3A La Prensa Panamá, viernes 1 de agosto de 2025 Panorama Emma Reyes, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (2009-2014). Archivo CSJ mantiene condena a exjefa de la UAF Juan Manuel Díaz [email protected] FALLO La Sala Penal informó, a través de un edicto de la decisión asumida, en la que rechaza una aclaración del fallo que rechazó un recurso de casación. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la condena impuesta a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Emma Reyes, sancionada con la pena de 120 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad. A través del edicto No.92, fijado en la secretaría de la Sala Penal de la Corte, se informa a las partes de la decisión asumida por esa corporación de justicia en la que rechaza una aclaración del fallo que rechazó un recurso de casación. El fallo contó con la ponencia de la magistrada Otilda Valderrama y los votos de las magistradas María Eugenia López y Ariadne García. La decisión asumida por la Sala Penal también alcanza a Bernuil Judith Tristán, exjefa de personal de la UAF, quien fue condenada a la pena de 84 meses de prisión. Reyes y Tristán fueron condenados por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales a través de la sentencia No.74 del 10 de mayo de 2023, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales el 13 de diciembre de 2023. A Reyes se le condenó por el delito de peculado doloso por el nombramiento de personas dentro de la UAF, pero que no asistían a laborar (entre ellas una persona que en realidad laboraba en su residencia), y por uso de fondos de la caja menuda de esa institución. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a Reyes también se le atribuyó el uso de recursos de la UAF para eventos personales. La fiscalía también presentó un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en el que se concluye que las acciones de Reyes ocasionaron una lesión por la suma de $101 mil 761 en perjuicio de la UAF. El informe detalla que dicho monto no solo correspondía a los desembolsos de caja menuda y órdenes de compra, sino también, su responsabilidad pecuniaria por los funcionarios que ordenó nombrar en la UAF. En este caso también se condenó a Lourdes Bermúdez, también exfuncionaria de la UAF, a la pena de 30 meses de cárcel. TI critica decisión de no convocar Pacto de Estado DESIGNACIONES EN CSJ Juan Manuel Díaz [email protected] La decisión del presidente José Raúl Mulino de excluir al Pacto de Estado por la Justicia como elemento verificador de los antecedentes de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia implica un retroceso en la generación de confianza en la comunidad. Así lo planteó Olga de Obaldía de la Fundación para el Desarrollo Ciudadano, capítulo panameño de Transparencia Internacional, quien aseguró que la decisión anunciada por el mandatario este jueves 31 de julio, durante su rueda de prensa semanal, puede ser legal, pero omite dos realidades fundamentales: el momento histórico que atraviesa el país, marcado por una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y el valor histórico del Pacto de Estado por la Justicia, que se convirtió en una hoja de ruta acordada entre el Estado y la sociedad para mejorar la administración de justicia. De Obaldía consideró que la decisión asumida es una oportunidad perdida para empezar a reconstruir la confianza ciudadana mediante acciones concretas en procesos claves para la calidad de la democracia, como lo es la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que desde la teoría constitucional la ratificación legislativa de los magistrados de la Corte es entendida como una forma de representación indirecta de la ciudadanía. Sin embargo, reconoció que la práctica ha demostrado lo contrario y que históricamente ha sido un proceso que no genera confianza y que en reiteradas ocasiones ha dado pie para el nombramiento de personas con claros conflictos de interés con el Ejecutivo, sin experiencia judicial, y en algunos casos, sin la probidad necesaria para impartir justicia. De Obaldía remarcó que omitir la convocatoria de esta comisión, reducir el proceso a su legalidad formal y excluir mecanismos legítimos de participación es desconocer la historia reciente y allanar el camino para repetir sus peores errores. Mulino deberá designar a dos magistrados de la Corte al final de este 2025. Los designados reemplazarán a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral, y a Ángela Russo de la Sala Civil.
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