mediante votación. Archivo Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Sin comisiones: ¿quiénes frenaron el proceso y cómo se votará el lunes? ASAMBLEA NACIONAL Transcurrió julio entero bajo un sol implacable, lluvias dispersas y discursos vacíos, mientras en el Palacio Justo Arosemena las distintas bancadas legislativas se miraban de reojo, incapaces de pactar siquiera el reparto de las sillas en las comisiones permanentes. El país aguardaba por debates urgentes —proyectos de ley, nombramientos clave, traslados de partidas—, pero nada de eso pareció conmover a los autoproclamados padres de la patria, enfrascados en cálculos mezquinos, como si el tiempo les perteneciera y la urgencia nacional no fuera más que un ruido de fondo. El 31 de julio, último día del mes, dos actas aparecieron sin explicación clara: eran de las comisiones de Credenciales y de Gobierno. Nadie se adjudicó su presencia en el pleno del Legislativo, pero el gesto fue interpretado como un intento de presión. Horas más tarde, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, emitió un comunicado. Herrera denunció públicamente que había actores internos “entorpeciendo el proceso” y convocó a una votación en el pleno para conformar las comisiones el próximo lunes 4 de agosto. “Panamá no puede seguir esperando”, dijo, anunciando que aplicaría el artículo 43 del Reglamento Interno, el mismo que permite elegir comisiones sin consenso. Los culpables Pocos minutos después, comenzaron las recriminaciones. El diputado Luis Eduardo Camacho apuntó directamente contra la bancada Vamos, a la que acusó de querer más comisiones de las que le correspondían. “Ahora que son 18 quieren más que cuando eran 20. ¿Por qué? Por la gula. Porque a ellos no les interesa que esta Asamblea avance, quieren vivir de la crisis”, disparó. Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, no tardó en responder. Negó que su grupo actuara con ambición y, por el contrario, señaló a Camacho y a sus aliados como los responsables del estancamiento. Afirmó que la representación en comisiones debía reflejar el peso de cada bancada en el pleno. Zúñiga sostuvo que, con la distribución actual, a Vamos le correspondían al menos cuatro comisiones con tres miembros cada una, además de dos representantes en las restantes. Según él, la discusión no era por codicia, sino por proporcionalidad. Durante un receso, varios diputados de Vamos fueron más allá. Denunciaron que “operadores políticos” estaban dilatando intencionalmente el proceso, especialmente desde la bancada mixta. El diputado Luis Duke acusó de forma directa al diputado Osman Gómez, de Alianza, de bloquear los acuerdos ya alcanzados. Acuerdos de última hora Desde el panameñismo, José Luis Varela sumó otra interpretación. Dijo que el estancamiento no era solo por los cupos, sino por un desacuerdo más técnico: si las directivas de las comisiones debían definirse por consenso o por votación en el pleno. Reveló que los 37 diputados que impulsaron a Herrera preferían la votación, pues “matemáticamente nos conviene”. A pesar del enredo, Varela no descartó un acuerdo de última hora. Señaló que durante el fin de semana aún podían surgir conversaciones para evitar una confrontación directa. Pero el ambiente estaba tenso, y el tiempo, agotado. Desde fuera del hemiciEl puerto y el patio de contenedores de isla Margarita se construyen en fondo marino solicitado en concesión a la AMP por PCCP y su sociedad hermana United Crown Construction. Archivo ‘Esta es una chimba más’, dijo Mulino, sobre el conflicto en Isla Margarita Mónica Palm [email protected] COLÓN El presidente afirmó que lo ocurrido con PCCP ha ‘frenado’ el desarrollo de Colón, paralizado millones de dólares en inversión, bloqueado la generación de empleos, y el Gobierno miraba para otro lado’. El presidente José Raúl Mulino, quien en varias oportunidades ha cuestionado a los actuales concesionarios del proyecto portuario en isla Margarita, tomó distancia del conflicto interno entre los socios y negó tener conocimiento sobre la entrada de unos presuntos inversionistas estadounidenses que supuestamente inyectarían capital a la obra. “Yo no tengo nada que ver con el conflicto que se originó ni con los empresarios que ahora dizque entraron, porque son gringos. Ese cuento a mí no me lo echan, porque yo conozco la historia, yo sé cómo se hizo esa concesión. Si la de los puertos [en aparente referencia a Panama Ports Company] es chimba, esta es más chimba todavía”, dijo el presidente ayer, durante una gira en la provincia de Colón. Mulino recalcó su interés en resolver el conflicto y, de hecho, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió el pasado abril dos contratos de concesión para el desarrollo de un puerto y de un patio de contenedores en isla Margarita, corregimiento de Cristóbal. El primero está a nombre de Panama Colon Container Port (PCCP); el segundo fue otorgado a una sociedad filial, llamada United Crown Construction Inc. Ambas están presididas por el ciudadano de Bahamas Dion Bowe, quien en junio pasado presentó cuatro amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las órdenes de la AMP, lo que le ha permitido —por el momento— mantener las concesiones. El presidente afirmó ayer que lo ocurrido con PCCP ha “frenado” el desarrollo de la región colonense, paralizado millones de dólares en inversión y bloqueado la generación de empleos, “mientras el Gobierno Central miraba paocasiones a este tema. La primera fue el 24 de abril, cuando anunció que su gobierno —que inició funciones el 1 de julio de 2024— no seguirá “impulsando” el proyecto de PCCP. Y la más reciente había sido la semana pasada, cuando afirmó que excluiría de isla Margarita a las empresas “corruptas”. En medio del proceso para cancelar las concesiones, surgieron dudas sobre la supuesta incorporación de nuevos inversionistas a PCCP. El pasado 6 de mayo, La Prensa recibió un presunto “comunicado de prensa” enviado por la firma de relaciones públicas Cavalry Strategies, en el que se informaba sobre la venta de los activos de PCCP a un fondo denominado “United States Strategic Fund”. La AMP, en cambio, recibió una “notificación” que señalaba que el nuevo propietario y beneficiario final de la sociedad era “US Infrastructure Fund LLC”. En su momento, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, declaró a La Prensa que desconocía dicha transacción. Explicó que, al tratarse de una concesión estatal, no podía concretarse sin la autorización de la contraparte, que en este caso es la AMP. Por lo pronto, los amparos presentados por PCCP (aún sin resolver) quedaron repartidos entre los despachos de los magistrados Ariadne García, Miriam Cheng, Ángela Russo y Olmedo Arrocha. ra otro lado”. “Yo no estoy mirando para otro lado. Isla Margarita se va a hacer como corresponde, y es un puerto que desarrollará trabajo, inversión y una vida mejor para todos los que ahí laboran”, enfatizó. En lo que va del año, Mulino se ha referido en varias clo, el analista político José Stourte ofrecía su lectura: tanto Realizando Metas como el PRD estaban operando a través de Osman Gómez para hacer caer los acuerdos y forzar una votación secreta. “El objetivo es ver si en el anonimato logran quitarle votos al bloque de 37 y quedarse con las comisiones clave”, opinó. Las tres comisiones más codiciadas —Gobierno, Credenciales y Presupuesto— se convirtieron en el campo de batalla. Dos bloques luchaban por dominarlas: el de 37, formado por el Panameñismo, Cambio Democrático, Vamos y Seguimos; y el de 34, conformado por Realizando Metas, el PRD y la bancada mixta. La votación Ante la falta de acuerdos, se activó el artículo 43 del Reglamento Interno. Este establece que, cuando no hay nóminas de consenso, los diputados deben votar individualmente en papeleta cerrada. Se calcula un cociente dividiendo el total de diputados (71) entre los miembros de cada comisión —la mayoría tiene nueve integrantes—, lo que da un mínimo de siete votos por candidato. Los candidatos que alcanzan ese número quedan electos. Si no se llenan los cupos, se escoge a los que tengan más votos. Y si hay empates, se recurre a la suerte. Así, entre papeletas, tensiones y sospechas cruzadas, la Asamblea entra en agosto sin haber salido todavía del laberinto de julio. La pregunta que cabe ahora es si habrá acuerdos este fin de semana o si se votará el próximo lunes. Parque Omar, cinta costera y el Casco tendrán más vigilancia El Servicio de Protección Institucional (SPI) anunció que puso en marcha un despliegue estratégico en tres puntos clave de la capital: el Parque Recreativo Omar, la cinta costera (en sus tres fases) y el Casco Antiguo en San Felipe, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas de alta concurrencia durante la temporada de fin de año. El operativo incluye acciones de inteligencia, patrullajes constantes, aumento de personal en las áreas designadas y fortalecimiento del sistema de prevención, para ofrecer un ambiente seguro y de confianza para nacionales y extranjeros, precisó un comunicado. El director general del SPI, Armando King, expresó que “la seguridad no es solo la ausencia de delitos, sino también la construcción de espacios seguros para el desarrollo humano”. Instó a los agentes a actuar con excelencia, empatía y proactividad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa como aliados de la seguridad, promoviendo un turismo responsable y una recreación sana en comunidad. La operación incluirá 450 agentes y se habilitó el número (507) 6960-7081 para reportar emergencias. FIESTAS DE FIN DE AÑO Getzalette Reyes [email protected]
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