4B La Prensa Panamá, sábado 2 de agosto de 2025 Puerto Balboa, administrado por Panama Ports Company, empresa de CK Hutchison. Balboa está en el lado Pacífico del Canal de Panamá. Alexander Arosemena PPC responde a las acciones legales de la Contraloría Reyna Katiuska Hernández [email protected] PUERTOS La empresa afirma que colaborará con el Gobierno y defiende la seguridad jurídica como base para la inversión extranjera. Panama Ports Company, S.A. (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, respondió ayer viernes 1 de agosto, mediante un comunicado oficial a las recientes declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, quien anunció la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el contrato de concesión que la empresa mantiene con el Estado panameño desde 1997. En su pronunciamiento, PPC destacó que forma parte de Hutchison Ports y que actualmente es objeto de un proceso de venta de ciertos activos del grupo a nivel global. La empresa aclaró que dicho proceso sigue en curso y que, llegado el momento, se realizarán las comunicaciones pertinentes, incluyendo las actuaciones correspondientes ante el Gobierno panameño. “Creemos que la colaboración con el Gobierno de Panamá es vital para discutir el camino a seguir para PPC”, señala el comunicado. Además, PPC reafirmó su respeto por la seguridad jurídica y el estado de derecho, al señalar que estos principios brindan certeza a las empresas e inversionistas, y reiteró su llamado al diálogo y a la coordinación respetuosa con las autoridades para proteger la concesión que —asegura— ha brindado servicios de alta calidad a Panamá y al mundo. “Respecto de las acciones legales en curso, creemos firmemente que, el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que Panamá es un país seguro para invertir”, indica el comunicado. La empresa indica que tras 28 años de operaciones en el país han logrado crear más de 25,000 empleos directos e indirectos. Acciones legales y contexto Las declaraciones de la empresa se producen luego de que el contralor Anel Flores informara el pasado miércoles 30 de julio sobre la interposición de una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, ambas dirigidas al contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares. Según Flores, las acciones legales están sustentadas en los hallazgos de una auditoría que documentó presuntas prácticas lesivas para los intereses nacionales. Calificó el contrato como “leonino” y “abusivo”, y señaló que su despacho tiene la responsabilidad de proteger los fondos públicos y actuar cuando se identifiquen posibles perjuicios económicos. También advirtió sobre transacciones multimillonarias internacionales relacionadas con activos de Panama Ports que no habrían incluido a la República de Panamá como parte interesada. Por más de dos décadas, este contrato ha sido objeto de controversia por su falta de transparencia y por los bajos aportes al Estado, en comparación con el volumen de operaciones portuarias manejadas por la empresa. El acuerdo inicial contemplaba una concesión por 25 años, con opción de renovación automática. Wall Street cierra en rojo tras el aumento del desempleo Wall Street cerró ayer viernes en rojo, lastrado por el aumento del paro en Estados Unidos (EUA) en julio y los ajustes en la política arancelaria global del presidente Donald Trump, que han despertado volatilidad en los mercados. El Dow Jones de Industriales bajó ayer un 1.23%, hasta 43,588 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 1.60%, hasta 6,238; y el Nasdaq perdió un 2.24%, hasta 20,659. En el conjunto de la semana, el Dow Jones recorta un 2.92% acumulado, el S&P 500 un 2.36% y el Nasdaq un 2.17%. En julio, la bolsa terminó mixta, con el Dow en rojo y los otros dos indicadores en verde. La jornada de ayer estuvo marcada por el informe del mercado laboral, que reveló una tasa de paro del 4.2%, una décima más que el mes anterior, y la creación de unos 73,000 nuevos puestos de trabajo, menos de los esperados. Además, ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despido de la economista Erika McEntarfer, comisionada en la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), encargada de elaborar las estadísticas de desempleo, después de esos malos datos. MERCADO EFE. NUEVA YORK, EUA Economía & Negocios
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