3B La Prensa Panamá, sábado 2 de agosto de 2025 Economía & Negocios Adolfo Fábrega, administrador de la AIG. Según la entidad, el Estado paga actualmente alrededor de 80 millones de dólares anuales por servicios de internet. Archivo AIG pide al Ministerio Público investigar contratos de internet Reyna Katiuska Hernández [email protected] TECNOLOGÍA Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, dijo que se solicita investigar por qué no se negociaron mejores precios para internet a partir del 2020 pese a que el mercado reportó una baja en las tarifas. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), solicitó al Ministerio Público que investigue las razones por las cuales no se reflejaron reducciones significativas en los precios de los contratos de servicios de internet para instituciones públicas, pese a una evidente baja en las tarifas del mercado desde el año 2020. Durante una entrevista en exclusiva con La Prensa, Adolfo Fábrega, administrador de la AIG, explicó que los contratos vigentes hasta ahora, legalmente establecidos, no incorporaron las tendencias deflacionarias del sector de telecomunicaciones. “Lo que nosotros quisiéramos investigar es por qué hubo una diferencia entre el comportamiento deflacionario de precios de mercado y que esa diferencia no se reflejó de forma apropiada en las renovaciones de los contratos”, dijo. Según datos proporcionados por la AIG, el Estado paga actualmente alrededor de 80 millones de dólares anuales por servicios de internet en el marco de la Red Nacional Multiservicios (RNMS). Con la renegociación en curso, ese gasto se reduciría a 46 millones de dólares, lo que representa un ahorro proyectado de 195 millones en cinco años. Fábrega aclaró que la denuncia no se basa en irregularidades legales en los contratos, sino en la falta de justificación técnica o administrativa que explique por qué no se obtuvieron mejores condiciones en el proceso de renovación del año 2020. “Nosotros no tenemos esa información dentro de la AIG, y corresponde a las autoridades investigar las decisiones de las administraciones anteriores”, añadió. Detalló que la renegociación actual incluyó a proveedores existentes como Cable & Wireless, Ufinet, Gold Data y Tigo, y sumó nuevos actores como Ovnicom, Metro MPLS y Trans Ocean Network, para ampliar la competencia y lograr mejores precios. Aclaró Fábrega que el nuevo esquema también incorporará en el contrato la revisión anual de las tarifas para evitar rezagos ante nuevas reducciones en el mercado. Detalló que la negociación del nuevo contrato no se realizó mediante una licitación tradicional, sino a través de un proceso conocido como Solicitud de Información (SDI), en el cual la AIG invitó a todos los proveedores de internet del país a presentar sus propuestas de precios. A partir de esas propuestas, la institución analizó las tarifas promedio y las comparó con estudios de mercado del sector privado, estableciendo así un precio de referencia justo y competitivo. Con base en ese análisis, se convocó a los proveedores a una extensa jornada de negociación —que inició a las 8:00 a.m. y se prolongó durante todo el día— en la cual se acordaron los nuevos precios. “Queríamos que el gobierno lograra una ventaja competitiva importante sin sacrificar calidad, y todos los proveedores estuvieron de acuerdo”, señaló Fábrega. Fábrega indicó que los ahorros no comprometerán la calidad ni la seguridad de los servicios, y que ya se están implementando medidas complementarias como un centro de operaciones de red (NOC), un equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad (Csirt) y un nuevo SOC gubernamental, es decir, un Centro de Operaciones de Seguridad (Security Operations Center). Expresó que la investigación que se espera impulse el Ministerio Público podría sentar un precedente en el manejo de los contratos tecnológicos del Estado, y determinar si hubo negligencia o falta de diligencia en el aprovechamiento de los precios del mercado en favor del erario público. ¿Qué pasa con el internet para todos? Además de los servicios contratados para instituciones públicas, Fábrega abordó el estado del programa “Internet para Todos”, conocido como la Red Nacional de Internet (RNI). Este servicio gratuito para plazas, parques y espacios públicos ha sido criticado por su bajo desempeño debido a su limitado ancho de banda. “El gran tema con la RNI es que ofrece en promedio solo 4 megas, lo cual genera problemas de calidad, uso y adopción”, afirmó. En tal sentido, anunció que se trabaja en la RNI 3.0, una nueva versión del programa que buscará multiplicar por cinco la velocidad de conexión actual y añadir 500 nuevos puntos de acceso gratuitos en todo el país. Este nuevo contrato está siendo negociado y se espera que entre en vigor en 2026, junto con mejoras técnicas significativas. El programa “Internet para Todos” tiene un costo estimado de 2 millones de dólares anuales para el Estado, financiado a través del Fondo de Acceso Universal, el cual es alimentado por contribuciones de las empresas de telecomunicaciones. “Queremos que sea un internet realmente útil para la ciudadanía, no solo un punto simbólico de conexión”, subrayó Fábrega.
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